CEAPA y CONCAPA solicitan al Gobierno que reduzca las vacaciones de verano y distribuya los dias libres a lo largo del año.El objetivo es conciliar las vacaciones de niños y adultos.Las vacaciones estivales son más largas en España que en Europa.Las principales asociaciones de padres han pedido al Gobierno que reajuste el calendario escolar para adelantar la 'vuelta al cole' tras las vacaciones de verano, y facilitar así la vuelta al trabajo de los padres. "Si los profesores no lo ven bien, que al menos los colegios estén abiertos y ofrezcan una serie de actividades educativas para los niños", ha señalado Lola Abelló, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres (Ceapa).
Los edificios escolares públicos deberían estar, a juicio de Abelló, "abiertos al entorno cuando los necesitemos y prestar unos servicios educativos si la sociedad se lo pide". Y es que el objetivo de los padres "no es fastidiar a los profesores adelantando las clases", según la presidenta de CEAPA. "Lo que pedimos es poder compatibilizar nuestras vaciones con las de nuestros hijos".
En la misma línea se ha pronunciado Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos CONCAPA, que sostiene que "las vacaciones escolares están mal repartidas a lo largo del año". El objetivo no es recortar el número de días de descanso que los escolares tienen a lo largo de todo el año, sino hacer que sean más cortas las del periodo estival, "que son las más largas de toda Europa". Menos vacaciones en verano y más en otras épocas del año.
"Mejorar este aspecto de la educación española haría a nuestros hijos mucho más competitivos, no solo a la hora de enfrentarse a la universidad, sino también en el desempeño de sus futuros puestos de trabajo", asegura el presidente de CONCAPA.
sábado, 1 de septiembre de 2007
La Confapa rechaza también la guía de FERE para adaptar EpC a la "visión cristiana"
La Confapa y los padres que interpusieron cinco recursos para pedir la suspensión de la asignatura Educación para la Ciudadanía han mostrado su rechazo su rechazo a la guía que está elaborando la FERE para adaptar los contenidos de la materia a la "visión cristiana". En esta misma línea se ha pronunciado también este viernes la Federación de Profesores de Religión de Cataluña. Los padres católicos andaluces han reivindicado la opción de la objeción de conciencia, que creen irán aumentando conforme se acerque el curso
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Escuelas Católicas (Confapa) y el grupo de padres que interpusieron cinco recursos administrativos-contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir la suspensión de la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos (EpC) mostraron hoy su rechazo a la guía que está elaborando la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) para adaptar los contenidos de la materia de acuerdo a la "visión cristiana" y reivindicaron la opción de la objeción de conciencia.
El presidente de Confapa, Juan María del Pino, indicó que esta opción no es válida para combatir una asignatura "perversa por sí misma" y aseguró que las objeciones de conciencia contra la materia seguirán aumentando progresivamente conforme se acerque el curso. Así, Del Pino, aunque afirmó no querer entrar en disquisiciones con la FERE, acusó a la federación de preocuparse sólo de los centros privados, olvidando a los públicos y concertados, y de concebir la asignatura como un "mal menor".
"En un intento de tranquilizar a los padres cuyos hijos cursan estudios en centros católicos privados, la FERE se conforma y admite lo menos malo --criticó el presidente--, sin acordarse de los miles de padres que quieren una educación católica para sus hijos en centros públicos o concertados".
Por ello, el presidente de Confapa insistió en que su colectivo luchará por darle voz a este grupo de padres --el 80 por ciento en Andalucía, según aseveró-- y anunció que continuará combatiendo social y jurídicamente contra la asignatura.
Más objeciones
Por su parte, uno de los padres objetores a EpC, Carlos Seco, aseguró que las solicitudes de adhesión a los recursos presentados ante el TSJA siguen creciendo, llegando en estos momentos a las 155, y aconsejó de nuevo esta opción como medida de oposición a la materia.
En este sentido, Seco señaló que, antes de pronunciarse sobre la viabilidad de la adaptación de los contenidos de EpC por esta guía, "habrá que conocer en qué consistirá" y advirtió de que "es muy posible" que tanto la Conferencia Episcopal como el Ministerio de Educación no se muestren conformes con esta posibilidad.
La FERE, que aglutina a más de 2.000 centros de toda España, aceptó impartir la asignatura sin oposición con la condición de que los contenidos de la misma se pudieran adaptar a los "valores cristianos". Para ello, la federación está elaborando una guía que completará los temas de la asignatura, aportando a cada uno la opinión de la Iglesia y facilitando una "bibliografía alternativa" que incluya la visión cristiana de todos los puntos que toque la materia.
La Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Escuelas Católicas (Confapa) y el grupo de padres que interpusieron cinco recursos administrativos-contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir la suspensión de la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos (EpC) mostraron hoy su rechazo a la guía que está elaborando la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) para adaptar los contenidos de la materia de acuerdo a la "visión cristiana" y reivindicaron la opción de la objeción de conciencia.
El presidente de Confapa, Juan María del Pino, indicó que esta opción no es válida para combatir una asignatura "perversa por sí misma" y aseguró que las objeciones de conciencia contra la materia seguirán aumentando progresivamente conforme se acerque el curso. Así, Del Pino, aunque afirmó no querer entrar en disquisiciones con la FERE, acusó a la federación de preocuparse sólo de los centros privados, olvidando a los públicos y concertados, y de concebir la asignatura como un "mal menor".
"En un intento de tranquilizar a los padres cuyos hijos cursan estudios en centros católicos privados, la FERE se conforma y admite lo menos malo --criticó el presidente--, sin acordarse de los miles de padres que quieren una educación católica para sus hijos en centros públicos o concertados".
Por ello, el presidente de Confapa insistió en que su colectivo luchará por darle voz a este grupo de padres --el 80 por ciento en Andalucía, según aseveró-- y anunció que continuará combatiendo social y jurídicamente contra la asignatura.
Más objeciones
Por su parte, uno de los padres objetores a EpC, Carlos Seco, aseguró que las solicitudes de adhesión a los recursos presentados ante el TSJA siguen creciendo, llegando en estos momentos a las 155, y aconsejó de nuevo esta opción como medida de oposición a la materia.
En este sentido, Seco señaló que, antes de pronunciarse sobre la viabilidad de la adaptación de los contenidos de EpC por esta guía, "habrá que conocer en qué consistirá" y advirtió de que "es muy posible" que tanto la Conferencia Episcopal como el Ministerio de Educación no se muestren conformes con esta posibilidad.
La FERE, que aglutina a más de 2.000 centros de toda España, aceptó impartir la asignatura sin oposición con la condición de que los contenidos de la misma se pudieran adaptar a los "valores cristianos". Para ello, la federación está elaborando una guía que completará los temas de la asignatura, aportando a cada uno la opinión de la Iglesia y facilitando una "bibliografía alternativa" que incluya la visión cristiana de todos los puntos que toque la materia.
PROFESORES DE RELIGIÓN DE CATALUÑA, A FAVOR DE LA MATERIA
El presidente de la Federación de Profesores de Religión de Cataluña, Bernat Villaronga, ha criticado que la guía que editará la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), titulares de centros católicos, para adaptar al catolicismo los contenidos de Educación para la Ciudadanía es una "censura a la asignatura". Además, ha pedido a la FERE que deje "en paz a la escuela", ya que no les corresponde modificar "desde fuera" el currículum de esta materia.
El presidente de la Federación de Profesores de Religión de Cataluña, Bernat Villaronga, consideró que "es un pecado, una falta de moral y de ética no enseñar los derechos humanos a los ciudadanos". "El Estado debe informar a todo el mundo con los mismos criterios sobre la realidad", opinó.
Villaronga, que representa a los maestros de Religión católica de los centros de educación pública en Cataluña, pidió a la FERE que, en lugar de editar una guía para adecuar EpC al catolicismo, dejen "en paz a la escuela", ya que no les corresponde modificar "desde fuera" el currículum de esta materia. "Las iglesias deben dirigirse a los creyentes y el Estado tiene la obligación de informar a todo el mundo en igualdad de criterios. En este caso, puede que sea la religión quien debería cambiar el discurso", consideró.
Según añadió, "es un error que la Iglesia española cargue contra la asignatura" de EpC, ya que "es necesaria para poner en conocimiento de sus derechos y deberes a todo el mundo". Además, consideró "un debate artificial" la polémica que se ha generado en torno a la materia. "La pugna es más ideológica que social", lamentó. Asimismo, sobre la homosexualidad, uno de los temas incluidos en esta materia, Villaronga aseguró que "no tiene sentido no enseñar un hecho que es real y que existe". Por ello, defendió el currículum de contenidos de la asignatura como "un espejo de lo que es el sistema".
El presidente de la Federación de Profesores de Religión de Cataluña, Bernat Villaronga, consideró que "es un pecado, una falta de moral y de ética no enseñar los derechos humanos a los ciudadanos". "El Estado debe informar a todo el mundo con los mismos criterios sobre la realidad", opinó.
Villaronga, que representa a los maestros de Religión católica de los centros de educación pública en Cataluña, pidió a la FERE que, en lugar de editar una guía para adecuar EpC al catolicismo, dejen "en paz a la escuela", ya que no les corresponde modificar "desde fuera" el currículum de esta materia. "Las iglesias deben dirigirse a los creyentes y el Estado tiene la obligación de informar a todo el mundo en igualdad de criterios. En este caso, puede que sea la religión quien debería cambiar el discurso", consideró.
Según añadió, "es un error que la Iglesia española cargue contra la asignatura" de EpC, ya que "es necesaria para poner en conocimiento de sus derechos y deberes a todo el mundo". Además, consideró "un debate artificial" la polémica que se ha generado en torno a la materia. "La pugna es más ideológica que social", lamentó. Asimismo, sobre la homosexualidad, uno de los temas incluidos en esta materia, Villaronga aseguró que "no tiene sentido no enseñar un hecho que es real y que existe". Por ello, defendió el currículum de contenidos de la asignatura como "un espejo de lo que es el sistema".
miércoles, 29 de agosto de 2007
ADVIERTEN DE LA RESPONSABILIDAD QUE CAE SOBRE EL PROFESOR
La Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto ha señalado que Educación para la Ciudadanía es una asignatura "muerta" que "ha fracasado" antes de implantarse porque "enfrenta a la sociedad" y perjudica a la escuela pública. Su presidente ya ha advertido de la responsabilidad que cae sobre los docentes: "Al profesorado le da miedo; no entiende por qué tiene que ponerse en una función sacerdotal, en una posición de psicólogo, de psiquiatra, por qué tiene que rellenar los vacíos sentimentales de los alumnos". Los catedráticos de Instituto creen que esta función no le corresponde al Estado.
El presidente de ANCABA, Julián Martín, advirtió este martes de la responsabilidad que cae sobre los docentes de una materia como ésta y opinó que nadie la querrá impartir voluntariamente, sino "forzado".
"Al profesorado le da miedo; no entiende por qué tiene que ponerse en una función sacerdotal, en una posición de psicólogo, de psiquiatra, por qué tiene que rellenar los vacíos sentimentales de los alumnos". Según Martín, que es catedrático de Filosofía, no es una materia objetiva, académica o academicista, sino que en ella "se juegan temas de conciencia".
Con pautas paternas
La asignatura tiene bastantes principios, componentes políticos e ideológicos que la hacen "tan discutible", según Martín, ya que la educación de comportamientos y actitudes corresponde a los padres. "El Estado no tiene que educar a los ciudadanos; los ciudadanos tienen que educarse a sí mismos con las pautas paternas", no con un "dirigismo" desde las clases, afirmó.
La asignatura, tal como está concebida y tal como algunos la quieren interpretar, lleva a un "conflicto gratuito en la sociedad y en los centros", por ejemplo en relación con qué libros de texto se eligen, que al final van a estar "más o menos ideologizados". "De alguna manera -opinó-, ha fracasado ya por enfrentar a la gente, ha descarrilado y, en definitiva, es un gran perjuicio para la escuela pública porque la privada podrá más o menos adaptarla".
Enfrenta a a sociedad
Martín cree que es "una falta de decoro del Ministerio de Educación el plantear esto", y añade: "Ahora..., si entra dentro de la política general enfrentar a la gente, lo ha conseguido".
Temas como la Constitución, las sistemas políticos o las relaciones sociales deben estar integrados en las asignaturas de Historia y Filosofía, de las que el alumno sacará sus propias conclusiones, explicó. Estos contenidos valdrían para Educación para la Ciudadanía, pero la asignatura toca muchos temas desde el punto de vista personal, opinó.
Hospital de almas
ANCABA, con unos 3.000 asociados, ha comprobado que los alumnos llegan a los institutos "muy carentes de valores", pero los centros no pueden convertirse en un "un hospital de almas adolescentes y jóvenes", agregó Martín. "Cómo solucionamos esto, pues educando a los padres; para educar al muchacho hay que comenzar a educar a los padres", algo "muy complicado" porque la televisión, fundamentalmente, ha vaciado de valores a la sociedad y, por tanto, a la escuela, señaló Martín.
Sin embargo, esto "no se arregla" con una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. "Puede ser que se convierta en una 'maría', lo que es de momento es una 'patata caliente'", es decir "nadie querría dar esa asignatura", concluyó.
En cualquier caso, ANCABA considera que los profesores de Filosofía serían los adecuados para la materia, que comienza a enseñarse desde septiembre a alumnos de tercero de ESO de varias comunidades autónomas.
El presidente de ANCABA, Julián Martín, advirtió este martes de la responsabilidad que cae sobre los docentes de una materia como ésta y opinó que nadie la querrá impartir voluntariamente, sino "forzado".
"Al profesorado le da miedo; no entiende por qué tiene que ponerse en una función sacerdotal, en una posición de psicólogo, de psiquiatra, por qué tiene que rellenar los vacíos sentimentales de los alumnos". Según Martín, que es catedrático de Filosofía, no es una materia objetiva, académica o academicista, sino que en ella "se juegan temas de conciencia".
Con pautas paternas
La asignatura tiene bastantes principios, componentes políticos e ideológicos que la hacen "tan discutible", según Martín, ya que la educación de comportamientos y actitudes corresponde a los padres. "El Estado no tiene que educar a los ciudadanos; los ciudadanos tienen que educarse a sí mismos con las pautas paternas", no con un "dirigismo" desde las clases, afirmó.
La asignatura, tal como está concebida y tal como algunos la quieren interpretar, lleva a un "conflicto gratuito en la sociedad y en los centros", por ejemplo en relación con qué libros de texto se eligen, que al final van a estar "más o menos ideologizados". "De alguna manera -opinó-, ha fracasado ya por enfrentar a la gente, ha descarrilado y, en definitiva, es un gran perjuicio para la escuela pública porque la privada podrá más o menos adaptarla".
Enfrenta a a sociedad
Martín cree que es "una falta de decoro del Ministerio de Educación el plantear esto", y añade: "Ahora..., si entra dentro de la política general enfrentar a la gente, lo ha conseguido".
Temas como la Constitución, las sistemas políticos o las relaciones sociales deben estar integrados en las asignaturas de Historia y Filosofía, de las que el alumno sacará sus propias conclusiones, explicó. Estos contenidos valdrían para Educación para la Ciudadanía, pero la asignatura toca muchos temas desde el punto de vista personal, opinó.
Hospital de almas
ANCABA, con unos 3.000 asociados, ha comprobado que los alumnos llegan a los institutos "muy carentes de valores", pero los centros no pueden convertirse en un "un hospital de almas adolescentes y jóvenes", agregó Martín. "Cómo solucionamos esto, pues educando a los padres; para educar al muchacho hay que comenzar a educar a los padres", algo "muy complicado" porque la televisión, fundamentalmente, ha vaciado de valores a la sociedad y, por tanto, a la escuela, señaló Martín.
Sin embargo, esto "no se arregla" con una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. "Puede ser que se convierta en una 'maría', lo que es de momento es una 'patata caliente'", es decir "nadie querría dar esa asignatura", concluyó.
En cualquier caso, ANCABA considera que los profesores de Filosofía serían los adecuados para la materia, que comienza a enseñarse desde septiembre a alumnos de tercero de ESO de varias comunidades autónomas.
El Consejo Escolar aprueba que el Estado se ocupe de la educación afectivo-sexual sin el consentimiento de las familias
La Unión Democrática de Estudiantes ha propuesto al Consejo Escolar que forme su propio partido político ya que "los informes de este organismo se han convertido en auténticos programas electorales". Los estudiantes han recordado que en el último Pleno se rechazaron propuestas de UDE defendidas por el propio Gobierno. Además, han denunciado que la mayoría “progresista” del Consejo Escolar ha aprobado que el Estado se ocupe de la educación afectivo-sexual de los niños sin el consentimiento previo de las familias.
Según informa en un comunicado la UDE, "el sectarismo de la mayoría de izquierdas en el Consejo Escolar del Estado –mayoría que resulta del cambio de Gobierno en 2004– está protagonizando auténticos disparates en el seno de este órgano consultivo".
La asociación estudiantil explica que "en el último Pleno del organismo, el Consejo Escolar rechazó propuestas de UDE que hacían referencia al cumplimiento de la Ley, rechazó incluir a Cervantes en las enseñanzas mínimas de Literatura, a los Reyes Católicos en Historia y los representantes del Ministerio de Educación votaron contra dos propuestas de UDE defendidas por el propio Gobierno: invertir 1000 millones de euros en la educación infantil de 0-3 años (programa electoral del PSOE) y liberalizar los precios de los libros de texto (Ley del Ministerio de Cultura)".
Asimismo, resaltan que "los medios de comunicación se han hecho eco de una serie de valoraciones estrictamente ideológicas aprobadas por la mayoría “progresista” del Consejo Escolar, entre las cuales está que el Estado se ocupe de la educación afectivo-sexual de los niños sin el consentimiento previo de las familias, pues se alude a que sólo la escuela pública puede garantizar la "igualdad real" (discriminando así a la educación privada y al papel de las familias). Además, el Consejo Escolar propone la contratación de trabajadores sociales y mediadores para la solución de conflictos de disciplina y familiares.
El Presidente de UDE, Álvaro Vermoet, consejero del Consejo Escolar del Estado que rechazó dicho Informe y presentó varios votos particulares al mismo, cree que "este tipo de valoraciones –cuya lógica llevaría a que el Estado asuma la tutela de todos los niños de España– se corresponden a planteamientos radicales, de extrema izquierda, que nada tienen que ver con la mejora del sistema educativo".
Insiste en que "más bien al contrario, puesto que un mediador entre el alumno que incumple las normas de un centro y el profesor que debe garantizar su cumplimiento no hace sino socavar la autoridad del profesor. Además, UDE cree que la contratación de trabajadores sociales no mejorará la educación ni la convivencia, y sólo servirá para aumentar el gasto público y desplazar al profesor".
Por ello, UDE propone a quienes hoy conforman la mayoría del Consejo Escolar a constituir un nuevo partido político y presentarse a las elecciones, pues sólo así sería legítimo hacer este tipo de valoraciones; nunca en supuesta representación de los padres, profesores y alumnos que nada tienen que ver con el Consejo Escolar del Estado.
Según informa en un comunicado la UDE, "el sectarismo de la mayoría de izquierdas en el Consejo Escolar del Estado –mayoría que resulta del cambio de Gobierno en 2004– está protagonizando auténticos disparates en el seno de este órgano consultivo".
La asociación estudiantil explica que "en el último Pleno del organismo, el Consejo Escolar rechazó propuestas de UDE que hacían referencia al cumplimiento de la Ley, rechazó incluir a Cervantes en las enseñanzas mínimas de Literatura, a los Reyes Católicos en Historia y los representantes del Ministerio de Educación votaron contra dos propuestas de UDE defendidas por el propio Gobierno: invertir 1000 millones de euros en la educación infantil de 0-3 años (programa electoral del PSOE) y liberalizar los precios de los libros de texto (Ley del Ministerio de Cultura)".
Asimismo, resaltan que "los medios de comunicación se han hecho eco de una serie de valoraciones estrictamente ideológicas aprobadas por la mayoría “progresista” del Consejo Escolar, entre las cuales está que el Estado se ocupe de la educación afectivo-sexual de los niños sin el consentimiento previo de las familias, pues se alude a que sólo la escuela pública puede garantizar la "igualdad real" (discriminando así a la educación privada y al papel de las familias). Además, el Consejo Escolar propone la contratación de trabajadores sociales y mediadores para la solución de conflictos de disciplina y familiares.
El Presidente de UDE, Álvaro Vermoet, consejero del Consejo Escolar del Estado que rechazó dicho Informe y presentó varios votos particulares al mismo, cree que "este tipo de valoraciones –cuya lógica llevaría a que el Estado asuma la tutela de todos los niños de España– se corresponden a planteamientos radicales, de extrema izquierda, que nada tienen que ver con la mejora del sistema educativo".
Insiste en que "más bien al contrario, puesto que un mediador entre el alumno que incumple las normas de un centro y el profesor que debe garantizar su cumplimiento no hace sino socavar la autoridad del profesor. Además, UDE cree que la contratación de trabajadores sociales no mejorará la educación ni la convivencia, y sólo servirá para aumentar el gasto público y desplazar al profesor".
Por ello, UDE propone a quienes hoy conforman la mayoría del Consejo Escolar a constituir un nuevo partido político y presentarse a las elecciones, pues sólo así sería legítimo hacer este tipo de valoraciones; nunca en supuesta representación de los padres, profesores y alumnos que nada tienen que ver con el Consejo Escolar del Estado.
martes, 28 de agosto de 2007
La CONCAPA no descarta movilizaciones si el Gobierno insiste en imponer EpC
EL MINISTERIO NO HA INTENTADO LLEGAR A UN CONSENSO
El vicepresidente de la CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, no descarta una eventual manifestación si el Gobierno "persiste en su cerrazón" con respecto a la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta confederación –que cuenta con la participación de unos tres millones de padres– ha denunciado en la COPE que no ha habido ningún intento por parte del Ejecutivo de llegar a un consenso, tal y como recomienda una resolución del Consejo Europeo a la que el propio Ministerio se remite. Es más, Martínez Vega ha señalado que "con el fin de evitar situaciones límites" la CONCAPA envió una propuesta base y "ni siquiera se han dignado a decir que no les interesa".
El vicepresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, no descarta próximas movilizaciones ante la actitud que mantiene el Gobierno: "Es una posibilidad abierta desde hace algún tiempo. Tendrán que decidirse en los órganos correspondientes de CONCAPA. A comienzos de curso se valorará de nuevo, si la llevamos a cabo inmediatamente o no.
El representante de esta confederación, que cuenta con 51 Federaciones Provinciales que integran a las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios, y en las que participan unos tres millones de padres, destaca que la interlocución con el Ministerio ha sido nula: "La cerrazón del Ministerio y del Gobierno (ahí están las amenazas de la vicepresidente) han sido absolutas. No ha habido intento de llegar a un consenso".
En la COPE, Martínez Vega recuerda que en el Ministerio, para implantar esta asignatura, se remiten a una resolución del Consejo Europeo sobre la materia y, curiosamente, en esa resolución se recomienda el consenso con las familias. Por ello, insiste, la CONCAPA, con el fin de evitar situaciones límites envió a Ministerio una propuesta base de la que obtuvieron "la callada por respuesta". Denuncia que "ni siquiera se han dignado a decir que no les interesa".
La CONCAPA ha preparado un modelo de declaración de objeción de conciencia para que las familias puedan presentarlo en los centros, haciendo patente su oposición a la asignatura. Además, la confederación envió en su momento un documento mucho más extenso a las APAS desarrollando un informe sobre en qué puntos la nueva asignatura conculcaba nuestro derecho y libertad de las familias. El objetivo ha sido en todo momento "poner en conocimiento de las familias lo que hay detrás de esta asignatura. Sobre todo, trasladar información".
El vicepresidente de la CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, ha terminado refiriendo el malestar incluso dentro del profesorado con quejas de docentes: "Tienen enormes dudas. Parece que serán los profesores de Filosofía y ciencias Sociales los únicos autorizados para impartir esta asignatura, pero falta publicar la norma correspondiente y no se puede afirmar con rotundidad". Al respecto, el representante de la confederación católica explicaba que "algún profesor ha manifestado su voluntad de no impartir esta asignatura. Existe libertad de cátedra y su absoluta soberanía para impartirla o no".
El vicepresidente de la CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, no descarta una eventual manifestación si el Gobierno "persiste en su cerrazón" con respecto a la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta confederación –que cuenta con la participación de unos tres millones de padres– ha denunciado en la COPE que no ha habido ningún intento por parte del Ejecutivo de llegar a un consenso, tal y como recomienda una resolución del Consejo Europeo a la que el propio Ministerio se remite. Es más, Martínez Vega ha señalado que "con el fin de evitar situaciones límites" la CONCAPA envió una propuesta base y "ni siquiera se han dignado a decir que no les interesa".
El vicepresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos, CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, no descarta próximas movilizaciones ante la actitud que mantiene el Gobierno: "Es una posibilidad abierta desde hace algún tiempo. Tendrán que decidirse en los órganos correspondientes de CONCAPA. A comienzos de curso se valorará de nuevo, si la llevamos a cabo inmediatamente o no.
El representante de esta confederación, que cuenta con 51 Federaciones Provinciales que integran a las Asociaciones de Padres de Alumnos de los colegios, y en las que participan unos tres millones de padres, destaca que la interlocución con el Ministerio ha sido nula: "La cerrazón del Ministerio y del Gobierno (ahí están las amenazas de la vicepresidente) han sido absolutas. No ha habido intento de llegar a un consenso".
En la COPE, Martínez Vega recuerda que en el Ministerio, para implantar esta asignatura, se remiten a una resolución del Consejo Europeo sobre la materia y, curiosamente, en esa resolución se recomienda el consenso con las familias. Por ello, insiste, la CONCAPA, con el fin de evitar situaciones límites envió a Ministerio una propuesta base de la que obtuvieron "la callada por respuesta". Denuncia que "ni siquiera se han dignado a decir que no les interesa".
La CONCAPA ha preparado un modelo de declaración de objeción de conciencia para que las familias puedan presentarlo en los centros, haciendo patente su oposición a la asignatura. Además, la confederación envió en su momento un documento mucho más extenso a las APAS desarrollando un informe sobre en qué puntos la nueva asignatura conculcaba nuestro derecho y libertad de las familias. El objetivo ha sido en todo momento "poner en conocimiento de las familias lo que hay detrás de esta asignatura. Sobre todo, trasladar información".
El vicepresidente de la CONCAPA, José Manuel Martínez Vega, ha terminado refiriendo el malestar incluso dentro del profesorado con quejas de docentes: "Tienen enormes dudas. Parece que serán los profesores de Filosofía y ciencias Sociales los únicos autorizados para impartir esta asignatura, pero falta publicar la norma correspondiente y no se puede afirmar con rotundidad". Al respecto, el representante de la confederación católica explicaba que "algún profesor ha manifestado su voluntad de no impartir esta asignatura. Existe libertad de cátedra y su absoluta soberanía para impartirla o no".
lunes, 27 de agosto de 2007
Cospedal cree que el Gobierno comparte con el franquismo "el poco amor por la libertad"
POR IMPONER EL "ADOCTRINAMIENTO" EN LAS AULAS
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha se ha mostrado contundente en su respaldo a los padres que se oponen a la asignatura "Educación para la Ciudadanía". En la COPE, Cospedal ha advertido que "todos los regímenes" han tratado de imponer "asignaturas de adoctrinamiento". Así se hizo durante el franquismo, y así se intenta hacer ahora con EpC, ha explicado la dirigente popular, para quien el Gobierno actual y la dictadura tienen en común "el poco amor por la libertad". Sobre Barreda y su actitud en esta polémica, ha advertido que siempre dice "lo que todo el mundo quiere oír".
En una entrevista en La Mañana del Fin de Semana de la Cadena COPE, María Dolores de Cospedal se ha referido a la decisión del gobierno de José María Barreda de posponer la implantación de Educación para la Ciudadanía. Para la dirigente popular, es una medida basada en "motivos pedagógicos" y se trata de una "contradicción más" del presidente castellano manchego. "Quiere estar con unos y con otros", ha dicho, y se dedica a "dar mensajes contradictorios a la ciudadanía". Para Cospedal, Barreda siempre dice "lo que todo el mundo quiere oír".
Para Cospedal, decir que EpC no adoctrina está "fuera del mínimo respeto a la inteligencia". Según la dirigente popular, "hay una cuestión que es evidente, que todos los regímenes han tratado de imponer asignaturas de adoctrinamiento" y ha puesto como ejemplo el sistema franquista. "Ahora nos lo quiere imponer el PSOE" alegando que es una asignatura que fomenta la convivencia, ha continuado.
Tras recordar que durante el franquismo las asignaturas de adoctrinamiento "no valieron para nada", ha denunciado que ese periodo y el Gobierno actual tienen en común "el poco gusto por la libertad" y "el poco amor por la libertad". "Decir que no es adoctrinamiento" una asignatura para cuya impartición hay manuales en los que se afirma "el PP es el causante de todos los males de España es cuanto menos chocante", ha dicho Cospedal en alusión al libro cuyo contenido adelantó Libertad Digital y cuyas tesis son, entre otras, que los votantes del PP tuvieron parte de culpa en la guerra de Irak.
Castilla-La Mancha defiende Educación para la Ciudadanía y le parece "perfecto que se recurra"
LA APLICARÁ EN EL CURSO 2008-2009
El consejero de Educación de Castilla-La Mancha ha señalado que están a favor de Educación para la Ciudadanía porque entiende que cuando el Gobierno pone en marcha esta asignatura es porque "no vulnera la Ley". No obstante, la incertidumbre ante los recursos presentados y el elevado número de objeciones de conciencia, ha llevado a esta región, gobernada por el PSOE, a retrasar un año su implantación. En la COPE, José Valverde ha explicado que "a la hora de hacer un currículo, cuentan todas las opiniones" y por eso, si uno no está de acuerdo "me parece perfecto que se recurra la asignatura". Y ha sido claro: "No creo que el Estado deba entrar en la moralidad íntima".
El consejero de Educación de Castilla -La Mancha, José Valverde, ha señalado en los micrófonos de la COPE que su Comunidad Autónoma está a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque entiende que cuando el Gobierno pone en marcha esta asignatura es porque está dentro de la legalidad: "El Gobierno defiende la LOE y la aplicación de la asignatura. No tengo ninguna duda sobre el carácter constitucional".
Añade que lo más lógico es que "cuando el Gobierno pone en marcha la asignatura es porque es consciente de que no existe vulneración de la ley", pero precisamente porque no tiene ninguna duda de la constitucionalidad de la materia, Valverde ha dejado claro que le "parece perfecto que se recurra", aunque también ha insistido en que lo que no le parece bien es que cumplamos las leyes a voluntad: "Las que nos gustan las cumplimos y las que no, no". Todo esto dentro de que entiende que "debemos conseguir el mayor consenso".
Al respecto, ha apuntado que le "parece bien que se recurra a los tribunales", pero ha indicado que "se debería haber ido desde el principio", algo que no se ha hecho. En este sentido, ha dicho tener clara la posición de FERE, que ven innecesaria la objeción de conciencia, porque entienden que "la asignatura es perfectamente adaptable al ideario de los centros católicos". Así, Valverde cree que "se le pide al Estado que eduque en la religión, porque se da en las escuelas". Aún así, no cree que el Estado "deba entrar en la moralidad íntima".
Aún así, la cuestión es que ante la incertidumbre de los recursos presentados y el elevado número de objeciones de conciencia a la materia, Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, va a retrasar un año la implantación de Educación para la Ciudadanía: "A la hora de hacer un currículo, uno hace una especie de puzzle en el que cuentan todas las opiniones. En ese puzzle y contando siempre con la legislación, decidimos aplazar hasta el curso 2008-2009 la asignatura".
El consejero de Educación de Castilla-La Mancha ha señalado que están a favor de Educación para la Ciudadanía porque entiende que cuando el Gobierno pone en marcha esta asignatura es porque "no vulnera la Ley". No obstante, la incertidumbre ante los recursos presentados y el elevado número de objeciones de conciencia, ha llevado a esta región, gobernada por el PSOE, a retrasar un año su implantación. En la COPE, José Valverde ha explicado que "a la hora de hacer un currículo, cuentan todas las opiniones" y por eso, si uno no está de acuerdo "me parece perfecto que se recurra la asignatura". Y ha sido claro: "No creo que el Estado deba entrar en la moralidad íntima".
El consejero de Educación de Castilla -La Mancha, José Valverde, ha señalado en los micrófonos de la COPE que su Comunidad Autónoma está a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque entiende que cuando el Gobierno pone en marcha esta asignatura es porque está dentro de la legalidad: "El Gobierno defiende la LOE y la aplicación de la asignatura. No tengo ninguna duda sobre el carácter constitucional".
Añade que lo más lógico es que "cuando el Gobierno pone en marcha la asignatura es porque es consciente de que no existe vulneración de la ley", pero precisamente porque no tiene ninguna duda de la constitucionalidad de la materia, Valverde ha dejado claro que le "parece perfecto que se recurra", aunque también ha insistido en que lo que no le parece bien es que cumplamos las leyes a voluntad: "Las que nos gustan las cumplimos y las que no, no". Todo esto dentro de que entiende que "debemos conseguir el mayor consenso".
Al respecto, ha apuntado que le "parece bien que se recurra a los tribunales", pero ha indicado que "se debería haber ido desde el principio", algo que no se ha hecho. En este sentido, ha dicho tener clara la posición de FERE, que ven innecesaria la objeción de conciencia, porque entienden que "la asignatura es perfectamente adaptable al ideario de los centros católicos". Así, Valverde cree que "se le pide al Estado que eduque en la religión, porque se da en las escuelas". Aún así, no cree que el Estado "deba entrar en la moralidad íntima".
Aún así, la cuestión es que ante la incertidumbre de los recursos presentados y el elevado número de objeciones de conciencia a la materia, Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, va a retrasar un año la implantación de Educación para la Ciudadanía: "A la hora de hacer un currículo, uno hace una especie de puzzle en el que cuentan todas las opiniones. En ese puzzle y contando siempre con la legislación, decidimos aplazar hasta el curso 2008-2009 la asignatura".
domingo, 26 de agosto de 2007
LA JUNTA MATIZA SU POSICIÓN PARA SALIR DE ESCENA
El Gobierno de Barreda no quiere aparecer en los medios de comunicación enfrentado al Ejecutivo central y ha hecho público un comunicado en el que apoya Educación para la Ciudadanía.
24 de agosto de 2007. Al Gobierno de José María Barreda no le ha sentado nada bien que los medios nacionales de comunicación hayan dado este viernes tanto protagonismo a unas declaraciones del consejero de Educación, José Valverde, en las que, como su prudencia habitual, se mostraba una vez más -otra más- partidario de esperar las resoluciones judiciales para situar en su justo término la polémica sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Aunque es verdad que el Ejecutivo castellano-manchego va a retrasar esta controvertida asignatura hasta el curso 2008-2009, y se ha sumado así al grupo de autonomías que han rechazado impartir esta enseñanza el próximo curso, pendiente, entre otras cosas de los pronunciamientos de la Justicia, la Junta de Comunidades, incómoda con este repentino protagonismo en los medios nacionales que el enfrenta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho público un comunicado en el que matiza su posición y, al contrario de lo que pudiera parecer, se pone del lado de Educación para la Ciudadanía y rechaza la objeción de conciencia que se defiende desde diversos sectores.
En el comunicado, el Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su apoyo de "forma explícita" a la Ley Orgánica de Educación (LOE), sus contenidos y sus desarrollos y, por tanto, la existencia de una materia con carácter universal y obligatorio para todos los alumnos y alumnas como la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Para el ejecutivo castellano-manchego, "esta asignatura favorecerá, y así lo entienden ya más de 20 países europeos, la formación en valores, la convivencia y la cooperación en los centros, reforzará una actitud solidaria y de respeto, y contribuirá al conocimiento no sólo de nuestro ordenamiento constitucional, sino de una norma universal como lo es la Declaración de los Derechos Humanos".
La Consejería de Educación y Ciencia aclara, por tanto, q"ue han sido razones estrictamente pedagógicas, y así lo ha avalado el Consejo Escolar de esta Comunidad, las que han aconsejado llevar esta asignatura a 2º de la ESO, curso que se implantará con carácter general en toda España, según el calendario de desarrollo de la LOE, en 2008-2009. Será en ese año académico cuando el alumnado de la región comience a estudiar Educación para la Ciudadanía".
El Gobierno regional, afirma el comunicado oficial del Ejecutivo de Barreda, respeta las opiniones contrarias a esta asignatura, una actitud que es perfectamente compatible con su obligación como Administración pública de cumplir y hacer cumplir la Ley.
En este sentido, le parece adecuado que aquellas familias que quieran utilizar el cauce legal y constitucional del recurso a instancias judiciales lo hagan, lo que no significa que deje de exigir el cumplimiento de la Ley. En ningún caso, el Gobierno regional comparte ni apoya la objeción de conciencia sobre esta materia.
Deben ser los tribunales de justicia competentes los que se pronuncien sobre los posibles recursos presentados y no debe ser cada ciudadano o ciudadana el que decida libremente si tiene que cumplir o no con sus obligaciones legales.
24 de agosto de 2007. Al Gobierno de José María Barreda no le ha sentado nada bien que los medios nacionales de comunicación hayan dado este viernes tanto protagonismo a unas declaraciones del consejero de Educación, José Valverde, en las que, como su prudencia habitual, se mostraba una vez más -otra más- partidario de esperar las resoluciones judiciales para situar en su justo término la polémica sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Aunque es verdad que el Ejecutivo castellano-manchego va a retrasar esta controvertida asignatura hasta el curso 2008-2009, y se ha sumado así al grupo de autonomías que han rechazado impartir esta enseñanza el próximo curso, pendiente, entre otras cosas de los pronunciamientos de la Justicia, la Junta de Comunidades, incómoda con este repentino protagonismo en los medios nacionales que el enfrenta el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho público un comunicado en el que matiza su posición y, al contrario de lo que pudiera parecer, se pone del lado de Educación para la Ciudadanía y rechaza la objeción de conciencia que se defiende desde diversos sectores.
En el comunicado, el Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su apoyo de "forma explícita" a la Ley Orgánica de Educación (LOE), sus contenidos y sus desarrollos y, por tanto, la existencia de una materia con carácter universal y obligatorio para todos los alumnos y alumnas como la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Para el ejecutivo castellano-manchego, "esta asignatura favorecerá, y así lo entienden ya más de 20 países europeos, la formación en valores, la convivencia y la cooperación en los centros, reforzará una actitud solidaria y de respeto, y contribuirá al conocimiento no sólo de nuestro ordenamiento constitucional, sino de una norma universal como lo es la Declaración de los Derechos Humanos".
La Consejería de Educación y Ciencia aclara, por tanto, q"ue han sido razones estrictamente pedagógicas, y así lo ha avalado el Consejo Escolar de esta Comunidad, las que han aconsejado llevar esta asignatura a 2º de la ESO, curso que se implantará con carácter general en toda España, según el calendario de desarrollo de la LOE, en 2008-2009. Será en ese año académico cuando el alumnado de la región comience a estudiar Educación para la Ciudadanía".
El Gobierno regional, afirma el comunicado oficial del Ejecutivo de Barreda, respeta las opiniones contrarias a esta asignatura, una actitud que es perfectamente compatible con su obligación como Administración pública de cumplir y hacer cumplir la Ley.
En este sentido, le parece adecuado que aquellas familias que quieran utilizar el cauce legal y constitucional del recurso a instancias judiciales lo hagan, lo que no significa que deje de exigir el cumplimiento de la Ley. En ningún caso, el Gobierno regional comparte ni apoya la objeción de conciencia sobre esta materia.
Deben ser los tribunales de justicia competentes los que se pronuncien sobre los posibles recursos presentados y no debe ser cada ciudadano o ciudadana el que decida libremente si tiene que cumplir o no con sus obligaciones legales.
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