El congreso, que tendrá lugar del 8 al 10 de marzo, estudiará la realidad social del aborto en España y contará con la participación de personalidades muy relevantes en la materia.
Madrid, 2 de Marzo de 2007.- El drama del aborto alcanza cada vez a más mujeres en España. El informe anual del Ministerio de Sanidad cifra en más de 91.000 el número de interrupciones voluntarias del embarazo (6.500 más que en 2004), con los que se supera el millón desde 1985.
El Foro Español de la Familia, ha organizado un congreso multidisciplinar de estudio científico sobre esta problemática socio-sanitaria. que se celebrará del 8 al 10 de Marzo en Cáceres. Al evento asistirán prestigiosos especialistas en Derecho, Medicina, Filosofía, Bioética y Educación, que desde una perspectiva multidisciplinar integrarán con rigor las aportaciones de distintas ciencias para poder llegar a unas conclusiones que den respuesta a la situación que está viviendo el aborto en los últimos años.
Entre los especialistas que asistirán, cabe destacar personalidades tan notorias como Manuel Jiménez de Parga (ex presidente del Tribunal Constitucional), José Luis Requero (Vocal del CGPJ), José Gabaldón (ex vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Foro Español de la Familia), Aquilino Polaino (Catedrático de Psicopatología de la Universidad San Pablo CEU), Isilda Pegado ( diputada portuguesa presidenta de la Federación Portuguesa por la Vida), Isabel Bazo ( Presidente de CECE y miembro del Consejo Escolar del Estado), o Luis Peral (Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid)
Este acontecimiento cultural está co-organizado por la Universidad de Extremadura, que ha concedido 1 crédito de libre elección para los alumnos que se inscriban, y además, cuenta con la colaboración de otras universidades desde las cuales asistirán distintos profesores. Entre otras, destacan la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Publica de Murcia, la Universidad de Navarra, la Universidad Católica de Ávila, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad de Valencia o la Universidad de Alcalá de Henares.
En el evento, que se está configurando como un gran foro de debate, reflexión y estudio de esta realidad, participarán también dentro de un simposio representantes de distintas asociaciones que trabajan en este campo.
Asimismo, Benigno Blanco, vicepresidente del Foro Español de la Familia, presentará el programa Red Madre que tiene como fin el apoyar a la mujer embarazada en riesgo de aborto. En este mismo sentido el Foro está poniendo en marcha 17 Iniciativas Legislativas Populares, una por cada Comunidad Autónoma española. Mariano Martínez-Aedo y Rojo, Vicepresidente del Instituto de Política Familiar (IPF) expondrá los estudios estadísticos que su Instituto ha realizado sobre la opinión de los españoles sobre este tema. Ignacio Arsuaga de la plataforma Hazteoir.org, Gádor Joya de la Plataforma Hay Alternativas o Conrado Jiménez de la Fundación Madrina serán otros de los participantes en este simposio.
La celebración del congreso coincide con un nuevo record de interrupciones voluntarias del embarazo en España.
El 5 de Julio de 1985 se despenalizaba parcialmente el aborto en España con la ley orgánica 9/1985, desde ese momento comienza una progresión en el número de abortos. En 1987 se notificaron 16.766 abortos desde 29 centros. Posteriormente, en 1996, el total alcanzó la cifra de 51.002 abortos. Y, en los últimos datos de 2005 ofrecidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo el número de abortos alcanza las 91.664 intervenciones notificados desde 134 centros.
Esto supone un incremento del casi 8% respecto al año 2.004, en que se contabilizaron 84.985 abortos, y respecto a 1996, el porcentaje se eleva hasta el 80%. Si se tiene en cuenta que el número de nacimientos anuales se sitúa en torno a los 465.000, los 91.664 abortos citados suponen un 16,4% de los mismos. Se realiza una intervención cada 5 minutos, que corresponde a unas 250 diarias. La cifra de abortos registrados por el Ministerio de Sanidad desde su despenalización es de 1.021.027.
Las personas interesadas en tener mayor información de este evento pueden visitar la Web www.mujeryaborto.com . Desde ella también se puede hacer la inscripción para asistir.
sábado, 3 de marzo de 2007
FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA:agradece el voto de los diputados que apoyaron la Iniciativa Legislativa Popular con su voto
Rechazo del Foro a la postura de las diputadas Celia Villalobos y María Pía Sánchez
Madrid, 2 de marzo de 2007.- El Foro de la Familia agradece a todos los diputados del Partido Popular, Unión Democrática de Cataluña y PNV que votaron a favor de la Iniciativa Legislativa Popular en defensa del matrimonio y la familia su apoyo a esta proposición que cuenta con el apoyo de millones de españoles.
Asimismo, el vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, "manifiesta su rechazo a las diputadas del Partido Popular Celia Villalobos y María Pía Sánchez que, habiéndose presentado a las elecciones con un programa electoral que incorporaba la defensa del matrimonio y la familia y no preveía el matrimonio entre personas del mismo sexo, traicionaron la confianza depositada en ellas y su programa por los electores votando en contra de los compromisos que habían asumido al presentarse en las listas del Partido Popular" señaló.
Igualmente, el vicepresidente del Foro de la Familia pide a estas dos diputadas "que actúen con lealtad a sus electores como exige la buena práctica democrática".
Por otra parte, el Foro de la Familia saluda con satisfacción el voto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados contra la ley de identidad de género, rectificando así la postura asumida desconcertantemente en el Senado por el grupo Popular.
Madrid, 2 de marzo de 2007.- El Foro de la Familia agradece a todos los diputados del Partido Popular, Unión Democrática de Cataluña y PNV que votaron a favor de la Iniciativa Legislativa Popular en defensa del matrimonio y la familia su apoyo a esta proposición que cuenta con el apoyo de millones de españoles.
Asimismo, el vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, "manifiesta su rechazo a las diputadas del Partido Popular Celia Villalobos y María Pía Sánchez que, habiéndose presentado a las elecciones con un programa electoral que incorporaba la defensa del matrimonio y la familia y no preveía el matrimonio entre personas del mismo sexo, traicionaron la confianza depositada en ellas y su programa por los electores votando en contra de los compromisos que habían asumido al presentarse en las listas del Partido Popular" señaló.
Igualmente, el vicepresidente del Foro de la Familia pide a estas dos diputadas "que actúen con lealtad a sus electores como exige la buena práctica democrática".
Por otra parte, el Foro de la Familia saluda con satisfacción el voto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados contra la ley de identidad de género, rectificando así la postura asumida desconcertantemente en el Senado por el grupo Popular.
jueves, 1 de marzo de 2007
ESPAÑA: Matrimonio gay: 173 diputados tumban un millón y medio de firmas de ciudadanos
Jamás una propuesta de ley había salido directamente de las calles, mercados y plazas con tantas firmas: un millón y medio, la iniciativa legislativa popular más participada desde que hay democracia en España.
Para tumbarla bastaron 173 diputados. Además, los oradores de distintos partidos criticaron a los ciudadanos sólo por esforzarse en participar en el proceso legislativo. A favor de la iniciativa ciudadana sólo 133 diputados: los del PP, los 3 presentes de UDC y uno del PNV.
Contra los ciudadanos, por hacer política
Paco Rodríguez, del BNG, insultó a los firmantes llamándolos "católicos fundamentalistas" (cuando el Foro Español de la Familia y la ILP es una iniciativa aconfesional en la que han firmado agnósticos, musulmanes y judíos). Y acusó a los ciudadanos de algo al parecer muy grave: "intentan modificar la legalidad". Pero ¿la democracia no era un sistema en el cual los ciudadanos decidían sus leyes? ¿O es sólo algo para la casta partitocrática?
Luis Mardones, de Coalición Canaria, dijo que la ley del matrimonio gay vigente está "aprobada por soberanía popular" y que si es inconstitucional ya lo dirá el Tribunal Constitucional. No dio ningún valor a que llegasen 1,5 millones de firmas a su lugar de trabajo, el Congreso de los Diputados. Coalición Canarias votó contra la toma en consideración de la iniciativa pro-familia. Con el argumento de Mardones (no apoyar una ILP "porque va contra una ley ya aprobada") los ciudadanos no tienen nada que hacer en el Congreso. Pensemos en los cambios a la ley electoral española: ¿tampoco aceptarán las firmas de ciudadanos respecto a esta ley? Falta calidad democrática en CC.
La representante de Izquierda Unida llamó "sectarios" a los representantes de la ILP y los acusó de "querer quitar derechos". Los ciudadanos no son bien recibidos por IU cuando visitan la casa del pueblo.
La portavoz del Grupo Vasco no pudo intervenir al recibir el aviso de la muerte de su madre. El diputado del PNV Pedro Azpiazu se abstuvo (fue la única abstención del hemiciclo). Otro diputado del PNV fotó a favor de la ILP.
La intervención de la oradora de ERC, Rosa María Bonás, fue pastosa y poco inteligible, en torno a la idea de que "la propuesta va en contra de la normalización objetiva y social de la homosexualidad".
Otros oradores
CiU demostró su esquizofrenia interna en temas de valores. De las 10 minutos con que contaba esta formación, 5 los usó Mercé Pigem de CDC y otros 5 Pere Grau, diputado de Lérida de UDC.
Pere Grau fue coherente con el ideario de UDC: recordó que el matrimonio gay había sido tumbado en el Senado a partir de una iniciativa de UDC, usó argumentos anteriormente usados por Duran i Lleida en defensa del matrimonio como unión solo entre hombre y mujer, y los tres diputados de UDC votaron en contra (Duran i Lleida no estaba en el Parlamento).
Mercé Pigem valoró bien la participación ciudadana pero lamentó que llegase "tan tarde", pasados 18 meses desde la aprobación de la ley (olvidando que el Congreso ha retenido la ILP durante 16 meses). Dijo que CDC entiende que se quiere derogar el matrimonio gay y que no quieren derogar esa ley. Los cuatro diputados de CDC presentes votaron en contra de la iniciativa popular... cuando hace sólo dos años se habían abstenido.
Lo cual lleva al votante de CiU a preguntarse: ¿al votar a CiU voto a favor o en contra del matrimonio gay o la eutanasia? No son temas menores y aunque en CDC hay libertad de voto ya son varios casos en que todos votan en bloque en sentido anti-familia o anti-vida. Sobre esto escribe preocupado en su blog Josep Miró, que es a título personal militante de este partido desde hace muchos años.
PSOE: el matrimonio gay ya es "un tema superado"
Julio Vilarrubias, el orador del PSOE, también apreció la participación de tantos ciudadanos, aunque lamentó que quieran "recortar derechos", y hablar de "un debate superado hace 16 meses" (¿es que cuando se gana una votación ya está prohibido hablar de un tema para siempre jamás?).
Vilarrubias dio datos de estudios que supuestamente indicarían la idoneidad de los matrimonios homosexuales para el desarrollo de los niños... estudios incompletos, de muestras pequeñas, no aleatorias, de niños aún pequeños (no se ven efectos del hogar gay en el desarrollo adolescente, no tratan de hijos adoptados sino de hijos naturales...) y finalmente insistió en que la ley es "constitucional".
El Partido Popular... con buenos argumentos ¡socialistas!
El catalán Jorge Fernández Díaz fue el orador del Partido Popular que abrió el turno de ponentes. Hizo una buena defensa de la ILP basándose en los argumentos de un líder socialista muy respetado y distinto a Zapatero: el ex-primer ministro francés Lionel Jospin. También recordó que el matrimonio gay es una de las leyes que acumula más dificultades y oposición judicial, social, popular y académica de la democracia española. [Una lista de los dictámenes y declaraciones contrarias a esta ley que se han acumulado con los meses puede leerse AQUI.]
Fernández Díaz recordó que la ley española de matrimonio gay "se aparta de nuestro contexto europeo" (ni belgas, ni daneses entregan niños en adopción a los gays, y los holandeses no entregan más que niños nacidos en Holanda... casi inexistentes). Recordó que la solución de Francia con los pactos de convivencia (PACs) y los debates en Italia no se parecen nada a la ley española.
Recordó Fernández Díaz que pese a haber unas 10.000 parejas censadas como del mismo sexo en España, en 18 meses de ley sólo se han casado unas 3.000 (pese al estoc acumulado de decenios, se supone). Hay que señalar que EL PAÍS, en sus crónicas de la votación, sigue hablando de "6.000 bodas gays en España", repitiendo cifras hinchadas de las asociaciones gays que ForumLibertas ya diseccionó en su momento. En cualquier caso, muy lejos de los "4 millones de españoles gays" que estaban esperando a casarse según El Periódico de Cataluña en 2005.
Disidentes y monolito
El PP votó a favor de la ILP con dos excepciones: Celia Villalobos, favorable al divorcio y aborto y otras prácticas y antigua ministra de Sanidad, y la diputada de Badajoz María Pía Sánchez. Villalobos explicó a la prensa que deberá pagar una multa de 300 euros (lo que sin duda hundirá su economía, suponemos, y demuestra su gran coraje).
Que haya dos disidentes en las filas del PP entra dentro de la normalidad en temas de conciencia. Lo que asombra es el monolito disciplinado de granito obediente de las filas socialistas. ¿De verdad todos se creen que dos señores o dos señoras son un matrimonio? ¿De verdad ninguno quiere que se debata una ley propuesta por 1,5 millones de ciudadanos? ¿No hay un solo Lionel Jospin en el socialismo español?
En la tribuna de invitados
La tribuna de invitados estaba casi vacía, excepto por un par de observadores políticos de E-Cristians llegados desde Barcelona... y Pedro Zerolo, el gran activista gay del PSOE. La televisión parlamentaria (de la que toman sus imágenes todas las televisiones y telediarios españoles) alternaba imágenes de un parlamento adormecido y casi sin diputados (acudieron sólo en el momento de la votación) y de la tribuna de invitados.
En estos debates, vale la pena que los ciudadanos abarroten la tribuan de invitados creando ambiente, aplaudiendo, con camisetas, hojas con mensajes y que incluso animen alguna intervención de la mesa: "señores, por favor...". El Canal Parlamentario lo recoge siempre y "da vida" a la retransmisión. En el Parlamento esa tarde no hubo ninguna vida y los grupos pro-matrimonio perdieron una buena oportunidad de salir en televisión.
En la calle
La acción ciudadana estaba concentrada en el "Parlamento alternativo" organizado por el Foro Español de la Familia y las asociaciones pro-matrimonio en la calle.
Para tumbarla bastaron 173 diputados. Además, los oradores de distintos partidos criticaron a los ciudadanos sólo por esforzarse en participar en el proceso legislativo. A favor de la iniciativa ciudadana sólo 133 diputados: los del PP, los 3 presentes de UDC y uno del PNV.
Contra los ciudadanos, por hacer política
Paco Rodríguez, del BNG, insultó a los firmantes llamándolos "católicos fundamentalistas" (cuando el Foro Español de la Familia y la ILP es una iniciativa aconfesional en la que han firmado agnósticos, musulmanes y judíos). Y acusó a los ciudadanos de algo al parecer muy grave: "intentan modificar la legalidad". Pero ¿la democracia no era un sistema en el cual los ciudadanos decidían sus leyes? ¿O es sólo algo para la casta partitocrática?
Luis Mardones, de Coalición Canaria, dijo que la ley del matrimonio gay vigente está "aprobada por soberanía popular" y que si es inconstitucional ya lo dirá el Tribunal Constitucional. No dio ningún valor a que llegasen 1,5 millones de firmas a su lugar de trabajo, el Congreso de los Diputados. Coalición Canarias votó contra la toma en consideración de la iniciativa pro-familia. Con el argumento de Mardones (no apoyar una ILP "porque va contra una ley ya aprobada") los ciudadanos no tienen nada que hacer en el Congreso. Pensemos en los cambios a la ley electoral española: ¿tampoco aceptarán las firmas de ciudadanos respecto a esta ley? Falta calidad democrática en CC.
La representante de Izquierda Unida llamó "sectarios" a los representantes de la ILP y los acusó de "querer quitar derechos". Los ciudadanos no son bien recibidos por IU cuando visitan la casa del pueblo.
La portavoz del Grupo Vasco no pudo intervenir al recibir el aviso de la muerte de su madre. El diputado del PNV Pedro Azpiazu se abstuvo (fue la única abstención del hemiciclo). Otro diputado del PNV fotó a favor de la ILP.
La intervención de la oradora de ERC, Rosa María Bonás, fue pastosa y poco inteligible, en torno a la idea de que "la propuesta va en contra de la normalización objetiva y social de la homosexualidad".
Otros oradores
CiU demostró su esquizofrenia interna en temas de valores. De las 10 minutos con que contaba esta formación, 5 los usó Mercé Pigem de CDC y otros 5 Pere Grau, diputado de Lérida de UDC.
Pere Grau fue coherente con el ideario de UDC: recordó que el matrimonio gay había sido tumbado en el Senado a partir de una iniciativa de UDC, usó argumentos anteriormente usados por Duran i Lleida en defensa del matrimonio como unión solo entre hombre y mujer, y los tres diputados de UDC votaron en contra (Duran i Lleida no estaba en el Parlamento).
Mercé Pigem valoró bien la participación ciudadana pero lamentó que llegase "tan tarde", pasados 18 meses desde la aprobación de la ley (olvidando que el Congreso ha retenido la ILP durante 16 meses). Dijo que CDC entiende que se quiere derogar el matrimonio gay y que no quieren derogar esa ley. Los cuatro diputados de CDC presentes votaron en contra de la iniciativa popular... cuando hace sólo dos años se habían abstenido.
Lo cual lleva al votante de CiU a preguntarse: ¿al votar a CiU voto a favor o en contra del matrimonio gay o la eutanasia? No son temas menores y aunque en CDC hay libertad de voto ya son varios casos en que todos votan en bloque en sentido anti-familia o anti-vida. Sobre esto escribe preocupado en su blog Josep Miró, que es a título personal militante de este partido desde hace muchos años.
PSOE: el matrimonio gay ya es "un tema superado"
Julio Vilarrubias, el orador del PSOE, también apreció la participación de tantos ciudadanos, aunque lamentó que quieran "recortar derechos", y hablar de "un debate superado hace 16 meses" (¿es que cuando se gana una votación ya está prohibido hablar de un tema para siempre jamás?).
Vilarrubias dio datos de estudios que supuestamente indicarían la idoneidad de los matrimonios homosexuales para el desarrollo de los niños... estudios incompletos, de muestras pequeñas, no aleatorias, de niños aún pequeños (no se ven efectos del hogar gay en el desarrollo adolescente, no tratan de hijos adoptados sino de hijos naturales...) y finalmente insistió en que la ley es "constitucional".
El Partido Popular... con buenos argumentos ¡socialistas!
El catalán Jorge Fernández Díaz fue el orador del Partido Popular que abrió el turno de ponentes. Hizo una buena defensa de la ILP basándose en los argumentos de un líder socialista muy respetado y distinto a Zapatero: el ex-primer ministro francés Lionel Jospin. También recordó que el matrimonio gay es una de las leyes que acumula más dificultades y oposición judicial, social, popular y académica de la democracia española. [Una lista de los dictámenes y declaraciones contrarias a esta ley que se han acumulado con los meses puede leerse AQUI.]
Fernández Díaz recordó que la ley española de matrimonio gay "se aparta de nuestro contexto europeo" (ni belgas, ni daneses entregan niños en adopción a los gays, y los holandeses no entregan más que niños nacidos en Holanda... casi inexistentes). Recordó que la solución de Francia con los pactos de convivencia (PACs) y los debates en Italia no se parecen nada a la ley española.
Recordó Fernández Díaz que pese a haber unas 10.000 parejas censadas como del mismo sexo en España, en 18 meses de ley sólo se han casado unas 3.000 (pese al estoc acumulado de decenios, se supone). Hay que señalar que EL PAÍS, en sus crónicas de la votación, sigue hablando de "6.000 bodas gays en España", repitiendo cifras hinchadas de las asociaciones gays que ForumLibertas ya diseccionó en su momento. En cualquier caso, muy lejos de los "4 millones de españoles gays" que estaban esperando a casarse según El Periódico de Cataluña en 2005.
Disidentes y monolito
El PP votó a favor de la ILP con dos excepciones: Celia Villalobos, favorable al divorcio y aborto y otras prácticas y antigua ministra de Sanidad, y la diputada de Badajoz María Pía Sánchez. Villalobos explicó a la prensa que deberá pagar una multa de 300 euros (lo que sin duda hundirá su economía, suponemos, y demuestra su gran coraje).
Que haya dos disidentes en las filas del PP entra dentro de la normalidad en temas de conciencia. Lo que asombra es el monolito disciplinado de granito obediente de las filas socialistas. ¿De verdad todos se creen que dos señores o dos señoras son un matrimonio? ¿De verdad ninguno quiere que se debata una ley propuesta por 1,5 millones de ciudadanos? ¿No hay un solo Lionel Jospin en el socialismo español?
En la tribuna de invitados
La tribuna de invitados estaba casi vacía, excepto por un par de observadores políticos de E-Cristians llegados desde Barcelona... y Pedro Zerolo, el gran activista gay del PSOE. La televisión parlamentaria (de la que toman sus imágenes todas las televisiones y telediarios españoles) alternaba imágenes de un parlamento adormecido y casi sin diputados (acudieron sólo en el momento de la votación) y de la tribuna de invitados.
En estos debates, vale la pena que los ciudadanos abarroten la tribuan de invitados creando ambiente, aplaudiendo, con camisetas, hojas con mensajes y que incluso animen alguna intervención de la mesa: "señores, por favor...". El Canal Parlamentario lo recoge siempre y "da vida" a la retransmisión. En el Parlamento esa tarde no hubo ninguna vida y los grupos pro-matrimonio perdieron una buena oportunidad de salir en televisión.
En la calle
La acción ciudadana estaba concentrada en el "Parlamento alternativo" organizado por el Foro Español de la Familia y las asociaciones pro-matrimonio en la calle.
COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: LOE
COMISIÓN PERMANENTE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
La Ley Orgánica de Educación (LOE),
los Reales Decretos que la desarrollan
y los derechos fundamentales de padres y escuelas
Introducción
1. Cuando la Ley Orgánica de Educación (LOE) fue presentada a la aprobación del
Congreso de los Diputados, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
hizo pública, el 15 de diciembre de 2005, su grave preocupación ante un texto legal que
no garantizaba debidamente, e incluso lesionaba, derechos fundamentales en un campo
tan importante para el presente y el futuro de la sociedad como es el de la educación de
la juventud. Una vez aprobada la Ley por el Congreso, el mismo Comité Ejecutivo
declaró de nuevo públicamente, el 10 de marzo de 2006, que la LOE no se atenía a lo
pactado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español en lo referente a la
enseñanza de la Religión católica y a su profesorado.
2. Con todo, la Comisión Mixta Iglesia-Estado se ha reunido cuatro veces a lo
largo del año 2006 para hablar sobre los Reales Decretos que habrían de desarrollar las
Disposiciones adicionales de la LOE tocantes al estatuto de la enseñanza y al del
profesorado de Religión católica. En esta fase, las autoridades gubernamentales han
hecho un esfuerzo de diálogo y aproximación que agradecemos. Sin embargo, no se ha
llegado a unos Decretos que podamos valorar como satisfactorios. La enseñanza de la
Religión no es regulada de modo que queden a salvo los derechos de todas las partes
implicadas. Es lo que ahora, una vez publicados ya casi todos los Decretos, queremos
comunicar a la opinión pública. Además deseamos valorar también otros aspectos de la
LOE y de su desarrollo administrativo que estimamos que vulneran los derechos que
asisten a los padres en la educación de sus hijos, tanto en el campo de la determinación
de la educación moral que deseen para ellos, como en el de la libre elección de centro
educativo.
I. La enseñanza de la Religión católica
3. La enseñanza de la Religión católica será, según lo establecido por la LOE, de
oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos. Es lo estipulado
en los Acuerdos Iglesia-Estado, según el principio de la libertad civil en materia religiosa,
defendido siempre por la Conferencia Episcopal.
4. Pero los Acuerdos estipulan también que esta enseñanza será equiparable a
una asignatura fundamental. La LOE, en cambio, ni siquiera la menciona en el cuerpo de
la Ley, relegándola a una Disposición adicional. Por su parte, los Decretos de enseñanzas
mínimas reducen el número de horas que se le asignan; y establecen que los alumnos
que no cursen Religión - en su versión confesional o aconfesional - recibirán una
“atención educativa”, cuya definición queda al arbitrio de cada centro, sin que tenga
nada que ver con una enseñanza de contenidos reglados y evaluables. Es una solución
discriminatoria para quienes eligen la Religión, que hacen un esfuerzo académico,
mientras que quienes no la eligen disfrutan de tiempo libre o de estudio. Una solución,
además, que, según muestra la experiencia, tiende a crear problemas de orden y
disciplina en los centros. Si a todo ello se añade el carácter no computable de las
evaluaciones de la Religión, hemos de concluir que el estatuto académico de la
enseñanza de la Religión no resulta equiparable al de una asignatura fundamental que se
imparte sin que nadie resulte discriminado. Así, la regulación de esta enseñanza carece
de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente, es
decir, cerca del ochenta por ciento de los padres. Queda, pues, obstaculizado el ejercicio
real y efectivo de un derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 27,
3 y no se cumple lo pactado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español.
II. El profesorado de Religión católica
5. La LOE introduce una nueva regulación del profesorado de Religión que no
responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia
Católica, en virtud del Acuerdo correspondiente, ni a la jurisprudencia sobre la materia,
en particular, a la última Sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado día 15 de
febrero. Porque la Ley asimila la situación legal de los profesores de Religión en las
escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los
Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo,
derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral
católica.
6. Es verdad que los profesores de religión son trabajadores de la enseñanza,
cuyos derechos laborales deben ser plenamente reconocidos y tutelados. Los obispos
somos los primeros interesados en ello, pues de ese modo se hace justicia a su labor y
se dignifica su misión, que es misión de Iglesia. Pero, al mismo tiempo, los profesores de
religión católica ejercen una misión específica - la de formar a los alumnos en la doctrina
y la moral católica - que exige una capacitación académica especial e identificación con
la doctrina que se enseña. A quienes libremente solicitan tal enseñanza hay que
garantizarles que sea impartida por profesores idóneos para ello. Es la autoridad de la
Iglesia quien puede ofrecer tal garantía. No son los poderes públicos, ni las
organizaciones sindicales, ni ninguna otra instancia quienes están en condiciones de
garantizar la idoneidad del profesorado para impartir la religión y la moral católica, es
decir, la misión canónica. Eso es lo justo y lo propio de un Estado de derecho que tutela
de modo positivo la libertad religiosa.
7. Pues bien, ni la LOE ni el último borrador de Real Decreto que conocemos
establecen los mecanismos jurídicos adecuados para que la autoridad de la Iglesia pueda
ejercer con seguridad su obligación de garantizar la idoneidad del profesorado de
religión. Por tanto, si las cosas permanecen como se encuentran en este momento, es
posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea
respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos de todos.
III. La “Educación para la ciudadanía”
a) Una formación estatal y obligatoria de la conciencia
8. La enseñanza de la Religión y Moral católica debe ser y es optativa para los
alumnos, porque han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa
y moral que deseen para sus hijos. Éste es su derecho primordial, insustituible e
inalienable. Se lo reconoce la Constitución en el artículo 27, 3. Queda tutelado también
por el artículo 16, 1, que consagra la libertad ideológica y religiosa. Por tanto, el Estado
no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los
alumnos al margen de la libre elección de sus padres. Cuando éstos eligen libremente la
Religión y Moral católica, el Estado debe reconocer que la necesaria formación moral de
la conciencia de los alumnos queda asegurada por quienes tienen el deber y el derecho
de proveer a ella. Si el sistema educativo obligara a recibir otra formación de la
conciencia moral, violentaría la voluntad de los padres y declararía implícitamente que la
opción hecha por ellos en el ejercicio de sus derechos no es considerada válida por el
Estado.
9. Precisamente eso es lo que hace ahora el Estado con la nueva área creada por
la LOE bajo el nombre de “Educación para la ciudadanía”. Si el texto de la Ley dejaba
algún margen para la duda, los Decretos que la desarrollan establecen expresamente
que dichas enseñanzas pretenden formar, con carácter obligatorio, “la conciencia moral
cívica” de todos los alumnos en todos los centros. De ahí que los criterios de evaluación
no se refieran sólo a contenidos, sino también a actitudes y hábitos personales, cuya
constitución se basa siempre en la visión de la vida que informa la conciencia moral
(véase, en particular, el Decreto de 29 de diciembre de 2006 sobre la Educación
Secundaria). Se formará y evaluará, pues, la conciencia moral de los alumnos, al
margen de la voluntad de sus padres.
10. Es cierto que la educación de la conciencia no debe quedar excluida de la
tarea educativa. Por el contrario, una educación verdaderamente integral que persiga el
desarrollo armonioso de la persona en todas sus dimensiones no puede reducirse a la
mera transmisión de conocimientos; ha de referirse también a la verdad del ser humano
como norma y horizonte de la vida. Pero las enseñanzas antropológicas orientadas a la
formación de la conciencia moral - tanto en lo “personal” como en lo “social” - no son
competencia del Estado. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos:
ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Vulneraría los
derechos de los padres y/o de la escuela libremente elegida por ellos según sus
convicciones. Son los padres y es la escuela, como colaboradora de aquéllos, quienes
tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias, sin más limitaciones que
las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público.
b) Impone el relativismo moral y la ideología de género
11. Con lo dicho bastaría para que nos viéramos en la necesidad de denunciar
una asignatura, cuyo objetivo confesado es una formación de las conciencias impuesta
por el sistema educativo a todos los alumnos. Pero además hemos de denunciar también
que los criterios que guiarán estas enseñanzas son los propios del relativismo y de la
llamada ideología de género. La “verdad” no juega papel alguno en los Decretos que
desarrollan sus contenidos. En cambio, el nuevo concepto de “homofobia” forma parte
de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas por los Reales Decretos. Bajo tal
concepto se esconde una visión de la constitución de la persona más ligada a las
llamadas “orientaciones sexuales” que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad
de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el “género” precisamente
cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia moral de los
alumnos de Secundaria.
12. No habría nada que objetar a una asignatura que facilitara el conocimiento
objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia. Lo que
denunciamos son unas enseñanzas concretas que, bajo el nombre de “Educación para la
ciudadanía”, constituyen una lesión grave del derecho de los padres a determinar la
educación moral que desean para sus hijos; unas enseñanzas que, además, tal como
aparecen programadas, significan la imposición del relativismo y de la ideología de
género. No es precisamente esto lo que los organismos de Europa sugieren a los Estados
miembros. No es éste el modo adecuado de salir al paso de la necesidad apremiante de
una formación integral de la juventud para la convivencia en la verdad y la justicia, con
actitudes positivas que contribuyan a la creación y consolidación de la paz en las
familias, las escuelas y la sociedad. Todos deseamos que la escuela forme ciudadanos
libres, conscientes de sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y
tolerantes. Pero eso no se consigue con introducir en las conciencias de los jóvenes el
relativismo moral y una ideología desestructuradora de la identidad personal. Esta
“Educación para la ciudadanía” de la LOE es inaceptable en la forma y el fondo: en la
forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten
y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la
persona.
c) Reclama una actuación responsable y comprometida
13. Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su
alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que
desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su
programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción
con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles a
hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad
religiosa. Los centros estatales, por su parte, al tener que impartir esta asignatura
perderán su obligada neutralidad ideológica e impondrán a los alumnos una formación
moral no libremente elegida por sus padres o incluso expresamente contradictoria con su
voluntad cuando éstos hayan elegido para sus hijos la enseñanza de la Religión y Moral
católica. Los padres y los centros educativos deben actuar de modo responsable y
comprometido en favor de sus derechos educativos y de la libertad de conciencia.
IV. Las libertades de enseñanza y de elección de centro educativo
14. Además de la nueva área de “Educación para la ciudadanía”, la LOE presenta
también otras disposiciones que condicionan seriamente las libertades de enseñanza y
de elección de centro. Porque la Ley no se inspira en el principio de subsidiariedad,
según el cual, los poderes públicos regulan las condiciones necesarias para que la
sociedad pueda ejercitar por sí misma los deberes y derechos que son originariamente
propios suyos, en particular, de las familias y de las escuelas. Por el contrario, la
educación es definida, con un claro tinte estatalista, como un “servicio público”
(Preámbulo y art. 108, 5) con el que la sociedad debe colaborar (Preámbulo).
15. Así, no se le da la prioridad debida a la demanda de las familias a la hora de
elegir el centro escolar que desean para sus hijos, cuando se establecen una zonificación
respecto al domicilio de los solicitantes (art. 84, 2) y unas “áreas de influencia” de los
centros (art. 86) como criterios excesivamente condicionantes de la admisión de los
alumnos.
16. Por su parte, la iniciativa social que desea crear y dirigir centros educativos
queda indebidamente supeditada a las consignaciones presupuestarias y a la aplicación
del principio de economía y eficiencia, según los criterios de la Administración (cf. art.
109, 3), así como a imprecisos criterios de “necesidades de escolarización” (art. 116, 1).
Además, a los centros de iniciativa social no se les garantiza la libertad suficiente para
establecer su propio proyecto educativo, sometido a un indeterminado “marco general”
establecido por la Administración (art. 121, 3); tampoco se les garantiza que los
alumnos acepten su proyecto educativo, sino tan sólo que lo respeten (art. 115, 2), ni se
les reconoce la suficiente autonomía de dirección, tanto por los condicionamientos que se
les imponen en la admisión de los alumnos, ya mencionados, como por la obligada
presencia de una autoridad política en el Consejo Escolar (art. 126, 1c).
Conclusión
17. La LOE es la quinta Ley Orgánica de educación, en sólo veinte años, y es la
que ha obtenido un menor respaldo parlamentario de todas (sólo el 55 por ciento del
Congreso). Son sin duda posibles diferentes soluciones técnicas a los graves problemas
planteados en un campo tan sensible como es el de la educación. Pero es necesario
llegar a un gran consenso o pacto de Estado en las cuestiones básicas que afectan a los
derechos fundamentales de las personas. No se ha conseguido. Mientras llega ese
momento, anhelado por tantos, en especial por la comunidad educativa, será necesario
hacer respetar los derechos de todos y, al mismo tiempo, colaborar del mejor modo
posible, según las responsabilidades de cada uno, en la vital tarea de la educación.
18. Sabemos que la inmensa mayoría de los profesores de religión ejercen su
misión de modo ejemplar. Aprovechamos para reiterarles nuestra confianza y animarles
a seguir trabajando con el talento y el compromiso personal que rinden el fruto que
esperan los alumnos, las familias, la sociedad y toda la Iglesia. Ellos mismos conocen
que, a pesar de las dificultades, su generosidad y competencia lo hace posible. Los
profesores de religión no son catequistas. Ellos enseñan la doctrina y la moral católica de
modo académico y con el testimonio de su vida en el contexto del diálogo sistemático
entre la fe y la razón. La escuela, como lugar de la educación integral de la persona, es
el marco apropiado para ello.
19. A los directores de centros educativos les agradecemos su colaboración y
confiamos en su buen hacer ante las nuevas responsabilidades que para ellos supone la
llamada “atención educativa”. Son muchos también los maestros y profesores que,
explicando matemáticas o cualquier otra asignatura, ofrecen a sus alumnos el ejemplo
de una tarea educativa hecha con dedicación, competencia, respeto y cariño por los
niños y jóvenes. Su labor es exigente y sacrificada. Nuestro agradecimiento y nuestro
aliento se dirige a todos ellos, en particular, a quienes de ese modo dan testimonio
silencioso o explícito de su fe católica.
20. No podemos dejar de mencionar especialmente a cuantos están aportando a
la sociedad y a la Iglesia el impagable servicio de la educación integral que representa la
Escuela Católica, tan apreciada por tantos padres. Les agradecemos muy de corazón su
abnegado trabajo y su vocación de educadores desde su condición de seglares, ministros
ordenados o, muy en particular, desde tantas formas de vida consagrada de dilatada,
benemérita y fecunda tradición educadora. Todos los responsables de las escuelas
católicas estarán - no lo dudamos - a la altura del desafío que suponen para sus centros
las diversas dificultades a las que hemos hecho referencia, en particular, la llamada
“Educación para la ciudadanía”. Es un momento decisivo para el futuro de la Escuela
Católica.
21. Los padres, en fin, seguirán respondiendo cada vez con mayor empeño a sus
obligaciones de primeros educadores de sus hijos y exigirán que sus correspondientes
derechos sean respetados. Cuando año tras año inscriben a sus hijos en la clase de
Religión católica dan muestras claras de que son conscientes de su responsabilidad.
Pueden legalmente hacerlo y deben seguir haciéndolo. La Iglesia desea ofrecer también
a todos los padres los centros católicos que ellos solicitan para sus hijos y de los que
tantas veces se ven privados, por falta de una oferta suficiente. Las dificultades
existentes para la creación o ampliación de tales centros, a causa de las restricciones
que sufre la libertad de enseñanza, perjudican ante todo a los padres y a los alumnos.
Las asociaciones de padres y de familias están llamadas a jugar un gran papel en un
sistema educativo que forme de modo verdaderamente integral a niños y jóvenes como
personas y ciudadanos.
A todos encomendamos a la maternal protección de María, trono de la Sabiduría.
Madrid, 28 de febrero de 2007
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
La Ley Orgánica de Educación (LOE),
los Reales Decretos que la desarrollan
y los derechos fundamentales de padres y escuelas
Introducción
1. Cuando la Ley Orgánica de Educación (LOE) fue presentada a la aprobación del
Congreso de los Diputados, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
hizo pública, el 15 de diciembre de 2005, su grave preocupación ante un texto legal que
no garantizaba debidamente, e incluso lesionaba, derechos fundamentales en un campo
tan importante para el presente y el futuro de la sociedad como es el de la educación de
la juventud. Una vez aprobada la Ley por el Congreso, el mismo Comité Ejecutivo
declaró de nuevo públicamente, el 10 de marzo de 2006, que la LOE no se atenía a lo
pactado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español en lo referente a la
enseñanza de la Religión católica y a su profesorado.
2. Con todo, la Comisión Mixta Iglesia-Estado se ha reunido cuatro veces a lo
largo del año 2006 para hablar sobre los Reales Decretos que habrían de desarrollar las
Disposiciones adicionales de la LOE tocantes al estatuto de la enseñanza y al del
profesorado de Religión católica. En esta fase, las autoridades gubernamentales han
hecho un esfuerzo de diálogo y aproximación que agradecemos. Sin embargo, no se ha
llegado a unos Decretos que podamos valorar como satisfactorios. La enseñanza de la
Religión no es regulada de modo que queden a salvo los derechos de todas las partes
implicadas. Es lo que ahora, una vez publicados ya casi todos los Decretos, queremos
comunicar a la opinión pública. Además deseamos valorar también otros aspectos de la
LOE y de su desarrollo administrativo que estimamos que vulneran los derechos que
asisten a los padres en la educación de sus hijos, tanto en el campo de la determinación
de la educación moral que deseen para ellos, como en el de la libre elección de centro
educativo.
I. La enseñanza de la Religión católica
3. La enseñanza de la Religión católica será, según lo establecido por la LOE, de
oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos. Es lo estipulado
en los Acuerdos Iglesia-Estado, según el principio de la libertad civil en materia religiosa,
defendido siempre por la Conferencia Episcopal.
4. Pero los Acuerdos estipulan también que esta enseñanza será equiparable a
una asignatura fundamental. La LOE, en cambio, ni siquiera la menciona en el cuerpo de
la Ley, relegándola a una Disposición adicional. Por su parte, los Decretos de enseñanzas
mínimas reducen el número de horas que se le asignan; y establecen que los alumnos
que no cursen Religión - en su versión confesional o aconfesional - recibirán una
“atención educativa”, cuya definición queda al arbitrio de cada centro, sin que tenga
nada que ver con una enseñanza de contenidos reglados y evaluables. Es una solución
discriminatoria para quienes eligen la Religión, que hacen un esfuerzo académico,
mientras que quienes no la eligen disfrutan de tiempo libre o de estudio. Una solución,
además, que, según muestra la experiencia, tiende a crear problemas de orden y
disciplina en los centros. Si a todo ello se añade el carácter no computable de las
evaluaciones de la Religión, hemos de concluir que el estatuto académico de la
enseñanza de la Religión no resulta equiparable al de una asignatura fundamental que se
imparte sin que nadie resulte discriminado. Así, la regulación de esta enseñanza carece
de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente, es
decir, cerca del ochenta por ciento de los padres. Queda, pues, obstaculizado el ejercicio
real y efectivo de un derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 27,
3 y no se cumple lo pactado en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español.
II. El profesorado de Religión católica
5. La LOE introduce una nueva regulación del profesorado de Religión que no
responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia
Católica, en virtud del Acuerdo correspondiente, ni a la jurisprudencia sobre la materia,
en particular, a la última Sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado día 15 de
febrero. Porque la Ley asimila la situación legal de los profesores de Religión en las
escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los
Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo,
derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral
católica.
6. Es verdad que los profesores de religión son trabajadores de la enseñanza,
cuyos derechos laborales deben ser plenamente reconocidos y tutelados. Los obispos
somos los primeros interesados en ello, pues de ese modo se hace justicia a su labor y
se dignifica su misión, que es misión de Iglesia. Pero, al mismo tiempo, los profesores de
religión católica ejercen una misión específica - la de formar a los alumnos en la doctrina
y la moral católica - que exige una capacitación académica especial e identificación con
la doctrina que se enseña. A quienes libremente solicitan tal enseñanza hay que
garantizarles que sea impartida por profesores idóneos para ello. Es la autoridad de la
Iglesia quien puede ofrecer tal garantía. No son los poderes públicos, ni las
organizaciones sindicales, ni ninguna otra instancia quienes están en condiciones de
garantizar la idoneidad del profesorado para impartir la religión y la moral católica, es
decir, la misión canónica. Eso es lo justo y lo propio de un Estado de derecho que tutela
de modo positivo la libertad religiosa.
7. Pues bien, ni la LOE ni el último borrador de Real Decreto que conocemos
establecen los mecanismos jurídicos adecuados para que la autoridad de la Iglesia pueda
ejercer con seguridad su obligación de garantizar la idoneidad del profesorado de
religión. Por tanto, si las cosas permanecen como se encuentran en este momento, es
posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea
respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos de todos.
III. La “Educación para la ciudadanía”
a) Una formación estatal y obligatoria de la conciencia
8. La enseñanza de la Religión y Moral católica debe ser y es optativa para los
alumnos, porque han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa
y moral que deseen para sus hijos. Éste es su derecho primordial, insustituible e
inalienable. Se lo reconoce la Constitución en el artículo 27, 3. Queda tutelado también
por el artículo 16, 1, que consagra la libertad ideológica y religiosa. Por tanto, el Estado
no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los
alumnos al margen de la libre elección de sus padres. Cuando éstos eligen libremente la
Religión y Moral católica, el Estado debe reconocer que la necesaria formación moral de
la conciencia de los alumnos queda asegurada por quienes tienen el deber y el derecho
de proveer a ella. Si el sistema educativo obligara a recibir otra formación de la
conciencia moral, violentaría la voluntad de los padres y declararía implícitamente que la
opción hecha por ellos en el ejercicio de sus derechos no es considerada válida por el
Estado.
9. Precisamente eso es lo que hace ahora el Estado con la nueva área creada por
la LOE bajo el nombre de “Educación para la ciudadanía”. Si el texto de la Ley dejaba
algún margen para la duda, los Decretos que la desarrollan establecen expresamente
que dichas enseñanzas pretenden formar, con carácter obligatorio, “la conciencia moral
cívica” de todos los alumnos en todos los centros. De ahí que los criterios de evaluación
no se refieran sólo a contenidos, sino también a actitudes y hábitos personales, cuya
constitución se basa siempre en la visión de la vida que informa la conciencia moral
(véase, en particular, el Decreto de 29 de diciembre de 2006 sobre la Educación
Secundaria). Se formará y evaluará, pues, la conciencia moral de los alumnos, al
margen de la voluntad de sus padres.
10. Es cierto que la educación de la conciencia no debe quedar excluida de la
tarea educativa. Por el contrario, una educación verdaderamente integral que persiga el
desarrollo armonioso de la persona en todas sus dimensiones no puede reducirse a la
mera transmisión de conocimientos; ha de referirse también a la verdad del ser humano
como norma y horizonte de la vida. Pero las enseñanzas antropológicas orientadas a la
formación de la conciencia moral - tanto en lo “personal” como en lo “social” - no son
competencia del Estado. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos:
ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Vulneraría los
derechos de los padres y/o de la escuela libremente elegida por ellos según sus
convicciones. Son los padres y es la escuela, como colaboradora de aquéllos, quienes
tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias, sin más limitaciones que
las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público.
b) Impone el relativismo moral y la ideología de género
11. Con lo dicho bastaría para que nos viéramos en la necesidad de denunciar
una asignatura, cuyo objetivo confesado es una formación de las conciencias impuesta
por el sistema educativo a todos los alumnos. Pero además hemos de denunciar también
que los criterios que guiarán estas enseñanzas son los propios del relativismo y de la
llamada ideología de género. La “verdad” no juega papel alguno en los Decretos que
desarrollan sus contenidos. En cambio, el nuevo concepto de “homofobia” forma parte
de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas por los Reales Decretos. Bajo tal
concepto se esconde una visión de la constitución de la persona más ligada a las
llamadas “orientaciones sexuales” que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad
de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el “género” precisamente
cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia moral de los
alumnos de Secundaria.
12. No habría nada que objetar a una asignatura que facilitara el conocimiento
objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia. Lo que
denunciamos son unas enseñanzas concretas que, bajo el nombre de “Educación para la
ciudadanía”, constituyen una lesión grave del derecho de los padres a determinar la
educación moral que desean para sus hijos; unas enseñanzas que, además, tal como
aparecen programadas, significan la imposición del relativismo y de la ideología de
género. No es precisamente esto lo que los organismos de Europa sugieren a los Estados
miembros. No es éste el modo adecuado de salir al paso de la necesidad apremiante de
una formación integral de la juventud para la convivencia en la verdad y la justicia, con
actitudes positivas que contribuyan a la creación y consolidación de la paz en las
familias, las escuelas y la sociedad. Todos deseamos que la escuela forme ciudadanos
libres, conscientes de sus deberes y de sus derechos, verdaderamente críticos y
tolerantes. Pero eso no se consigue con introducir en las conciencias de los jóvenes el
relativismo moral y una ideología desestructuradora de la identidad personal. Esta
“Educación para la ciudadanía” de la LOE es inaceptable en la forma y el fondo: en la
forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten
y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la
persona.
c) Reclama una actuación responsable y comprometida
13. Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su
alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que
desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su
programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción
con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles a
hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad
religiosa. Los centros estatales, por su parte, al tener que impartir esta asignatura
perderán su obligada neutralidad ideológica e impondrán a los alumnos una formación
moral no libremente elegida por sus padres o incluso expresamente contradictoria con su
voluntad cuando éstos hayan elegido para sus hijos la enseñanza de la Religión y Moral
católica. Los padres y los centros educativos deben actuar de modo responsable y
comprometido en favor de sus derechos educativos y de la libertad de conciencia.
IV. Las libertades de enseñanza y de elección de centro educativo
14. Además de la nueva área de “Educación para la ciudadanía”, la LOE presenta
también otras disposiciones que condicionan seriamente las libertades de enseñanza y
de elección de centro. Porque la Ley no se inspira en el principio de subsidiariedad,
según el cual, los poderes públicos regulan las condiciones necesarias para que la
sociedad pueda ejercitar por sí misma los deberes y derechos que son originariamente
propios suyos, en particular, de las familias y de las escuelas. Por el contrario, la
educación es definida, con un claro tinte estatalista, como un “servicio público”
(Preámbulo y art. 108, 5) con el que la sociedad debe colaborar (Preámbulo).
15. Así, no se le da la prioridad debida a la demanda de las familias a la hora de
elegir el centro escolar que desean para sus hijos, cuando se establecen una zonificación
respecto al domicilio de los solicitantes (art. 84, 2) y unas “áreas de influencia” de los
centros (art. 86) como criterios excesivamente condicionantes de la admisión de los
alumnos.
16. Por su parte, la iniciativa social que desea crear y dirigir centros educativos
queda indebidamente supeditada a las consignaciones presupuestarias y a la aplicación
del principio de economía y eficiencia, según los criterios de la Administración (cf. art.
109, 3), así como a imprecisos criterios de “necesidades de escolarización” (art. 116, 1).
Además, a los centros de iniciativa social no se les garantiza la libertad suficiente para
establecer su propio proyecto educativo, sometido a un indeterminado “marco general”
establecido por la Administración (art. 121, 3); tampoco se les garantiza que los
alumnos acepten su proyecto educativo, sino tan sólo que lo respeten (art. 115, 2), ni se
les reconoce la suficiente autonomía de dirección, tanto por los condicionamientos que se
les imponen en la admisión de los alumnos, ya mencionados, como por la obligada
presencia de una autoridad política en el Consejo Escolar (art. 126, 1c).
Conclusión
17. La LOE es la quinta Ley Orgánica de educación, en sólo veinte años, y es la
que ha obtenido un menor respaldo parlamentario de todas (sólo el 55 por ciento del
Congreso). Son sin duda posibles diferentes soluciones técnicas a los graves problemas
planteados en un campo tan sensible como es el de la educación. Pero es necesario
llegar a un gran consenso o pacto de Estado en las cuestiones básicas que afectan a los
derechos fundamentales de las personas. No se ha conseguido. Mientras llega ese
momento, anhelado por tantos, en especial por la comunidad educativa, será necesario
hacer respetar los derechos de todos y, al mismo tiempo, colaborar del mejor modo
posible, según las responsabilidades de cada uno, en la vital tarea de la educación.
18. Sabemos que la inmensa mayoría de los profesores de religión ejercen su
misión de modo ejemplar. Aprovechamos para reiterarles nuestra confianza y animarles
a seguir trabajando con el talento y el compromiso personal que rinden el fruto que
esperan los alumnos, las familias, la sociedad y toda la Iglesia. Ellos mismos conocen
que, a pesar de las dificultades, su generosidad y competencia lo hace posible. Los
profesores de religión no son catequistas. Ellos enseñan la doctrina y la moral católica de
modo académico y con el testimonio de su vida en el contexto del diálogo sistemático
entre la fe y la razón. La escuela, como lugar de la educación integral de la persona, es
el marco apropiado para ello.
19. A los directores de centros educativos les agradecemos su colaboración y
confiamos en su buen hacer ante las nuevas responsabilidades que para ellos supone la
llamada “atención educativa”. Son muchos también los maestros y profesores que,
explicando matemáticas o cualquier otra asignatura, ofrecen a sus alumnos el ejemplo
de una tarea educativa hecha con dedicación, competencia, respeto y cariño por los
niños y jóvenes. Su labor es exigente y sacrificada. Nuestro agradecimiento y nuestro
aliento se dirige a todos ellos, en particular, a quienes de ese modo dan testimonio
silencioso o explícito de su fe católica.
20. No podemos dejar de mencionar especialmente a cuantos están aportando a
la sociedad y a la Iglesia el impagable servicio de la educación integral que representa la
Escuela Católica, tan apreciada por tantos padres. Les agradecemos muy de corazón su
abnegado trabajo y su vocación de educadores desde su condición de seglares, ministros
ordenados o, muy en particular, desde tantas formas de vida consagrada de dilatada,
benemérita y fecunda tradición educadora. Todos los responsables de las escuelas
católicas estarán - no lo dudamos - a la altura del desafío que suponen para sus centros
las diversas dificultades a las que hemos hecho referencia, en particular, la llamada
“Educación para la ciudadanía”. Es un momento decisivo para el futuro de la Escuela
Católica.
21. Los padres, en fin, seguirán respondiendo cada vez con mayor empeño a sus
obligaciones de primeros educadores de sus hijos y exigirán que sus correspondientes
derechos sean respetados. Cuando año tras año inscriben a sus hijos en la clase de
Religión católica dan muestras claras de que son conscientes de su responsabilidad.
Pueden legalmente hacerlo y deben seguir haciéndolo. La Iglesia desea ofrecer también
a todos los padres los centros católicos que ellos solicitan para sus hijos y de los que
tantas veces se ven privados, por falta de una oferta suficiente. Las dificultades
existentes para la creación o ampliación de tales centros, a causa de las restricciones
que sufre la libertad de enseñanza, perjudican ante todo a los padres y a los alumnos.
Las asociaciones de padres y de familias están llamadas a jugar un gran papel en un
sistema educativo que forme de modo verdaderamente integral a niños y jóvenes como
personas y ciudadanos.
A todos encomendamos a la maternal protección de María, trono de la Sabiduría.
Madrid, 28 de febrero de 2007
RAZONES PARA OPONERSE A LA ASIGNATURA
CONCAPA se ha opuesto y se opone al establecimiento de la asignatura denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, conocida ya por las siglas EpC. En esa batalla por la defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos y como padres y madres preocupados por la educación de nuestros hijos no estamos solos.
CONCAPA rechaza la asignatura por muy diversas razones, entre las que cabe destacar las siguientes:
1. Es innecesaria y además roba horas de estudio a otras materias que nuestros hijos deben estudiar y conocer mejor, puesto que España con leyes como la LOGSE y la LOE destaca en Europa por su alto fracaso escolar y el bajo rendimiento de los alumnos, que no están en condiciones de compararse con los de los países de nuestro entorno.
2. Ningún gobierno verdaderamente democrático puede imponer valores que no estén recogidos en la Constitución o en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es decir, que no son comunes a toda la sociedad. Esta actitud es propia de las dictaduras.
3. La formación en valores debería haberse implantado en todo el sistema educativo, en todos los cursos y asignaturas, pero de forma transversal. Porque nuestros hijos han de aprender a apreciar los valores democráticos en todos los cursos y en todas las asignaturas. ¿Acaso en matemáticas vale la injusticia o la intolerancia?
4. No se comprende, salvo por el sectarismo del Gobierno, la diferencia de trato entre la EpC –obligatoria para todas las familias- y la enseñanza de la Religión –solicitada mayoritariamente por la sociedad española y donde cada familia puede elegirla o rechazarla conforme a sus propias convicciones-
5. Tras la irreversibilidad de la decisión de las autoridades educativas de implantar como obligatoria y evaluable esta asignatura, DEBEMOS EXIGIR que sus contenidos se ajusten a las necesidades de los escolares y que se correspondan con la voluntad de las familias, pues de lo contrario podría dar lugar a serios conflictos (inestabilidad y esquizofrenia en el menor) entre aquellos valores que se enseñan en casa y los que imparte el colegio, que podrían entrar en colisión. En este caso, debemos recordar que SIEMPRE TIENEN QUE PREVALECER LOS DE LA FAMILIA , conforme al artículo 27.3 de la Constitución.
6. Hemos solicitado al Gobierno que la EpC fuera fruto del consenso, haciéndole una propuesta concreta por escrito, que también se envió al resto de las fuerzas políticas parlamentarias y a todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Ministerio ni siquiera ha tenido la dignidad de contestar. Y así quieren que se eduquen nuestros hijos.
7. Las familias con las convicciones y creencias que demuestra la gran mayoría de la sociedad no pueden admitir que l o legal o lo políticamente correcto coincide con lo verdadero y con lo justo.
8. La Educación para la Ciudadanía supone un grave perjuicio en la educación de nuestros hijos cuando pretende imponer "valores oficiales" , en lugar de aquellos que queremos son comunes a toda la sociedad: la verdad, la solidaridad, la justicia, el respeto, el asociacionismo, el valor del trabajo y del esfuerzo, la honestidad política social o individual, etc.
9. CONCAPA apuesta porque los alumnos conozcan y ejerciten los derechos y obligaciones que les corresponden como ciudadanos y los que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero considera necesario que se respete la libertad de conciencia y los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
10. La misión del Estado no es transmitir valores sino apoyar a las familias y facilitar su derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
11. Si se trata de hacer buenos ciudadanos no se entiende la ausencia de referencias a la honradez, la honestidad, la verdad y la sinceridad en el ejercicio de las funciones públicas. En cambio, sí se hace hincapié en los contenidos relativos a las relaciones humanas, la educación afectivo-emocional, el relativismo, etc.
12. Resulta incomprensible que no exista una sola referencia al valor del trabajo o a la importancia del movimiento obrero en la construcción de las sociedades democráticas. Una prueba más de que no hay interés alguno en difundir valores sociales, sino en impartir lo que se ha conocido como la "teoría del género".
13. Igualmente sorprende que la presencia ciudadana en la actividad social, y en particular el asociacionismo, que nuestra Constitución reconoce como elemento fundamental de participación de la sociedad, no tenga ninguna consideración.
CONCAPA siempre ha defendido la libertad y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propios criterios y a sus convicciones religiosas, éticas, filosóficas y morales. En este sentido, junto a numerosas organizaciones que representan a los centros escolares, a los estudiantes, al profesorado y a otros muchos colectivos sociales, nos vemos abocados a PROPONER LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA , como único recurso legítimo que nos deja la actitud del Gobierno.
La objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa , recogido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Además, las sentencias del Tribunal Constitucional 15/1982, de 23 de abril, y 53/1985, de 11 de abril, declaran que puede ser ejercitada con independencia de que se haya o no regulado su ejercicio, puesto que la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales .
Sabemos, por otra parte, que algunos piensan –y tratan de propagar la idea- que este problema es exclusivo de los centros públicos, que en los centros católicos no se van a producir en relación con los contenidos de la asignatura. Sin embargo, eso es algo que nadie puede garantizar y, en todo caso, no deseamos para nuestros hijos esta asignatura. Queremos educarles según nuestros criterios y convicciones, porque es nuestro derecho, el de todos los padres, lleven a sus hijos a centros públicos, a centros concertados o a centros privados.
Cuando las familias aceptamos el ideario del centro por el que hayamos optado cada uno, esta asignatura no existía. Por ello, es incomprensible que se pretenda vincular uno y otra. Siendo como es una imposición, nadie puede dudar que las inspecciones educativas, y la más que posible presencia de un "comisario político" en los Consejos Escolares de los centros concertados van a constituir elementos de control sobre los mismos y sobre la programación educativa.
Aunque CONCAPA ha solicitado en todas las Comunidades Autónomas que, al desarrollar el currículo de esta asignatura, consensúen los valores que deben impartirse con los representantes de los padres, a la vista de la falta de una respuesta adecuada, se ha propuesto impulsar entre los padres el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia antes del comienzo del curso 2007-2008.
Por tanto, os pedimos que pongáis en marcha cuantas medidas estén a vuestro alcance para difundir el tema de la objeción de conciencia entre los padres de vuestras asociaciones, sin por ello dejar de solicitar a la respectiva Consejería de Educación ese consenso de los valores a impartir en la asignatura. En CONCAPA encontraréis todo el apoyo que necesitéis.
CONCAPA rechaza la asignatura por muy diversas razones, entre las que cabe destacar las siguientes:
1. Es innecesaria y además roba horas de estudio a otras materias que nuestros hijos deben estudiar y conocer mejor, puesto que España con leyes como la LOGSE y la LOE destaca en Europa por su alto fracaso escolar y el bajo rendimiento de los alumnos, que no están en condiciones de compararse con los de los países de nuestro entorno.
2. Ningún gobierno verdaderamente democrático puede imponer valores que no estén recogidos en la Constitución o en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es decir, que no son comunes a toda la sociedad. Esta actitud es propia de las dictaduras.
3. La formación en valores debería haberse implantado en todo el sistema educativo, en todos los cursos y asignaturas, pero de forma transversal. Porque nuestros hijos han de aprender a apreciar los valores democráticos en todos los cursos y en todas las asignaturas. ¿Acaso en matemáticas vale la injusticia o la intolerancia?
4. No se comprende, salvo por el sectarismo del Gobierno, la diferencia de trato entre la EpC –obligatoria para todas las familias- y la enseñanza de la Religión –solicitada mayoritariamente por la sociedad española y donde cada familia puede elegirla o rechazarla conforme a sus propias convicciones-
5. Tras la irreversibilidad de la decisión de las autoridades educativas de implantar como obligatoria y evaluable esta asignatura, DEBEMOS EXIGIR que sus contenidos se ajusten a las necesidades de los escolares y que se correspondan con la voluntad de las familias, pues de lo contrario podría dar lugar a serios conflictos (inestabilidad y esquizofrenia en el menor) entre aquellos valores que se enseñan en casa y los que imparte el colegio, que podrían entrar en colisión. En este caso, debemos recordar que SIEMPRE TIENEN QUE PREVALECER LOS DE LA FAMILIA , conforme al artículo 27.3 de la Constitución.
6. Hemos solicitado al Gobierno que la EpC fuera fruto del consenso, haciéndole una propuesta concreta por escrito, que también se envió al resto de las fuerzas políticas parlamentarias y a todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Ministerio ni siquiera ha tenido la dignidad de contestar. Y así quieren que se eduquen nuestros hijos.
7. Las familias con las convicciones y creencias que demuestra la gran mayoría de la sociedad no pueden admitir que l o legal o lo políticamente correcto coincide con lo verdadero y con lo justo.
8. La Educación para la Ciudadanía supone un grave perjuicio en la educación de nuestros hijos cuando pretende imponer "valores oficiales" , en lugar de aquellos que queremos son comunes a toda la sociedad: la verdad, la solidaridad, la justicia, el respeto, el asociacionismo, el valor del trabajo y del esfuerzo, la honestidad política social o individual, etc.
9. CONCAPA apuesta porque los alumnos conozcan y ejerciten los derechos y obligaciones que les corresponden como ciudadanos y los que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero considera necesario que se respete la libertad de conciencia y los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
10. La misión del Estado no es transmitir valores sino apoyar a las familias y facilitar su derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
11. Si se trata de hacer buenos ciudadanos no se entiende la ausencia de referencias a la honradez, la honestidad, la verdad y la sinceridad en el ejercicio de las funciones públicas. En cambio, sí se hace hincapié en los contenidos relativos a las relaciones humanas, la educación afectivo-emocional, el relativismo, etc.
12. Resulta incomprensible que no exista una sola referencia al valor del trabajo o a la importancia del movimiento obrero en la construcción de las sociedades democráticas. Una prueba más de que no hay interés alguno en difundir valores sociales, sino en impartir lo que se ha conocido como la "teoría del género".
13. Igualmente sorprende que la presencia ciudadana en la actividad social, y en particular el asociacionismo, que nuestra Constitución reconoce como elemento fundamental de participación de la sociedad, no tenga ninguna consideración.
CONCAPA siempre ha defendido la libertad y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propios criterios y a sus convicciones religiosas, éticas, filosóficas y morales. En este sentido, junto a numerosas organizaciones que representan a los centros escolares, a los estudiantes, al profesorado y a otros muchos colectivos sociales, nos vemos abocados a PROPONER LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA , como único recurso legítimo que nos deja la actitud del Gobierno.
La objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa , recogido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Además, las sentencias del Tribunal Constitucional 15/1982, de 23 de abril, y 53/1985, de 11 de abril, declaran que puede ser ejercitada con independencia de que se haya o no regulado su ejercicio, puesto que la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales .
Sabemos, por otra parte, que algunos piensan –y tratan de propagar la idea- que este problema es exclusivo de los centros públicos, que en los centros católicos no se van a producir en relación con los contenidos de la asignatura. Sin embargo, eso es algo que nadie puede garantizar y, en todo caso, no deseamos para nuestros hijos esta asignatura. Queremos educarles según nuestros criterios y convicciones, porque es nuestro derecho, el de todos los padres, lleven a sus hijos a centros públicos, a centros concertados o a centros privados.
Cuando las familias aceptamos el ideario del centro por el que hayamos optado cada uno, esta asignatura no existía. Por ello, es incomprensible que se pretenda vincular uno y otra. Siendo como es una imposición, nadie puede dudar que las inspecciones educativas, y la más que posible presencia de un "comisario político" en los Consejos Escolares de los centros concertados van a constituir elementos de control sobre los mismos y sobre la programación educativa.
Aunque CONCAPA ha solicitado en todas las Comunidades Autónomas que, al desarrollar el currículo de esta asignatura, consensúen los valores que deben impartirse con los representantes de los padres, a la vista de la falta de una respuesta adecuada, se ha propuesto impulsar entre los padres el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia antes del comienzo del curso 2007-2008.
Por tanto, os pedimos que pongáis en marcha cuantas medidas estén a vuestro alcance para difundir el tema de la objeción de conciencia entre los padres de vuestras asociaciones, sin por ello dejar de solicitar a la respectiva Consejería de Educación ese consenso de los valores a impartir en la asignatura. En CONCAPA encontraréis todo el apoyo que necesitéis.
HOMBRES Y LAS TAREAS FAMILIARES: El Congreso propone crear incentivos para que los trabajadores varones asuman las tareas familiares
M. J. PÉREZ-BARCO
MADRID. El Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para lograr una meta que parece inalcanzable para muchos trabajadores, sobre todo mujeres. La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales aprobó un informe que recomienda al Gobierno toda una serie de propuestas con las que ayudar a miles de españoles a conciliar su empleo con el cuidado de sus hijos, o con el de otros familiares; además de atender las tareas domésticas y disponer de un tiempo de ocio y personal.
¿Fórmula mágica? Sencillamente una batería de mandatos -en la que estuvieron de acuerdo por unanimidad todos los grupos parlamentarios- que, de forma general, apunta al Gobierno unas directrices en las que trabajar para lograr la conciliación laboral, familiar y personal, lo que es considerado como un «derecho» por la Comisión.
Una de las propuestas más novedosas encomienda al Gobierno la aplicación de incentivos y acciones de «discriminación positiva» a favor de los hombres -aunque no se concreta cuáles-, para que los trabajadores hagan uso de permisos, excedencias o reducciones de jornada con el fin de atender las responsabilidades familiares. También se implica a la empresa en ello, ya que el informe recomienda distinguir a aquellas compañías que destaquen por favorecer la conciliación de sus empleados.
Otra de las medidas más destacables para la Comisión es la necesidad de establecer un permiso de paternidad obligatorio, individual del de la madre e intransferible. Hoy día, el padre sólo puede disfrutar de dos días de permiso por el nacimiento de un hijo. Pero cuando se apruebe la nueva ley de Igualdad -actualmente en trámite en el Senado- este permiso se extenderá a 13 días más y se ampliará a cuatro semanas a lo largo de los próximos ocho años. Sin embargo, esa norma recoge el permiso de paternidad como un derecho y no como una «obligación», como ayer recomendó el Congreso.
Adecuación de horarios
Muchas propuestas están encaminadas en la filosofía de la ley de Igualdad, por ejemplo, facilitar la contratación de mujeres, fomentar la composición paritaria en los consejos de administración de las empresas y en la vida política, propiciar los horarios flexibles y el trabajo a tiempo parcial, y mejorar la protección a la maternidad y paternidad.
Algunas de las proposiciones resultan muy concretas. Por ejemplo, la Comisión recomienda estudiar que los colegios abran sus puertas a horas más tempranas y cierren más tarde, así como promover actividades extraescolares. Incluso en el ámbito laboral se añade la conveniencia de promocionar la jornada continua los viernes e intensiva durante el verano. A través del convenio colectivo se recomienda crear una bolsa de horas laborales para hacer frente a asuntos familiares y personales, e impulsar créditos presupuestarios para promover la atención a los niños de 0 a 3 años, sobre todo en zonas desfavorecidas.
Plan Concilia
Una de las propuestas que se pactó a última hora entre PP y PSOE, y que forma parte del informe, trata de fomentar que poco a poco se acerquen las medidas de conciliación que ya rigen el ámbito laboral público al privado. En el fondo se toma como ejemplo el Plan Concilia, que comenzó a aplicarse en la Administración General del Estado hace un año y cuyo balance dio a conocer ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
En total, 9.527 trabajadores se han acogido a este plan, lo que supone un 10% de los potenciales beneficiarios. De ellos sólo cuatro de cada diez han sido hombres. La medida más solicitada por los funcionarios fue la flexibilización de la jornada laboral para el cuidado de hijos menores de dos años, de personas mayores o de discapacitados. A ello se acogieron sobre todo mujeres de 30 a 45 años.
MADRID. El Congreso de los Diputados ha dado el primer paso para lograr una meta que parece inalcanzable para muchos trabajadores, sobre todo mujeres. La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales aprobó un informe que recomienda al Gobierno toda una serie de propuestas con las que ayudar a miles de españoles a conciliar su empleo con el cuidado de sus hijos, o con el de otros familiares; además de atender las tareas domésticas y disponer de un tiempo de ocio y personal.
¿Fórmula mágica? Sencillamente una batería de mandatos -en la que estuvieron de acuerdo por unanimidad todos los grupos parlamentarios- que, de forma general, apunta al Gobierno unas directrices en las que trabajar para lograr la conciliación laboral, familiar y personal, lo que es considerado como un «derecho» por la Comisión.
Una de las propuestas más novedosas encomienda al Gobierno la aplicación de incentivos y acciones de «discriminación positiva» a favor de los hombres -aunque no se concreta cuáles-, para que los trabajadores hagan uso de permisos, excedencias o reducciones de jornada con el fin de atender las responsabilidades familiares. También se implica a la empresa en ello, ya que el informe recomienda distinguir a aquellas compañías que destaquen por favorecer la conciliación de sus empleados.
Otra de las medidas más destacables para la Comisión es la necesidad de establecer un permiso de paternidad obligatorio, individual del de la madre e intransferible. Hoy día, el padre sólo puede disfrutar de dos días de permiso por el nacimiento de un hijo. Pero cuando se apruebe la nueva ley de Igualdad -actualmente en trámite en el Senado- este permiso se extenderá a 13 días más y se ampliará a cuatro semanas a lo largo de los próximos ocho años. Sin embargo, esa norma recoge el permiso de paternidad como un derecho y no como una «obligación», como ayer recomendó el Congreso.
Adecuación de horarios
Muchas propuestas están encaminadas en la filosofía de la ley de Igualdad, por ejemplo, facilitar la contratación de mujeres, fomentar la composición paritaria en los consejos de administración de las empresas y en la vida política, propiciar los horarios flexibles y el trabajo a tiempo parcial, y mejorar la protección a la maternidad y paternidad.
Algunas de las proposiciones resultan muy concretas. Por ejemplo, la Comisión recomienda estudiar que los colegios abran sus puertas a horas más tempranas y cierren más tarde, así como promover actividades extraescolares. Incluso en el ámbito laboral se añade la conveniencia de promocionar la jornada continua los viernes e intensiva durante el verano. A través del convenio colectivo se recomienda crear una bolsa de horas laborales para hacer frente a asuntos familiares y personales, e impulsar créditos presupuestarios para promover la atención a los niños de 0 a 3 años, sobre todo en zonas desfavorecidas.
Plan Concilia
Una de las propuestas que se pactó a última hora entre PP y PSOE, y que forma parte del informe, trata de fomentar que poco a poco se acerquen las medidas de conciliación que ya rigen el ámbito laboral público al privado. En el fondo se toma como ejemplo el Plan Concilia, que comenzó a aplicarse en la Administración General del Estado hace un año y cuyo balance dio a conocer ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
En total, 9.527 trabajadores se han acogido a este plan, lo que supone un 10% de los potenciales beneficiarios. De ellos sólo cuatro de cada diez han sido hombres. La medida más solicitada por los funcionarios fue la flexibilización de la jornada laboral para el cuidado de hijos menores de dos años, de personas mayores o de discapacitados. A ello se acogieron sobre todo mujeres de 30 a 45 años.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA: arma de 30 asociaciones contra Educación para la Ciudadanía
M. ASENJO. MADRID.
Treinta organizaciones educativas mantienen su empeño en acabar con la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria e independiente por considerar que es «un instrumento del Gobierno para el adoctrinamiento ideológico».
Ahora, y una vez aprobadas las enseñanzas mínimas de la asignatura e incluso las propias de algunas autonomías, un grupo de asociaciones familiares y educativas, encabezadas por Profesionales por la Ética (PPE) y el Foro Español de la Familia (FEF), han reactivado la iniciativa de oponer la objeción de conciencia a la nueva y polémica asignatura.
Estas organizaciones presentaron ayer en rueda de prensa la «Guía para la Objeción de conciencia», así como el decálogo de «motivos para rechazar» Educación para la Ciudadanía.
En la mesa presidencial se encontraban Isabel Bazo, presidenta de CECE (una de las patronales de la enseñanza concertada); Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres (Concapa); María Luisa Hernansanz, en representación de la Asociación de Profesores de Secundaria; Pablo Paredes, de «novillada. org», y Jaime Urcelay, de Profesionales por la Ética, que moderó las intervenciones.
Cuatro propuestas
Según los representantes de las asociaciones, existe una «demanda creciente» entre padres y alumnos sobre cómo actuar para ejercer esa objeción de conciencia, por lo que han articulado sus propuestas en cuatro grupos, dirigidos a los padres, a los profesores, a los centros y a los alumnos.
A los padres y a los alumnos (éstos si tiene más de 16 años) les invitan a «objetar» con la convicción de que se trata de un derecho constitucional, y a los profesores les proponen firmar el manifiesto ya elaborado contra la asignatura.
A los colegios se les pide que suscriban una declaración en la que manifiesten su desacuerdo con la asignatura y reclamen el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos. No obstante, los promotores de esta nueva ofensiva contra Educación para la Ciudadanía advierten a los centros de que deben acatar la legalidad vigente y organizar la impartición de esa asignatura en los cursos establecidos. Los promotores de la objeción de conciencia resumen en diez los motivos que les han llevado a tomar tal decisión: constituye una «intromisión ilegítima» del Estado en la moral; no admite la existencia objetiva de la verdad y del bien, silencia completamente las tradiciones religiosas y la existencia de Dios y de la trascendencia de la vida humana; impone la ideología de género; abusa de las emociones y los afectos y renuncia a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia y la voluntad; insiste en una concepción inadecuada de la democracia en la escuela; se introduce en el currículo a costa del horario de otras materias; es inconsecuente y discriminatoria respecto a la asignatura de Religión y los contenidos pueden incorporarse a otras asignaturas».
Urcelay aseguró que las enseñanzas aprobadas por el Gobierno no han suprimido estos riesgos y resaltó que ciertos decretos autonómicos (citó el de Andalucía) los agravan. «Confiamos -dijo- en que el Gobierno se va a dar cuenta de que se ha metido en caminos muy complicados».
Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, invitó a las organizaciones que alientan a la objeción de conciencia a recurrir a los tribunales si consideran que invade la moral privada. «Si alguien entiende que esto invade cualquier esfera de la moral privada puede recurrir a los tribunales», afirmó.
«No me parece la vía correcta para discrepar de esto empujar a las familias a realizar actos como el de objeción de conciencia», dijo la ministra tras presidir la entrega de los Premios Giner de los Ríos, promovidos por el MEC y la Fundación BBVA.
Treinta organizaciones educativas mantienen su empeño en acabar con la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria e independiente por considerar que es «un instrumento del Gobierno para el adoctrinamiento ideológico».
Ahora, y una vez aprobadas las enseñanzas mínimas de la asignatura e incluso las propias de algunas autonomías, un grupo de asociaciones familiares y educativas, encabezadas por Profesionales por la Ética (PPE) y el Foro Español de la Familia (FEF), han reactivado la iniciativa de oponer la objeción de conciencia a la nueva y polémica asignatura.
Estas organizaciones presentaron ayer en rueda de prensa la «Guía para la Objeción de conciencia», así como el decálogo de «motivos para rechazar» Educación para la Ciudadanía.
En la mesa presidencial se encontraban Isabel Bazo, presidenta de CECE (una de las patronales de la enseñanza concertada); Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres (Concapa); María Luisa Hernansanz, en representación de la Asociación de Profesores de Secundaria; Pablo Paredes, de «novillada. org», y Jaime Urcelay, de Profesionales por la Ética, que moderó las intervenciones.
Cuatro propuestas
Según los representantes de las asociaciones, existe una «demanda creciente» entre padres y alumnos sobre cómo actuar para ejercer esa objeción de conciencia, por lo que han articulado sus propuestas en cuatro grupos, dirigidos a los padres, a los profesores, a los centros y a los alumnos.
A los padres y a los alumnos (éstos si tiene más de 16 años) les invitan a «objetar» con la convicción de que se trata de un derecho constitucional, y a los profesores les proponen firmar el manifiesto ya elaborado contra la asignatura.
A los colegios se les pide que suscriban una declaración en la que manifiesten su desacuerdo con la asignatura y reclamen el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos. No obstante, los promotores de esta nueva ofensiva contra Educación para la Ciudadanía advierten a los centros de que deben acatar la legalidad vigente y organizar la impartición de esa asignatura en los cursos establecidos. Los promotores de la objeción de conciencia resumen en diez los motivos que les han llevado a tomar tal decisión: constituye una «intromisión ilegítima» del Estado en la moral; no admite la existencia objetiva de la verdad y del bien, silencia completamente las tradiciones religiosas y la existencia de Dios y de la trascendencia de la vida humana; impone la ideología de género; abusa de las emociones y los afectos y renuncia a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia y la voluntad; insiste en una concepción inadecuada de la democracia en la escuela; se introduce en el currículo a costa del horario de otras materias; es inconsecuente y discriminatoria respecto a la asignatura de Religión y los contenidos pueden incorporarse a otras asignaturas».
Urcelay aseguró que las enseñanzas aprobadas por el Gobierno no han suprimido estos riesgos y resaltó que ciertos decretos autonómicos (citó el de Andalucía) los agravan. «Confiamos -dijo- en que el Gobierno se va a dar cuenta de que se ha metido en caminos muy complicados».
Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, invitó a las organizaciones que alientan a la objeción de conciencia a recurrir a los tribunales si consideran que invade la moral privada. «Si alguien entiende que esto invade cualquier esfera de la moral privada puede recurrir a los tribunales», afirmó.
«No me parece la vía correcta para discrepar de esto empujar a las familias a realizar actos como el de objeción de conciencia», dijo la ministra tras presidir la entrega de los Premios Giner de los Ríos, promovidos por el MEC y la Fundación BBVA.
miércoles, 28 de febrero de 2007
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA: Obispo español coincide con la crítica de los Padres de Familia
En reunión con padres católicos
Obispo español coincide en crítica a asignatura de “Educación para la ciudadanía”
Padres de familia dicen que asignatura de religión sea como cualquier otra
El Obispo de Albacete, Mons. Ciriaco Benavente Mateos, expresó sentirse “identificado” con la crítica que hace la Confederación de Asociaciones de Padres Católicos (CONCAPA) a la asignatura laicista “Educación para la Ciudadanía”, promovida por el Gobierno español.
El Prelado también comentó que este encuentro sirve para conocerse y hablar sobre diversos temas de interés para la Iglesia y la confederación, que le transmitió sus líneas de trabajo. Previo al encuentro, la Presidenta de CONCAPA de Castilla la Mancha, María Jesús González, explicó que entre sus preocupaciones están "ver cómo va a quedar finalmente la asignatura de Religión", subrayando que "nosotros tenemos claro que tiene que ser una más".
Asimismo aseguró que no ve “necesaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía" y expresó que "están de acuerdo en que es necesario hacer ciudadanos, pero eso transversalmente ya se daba en la Educación".
Por ello rechazó que se "adoctrine a nuestros hijos desde el punto de vista sexual, de los sentidos y de las emociones", ya que "creemos que eso es labor nuestra, no de la enseñanza".
Obispo español coincide en crítica a asignatura de “Educación para la ciudadanía”
Padres de familia dicen que asignatura de religión sea como cualquier otra
El Obispo de Albacete, Mons. Ciriaco Benavente Mateos, expresó sentirse “identificado” con la crítica que hace la Confederación de Asociaciones de Padres Católicos (CONCAPA) a la asignatura laicista “Educación para la Ciudadanía”, promovida por el Gobierno español.
El Prelado también comentó que este encuentro sirve para conocerse y hablar sobre diversos temas de interés para la Iglesia y la confederación, que le transmitió sus líneas de trabajo. Previo al encuentro, la Presidenta de CONCAPA de Castilla la Mancha, María Jesús González, explicó que entre sus preocupaciones están "ver cómo va a quedar finalmente la asignatura de Religión", subrayando que "nosotros tenemos claro que tiene que ser una más".
Asimismo aseguró que no ve “necesaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía" y expresó que "están de acuerdo en que es necesario hacer ciudadanos, pero eso transversalmente ya se daba en la Educación".
Por ello rechazó que se "adoctrine a nuestros hijos desde el punto de vista sexual, de los sentidos y de las emociones", ya que "creemos que eso es labor nuestra, no de la enseñanza".
ESPAÑA: PROFESORES DE RELIGIÓN LOS ELIGE LA IGLESIA
Ministra de Educación respalda potestad eclesial para elegir maestros de Religión
Mercedes CabreraMADRID,La Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, respaldó la decisión del Tribunal Constitucional que reconoció la potestad de la Iglesia Católica de determinar la idoneidad de los maestros que pueden impartir las clases de Religión en las escuelas.
En rueda de prensa, Cabrera señaló que el Gobierno acata la decisión del Tribunal porque hay que "respetar lo que forma parte de las normas vigentes".
La Ministra reconoció que "la Iglesia Católica es la que propone a los profesores de religión, aunque los contraten las administraciones públicas" y advirtió que si ésta entiende que "por el motivo que sea (un docente) ya no reúne la idoneidad, las administraciones educativas no pueden mantenerlo" en el puesto.
Cabrera reiteró que la Ley Orgánica de Educación ampara los derechos de los trabajadores pero insistió en la "especificidad" de la situación de los profesores de Religión frente al resto de profesionales, pues además de acreditar méritos académicos y profesionales, deben prestarse al análisis moral de la Iglesia Católica.
Mercedes CabreraMADRID,La Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, respaldó la decisión del Tribunal Constitucional que reconoció la potestad de la Iglesia Católica de determinar la idoneidad de los maestros que pueden impartir las clases de Religión en las escuelas.
En rueda de prensa, Cabrera señaló que el Gobierno acata la decisión del Tribunal porque hay que "respetar lo que forma parte de las normas vigentes".
La Ministra reconoció que "la Iglesia Católica es la que propone a los profesores de religión, aunque los contraten las administraciones públicas" y advirtió que si ésta entiende que "por el motivo que sea (un docente) ya no reúne la idoneidad, las administraciones educativas no pueden mantenerlo" en el puesto.
Cabrera reiteró que la Ley Orgánica de Educación ampara los derechos de los trabajadores pero insistió en la "especificidad" de la situación de los profesores de Religión frente al resto de profesionales, pues además de acreditar méritos académicos y profesionales, deben prestarse al análisis moral de la Iglesia Católica.
MADRID: El Congreso rechaza la iniciativa para prohibir el matrimonio homosexual
PP, UDC y un diputado del PNV votaron a favor de la propuesta del Foro de la Familia
EMILIO DE BENITO - Madrid - 28/02/2007
Vota Resultado 12 votos
Año y medio después de que el Parlamento aprobara que las lesbianas y los gays pueden casarse, el Congreso revivió ayer el debate. La causa: la iniciativa legislativa popular presentada por el Foro de la Familia -avalada con casi 1,5 millones de firmas - para prohibir que dos personas del mismo sexo puedan casarse o adoptar niños conjuntamente. Los aproximadamente 6.000 matrimonios que se han celebrado desde entonces no cambiaron las posturas: PP, UDC y un diputado del PNV votaron a favor. El resto, en contra.
La votación fue muy parecida a la del 30 de junio de 2005, cuando se aprobó la ley que permite los matrimonios homosexuales: en el PP se desmarcaron Celia Villalobos y María Pía Sánchez. Unió Democràtica de Catalunya y Emilio Olabarria (PNV) también votaron a favor de la iniciativa, que quiere que el matrimonio sea sólo "entre el uno con la otra". También deja en exclusiva a los solteros o a un hombre y una mujer casados la posibilidad de adoptar (el Código Civil permitía en 2005 que lo hicieran las parejas de hecho heterosexuales).
La iniciativa recibió 136 votos a favor, el 43,87% de los presentes (en 2005 votaron contra el matrimonio homosexual 147 diputados, el 43,49% de los asistentes). Lo rechazaron 173 votos (un 55,8% de los diputados que acudieron). En 2005 el matrimonio homosexual fue apoyado por 187 votos (el 55,32%). Ayer sólo se abstuvo Pedro Azpiazu, del PNV. En 2005 lo hicieron cuatro diputados de Convergència Democràtica de Catalunya, que ayer votaron contra la iniciativa.
Esta "aparente coherencia es, en verdad, un endurecimiento del PP, porque no es lo mismo no regular los matrimonios que prohibirlos una vez aprobados", dijo tras el debate el secretario de Políticas Sociales del PSOE, Pedro Zerolo. Julio Villarrubia, portavoz del PSOE, e Isaura Navarro, de IU-ICV coincidieron en rechazar la iniciativa porque quería "quitar derechos". Rosa Bonàs, de ERC, preguntó retóricamente si los homosexuales eran menos capaces de quererse y comprometerse o de cuidar a un niño que los heterosexuales.
El PP basó su postura en los perjuicios que, según su portavoz, Jorge Fernández, causa la ley a los matrimonios heterosexuales, como "desnaturalización" y "discriminación". Estos argumentos coinciden con los que, en la calle, defendió el Foro Español de la Familia. Su vicepresidente, Benigno Blanco, mencionó, sin concretar más, el "daño a la familia". El Foro escenificó su protesta por no intervenir en el debate con una sesión paralela que reunió a un centenar de personas.
La afirmación del Foro y el PP de que la iniciativa no iba "contra nadie" fue rebatida por las asociaciones gays, que la calificaron de homófoba. Todas las intervenciones se refirieron a la decisión pendiente del Tribunal Constitucional, al que el PP recurrió la ley el 30 de septiembre de 2005.
EMILIO DE BENITO - Madrid - 28/02/2007
Vota Resultado 12 votos
Año y medio después de que el Parlamento aprobara que las lesbianas y los gays pueden casarse, el Congreso revivió ayer el debate. La causa: la iniciativa legislativa popular presentada por el Foro de la Familia -avalada con casi 1,5 millones de firmas - para prohibir que dos personas del mismo sexo puedan casarse o adoptar niños conjuntamente. Los aproximadamente 6.000 matrimonios que se han celebrado desde entonces no cambiaron las posturas: PP, UDC y un diputado del PNV votaron a favor. El resto, en contra.
La votación fue muy parecida a la del 30 de junio de 2005, cuando se aprobó la ley que permite los matrimonios homosexuales: en el PP se desmarcaron Celia Villalobos y María Pía Sánchez. Unió Democràtica de Catalunya y Emilio Olabarria (PNV) también votaron a favor de la iniciativa, que quiere que el matrimonio sea sólo "entre el uno con la otra". También deja en exclusiva a los solteros o a un hombre y una mujer casados la posibilidad de adoptar (el Código Civil permitía en 2005 que lo hicieran las parejas de hecho heterosexuales).
La iniciativa recibió 136 votos a favor, el 43,87% de los presentes (en 2005 votaron contra el matrimonio homosexual 147 diputados, el 43,49% de los asistentes). Lo rechazaron 173 votos (un 55,8% de los diputados que acudieron). En 2005 el matrimonio homosexual fue apoyado por 187 votos (el 55,32%). Ayer sólo se abstuvo Pedro Azpiazu, del PNV. En 2005 lo hicieron cuatro diputados de Convergència Democràtica de Catalunya, que ayer votaron contra la iniciativa.
Esta "aparente coherencia es, en verdad, un endurecimiento del PP, porque no es lo mismo no regular los matrimonios que prohibirlos una vez aprobados", dijo tras el debate el secretario de Políticas Sociales del PSOE, Pedro Zerolo. Julio Villarrubia, portavoz del PSOE, e Isaura Navarro, de IU-ICV coincidieron en rechazar la iniciativa porque quería "quitar derechos". Rosa Bonàs, de ERC, preguntó retóricamente si los homosexuales eran menos capaces de quererse y comprometerse o de cuidar a un niño que los heterosexuales.
El PP basó su postura en los perjuicios que, según su portavoz, Jorge Fernández, causa la ley a los matrimonios heterosexuales, como "desnaturalización" y "discriminación". Estos argumentos coinciden con los que, en la calle, defendió el Foro Español de la Familia. Su vicepresidente, Benigno Blanco, mencionó, sin concretar más, el "daño a la familia". El Foro escenificó su protesta por no intervenir en el debate con una sesión paralela que reunió a un centenar de personas.
La afirmación del Foro y el PP de que la iniciativa no iba "contra nadie" fue rebatida por las asociaciones gays, que la calificaron de homófoba. Todas las intervenciones se refirieron a la decisión pendiente del Tribunal Constitucional, al que el PP recurrió la ley el 30 de septiembre de 2005.
FORO DE LA FAMILIA: «deroga» en la calle los matrimonios gays que el PSOE blinda en el Congreso
El Foro de la Familia
El Foro Español de la Familia aprobó ayer por «unanimidad», en un improvisado «parlamento en la calle», la Iniciativa Legislativa Popular que defiende el matrimonio como «institución específica» como la unión del hombre y la mujer. A pesar de que los socialistas y sus socios tumbaron la propuesta popular avalada por un millón y medio de firmas para derogar los matrimonios entre personas del mismo sexo y que sólo los matrimonios heterosexuales puedan adoptar, desde el Foro de la Familia se considera «positivo» que se debatiera la iniciativa en el Congreso, porque esto es reflejo de que «el debate también está abierto en la sociedad». ? España
El Foro Español de la Familia aprobó ayer por «unanimidad», en un improvisado «parlamento en la calle», la Iniciativa Legislativa Popular que defiende el matrimonio como «institución específica» como la unión del hombre y la mujer. A pesar de que los socialistas y sus socios tumbaron la propuesta popular avalada por un millón y medio de firmas para derogar los matrimonios entre personas del mismo sexo y que sólo los matrimonios heterosexuales puedan adoptar, desde el Foro de la Familia se considera «positivo» que se debatiera la iniciativa en el Congreso, porque esto es reflejo de que «el debate también está abierto en la sociedad». ? España
MADRID: Los obispos darán «instrucciones» a los católicos sobre su respuesta a la LOE
JESÚS BASTANTE
MADRID. Los 24 obispos que componen la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal arrancaron ayer sus trabajos en Madrid con el principal objetivo de elaborar «una reflexión sobre la situación de la enseñanza tras la aprobación de la LOE y la publicación de los reales decretos que la desarrollan», según la Oficina de Información del Episcopado.
En concreto, la Permanente aprobará una nota, que será leída mañana, en la que los obispos «darán criterios de actuación para los católicos» para sus posibles respuestas ante la reforma educativa. De hecho, la jornada de ayer se dedicó íntegramente a analizar las pautas elaboradas por la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Como ya apuntó este diario, los miembros de la Comisión Permanente harán especial incapié en los «desafíos» planteados por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Episcopado, según fuentes oficiales, podría avalar textualmente la objeción de conciencia de los padres al considerar que dicha materia, de carácter obligatorio, «puede imponer una moral de Estado». Aunque una sensible mayoría de obispos también avalaría la celebración de manifestaciones contra la implantación de esta materia, este aspecto finalmente no será recogido.
Sobre este asunto se pronunció ayer el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien señaló que «los obispos que objetan contra la formación de ciudadanos demócratas, activos y tolerantes, se equivocan gravemente», advirtiendo que «es posible que en algún momento se den cuenta del error que cometen».
MADRID. Los 24 obispos que componen la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal arrancaron ayer sus trabajos en Madrid con el principal objetivo de elaborar «una reflexión sobre la situación de la enseñanza tras la aprobación de la LOE y la publicación de los reales decretos que la desarrollan», según la Oficina de Información del Episcopado.
En concreto, la Permanente aprobará una nota, que será leída mañana, en la que los obispos «darán criterios de actuación para los católicos» para sus posibles respuestas ante la reforma educativa. De hecho, la jornada de ayer se dedicó íntegramente a analizar las pautas elaboradas por la Comisión Episcopal de Enseñanza.
Como ya apuntó este diario, los miembros de la Comisión Permanente harán especial incapié en los «desafíos» planteados por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El Episcopado, según fuentes oficiales, podría avalar textualmente la objeción de conciencia de los padres al considerar que dicha materia, de carácter obligatorio, «puede imponer una moral de Estado». Aunque una sensible mayoría de obispos también avalaría la celebración de manifestaciones contra la implantación de esta materia, este aspecto finalmente no será recogido.
Sobre este asunto se pronunció ayer el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien señaló que «los obispos que objetan contra la formación de ciudadanos demócratas, activos y tolerantes, se equivocan gravemente», advirtiendo que «es posible que en algún momento se den cuenta del error que cometen».
MADRID: El Congreso rechaza derogar el matrimonio gay como le pedían 1,5 millones de firmas
Un millón y medio de firmas no sirvieron ayer para que el Congreso aceptase la derogación del matrimonio homosexual. La Cámara Baja rechazó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular -impulsada por el Foro Español de la Familia-, que pretendía acabar con las bodas entre personas del mismo sexo y limitar la adopción a los matrimonios heterosexuales. El texto recibió el respaldo de PP y Unió, mientras que el resto de grupos prefirió no tramitarla.
El debate tuvo dos notas destacadas: la primera, que los diputados de CDC y de UDC dividieron de nuevo la orientación de los votos dentro del grupo de la federación CiU; y, la segunda, que las parlamentarias del PP María Pía Sánchez y Celia Villalobos volvieron a romper la disciplina de grupo y votaron en contra de la iniciativa.
Durante la sesión, el secretario general del Grupo Popular, Jorge Fernández Díaz, defendió que su partido «no va contra nada ni contra nadie» y reiteró su postura a favor de haber regulado este tipo de uniones a través de una ley de parejas de hecho. Su colega socialista, Julio Villarrubia, señaló en cambio que «todo esto es un debate superado» y lamentó que se haya pretendido recortar derechos y restringir libertades, en coincidencia con los argumentos esgrimidos por Izquierda Unida, Esquerra Republicana y BNG.
Por su parte, el diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones, dijo que el rechazo de su grupo se debe a que el «objeto a despejar» está ahora en que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos pendientes a ley aprobada en su día.
Debate en la calle
Mientras en el hemiciclo tenía lugar el debate parlamentario de la iniciativa popular, el Foro Español de la Familia celebraba otro paralelo en plena calle, en las cercanías del Congreso de los Diputados. Varias personas con los rostros tapados por caretas blancas y los labios sellados abrían el acto simbolizando «las 1,5 millones de firmas que han apoyado la iniciativa popular y que no han podido ser oídas», como explicó el vicepresidente de esta organización, Benigno Blanco. Más bien se trataba de un acto de protesta porque en dos ocasiones el Foro de la Familia ha solicitado al Congreso poder defender en el hemiciclo su iniciativa y sus peticiones han sido rechazadas.
Blanco explicó ante un pequeño auditorio que la iniciativa popular presentada trata de defender la familia, el matrimonio y la infancia, y que «no va contra nadie». Y en eso centro su discurso, reivindicando la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Por último defendió que la adopción de un niño sólo puedan realizarla el marido y la mujer conjuntamente, o una persona sola.
El debate tuvo dos notas destacadas: la primera, que los diputados de CDC y de UDC dividieron de nuevo la orientación de los votos dentro del grupo de la federación CiU; y, la segunda, que las parlamentarias del PP María Pía Sánchez y Celia Villalobos volvieron a romper la disciplina de grupo y votaron en contra de la iniciativa.
Durante la sesión, el secretario general del Grupo Popular, Jorge Fernández Díaz, defendió que su partido «no va contra nada ni contra nadie» y reiteró su postura a favor de haber regulado este tipo de uniones a través de una ley de parejas de hecho. Su colega socialista, Julio Villarrubia, señaló en cambio que «todo esto es un debate superado» y lamentó que se haya pretendido recortar derechos y restringir libertades, en coincidencia con los argumentos esgrimidos por Izquierda Unida, Esquerra Republicana y BNG.
Por su parte, el diputado de Coalición Canaria, Luis Mardones, dijo que el rechazo de su grupo se debe a que el «objeto a despejar» está ahora en que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos pendientes a ley aprobada en su día.
Debate en la calle
Mientras en el hemiciclo tenía lugar el debate parlamentario de la iniciativa popular, el Foro Español de la Familia celebraba otro paralelo en plena calle, en las cercanías del Congreso de los Diputados. Varias personas con los rostros tapados por caretas blancas y los labios sellados abrían el acto simbolizando «las 1,5 millones de firmas que han apoyado la iniciativa popular y que no han podido ser oídas», como explicó el vicepresidente de esta organización, Benigno Blanco. Más bien se trataba de un acto de protesta porque en dos ocasiones el Foro de la Familia ha solicitado al Congreso poder defender en el hemiciclo su iniciativa y sus peticiones han sido rechazadas.
Blanco explicó ante un pequeño auditorio que la iniciativa popular presentada trata de defender la familia, el matrimonio y la infancia, y que «no va contra nadie». Y en eso centro su discurso, reivindicando la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Por último defendió que la adopción de un niño sólo puedan realizarla el marido y la mujer conjuntamente, o una persona sola.
martes, 27 de febrero de 2007
ALBACETE: La Asociación de padres Católicos se reúne con el obispo de Albacete para debatir la optatividad de la asignatura de Religión
religión
La presidenta de CONCAPA Castilla la Mancha, María Jesús González, subrayó que no entiende la función educativa de la asignatura de Educación para la Ciudadanía
Representantes de la Confederación de Asociaciones de Padres Católicos (CONCAPA) de Albacete se reunieron hoy con el nuevo obispo de esta diócesis, Ciriaco Benavente, para transmitirle sus líneas de trabajo y su aspiración a que la Religión "sea una asignatura como cualquier otra".
En declaraciones previas a la reunión, la presidenta de CONCAPA Castilla la Mancha, María Jesús González, explicó que esta reunión era una "primera toma de contacto" para "conocer al obispo" y comentar impresiones sobre el papel que debe jugar la Religión en la educación o la postura de la Confederación respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
González detalló que pensaban transmitir al obispo de Albacete "el sentir de los padres de la provincia" y recordó que, entre sus preocupaciones, están "ver cómo va a quedar finalmente la asignatura de Religión", incidiendo en que "nosotros tenemos claro que tiene que ser una más".
Subrayó, además, que "no creen necesaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía" y apostilló que "están de acuerdo en que es necesario hacer ciudadanos, pero eso transversalmente ya se daba en la Educación".
En este punto, se mostró reacia a que se "adoctrine a nuestros hijos desde el punto de vista sexual, de los sentidos y de las emociones", ya que "creemos que eso es labor nuestra, no de la enseñanza".
Por su parte, el obispo de Albacete destacó también, momentos ante de iniciarse la reunión, que se siente "identificado" con lo que propone CONCAPA y precisó que este encuentro era para poder conocerse y hablar sobre diversos temas de interés para la Iglesia y la citada confederación.
La presidenta de CONCAPA Castilla la Mancha, María Jesús González, subrayó que no entiende la función educativa de la asignatura de Educación para la Ciudadanía
Representantes de la Confederación de Asociaciones de Padres Católicos (CONCAPA) de Albacete se reunieron hoy con el nuevo obispo de esta diócesis, Ciriaco Benavente, para transmitirle sus líneas de trabajo y su aspiración a que la Religión "sea una asignatura como cualquier otra".
En declaraciones previas a la reunión, la presidenta de CONCAPA Castilla la Mancha, María Jesús González, explicó que esta reunión era una "primera toma de contacto" para "conocer al obispo" y comentar impresiones sobre el papel que debe jugar la Religión en la educación o la postura de la Confederación respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
González detalló que pensaban transmitir al obispo de Albacete "el sentir de los padres de la provincia" y recordó que, entre sus preocupaciones, están "ver cómo va a quedar finalmente la asignatura de Religión", incidiendo en que "nosotros tenemos claro que tiene que ser una más".
Subrayó, además, que "no creen necesaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía" y apostilló que "están de acuerdo en que es necesario hacer ciudadanos, pero eso transversalmente ya se daba en la Educación".
En este punto, se mostró reacia a que se "adoctrine a nuestros hijos desde el punto de vista sexual, de los sentidos y de las emociones", ya que "creemos que eso es labor nuestra, no de la enseñanza".
Por su parte, el obispo de Albacete destacó también, momentos ante de iniciarse la reunión, que se siente "identificado" con lo que propone CONCAPA y precisó que este encuentro era para poder conocerse y hablar sobre diversos temas de interés para la Iglesia y la citada confederación.
ESPAÑA: La voz de sus padres desea hacerse oír
La voz de sus padres desea hacerse oír
No son pocos los adolescentes que prefieren confiar sus dudas acerca del sexo a sus amigos, a internet o a la televisión. Tal vez porque los padres lo han dejado para después, e incluso no se han atrevido a afrontar el tema progresivamente, de acuerdo con la edad de sus hijos. En cualquier caso, las asociaciones más representativas reivindican su papel, aunque desde diferentes ángulos ideológicos. La Confederación católica Concapa sostiene que la educación sexual de los hijos es un derecho irrenunciable de los padres y exige que se reconozca como tal. La Confederación laica Ceapa pide mayor colaboración entre los padres y la escuela, aunque se muestra excluyente y critica con lo moral católica en este campo. Para Cofapa (Confederación de padres de alumnos), «son los padres los que tienen el derecho primario a educar a sus hijos y los poderes públicos, el deber de reconocerlo y respetarlo, como lo establece la Constitución».
No son pocos los adolescentes que prefieren confiar sus dudas acerca del sexo a sus amigos, a internet o a la televisión. Tal vez porque los padres lo han dejado para después, e incluso no se han atrevido a afrontar el tema progresivamente, de acuerdo con la edad de sus hijos. En cualquier caso, las asociaciones más representativas reivindican su papel, aunque desde diferentes ángulos ideológicos. La Confederación católica Concapa sostiene que la educación sexual de los hijos es un derecho irrenunciable de los padres y exige que se reconozca como tal. La Confederación laica Ceapa pide mayor colaboración entre los padres y la escuela, aunque se muestra excluyente y critica con lo moral católica en este campo. Para Cofapa (Confederación de padres de alumnos), «son los padres los que tienen el derecho primario a educar a sus hijos y los poderes públicos, el deber de reconocerlo y respetarlo, como lo establece la Constitución».
domingo, 25 de febrero de 2007
ILP SOBRE EL MATRIMONIO 27 FEBRERO A LAS 16H. SE VOTARA EN EL CONGRESO, ESPAÑA
El Foro defenderá la ILP sobre el matrimonio en la calle,
delante del Congreso de los Diputados
La ILP por el matrimonio, que consiguió el apoyo de millón y medio de españoles,
se someterá a votación en el Congreso el martes 27 de febrero a las 16.00
Madrid, 21 de febrero de 2007
Querido amigo,
Queremos anunciarte que el próximo martes, día 27 de febrero, nuestra ILP sobre el matrimonio será debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. Nuestra intención ha sido siempre poder defender personalmente la ILP en Las Cortes, pero la Mesa del Congreso de los Diputados nos ha negado este derecho de forma reiterada. Esta es una muestra más del desprecio que nuestros gobernantes muestran hacia las familias españolas y nuestras peticiones. Y ante este nuevo agravio, no podemos permitirnos el lujo de permanecer de brazos cruzados.
Aunque no nos quieran escuchar, lo van a tener que hacer, y para ello, un representante del Foro Español de la Familia realizará la defensa de la ILP en la calle, en las cercanías del Congreso, a la misma hora en que se celebre el Pleno. Montaremos un “Parlamento Paralelo”, para que todo el mundo se entere de lo que realmente pedimos, de lo que están votando, y de cómo no se hace caso a la voz de millones de españoles.
Esta concentración, que ha sido debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid, tendrá lugar el martes 27 de febrero, a las 16 horas, en la confluencia de la Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno) con la Carrera de San Jerónimo.
Una vez más, queremos pedirte el esfuerzo de poder contar con tu presencia. Cuantos más seamos, más presión haremos, y les recordaremos a los políticos, a los medios de comunicación y a la sociedad entera que seguimos ahí, que no nos rendimos y que LA FAMILIA SIGUE IMPORTANDO...
Por favor, reenvía esta convocatoria a cuantas personas creas que pueden estar interesadas en acudir.
¡Te esperamos!
Muchísimas gracias por todo.
delante del Congreso de los Diputados
La ILP por el matrimonio, que consiguió el apoyo de millón y medio de españoles,
se someterá a votación en el Congreso el martes 27 de febrero a las 16.00
Madrid, 21 de febrero de 2007
Querido amigo,
Queremos anunciarte que el próximo martes, día 27 de febrero, nuestra ILP sobre el matrimonio será debatida en el Pleno del Congreso de los Diputados. Nuestra intención ha sido siempre poder defender personalmente la ILP en Las Cortes, pero la Mesa del Congreso de los Diputados nos ha negado este derecho de forma reiterada. Esta es una muestra más del desprecio que nuestros gobernantes muestran hacia las familias españolas y nuestras peticiones. Y ante este nuevo agravio, no podemos permitirnos el lujo de permanecer de brazos cruzados.
Aunque no nos quieran escuchar, lo van a tener que hacer, y para ello, un representante del Foro Español de la Familia realizará la defensa de la ILP en la calle, en las cercanías del Congreso, a la misma hora en que se celebre el Pleno. Montaremos un “Parlamento Paralelo”, para que todo el mundo se entere de lo que realmente pedimos, de lo que están votando, y de cómo no se hace caso a la voz de millones de españoles.
Esta concentración, que ha sido debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid, tendrá lugar el martes 27 de febrero, a las 16 horas, en la confluencia de la Plaza Cánovas del Castillo (Neptuno) con la Carrera de San Jerónimo.
Una vez más, queremos pedirte el esfuerzo de poder contar con tu presencia. Cuantos más seamos, más presión haremos, y les recordaremos a los políticos, a los medios de comunicación y a la sociedad entera que seguimos ahí, que no nos rendimos y que LA FAMILIA SIGUE IMPORTANDO...
Por favor, reenvía esta convocatoria a cuantas personas creas que pueden estar interesadas en acudir.
¡Te esperamos!
Muchísimas gracias por todo.
SIGÜENZA: acogerá el futuro Instituto Español de Gastronomía
EL GOBIERNO BARREDA APOYA EL PROYECTO
La Junta de Comunidades ha hecho público el proyecto de una iniciativa privada de Estados Unidos para crear en Sigüenza, Guadalajara, el futuro Instituto Español de Gastronomía.
25 de febrero de 2007. El consejero de Industria y Tecnología, José Manuel Díaz-Salazar, mantuvo este sábado una reunión con Tim Ryan, presidente del Culinary Institute of America´s, para mostrar el apoyo del Gobierno regional a la puesta en marcha del Instituto Español de Gastronomía, cuyos promotores han elegido Castilla-La Mancha, en particular la bellísima localidad guadalajareña de Sigüenza, para ubicar este proyecto.
Con este objetivo, tras visitar el campus del Culinary Institute, el consejero mantuvo un encuentro en Nueva York a tres bandas con su presidente y los promotores del futuro instituto español que están trabajando con el centro norteamericano, referencia mundial en enseñanza e investigación en materia gastronómica, para optimizar el diseño de instalaciones y el contenido formativo.
Campus de estudio gastronómico
Tal como explicaron en la reunión, el Instituto Español de Gastronomía se ubicará en Sigüenza y su campus se dedicará al estudio y enseñanza del arte culinario, la enología y la nutrición, según informa la Junta de Comunidades.
El modelo que ha elegido el equipo promotor para España es similar al norteamericano, convertido en la actualidad en el más prestigioso centro de gastronomía del mundo.
En estos momentos, por el Culinary Institute pasan unos 2.000 alumnos con matrícula oficial y otros 1.000 en diversas modalidades a los que hay que sumar los 4.000 aficionados y visitantes que se acercan a su campus para disfrutar de visitas guiadas, demostraciones, catas, clases prácticas etc., lo que da cuenta de la actividad de un centro de estas características.
Referencia nacional e internacional
Con la puesta en marcha de este proyecto, según destacó el consejero, Castilla-La Mancha se convertirá en referencia nacional e internacional en materia gastronómica al tener en su territorio un centro de formación de excelencia en el que convergerán estudiantes, profesionales del sector, empresas de alimentación, proveedores, prensa especializada y emprendedores que apuesten por la restauración, entre otros.
Todo ello, sucede en un momento en el que tal como apuntan los representantes de las instituciones oficiales de España en Nueva York, lo español está de moda y el turismo gastronómico está en auge, de ahí la importancia que tiene radicar este proyecto en la Región.
En este ámbito, indicó Díaz-Salazar, Castilla-La Mancha puede encontrar muchas oportunidades tanto para sus productos agroalimentarios, que pueden beneficiarse de una importante promoción nacional e internacional, como para impulsar el turismo asociado a los vinos y la gastronomía de nuestra Comunidad. Para terminar esta cuestión, el consejero resaltó que esta importante iniciativa empresarial supondrá también generación de empleo e inversión.
Feria de turismo del New York Times
Para finalizar la jornada de ayer, el consejero, que estuvo acompañado por el director general de Turismo y Artesanía, Rafael Cabanillas, y el director del Instituto de Promoción Exterior, Javier Vega, se desplazó hasta la feria de turismo ´New York Times Travel Show´ que promueve este prestigioso periódico.
Allí mantuvo un encuentro con varios periodistas encabezados por Charly Pinski, productor de televisión y especialista en gastronomía que colabora habitualmente con el New York Times, para estudiar la colaboración en varios proyectos que están realizando y que guardan relación con España y Castilla-La Mancha.
La Junta de Comunidades ha hecho público el proyecto de una iniciativa privada de Estados Unidos para crear en Sigüenza, Guadalajara, el futuro Instituto Español de Gastronomía.
25 de febrero de 2007. El consejero de Industria y Tecnología, José Manuel Díaz-Salazar, mantuvo este sábado una reunión con Tim Ryan, presidente del Culinary Institute of America´s, para mostrar el apoyo del Gobierno regional a la puesta en marcha del Instituto Español de Gastronomía, cuyos promotores han elegido Castilla-La Mancha, en particular la bellísima localidad guadalajareña de Sigüenza, para ubicar este proyecto.
Con este objetivo, tras visitar el campus del Culinary Institute, el consejero mantuvo un encuentro en Nueva York a tres bandas con su presidente y los promotores del futuro instituto español que están trabajando con el centro norteamericano, referencia mundial en enseñanza e investigación en materia gastronómica, para optimizar el diseño de instalaciones y el contenido formativo.
Campus de estudio gastronómico
Tal como explicaron en la reunión, el Instituto Español de Gastronomía se ubicará en Sigüenza y su campus se dedicará al estudio y enseñanza del arte culinario, la enología y la nutrición, según informa la Junta de Comunidades.
El modelo que ha elegido el equipo promotor para España es similar al norteamericano, convertido en la actualidad en el más prestigioso centro de gastronomía del mundo.
En estos momentos, por el Culinary Institute pasan unos 2.000 alumnos con matrícula oficial y otros 1.000 en diversas modalidades a los que hay que sumar los 4.000 aficionados y visitantes que se acercan a su campus para disfrutar de visitas guiadas, demostraciones, catas, clases prácticas etc., lo que da cuenta de la actividad de un centro de estas características.
Referencia nacional e internacional
Con la puesta en marcha de este proyecto, según destacó el consejero, Castilla-La Mancha se convertirá en referencia nacional e internacional en materia gastronómica al tener en su territorio un centro de formación de excelencia en el que convergerán estudiantes, profesionales del sector, empresas de alimentación, proveedores, prensa especializada y emprendedores que apuesten por la restauración, entre otros.
Todo ello, sucede en un momento en el que tal como apuntan los representantes de las instituciones oficiales de España en Nueva York, lo español está de moda y el turismo gastronómico está en auge, de ahí la importancia que tiene radicar este proyecto en la Región.
En este ámbito, indicó Díaz-Salazar, Castilla-La Mancha puede encontrar muchas oportunidades tanto para sus productos agroalimentarios, que pueden beneficiarse de una importante promoción nacional e internacional, como para impulsar el turismo asociado a los vinos y la gastronomía de nuestra Comunidad. Para terminar esta cuestión, el consejero resaltó que esta importante iniciativa empresarial supondrá también generación de empleo e inversión.
Feria de turismo del New York Times
Para finalizar la jornada de ayer, el consejero, que estuvo acompañado por el director general de Turismo y Artesanía, Rafael Cabanillas, y el director del Instituto de Promoción Exterior, Javier Vega, se desplazó hasta la feria de turismo ´New York Times Travel Show´ que promueve este prestigioso periódico.
Allí mantuvo un encuentro con varios periodistas encabezados por Charly Pinski, productor de televisión y especialista en gastronomía que colabora habitualmente con el New York Times, para estudiar la colaboración en varios proyectos que están realizando y que guardan relación con España y Castilla-La Mancha.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)