«El hecho de que haya tantos libros distintos y tantas fórmulas diferentes para llevar adelante la asignatura demuestra, más si cabe, que es ideológica»
LUIS CARBONEL PINTANEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CONCAPA. HABLA HOY EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA A. RUBIERA
Luis Carbonel Pintanel es el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y vicepresidente del Foro Español de la Familia. Hoy participa en Gijón, en el Colegio de la Inmaculada, en una charla-coloquio que tendrá lugar a las siete de la tarde. La asociación de padres del centro educativo de los Jesuitas ha invitado a Carbonel Pintanel para que hable de la actualidad educativa, que él desglosa en dos temas centrales: la oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y el fracaso escolar «que seguimos padeciendo en niveles importantes, como lo demostró nuevamente el informe de la OCDE».
-En Asturias arranca este curso la Educación para la Ciudadanía y, que se reconozca, hay muy pocas objeciones.
-No es extraño que ocurra eso porque hay que reconocer que objetar es heroico. Supone echarle un valor tremendo porque las amenazas son reales: que los hijos suspendan, que no pasen de curso... Sólo puedo apoyar y animar a quienes lo hacen; merecen el respeto y la admiración de todos. También la objeción al servicio militar fue minoritaria.
-¿Algún dato nuevo de lo que está ocurriendo en Asturias? ¿Se incrementan las objeciones?
-No tengo datos recientes, pero sé que está ocurriendo lo mismo que en otros sitios de España, y es que muchos colegios están demorando el envío de las objeciones a la Administración, y las administraciones están demorando los trámites burocráticos para no tener que enfrentar tan pronto la contestación. Según los datos del Foro por la Familia, hay unas 15.000 familias en contra en toda España, y al movimiento se va incorporando cada vez más gente. Creo que la gran mayoría de familias del país está en contra de la asignatura, aunque no lleguen a dar el paso de la objeción.
-¿Qué pasos van a seguir para respaldar a quien objete?
-Lo primero que hay que decir es que quienes objetan están utilizando el derecho constitucional de los padres de educar a sus hijos en sus propias convicciones y criterios morales. O defendemos ese derecho o estamos dejando que nos lo expropien y nos lo arrebaten. Esta asignatura, claramente, pretende adoctrinar a nuestros hijos, y nosotros decimos que a quien le corresponde educar en valores es a los padres. El Gobierno no se debe adentrar en ese campo porque nos pertenece a los padres. Por eso, la estrategia contra la EpC es oponernos por cualquier medio legítimo a esta asignatura. El camino, para ello, entendemos que pasa lo primero por la objeción.
-¿Cómo se debe llevar a cabo?
-Planteándola al centro y exigiendo una atención educativa diferente para nuestros hijos en ese tiempo de clase de la asignatura. Lo que no se debe hacer es promover el absentismo porque a los niños hay que llevarlos a clase. Lo que queremos forzar es una respuesta por escrito de las consejerías, y con eso podremos llegar a los tribunales. Estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Que se repita en los medios que somos pocos los contrarios a la asignatura no debe desmotivarnos. Lo dicen los mismos que negaban el éxito de la manifestación del 12 de noviembre contra la LOE, y posiblemente ha sido la mayor protesta de la legislatura de Zapatero.
-La FERE, patronal mayoritaria de los centros concertados religiosos en Asturias, no apoya esta lucha de la Concapa.
-Manuel de Castro, el presidente nacional, dice que está en contra de la asignatura, pero no suscribe la objeción como forma de manifestar esa discrepancia.
-Muchos centros concertados dicen que han adaptado la asignatura a sus proyectos educativos y que así han resuelto el problema. Algunos hablarán de familias homosexuales, otros no. ¿Qué le parece ese método de solventar el peligro de la EpC?
-Mi opinión es que, precisamente, el hecho de que haya tantos libros y tantas fórmulas de llevar adelante la asignatura demuestra, más si cabe, que es una asignatura ideológica. Pero la ley es para todos y adaptarla a nuestros intereses podrá protegernos inicialmente, pero no me parece que sea la fórmula más legal de cursar la asignatura. Es una fórmula ingeniosa para darle la vuelta a la tortilla, pero desnaturaliza la situación. Podemos adaptar la asignatura a los intereses particulares de cada cual y protegernos este año, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los alumnos católicos que vayan a centros públicos? ¿Cómo se les protege? Me gustaría insistir en que nuestro planteamiento contra la EpC está por encima de la religión católica, del agnosticismo y de cualquier otra religión.
-Pues se entiende como una defensa de los valores católicos.
-Éste es un tema de libertad. Lo que no quiero es que ningún Gobierno imponga a mis hijos valores o les diga cómo deben ver la vida. Esta batalla es por una cuestión de libertad, de evitar este «tic» totalitario que le ha salido al Gobierno, y que ya tuvieron otros regímenes como el de Hitler, Franco y Stalin. Quizá no estamos sabiendo hacer llegar a la sociedad lo grave que es que el Estado nos restrinja las libertades. El objetor tradicional ha sido siempre de izquierdas, ha sido el héroe. Pero cuando el que objeta, como ahora, es de derechas, entonces se le ve como un intransigente, un radical. Martin Luther King o Gandhi también objetaron contra leyes inmorales e injustas. Ésta, en concreto, plantea muchísimas paradojas. Una: ahora que se rebaja el nivel del Bachillerato para que los alumnos promocionen curso es cuando se amenaza con suspender si se objeta de EpC; va a ser que es más importante que las matemáticas. Otra paradoja: habrá tantas asignaturas como comunidades españolas distintas, y otra más: si tras las elecciones llega al Gobierno otro partido, ¿pondrá otros valores distintos en la asignatura? Será la esquizofrenia total. Claramente hay una penetración en la esfera privada de las personas que es muy grave y tenemos que saltar.
sábado, 22 de septiembre de 2007
viernes, 21 de septiembre de 2007
GRANADA.- El presidente del Foro de la Familia asiste hoy a una jornada de reflexión sobre la asignatura
El presidente del Foro de la Familia en España, Benigno Blanco, asistirá hoy a una jornada de reflexión sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en Granada en la que también participarán el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, y uno de los representantes de la asociación Rosa Blanca de Granada, Marcelo López.
El encuentro será a las 20.00 horas en el colegio de la Presentación de la capital, una actividad que ha sido planificada por la Rosa Blanca, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) y el Foro de la Familia, 'ante el debate social y la inquietud de muchos padres sobre la implantación de la asignatura en los planes de estudio', según informó la organización en un comunicado.
El Foro de la Familia en Granada aseguró que las organizaciones de padres de Granada que han presentado objeción de conciencia a Epc han solicitado un encuentro con el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Lara, sin éxito.
A su juicio, la puesta en marcha de la asignatura en el presente curso escolar, 'ha suscitado muchas dudas a la práctica totalidad de los padres de alumnos de Granada', ante un proyecto que se ha puesto en marcha 'de forma precipitada y sin contar con las entidades y profesionales más representativos de la enseñanza en Andalucía y en toda España'.
Así el Foro instó al delegado a constituir con los padres una mesa de diálogo 'para superar todas las dificultades y encontrar un acuerdo' y le pidió que no los rehuya 'ni haga pronunciamientos que desorientan a los padres'.
Consideró además que 'constitucionalmente' los padres tienen derecho a elegir libremente la educación de sus hijos, que es, según consideró el Foro, 'simplemente lo que sucede en la mayoría de los países civilizados'.
'En Granada hay colegios que se niegan a recoger el formulario de la objeción de conciencia contra la asignatura, llegando incluso a recomendar el cambio de colegio ante la insistencia. Otros muchos ponen todo tipo de reparos', manifestó el Foro. Detrás de esos obstáculos, dijo, hay una situación 'inquietante que posiblemente no tenga cabida en un estado de derecho y que evidentemente traerá graves consecuencias', concluyó.
El encuentro será a las 20.00 horas en el colegio de la Presentación de la capital, una actividad que ha sido planificada por la Rosa Blanca, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) y el Foro de la Familia, 'ante el debate social y la inquietud de muchos padres sobre la implantación de la asignatura en los planes de estudio', según informó la organización en un comunicado.
El Foro de la Familia en Granada aseguró que las organizaciones de padres de Granada que han presentado objeción de conciencia a Epc han solicitado un encuentro con el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Lara, sin éxito.
A su juicio, la puesta en marcha de la asignatura en el presente curso escolar, 'ha suscitado muchas dudas a la práctica totalidad de los padres de alumnos de Granada', ante un proyecto que se ha puesto en marcha 'de forma precipitada y sin contar con las entidades y profesionales más representativos de la enseñanza en Andalucía y en toda España'.
Así el Foro instó al delegado a constituir con los padres una mesa de diálogo 'para superar todas las dificultades y encontrar un acuerdo' y le pidió que no los rehuya 'ni haga pronunciamientos que desorientan a los padres'.
Consideró además que 'constitucionalmente' los padres tienen derecho a elegir libremente la educación de sus hijos, que es, según consideró el Foro, 'simplemente lo que sucede en la mayoría de los países civilizados'.
'En Granada hay colegios que se niegan a recoger el formulario de la objeción de conciencia contra la asignatura, llegando incluso a recomendar el cambio de colegio ante la insistencia. Otros muchos ponen todo tipo de reparos', manifestó el Foro. Detrás de esos obstáculos, dijo, hay una situación 'inquietante que posiblemente no tenga cabida en un estado de derecho y que evidentemente traerá graves consecuencias', concluyó.
jueves, 20 de septiembre de 2007
GUADALAJARA: Educación creará una Comisión destinada a frenar el acoso escolar
Juan Barrio
19/09/2007
El subdelegado del Gobierno y la delegada de Educación han anunciado las medidas puestas en marcha para frenar la violencia escolar así como el trapicheo de drogas en los centros
Después de la reunión mantenida por el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Herranz y la Delegada de Educación, María Ángeles García Moreno, se ha anunciado la puesta en marcha de la cuarta fase del Plan Operativo de Respuesta Policial al consumo y tráfico de drogas en los centros educativos y sus entornos y del Plan Director de la convivencia y mejora de la seguridad escolar
Como ha reconocido el propio Herranz, son dos actividades que en la pasada semana el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha junto con el consejero de Educación trataron en Toledo, "de cara a su puesta en marcha en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha".
Según ha anunciado el propio Heranz, "el Plan de Lucha contra el trapicheo de drogas en el entorno de los centros educativos ya esta marcha" reconociendo que lo que se busca con él "es intensificar la actuación como lo hacemos al inicio de cada curso escolar".
"Se quiere seguir contactando con los responsables de los centros educativos y con las Asociaciones de Padres de Alumnos para activar las líneas de cooperación que ya habían existido anteriormente", ha afirmado.
Con respecto a las medidas a adoptar "va a existir una especial atención a los lugares donde se reúnen los jóvenes a la entrada y salida de la jornada escolar. En el caso de Guadalajara se va a actuar en 13 centros de la provincia y en seis de la capital. Sin decir que el resto de los centros no se va actuar por parte de la Policía Nacional", ha afirmado.
A este respecto, Herranz ha reconocido que "no se va decir que centros son, porque conviene que haya especial prudencia y preocupación, para que nadie pueda ponerles un catálogo y una etiqueta a cada uno de los centros".
Con respecto a cifras, el año 2006 se saldó con 4 detenidos, 40 denuncias por tenencia y consumo de drogas, 38 decomisos, 162 gramos de hachis incautados y 38,2 gramos de grifa, así como 475 identificaciones y 20 entrevistas en los centros educativos
En lo que llevamos de año del 2007, no hay ningún detenido, denunciados solamente 13, 13 decomisos, 2 gramos de cocaína y 14 gramos de hachis incautados, así como 61 identificaciones.
Con respecto al plan director la convivencia y mejora de la seguridad escolar, según ha anunciado García Moreno "se llevará a cabo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y responde al mandato de la propia LOE, que se propone entre sus metas, la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros escolares".
Sin embargo ha reconocido que "no se pone en marcha porque tengamos problemas de convivencia en los Centros Escolares de Castilla-La Mancha, pero si nos parece muy importante la función preventiva, ya que, tenemos que crear los procedimientos para que en caso de que se den esos casos de acoso, tengamos una mecanismos, para que lo Centros puedan actuar" .
A este respecto, ha reconocido que, "durante todo el curso pasado, una vez revisado las Faltas en los Centros Escolares de la Provincia, no apareció ningún caso de acoso".
Como medidas que llevará aparejado este Plan, García Moreno, ha reconocido que "se empecerán a dar una serie de charlas, de lo que puede ser un caso de acoso se reforzará la vigilancia policial y se va a constituir una Comisión para analizar los casos de acoso y para atender a las denunciar".
"Es un procedimiento que nos parece muy importante, en el sentido que los Centros siempre van a tener una respuesta inmediata ante casos de este tipo”, ha reconocido la delegada, quien ha anunciado que "también está previsto que se editen unas guías conjuntamente entre el Ministerio de educación y el Ministerio del Interior que sirva como ayuda a todo aquellas personas que van a trabajar en este Plan Director".
19/09/2007
El subdelegado del Gobierno y la delegada de Educación han anunciado las medidas puestas en marcha para frenar la violencia escolar así como el trapicheo de drogas en los centros
Después de la reunión mantenida por el subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Herranz y la Delegada de Educación, María Ángeles García Moreno, se ha anunciado la puesta en marcha de la cuarta fase del Plan Operativo de Respuesta Policial al consumo y tráfico de drogas en los centros educativos y sus entornos y del Plan Director de la convivencia y mejora de la seguridad escolar
Como ha reconocido el propio Herranz, son dos actividades que en la pasada semana el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha junto con el consejero de Educación trataron en Toledo, "de cara a su puesta en marcha en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha".
Según ha anunciado el propio Heranz, "el Plan de Lucha contra el trapicheo de drogas en el entorno de los centros educativos ya esta marcha" reconociendo que lo que se busca con él "es intensificar la actuación como lo hacemos al inicio de cada curso escolar".
"Se quiere seguir contactando con los responsables de los centros educativos y con las Asociaciones de Padres de Alumnos para activar las líneas de cooperación que ya habían existido anteriormente", ha afirmado.
Con respecto a las medidas a adoptar "va a existir una especial atención a los lugares donde se reúnen los jóvenes a la entrada y salida de la jornada escolar. En el caso de Guadalajara se va a actuar en 13 centros de la provincia y en seis de la capital. Sin decir que el resto de los centros no se va actuar por parte de la Policía Nacional", ha afirmado.
A este respecto, Herranz ha reconocido que "no se va decir que centros son, porque conviene que haya especial prudencia y preocupación, para que nadie pueda ponerles un catálogo y una etiqueta a cada uno de los centros".
Con respecto a cifras, el año 2006 se saldó con 4 detenidos, 40 denuncias por tenencia y consumo de drogas, 38 decomisos, 162 gramos de hachis incautados y 38,2 gramos de grifa, así como 475 identificaciones y 20 entrevistas en los centros educativos
En lo que llevamos de año del 2007, no hay ningún detenido, denunciados solamente 13, 13 decomisos, 2 gramos de cocaína y 14 gramos de hachis incautados, así como 61 identificaciones.
Con respecto al plan director la convivencia y mejora de la seguridad escolar, según ha anunciado García Moreno "se llevará a cabo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación y responde al mandato de la propia LOE, que se propone entre sus metas, la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros escolares".
Sin embargo ha reconocido que "no se pone en marcha porque tengamos problemas de convivencia en los Centros Escolares de Castilla-La Mancha, pero si nos parece muy importante la función preventiva, ya que, tenemos que crear los procedimientos para que en caso de que se den esos casos de acoso, tengamos una mecanismos, para que lo Centros puedan actuar" .
A este respecto, ha reconocido que, "durante todo el curso pasado, una vez revisado las Faltas en los Centros Escolares de la Provincia, no apareció ningún caso de acoso".
Como medidas que llevará aparejado este Plan, García Moreno, ha reconocido que "se empecerán a dar una serie de charlas, de lo que puede ser un caso de acoso se reforzará la vigilancia policial y se va a constituir una Comisión para analizar los casos de acoso y para atender a las denunciar".
"Es un procedimiento que nos parece muy importante, en el sentido que los Centros siempre van a tener una respuesta inmediata ante casos de este tipo”, ha reconocido la delegada, quien ha anunciado que "también está previsto que se editen unas guías conjuntamente entre el Ministerio de educación y el Ministerio del Interior que sirva como ayuda a todo aquellas personas que van a trabajar en este Plan Director".
ANDALUCIA: Ciudadanía: «La libertad de cátedra no justifica la intromisión estatal»
El Foro Español de la Familia y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) aseguraron ayer que la libertad de cátedra no justifica la intromisión estatal, contestando así al presidente de la Junta Manuel Chaves, quien en una entrevista en ABC señaló que «en el sistema español hay libertad de cátedra», por lo que «cada colegio puede adaptar a su ideario esa asignatura», en relación a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, señaló que «cuando un profesor cierra la puerta, puede enseñar lo que quiera», por lo que invitó a los padres a «estar más prsentes en el día a día de los centros», pero señaló «que un incumplimiento particular de un profesor no justifica lo que calificó de «intromisión» del Estado en el derecho de los padres a educar a sus hijos.
Por su parte, fuentes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) señalaron que la asignatura de EpC cuenta con planteamientos «rechazables en el contenido y en la forma», por lo que esos «contenidos modelo» chocan con la libertad de cátedra de los profesores.
Ayer también hablaba del tema la consejera de Justicia, María José López, aseguró en Córdoba que la suspensión cautelar de la asignatura sería «un desastre» en relación al recurso que está pendiente de resolución en el alto tribunal andaluz. López, mostró su seguridad ante los periodistas en que «el Tribunal estará mucho más próximo a lo que piensa la ciudadanía de Andalucía que a algunos intereses».
La consejera de Justicia destacó también que «es una satisfacción» que comience un nuevo curso con «una ley de Educación tramitándose en el Parlamento y bastante consensuada por la comunidad educativa» y que «da un gran impulso a valores que todos tenemos que proteger».
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, señaló que «cuando un profesor cierra la puerta, puede enseñar lo que quiera», por lo que invitó a los padres a «estar más prsentes en el día a día de los centros», pero señaló «que un incumplimiento particular de un profesor no justifica lo que calificó de «intromisión» del Estado en el derecho de los padres a educar a sus hijos.
Por su parte, fuentes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) señalaron que la asignatura de EpC cuenta con planteamientos «rechazables en el contenido y en la forma», por lo que esos «contenidos modelo» chocan con la libertad de cátedra de los profesores.
Ayer también hablaba del tema la consejera de Justicia, María José López, aseguró en Córdoba que la suspensión cautelar de la asignatura sería «un desastre» en relación al recurso que está pendiente de resolución en el alto tribunal andaluz. López, mostró su seguridad ante los periodistas en que «el Tribunal estará mucho más próximo a lo que piensa la ciudadanía de Andalucía que a algunos intereses».
La consejera de Justicia destacó también que «es una satisfacción» que comience un nuevo curso con «una ley de Educación tramitándose en el Parlamento y bastante consensuada por la comunidad educativa» y que «da un gran impulso a valores que todos tenemos que proteger».
EXTREMADURA: «Todo empezó con los conjuntos»
Rafael Ramos acaba de relevar a Francisco Javier López de Lerma como presidente regional de la confederación católica de asociaciones de padres de alumnos (CONCAPA). Admite que las familias participan «poco» en el proceso educativo de sus hijos y el compromiso en ese sentido es «escaso».
El problema no es de motivación, les gustaría poder hacerlo pero «falta tiempo». Es consecuencia de los actuales modos de vida en que los dos cónyuges trabajan fuera de casa, los horarios y las exigencias laborales son cada vez más amplios, y el contacto personal con los hijos es menor.
Una vez todos en casa, el padre enciende la televisión, los chicos se encierran en la habitación con su ordenador o se entregan también a la tele, y la madre hace frente a su otro trabajo, el doméstico. La mujer, que antiguamente no trabajaba fuera, cumplía antes ese papel educador que ahora se echa en falta.
Para Rafael Ramos puede precisarse el momento en el que todo empezó a cambiar. «Fue con la matemática de los conjuntos». De la aritmética y geometría tradicionales se pasó a los conjuntos, esos círculos que se cortaban unos a otros. «Los padres no lo entendían y dejaron de ayudar en los deberes».
En las ciudades se cortó ese contacto padres-hijos que en el medio rural era aún mayor según Rafael Ramos.
La relación diaria dentro de la familia es absolutamente necesaria a su juicio porque hay aspectos morales de la educación «que corresponden sólo a las familias».
«El Estado sí puede dar algunos toques, convenientes en el caso de los padres con escasa formación, pero los valores debe transmitirlos la familia».
El interés por la marcha de los estudios es además beneficioso para el éxito de los mismos. «El chaval que ve que sus padres se preocupan, se siente reconfortado y apoyado; por contra si el joven se ve abandonado, sus sentimientos se devalúan».
Por eso este programa de la Junta de implicación de todos es bienvenido en la Concapa. «Hay que retomar algunas costumbres del pasado como cuando la familia se reunía a leer; esto de la lectura en familia fomenta la convivencia y la implicación».
Sería conveniente por otro lado ampliar el contacto de profesores con los padres a base de más tiempo para las tutorías. Los docentes, opina Ramos, son cada vez más reticentes a la relación porque generalmente no están encontrando el apoyo familiar.
El problema no es de motivación, les gustaría poder hacerlo pero «falta tiempo». Es consecuencia de los actuales modos de vida en que los dos cónyuges trabajan fuera de casa, los horarios y las exigencias laborales son cada vez más amplios, y el contacto personal con los hijos es menor.
Una vez todos en casa, el padre enciende la televisión, los chicos se encierran en la habitación con su ordenador o se entregan también a la tele, y la madre hace frente a su otro trabajo, el doméstico. La mujer, que antiguamente no trabajaba fuera, cumplía antes ese papel educador que ahora se echa en falta.
Para Rafael Ramos puede precisarse el momento en el que todo empezó a cambiar. «Fue con la matemática de los conjuntos». De la aritmética y geometría tradicionales se pasó a los conjuntos, esos círculos que se cortaban unos a otros. «Los padres no lo entendían y dejaron de ayudar en los deberes».
En las ciudades se cortó ese contacto padres-hijos que en el medio rural era aún mayor según Rafael Ramos.
La relación diaria dentro de la familia es absolutamente necesaria a su juicio porque hay aspectos morales de la educación «que corresponden sólo a las familias».
«El Estado sí puede dar algunos toques, convenientes en el caso de los padres con escasa formación, pero los valores debe transmitirlos la familia».
El interés por la marcha de los estudios es además beneficioso para el éxito de los mismos. «El chaval que ve que sus padres se preocupan, se siente reconfortado y apoyado; por contra si el joven se ve abandonado, sus sentimientos se devalúan».
Por eso este programa de la Junta de implicación de todos es bienvenido en la Concapa. «Hay que retomar algunas costumbres del pasado como cuando la familia se reunía a leer; esto de la lectura en familia fomenta la convivencia y la implicación».
Sería conveniente por otro lado ampliar el contacto de profesores con los padres a base de más tiempo para las tutorías. Los docentes, opina Ramos, son cada vez más reticentes a la relación porque generalmente no están encontrando el apoyo familiar.
ESPAÑA: España, a la cola de Europa en educación secundaria
Madrid. (EFE).- El 64% de los españoles de 25 a 34 años completó en 2005 Bachillerato, FP de Grado Medio u otros estudios secundarios, lo que supone tres puntos más respecto a 2004, pero quince puntos menos que la UE, según el último informe de la OCDE, que refleja "mejoras" en lEn declaraciones a la prensa, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, manifestó que los datos del estudio "Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2007", presentado hoy en París, apuntan a que España "va en una dirección de aproximación hacia los países más desarrollados, con unos indicadores educativos que mejoran, aunque nos gustaría que fuera más rápido".
"Hemos revertido una tendencia negativa de años anteriores y estamos reforzando una tendencia positiva, que básicamente consiste en que más jóvenes consiguen una titulación" de Bachillerato, de Formación Profesional e "incluso" universitaria.
Según el informe, cuyos datos corresponden al año académico 2004-2005, España se sitúa en la media de los países de la OCDE en cuanto a titulados en bachillerato (44%), por encima de la media de la Unión Europea (42%) y supera a países como Italia (29%), Alemania (38%) o Suecia (36%).
Por el contrario, sólo un 36% de los jóvenes españoles se graduan en programas de Formación Profesional, mientras que en la OCDE dicho porcentaje es del 48% y en la UE asciende al 54%.
Precisamente esta es una de las áreas "fundamentales" que han de mejorarse, porque "cada vez hay mejores niveles de titulación postobligatoria, pero aún estamos alejados de la OCDE; algunas iniciativas como los programas de iniciación profesional van encaminados a ello".
El informe de la OCDE señala asimismo que el porcentaje de españoles que ha alcanzado una titulación universitaria o de FP superior (28%) es más elevada que el que corresponde a la media de la OCDE (26%) o de la UE (24%).
Según el secretario general, el mensaje del último informe de la OCDE radica en que "educarse vale la pena, individual y socialmente", porque las sociedades con poblaciones "más preparadas tienen mejor rendimiento económico y una mejor cohesión social".
Tras reiterar que "en líneas generales" la valoración del documento es "satisfactoria", Tiana confió en que la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación permitirá "mejorar sustancialmente".
os indicadores educativos del país.
"Hemos revertido una tendencia negativa de años anteriores y estamos reforzando una tendencia positiva, que básicamente consiste en que más jóvenes consiguen una titulación" de Bachillerato, de Formación Profesional e "incluso" universitaria.
Según el informe, cuyos datos corresponden al año académico 2004-2005, España se sitúa en la media de los países de la OCDE en cuanto a titulados en bachillerato (44%), por encima de la media de la Unión Europea (42%) y supera a países como Italia (29%), Alemania (38%) o Suecia (36%).
Por el contrario, sólo un 36% de los jóvenes españoles se graduan en programas de Formación Profesional, mientras que en la OCDE dicho porcentaje es del 48% y en la UE asciende al 54%.
Precisamente esta es una de las áreas "fundamentales" que han de mejorarse, porque "cada vez hay mejores niveles de titulación postobligatoria, pero aún estamos alejados de la OCDE; algunas iniciativas como los programas de iniciación profesional van encaminados a ello".
El informe de la OCDE señala asimismo que el porcentaje de españoles que ha alcanzado una titulación universitaria o de FP superior (28%) es más elevada que el que corresponde a la media de la OCDE (26%) o de la UE (24%).
Según el secretario general, el mensaje del último informe de la OCDE radica en que "educarse vale la pena, individual y socialmente", porque las sociedades con poblaciones "más preparadas tienen mejor rendimiento económico y una mejor cohesión social".
Tras reiterar que "en líneas generales" la valoración del documento es "satisfactoria", Tiana confió en que la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación permitirá "mejorar sustancialmente".
os indicadores educativos del país.
martes, 18 de septiembre de 2007
HAZTEOIR.ORG
NOTA DE PRENSA
Los autores confiesan en el prólogo que desean transmitir determinados
valores morales y modificar las conductas de los alumnos
HO pide la retirada del libro de EpC de la editorial Octaedro por
imponer ideología y vulnerar el derecho a la educación que corresponde
a los padres o, en su defecto, la revisión de sus contenidos
HazteOir.org pide a la editorial Octaedro que revise y modifique los
contenidos de su libro para la asignatura Educación para la
Ciudadanía, implantada por el Gobierno este curso escolar, o en caso
contrario su retirada como manual de estudio de la materia impuesta a
los alumnos. El libro, escrito por Aran, Güell, Marías y Muñoz, está
concebido y redactado con el objetivo, expresado por los autores en el
prólogo, de transmitir y adoctrinar en determinados valores morales y
modificar, de acuerdo con ellos, las conductas de los alumnos,
usurpando de este modo un derecho que, de manera fundamental y como
reconocen nuestras leyes y la legislación internacional, corresponde a
los padres. Recordemos también el fallo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía del pasado 14 de septiembre, por el que se
admite a trámite el recurso presentado por algunos padres contra la
aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura
de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunidad, conforme al
procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.
HAZTEOIR.ORG, Lunes, 17 de septiembre de 2007.- Los autores del manual
de Octaedro tratan extensamente temas como la homosexualidad, los
tipos de familia y los métodos anticonceptivos, estableciendo doctrina
sobre asuntos como el aborto, la religión o el papel de los padres en
la educación de sus hijos. Pero, sin embargo, pasan por alto la
Constitución española, a la que sólo dedican dos párrafos, uno de los
supuestos contenidos esenciales de Educación para la Ciudadanía.
Como afirma Ignacio Arsuaga, presidente de Hazteoir.org, "esa
pretensión de educar integralmente el sentido de la personalidad y de
la vida es claramente incompleta e insatisfactoria, en cuanto
prescinde de aspectos antropológicos y éticos fundamentales y se basa
en el relativismo más radical". "El texto podría calificarse como una
herramienta depurada de adoctrinamiento en los 'valores morales' del
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, por tanto, en
una cosmovisión que es manifiestamente incompatible con las
convicciones de los padres y ciudadanos que no la comparten", añade
Arsuaga.
Algunas de las frases más remarcables del manual, que podríamos
calificar de panfleto dedicado a alumnos de 3º de la ESO, es decir,
para adolescentes de 14 y 15 años son:
?"Si el padre de un chico de 14 años entra en su habitación sin llamar
antes a la puerta lo está intimidándolo".
?"Los estudios más fiables hablan de que entre un 5% y un 10% de la
población mundial es homosexual".
?"Nos enamoramos de personas independientemente del sexo que puedan tener".
?Sobre el movimiento feminista: "durante el siglo XX los derechos
conseguidos se consolidaron y ampliaron hasta alcanzar aspectos de la
vida privada, como el derecho a abortar". Los autores presentan el
aborto como una "consolidación y ampliación de los derechos de las
mujeres" y como un aspecto "de la vida privada".
?"Algunos historiadores buscan el origen de la represión homosexual en
la visión heterosexual, procreadora y estricta que ha imperado entre
nosotros, herederos de la moral judeocristiana. Este modelo represivo
se generalizó a principios de la época medieval y ha llegado con
fuerza hasta hoy".
Además, el texto transmite una visión muy negativa de la religión, y
en particular, de la Iglesia Católica, a la que acusa falsamente de
afirmar, por ejemplo, "que la sexualidad se restringe a la
procreación" (pág. 27). Por el contrario, transmite una valoración
positiva del comunismo cuando cita como víctimas en "la historia de la
persecución", junto a los homosexuales y a los judíos, a los
comunistas (pág. 27).
El manual enumera webs que responden a la visión ideológica y ética
que tratan de imponer los autores del libro. La única excepción
relevante es la web del Foro Español de la Familia ?
www.forofamilia.org ?, pero adjuntan un comentario despectivo: "Una de
las páginas es una organización que defiende un único modelo de
familia. Investiga cuál es y qué argumentos y actividades propone"
(pág. 21). Otro de los sitios web que propone,
www.otrademocraciaesposible.net, incluye un banner con enlaces a
"Iniciativas contra la monarquía".
Da igual que los padres de estos alumnos sean cristianos,
conservadores o liberales. Todos los niños serán adoctrinados en la
ideología del Gobierno con teorías basadas en las opiniones de los
autores. Por ellos, HazteOir.org pide que la editorial Octaedro revise
este manual y modifique este manual.
-------------
Para más información:
Web: http://www.hazteoir.org; e-mail: prensa@hazteoir.org,
Gabinete de Comunicación: 607 650 889 (Cristina).
HazteOir.org es una asociación civil que asume como misión promover la
participación de los ciudadanos en la política, como la mejor forma de
recuperar la dignidad de la cosa pública y de hacer de nuestra
democracia algo real y participativo. Junto a ello, defendemos la
familia, la dignidad de la persona y el valor de la vida, desde una
concepción cristiana del hombre y de la sociedad. HazteOir.org, con
15.000 visitas cada día, es la página web de participación política
más importante de habla hispana.
Cualquier ciudadano con acceso a Internet puede, desde
www.hazteoir.org, firmar manifiestos en ayuda de los más necesitados o
remitir, con un solo "click", una carta a los políticos que pueden
decidir sobre cada uno de los asuntos de la actualidad.
Los autores confiesan en el prólogo que desean transmitir determinados
valores morales y modificar las conductas de los alumnos
HO pide la retirada del libro de EpC de la editorial Octaedro por
imponer ideología y vulnerar el derecho a la educación que corresponde
a los padres o, en su defecto, la revisión de sus contenidos
HazteOir.org pide a la editorial Octaedro que revise y modifique los
contenidos de su libro para la asignatura Educación para la
Ciudadanía, implantada por el Gobierno este curso escolar, o en caso
contrario su retirada como manual de estudio de la materia impuesta a
los alumnos. El libro, escrito por Aran, Güell, Marías y Muñoz, está
concebido y redactado con el objetivo, expresado por los autores en el
prólogo, de transmitir y adoctrinar en determinados valores morales y
modificar, de acuerdo con ellos, las conductas de los alumnos,
usurpando de este modo un derecho que, de manera fundamental y como
reconocen nuestras leyes y la legislación internacional, corresponde a
los padres. Recordemos también el fallo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía del pasado 14 de septiembre, por el que se
admite a trámite el recurso presentado por algunos padres contra la
aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura
de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunidad, conforme al
procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.
HAZTEOIR.ORG, Lunes, 17 de septiembre de 2007.- Los autores del manual
de Octaedro tratan extensamente temas como la homosexualidad, los
tipos de familia y los métodos anticonceptivos, estableciendo doctrina
sobre asuntos como el aborto, la religión o el papel de los padres en
la educación de sus hijos. Pero, sin embargo, pasan por alto la
Constitución española, a la que sólo dedican dos párrafos, uno de los
supuestos contenidos esenciales de Educación para la Ciudadanía.
Como afirma Ignacio Arsuaga, presidente de Hazteoir.org, "esa
pretensión de educar integralmente el sentido de la personalidad y de
la vida es claramente incompleta e insatisfactoria, en cuanto
prescinde de aspectos antropológicos y éticos fundamentales y se basa
en el relativismo más radical". "El texto podría calificarse como una
herramienta depurada de adoctrinamiento en los 'valores morales' del
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, por tanto, en
una cosmovisión que es manifiestamente incompatible con las
convicciones de los padres y ciudadanos que no la comparten", añade
Arsuaga.
Algunas de las frases más remarcables del manual, que podríamos
calificar de panfleto dedicado a alumnos de 3º de la ESO, es decir,
para adolescentes de 14 y 15 años son:
?"Si el padre de un chico de 14 años entra en su habitación sin llamar
antes a la puerta lo está intimidándolo".
?"Los estudios más fiables hablan de que entre un 5% y un 10% de la
población mundial es homosexual".
?"Nos enamoramos de personas independientemente del sexo que puedan tener".
?Sobre el movimiento feminista: "durante el siglo XX los derechos
conseguidos se consolidaron y ampliaron hasta alcanzar aspectos de la
vida privada, como el derecho a abortar". Los autores presentan el
aborto como una "consolidación y ampliación de los derechos de las
mujeres" y como un aspecto "de la vida privada".
?"Algunos historiadores buscan el origen de la represión homosexual en
la visión heterosexual, procreadora y estricta que ha imperado entre
nosotros, herederos de la moral judeocristiana. Este modelo represivo
se generalizó a principios de la época medieval y ha llegado con
fuerza hasta hoy".
Además, el texto transmite una visión muy negativa de la religión, y
en particular, de la Iglesia Católica, a la que acusa falsamente de
afirmar, por ejemplo, "que la sexualidad se restringe a la
procreación" (pág. 27). Por el contrario, transmite una valoración
positiva del comunismo cuando cita como víctimas en "la historia de la
persecución", junto a los homosexuales y a los judíos, a los
comunistas (pág. 27).
El manual enumera webs que responden a la visión ideológica y ética
que tratan de imponer los autores del libro. La única excepción
relevante es la web del Foro Español de la Familia ?
www.forofamilia.org ?, pero adjuntan un comentario despectivo: "Una de
las páginas es una organización que defiende un único modelo de
familia. Investiga cuál es y qué argumentos y actividades propone"
(pág. 21). Otro de los sitios web que propone,
www.otrademocraciaesposible.net, incluye un banner con enlaces a
"Iniciativas contra la monarquía".
Da igual que los padres de estos alumnos sean cristianos,
conservadores o liberales. Todos los niños serán adoctrinados en la
ideología del Gobierno con teorías basadas en las opiniones de los
autores. Por ellos, HazteOir.org pide que la editorial Octaedro revise
este manual y modifique este manual.
-------------
Para más información:
Web: http://www.hazteoir.org; e-mail: prensa@hazteoir.org,
Gabinete de Comunicación: 607 650 889 (Cristina).
HazteOir.org es una asociación civil que asume como misión promover la
participación de los ciudadanos en la política, como la mejor forma de
recuperar la dignidad de la cosa pública y de hacer de nuestra
democracia algo real y participativo. Junto a ello, defendemos la
familia, la dignidad de la persona y el valor de la vida, desde una
concepción cristiana del hombre y de la sociedad. HazteOir.org, con
15.000 visitas cada día, es la página web de participación política
más importante de habla hispana.
Cualquier ciudadano con acceso a Internet puede, desde
www.hazteoir.org, firmar manifiestos en ayuda de los más necesitados o
remitir, con un solo "click", una carta a los políticos que pueden
decidir sobre cada uno de los asuntos de la actualidad.
domingo, 16 de septiembre de 2007
La ONG de un diputado del PSOE contrata por un millón con ayuntamientos socialistas
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, presidida por Victorino Mayoral, diputado del Partido Socialista, ha obtenido contratos por un valor próximo al millón de euros con administraciones locales gobernadas por su propio partido. A la Liga Española de la Educación se le han adjudicado entre abril de 2006 y julio de 2007 cinco contratos con los ayuntamientos madrileños de Alcorcón, Fuenlabrada y Parla por un montante total de 923.000 euros, según los documentos públicos a los que ABC ha tenido acceso.
Victorino Mayoral es diputado socialista en el Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión de Educación del Congreso y uno de los ideólogos de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía. Mayoral es presidente de la Liga Española para la Educación y la Cultura Popular, asociación «sin ánimo de lucro», remarca Mayoral, e inscrita en el registro nacional de asociaciones con fecha de 23 de enero de 1987. Esta asociación es dueña de la Fundación Cives, conocida en los últimos tiempos por sus cursos (por toda España) para formar profesores que puedan dar la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Junio de 2006
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, según los datos a los que ABC ha tenido acceso, empezó a firmar contratos con las administraciones públicas en junio de 2006. Primero fue con el Ayuntamiento de Alcorcón, que le adjudicó un contrato por un importe de 322.522 euros para dar un «servicio de cohabitación a la convivencia para la Concejalía de Bienestar Social». Obtuvo la contrata pese a que su oferta estaba 11.000 euros por encima del presupuesto base de licitación: a las ofertas por debajo del precio de licitación se le daban tres puntos y se obtenían cuatro «por calidad y excelencia en la presentación de este tipo de servicios acreditada por las correspondientes certificaciones expedidas por organismos públicos o entidades privadas de prestigio».
Casi cuatro meses después,la Liga Española de la Educación obtuvo del Ayuntamiento de Parla, cuyo alcalde es Tomás Gómez (nuevo secretario general del Partido Socialista Madrileño), un contrato para gestionar los «servicios educativos de dos casas de niños ubicadas en los colegios públicos Clara Campoamor y Séneca». Le fue adjudicado a la asociación por 168.560 euros.
El tercero contrato de 2006 puede calificarse de sorprendente. Es posible que el Ayuntamiento de Alcorcón anunciase en secreto su resolución, y que sólo la diera a conocer a los beneficiados: la Liga Española de la Educación. Consistía en un «programa de actuaciones educativas durante el verano de 2006», pero no se hizo público a través del Boletín Oficial del Estado hasta bien concluida la temporada estival, hasta octubre. En concreto, ese programa de actuaciones educativas en verano se incluía dentro del «plan de mejora y extensión de los servicios educativos» y se adjudicaban ocho lotes, que se los llevó la asociación presidida por el diputado del PSOE, esta vez con una oferta por debajo del presupuesto. En total, 118.793 euros.
Del cuarto podemos decir que entró en juego una tercera administración local, también en Madrid, también socialista: el Ayuntamiento de Fuenlabrada. La Liga de Mayoral se convirtió en contratista de este municipio por 64.000 euros en mayo de este año, para realizar un «servicio de atención a menores en riesgo social», junto a un «proyecto de educación de calle y proyecto de apoyo escolar en la Junta Municipal del Distrito de Loranca».
El quinto concurso (Ayuntamiento de Alcorcón) le fue adjudicado el 9 de julio. Un contrato de servicio de talleres, incluido también «en el plan de mejora y extensión de los servicios educativos para el curso 2007-2008». Las bases del concurso y la oferta realizada estaban aparentemente en contra de la Liga Española de la Educación, una vez que simplemente igualó el presupuesto base de licitación, cuando «por rebajas efectuadas sobre el precio de licitación» se concedían «hasta cinco puntos a la oferta económica más baja, cero puntos a la oferta que coincida con el precio de licitación y el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional».
La Liga estaba hasta cinco puntos por debajo (si es que se presentó otra oferta) y podía obtener como mucho hasta seis puntos. Y ganó. Así eran las restantes condiciones: «Por mejoras que se oferten a lo previsto en el pliego de condiciones, entre otras, aumento de monitores, coordinadores de actividades en los centros, incremento de actividades, aportaciones de medios y materiales hasta un máximo de tres puntos. Por calidad y excelencia acreditada en el desarrollo de este tipo de talleres del personal que vaya a impartirlos, hasta un máximo de dos puntos. Por la calidad técnico pedagógica de los proyectos del taller, hasta un punto». Fue otro contrato más, ahora por 249.840 euros.
ABC anunció ayer por la tarde al diputado socialista Victorino Mayoral que se disponía a publicar los contratos con cinco ayuntamientos socialistas, En declaraciones a este periódico, Mayoral aseguró que la ONG tiene, por otra parte, convenios con otros ayuntamientos, como los de Madrid, Granada, Jaén, Málaga, Valladolid y Zamora. Recordó también que su asociación se dedica a cuidar de «personas de la mayor dificultad social, a casas de niños...», que su organización «ha sido declarada de utilidad pública y los directivos no cobran un duro».
«No firmo ningún contrato»
Mayoral aseguró que «no tengo ninguna incompatibilidad con mi cargo de diputado porque no tengo retribución de ningún tipo. Todo lo que sacamos tenemos la obligación de reinvertirlo. Me acojo al estatuto que tengo como diputado, al ser una actividad sin ánimo de lucro y en beneficio del resto de los ciudadanos. Y en esta organización quien firma habitualmente no es un servidor. Mi presidencia no es ejecutiva, quien realmente tiene capacidad de firma es la secretaria general. Yo no firmó ningún contrato».
Por último, al ser preguntado qué le parecería si él formase parte de una empresa que optase a un contrato público y se lo diesen a otra porque tiene un diputado en su organización, no tuvo reparo en contestar: «Lo consideraría una inmoralidad si se lo dieran por eso, pero a nosotros nos los han otorgado por nuestra labor social».
Victorino Mayoral es diputado socialista en el Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión de Educación del Congreso y uno de los ideólogos de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía. Mayoral es presidente de la Liga Española para la Educación y la Cultura Popular, asociación «sin ánimo de lucro», remarca Mayoral, e inscrita en el registro nacional de asociaciones con fecha de 23 de enero de 1987. Esta asociación es dueña de la Fundación Cives, conocida en los últimos tiempos por sus cursos (por toda España) para formar profesores que puedan dar la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Junio de 2006
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, según los datos a los que ABC ha tenido acceso, empezó a firmar contratos con las administraciones públicas en junio de 2006. Primero fue con el Ayuntamiento de Alcorcón, que le adjudicó un contrato por un importe de 322.522 euros para dar un «servicio de cohabitación a la convivencia para la Concejalía de Bienestar Social». Obtuvo la contrata pese a que su oferta estaba 11.000 euros por encima del presupuesto base de licitación: a las ofertas por debajo del precio de licitación se le daban tres puntos y se obtenían cuatro «por calidad y excelencia en la presentación de este tipo de servicios acreditada por las correspondientes certificaciones expedidas por organismos públicos o entidades privadas de prestigio».
Casi cuatro meses después,la Liga Española de la Educación obtuvo del Ayuntamiento de Parla, cuyo alcalde es Tomás Gómez (nuevo secretario general del Partido Socialista Madrileño), un contrato para gestionar los «servicios educativos de dos casas de niños ubicadas en los colegios públicos Clara Campoamor y Séneca». Le fue adjudicado a la asociación por 168.560 euros.
El tercero contrato de 2006 puede calificarse de sorprendente. Es posible que el Ayuntamiento de Alcorcón anunciase en secreto su resolución, y que sólo la diera a conocer a los beneficiados: la Liga Española de la Educación. Consistía en un «programa de actuaciones educativas durante el verano de 2006», pero no se hizo público a través del Boletín Oficial del Estado hasta bien concluida la temporada estival, hasta octubre. En concreto, ese programa de actuaciones educativas en verano se incluía dentro del «plan de mejora y extensión de los servicios educativos» y se adjudicaban ocho lotes, que se los llevó la asociación presidida por el diputado del PSOE, esta vez con una oferta por debajo del presupuesto. En total, 118.793 euros.
Del cuarto podemos decir que entró en juego una tercera administración local, también en Madrid, también socialista: el Ayuntamiento de Fuenlabrada. La Liga de Mayoral se convirtió en contratista de este municipio por 64.000 euros en mayo de este año, para realizar un «servicio de atención a menores en riesgo social», junto a un «proyecto de educación de calle y proyecto de apoyo escolar en la Junta Municipal del Distrito de Loranca».
El quinto concurso (Ayuntamiento de Alcorcón) le fue adjudicado el 9 de julio. Un contrato de servicio de talleres, incluido también «en el plan de mejora y extensión de los servicios educativos para el curso 2007-2008». Las bases del concurso y la oferta realizada estaban aparentemente en contra de la Liga Española de la Educación, una vez que simplemente igualó el presupuesto base de licitación, cuando «por rebajas efectuadas sobre el precio de licitación» se concedían «hasta cinco puntos a la oferta económica más baja, cero puntos a la oferta que coincida con el precio de licitación y el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional».
La Liga estaba hasta cinco puntos por debajo (si es que se presentó otra oferta) y podía obtener como mucho hasta seis puntos. Y ganó. Así eran las restantes condiciones: «Por mejoras que se oferten a lo previsto en el pliego de condiciones, entre otras, aumento de monitores, coordinadores de actividades en los centros, incremento de actividades, aportaciones de medios y materiales hasta un máximo de tres puntos. Por calidad y excelencia acreditada en el desarrollo de este tipo de talleres del personal que vaya a impartirlos, hasta un máximo de dos puntos. Por la calidad técnico pedagógica de los proyectos del taller, hasta un punto». Fue otro contrato más, ahora por 249.840 euros.
ABC anunció ayer por la tarde al diputado socialista Victorino Mayoral que se disponía a publicar los contratos con cinco ayuntamientos socialistas, En declaraciones a este periódico, Mayoral aseguró que la ONG tiene, por otra parte, convenios con otros ayuntamientos, como los de Madrid, Granada, Jaén, Málaga, Valladolid y Zamora. Recordó también que su asociación se dedica a cuidar de «personas de la mayor dificultad social, a casas de niños...», que su organización «ha sido declarada de utilidad pública y los directivos no cobran un duro».
«No firmo ningún contrato»
Mayoral aseguró que «no tengo ninguna incompatibilidad con mi cargo de diputado porque no tengo retribución de ningún tipo. Todo lo que sacamos tenemos la obligación de reinvertirlo. Me acojo al estatuto que tengo como diputado, al ser una actividad sin ánimo de lucro y en beneficio del resto de los ciudadanos. Y en esta organización quien firma habitualmente no es un servidor. Mi presidencia no es ejecutiva, quien realmente tiene capacidad de firma es la secretaria general. Yo no firmó ningún contrato».
Por último, al ser preguntado qué le parecería si él formase parte de una empresa que optase a un contrato público y se lo diesen a otra porque tiene un diputado en su organización, no tuvo reparo en contestar: «Lo consideraría una inmoralidad si se lo dieran por eso, pero a nosotros nos los han otorgado por nuestra labor social».
La Fundación Internacional O Belén da las claves para prevenir el fracaso escolar
Las estadísticas lo sitúan en torno a un 29% según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE)
Podemos encontrar distintas definiciones con respecto a este término tan en uso; algunos expertos hablan de fracaso escolar cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico y esto, por tanto, es medido por el número de suspensos que un alumno tenga ese curso. Al alumno, le exigen unos objetivos y si no los alcanza, tiene fracaso escolar. Otros, en cambio, opinan que los niños no crean el fracaso escolar, sino que lo padecen, causado por alguna mala acción educativa.
Desde la Fundación Internacional O Belén, afirman que "siempre han apoyado al menor", y en este caso, es también "lo que más nos importa", afirman, y recuerdan "que buscar culpables no creemos que sea una solución. El fracaso escolar no sólo preocupa a padres y profesores, sino que, hay muchos niños, que también lo pasan mal, porque el fracaso escolar no se ciñe sólo a los "vagos".
Muchas son las causas de un fracaso escolar y dependiendo de ello, un equipo multidisciplinar donde, por supuesto incluimos a los padres, trabajara de una manera u otra, pero, ¿qué podemos hacer para prevenirlo?. La Fundación Internacional O Belén da las claves.
= Informarse por todo lo relacionado con su colegio. El niño debe sentir que sus estudios son un asunto que interesa.
= Participar en las actividades escolares que impliquen la presencia de los padres.
= Mostrar predisposición y atender sus necesidades y preguntas en casa, pero nunca jamás hacerle el trabajo. Hacer saber a su hijo que usted no conoce la respuesta a todas las preguntas y proponerle buscar juntos aquellas que desconozca.
= Ser coherente. Compartiendo con él conocimientos es más fácil despertar su deseo de aprender.
= Evite mensajes que pronostiquen el fracaso. "Vas a suspender si no estudias", "no vas a llegar a nada". En cambio, procure animarle y alabar sus éxitos, por pequeños que sean.
= Propicie un ambiente óptimo para estudiar. Una mesa con las menos distracciones posibles y una habitación bien iluminada con temperatura entre 15º y 21º, es el entorno óptimo para la mayoría de los casos. Aunque haya niños que trabajen muy bien en la cocina o el salón, no es éste el lugar adecuado.
= Es importante que su hijo adquiera hábitos, como por ejemplo, estudiar siempre a la misma hora, teniendo en cuenta que después de cenar o de realizar una actividad que requiera mucha energía, no son los más adecuados. Sin embargo, no debemos olvidar que los hábitos se crean con una continua repetición y se fijan si las consecuencias son satisfactorias. De lo contrario, podemos obtener el efecto inverso.
= Organicen y planifiquen juntos las horas de estudio. Es bueno que su hijo emplee una agenda escolar y que comenten las tareas para la tarde, dando prioridad a las que más dificultades acarreen, y alternándolas con asignaturas que sean más fáciles y placenteras. La planificación debe hacerse por escrito para evitar ansiedades y crear una obligación. Después de un hábito de planificación diaria, se puede pasar a una planificación semanal.
= Es necesario hacer pequeños descansos, los cuales no deben implicar actividad intelectual, y sí cambiar de ambiente. Recuerde que, el que nuestro hijo pase más horas delante del libro no quiere decir que estudie más, incluso es perjudicial porque provoca aburrimiento.
= Ante todo, su hijo no es ningún fracasado por suspender unas asignaturas. No le haga sentir como tal. Tener dificultades no es un problema si se puede solucionar.
Podemos encontrar distintas definiciones con respecto a este término tan en uso; algunos expertos hablan de fracaso escolar cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico y esto, por tanto, es medido por el número de suspensos que un alumno tenga ese curso. Al alumno, le exigen unos objetivos y si no los alcanza, tiene fracaso escolar. Otros, en cambio, opinan que los niños no crean el fracaso escolar, sino que lo padecen, causado por alguna mala acción educativa.
Desde la Fundación Internacional O Belén, afirman que "siempre han apoyado al menor", y en este caso, es también "lo que más nos importa", afirman, y recuerdan "que buscar culpables no creemos que sea una solución. El fracaso escolar no sólo preocupa a padres y profesores, sino que, hay muchos niños, que también lo pasan mal, porque el fracaso escolar no se ciñe sólo a los "vagos".
Muchas son las causas de un fracaso escolar y dependiendo de ello, un equipo multidisciplinar donde, por supuesto incluimos a los padres, trabajara de una manera u otra, pero, ¿qué podemos hacer para prevenirlo?. La Fundación Internacional O Belén da las claves.
= Informarse por todo lo relacionado con su colegio. El niño debe sentir que sus estudios son un asunto que interesa.
= Participar en las actividades escolares que impliquen la presencia de los padres.
= Mostrar predisposición y atender sus necesidades y preguntas en casa, pero nunca jamás hacerle el trabajo. Hacer saber a su hijo que usted no conoce la respuesta a todas las preguntas y proponerle buscar juntos aquellas que desconozca.
= Ser coherente. Compartiendo con él conocimientos es más fácil despertar su deseo de aprender.
= Evite mensajes que pronostiquen el fracaso. "Vas a suspender si no estudias", "no vas a llegar a nada". En cambio, procure animarle y alabar sus éxitos, por pequeños que sean.
= Propicie un ambiente óptimo para estudiar. Una mesa con las menos distracciones posibles y una habitación bien iluminada con temperatura entre 15º y 21º, es el entorno óptimo para la mayoría de los casos. Aunque haya niños que trabajen muy bien en la cocina o el salón, no es éste el lugar adecuado.
= Es importante que su hijo adquiera hábitos, como por ejemplo, estudiar siempre a la misma hora, teniendo en cuenta que después de cenar o de realizar una actividad que requiera mucha energía, no son los más adecuados. Sin embargo, no debemos olvidar que los hábitos se crean con una continua repetición y se fijan si las consecuencias son satisfactorias. De lo contrario, podemos obtener el efecto inverso.
= Organicen y planifiquen juntos las horas de estudio. Es bueno que su hijo emplee una agenda escolar y que comenten las tareas para la tarde, dando prioridad a las que más dificultades acarreen, y alternándolas con asignaturas que sean más fáciles y placenteras. La planificación debe hacerse por escrito para evitar ansiedades y crear una obligación. Después de un hábito de planificación diaria, se puede pasar a una planificación semanal.
= Es necesario hacer pequeños descansos, los cuales no deben implicar actividad intelectual, y sí cambiar de ambiente. Recuerde que, el que nuestro hijo pase más horas delante del libro no quiere decir que estudie más, incluso es perjudicial porque provoca aburrimiento.
= Ante todo, su hijo no es ningún fracasado por suspender unas asignaturas. No le haga sentir como tal. Tener dificultades no es un problema si se puede solucionar.
ALBACETE; Padres católicos mantendrán su campaña contra Educación para la Ciudadanía
La representante en Albacete de la Confederación Católica de
Padres de Alumnos (Concapa), Caridad Navarro, confirmó ayer a este diario que mantendrá su campaña en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía, ya que, si bien aplaude los contenidos referentes a la Constitución y a los Derechos Humanos, está en contra de otros muchos que considera material «de adoctrinamiento». Aunque la asignatura no llegará a Castilla-La Mancha hasta el próximo curso, la Concapa registró en junio más de 240 objeciones de padres. Navarro aseguró que a lo largo de este curso continuarán las campañas informativas. «La polémica no se frena -subrayó- por posponer la asignatura para el curso 2008-2009».
La representante de la Concapa aseguró que los libros de texto no son la excusa para criticar o defender la asignatura, ya que «con los reales decretos tenemos suficiente como para oponernos a esta asignatura». En su opinión, el profesor que imparta esta materia podrá valerse de la libertad de cátedra para entrar en temas morales que, a su juicio, sólo conciernen a los padres.
Navarro pidió además a la Junta que amplíe los conciertos educativos a Bachillerato, ya que los padres que, por ejemplo, lleven a sus hijos a la Enseñanza, tendrán que pagar si quieren que terminen en este centro sus estudios no universitarios.
La Concapa mantiene que en Castilla-La Mancha no hay libertad de elección de centro porque más del 15% de los padres albaceteños se han quedado sin el colegio que querían para sus hijos.
Padres de Alumnos (Concapa), Caridad Navarro, confirmó ayer a este diario que mantendrá su campaña en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía, ya que, si bien aplaude los contenidos referentes a la Constitución y a los Derechos Humanos, está en contra de otros muchos que considera material «de adoctrinamiento». Aunque la asignatura no llegará a Castilla-La Mancha hasta el próximo curso, la Concapa registró en junio más de 240 objeciones de padres. Navarro aseguró que a lo largo de este curso continuarán las campañas informativas. «La polémica no se frena -subrayó- por posponer la asignatura para el curso 2008-2009».
La representante de la Concapa aseguró que los libros de texto no son la excusa para criticar o defender la asignatura, ya que «con los reales decretos tenemos suficiente como para oponernos a esta asignatura». En su opinión, el profesor que imparta esta materia podrá valerse de la libertad de cátedra para entrar en temas morales que, a su juicio, sólo conciernen a los padres.
Navarro pidió además a la Junta que amplíe los conciertos educativos a Bachillerato, ya que los padres que, por ejemplo, lleven a sus hijos a la Enseñanza, tendrán que pagar si quieren que terminen en este centro sus estudios no universitarios.
La Concapa mantiene que en Castilla-La Mancha no hay libertad de elección de centro porque más del 15% de los padres albaceteños se han quedado sin el colegio que querían para sus hijos.
El presidente de los padres católicos votó a favor de la materia en Aragón
El presidente de la Confederación de padres católicos (Concapa), Luis Carbonel, y miembro del Consejo Escolar de Aragón, votó el pasado febrero a favor del programa escolar que presentó la Consejería de Educación de esa región, en el que se incluía la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Incluso, apoyó la sugerencia que el Consejo Escolar hizo para adelantar a este curso el estudio de esta materia, en lugar de esperar al siguiente. Así consta en las actas del Consejo, donde estas medidas se votaron por unanimidad -por tanto, con el apoyo de Carbonel en representación de la Concapa-. Esta organización ha sido y es una de las más fervientes impulsoras de la objeción de conciencia a esta nueva materia.
El Consejo Escolar de Aragón presentó ayer una declaración para someterla a votación en la que se recordaba que Ciudadanía había contado en ese organismo con el voto unánime de sus miembros, y se pedía "por el bien del alumnado" que la comunidad educativa "acate las decisiones democráticamente tomadas". También se instó al Gobierno regional a hacer cumplir la legalidad vigente. Carbonel votó ayer en contra de la declaración y dijo que no recordaba si él estuvo en aquel pleno en el que se aprobó por unanimidad la asignatura, ni qué votó. Además, pidió la dimisión de la presidenta del Consejo Escolar.
Concapa, que facilita en su página web un formulario para objetar, presentó ayer un decálogo en el que se explica a los padres cómo deben actuar si encuentran obstáculos para ello en los colegios. "Depende de la resistencia que encontremos, podremos ir a los tribunales", dijo ayer Carbonel. Además, la semana pasada su organización lanzó un llamamiento a la objeción "masiva" y "cuanto antes" de todos los padres, incluso de aquellos que viven en comunidades en las que no se empezará a enseñar ciudadanía este curso.
A pesar de ello, Carbonel no ha solicitado, por ahora, la objeción de conciencia a la materia para sus dos hijos, que no estudiarán este año 3º de secundaria, curso en el que se imparte esta materia en Aragón, donde viven. ¿Ha pedido usted objeción de conciencia para sus hijos? "Eso es un tema personal y no voy a responder. Hasta ahí podríamos llegar. Yo soy el presidente de Concapa, pero no hablo como padre de mis hijos. Es como si yo le preguntara por los suyos", respondió ayer a este periódico. Fuentes consultadas por este diario en Aragón confirman que entre las cuatro solicitudes presentadas en esa comunidad, ninguna procede de los Carbonel.
El Consejo Escolar de Aragón presentó ayer una declaración para someterla a votación en la que se recordaba que Ciudadanía había contado en ese organismo con el voto unánime de sus miembros, y se pedía "por el bien del alumnado" que la comunidad educativa "acate las decisiones democráticamente tomadas". También se instó al Gobierno regional a hacer cumplir la legalidad vigente. Carbonel votó ayer en contra de la declaración y dijo que no recordaba si él estuvo en aquel pleno en el que se aprobó por unanimidad la asignatura, ni qué votó. Además, pidió la dimisión de la presidenta del Consejo Escolar.
Concapa, que facilita en su página web un formulario para objetar, presentó ayer un decálogo en el que se explica a los padres cómo deben actuar si encuentran obstáculos para ello en los colegios. "Depende de la resistencia que encontremos, podremos ir a los tribunales", dijo ayer Carbonel. Además, la semana pasada su organización lanzó un llamamiento a la objeción "masiva" y "cuanto antes" de todos los padres, incluso de aquellos que viven en comunidades en las que no se empezará a enseñar ciudadanía este curso.
A pesar de ello, Carbonel no ha solicitado, por ahora, la objeción de conciencia a la materia para sus dos hijos, que no estudiarán este año 3º de secundaria, curso en el que se imparte esta materia en Aragón, donde viven. ¿Ha pedido usted objeción de conciencia para sus hijos? "Eso es un tema personal y no voy a responder. Hasta ahí podríamos llegar. Yo soy el presidente de Concapa, pero no hablo como padre de mis hijos. Es como si yo le preguntara por los suyos", respondió ayer a este periódico. Fuentes consultadas por este diario en Aragón confirman que entre las cuatro solicitudes presentadas en esa comunidad, ninguna procede de los Carbonel.
CONCAPA califica de "incompetente" a la ministra Cabrera por el nuevo Bachillerato
"CARECE DE SENTIDO" Y FOMENTA EL "PASOTISMO"
El secretario general de la CONCAPA ha calificado de "incompetente" a la ministra de Educación por el nuevo modelo de Bachillerato, ya que "carece de sentido" y fomenta el "pasotismo". Luis Carbonell ha explicado en La Mañana de la COPE que "la izquierda, que cada día tiene menos señas de identidad, ha escogido el disparate educativo para diferenciarse de la derecha" y ha criticado que este Gobierno abogue por lo contrario que predica el esfuerzo, que es la facilidad. Ha afirmado que desde CONCAPA se está estudiando organizar una movilización para protestar contra un modelo y una asignatura "que es totalitaria y permite robar el alma de los niños".
El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, ha dejado constancia del "clamor" que existe en toda la comunidad educativa contra el nuevo modelo de Bachillerato y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El responsable de esta asociación ha señalado que "es lamentable es que una ministra que es incapaz de rebajar el fracaso escolar" se dedique a hacer propuestas como la del Bachillerato en el que se puede pasar de curso con cuatro suspensos, una medida con la que "habrá más fracaso escolar porque los chicos ven que no pasa nada por no estudiar".
Carbonell ha anunciado también que han presentado un decálogo de actuación para los padres que han objetado contra Educación para la Ciudadanía. Con esta guía quieren "llamar la atención a los padres de la gravedad de una asignatura que pretende educar a nuestros hijos en contra de nuestros principios o en contra de nuestras convicciones y por eso estamos aconsejando utilizar cualquier medio legítimo contra esta asignatura". En concreto, "como mejor medio, la objeción de conciencia".
"Robar el alma de los niños"
En este sentido, ha querido dejar claro que una vez presentada la objeción, "decirle a nuestros hijos que vayan al colegio, pero que no entren a esa clase y decirle al centro que se les plantee una clase alternativa". "Cuando Educación para la Ciudadanía se planteó en el Consejo Escolar del Estado, prácticamente el 99 por ciento de las asociaciones votó en contra, incluida la FERE. Esta federación –dijo Carbonell– se ha opuesto a esta asignatura, pero para acercarse al Gobierno, también a la objeción de conciencia". Lo interesante sería que estuviéramos todos unidos ante un problema que en otros países es impensable.
El responsable de CONCAPA señaló que se están dando las circunstancias para convocar otra manifestación porque el fracaso escolar no ha remitido y porque siguen pidiendo libertad, con el detonante además –explicó– de "una asignatura que es totalitaria y permite robar el alma de los niños y meterse en nuestras casas".
Carbonell apuntó que "la izquierda, que cada día tiene menos señas de identidad, ha escogido el disparate educativo para diferenciarse de la derecha" y criticó que este Gobierno abogue por lo contrario que predica el esfuerzo, que es la facilidad. Cree, además, que la permanencia en el colegio durante años a costa del Estado es perjudicial, sobre todo para el chaval que quiere estudiar, porque allí se va a encontrar una mezcla de indolentes y gente repetidora".
Por todo ello, el secretario general de CONCAPA concluyó: "Creemos que la ministra es una incompetente porque dice que con estas medidas se evitará el absentismo escolar, cuando, al contrario, se producirá más cuando el chico piense: Pues no pasa nada, si no este año, será en dos, si con cuatro puedo pasar. Es una desmotivación total para el alumnado".
El secretario general de la CONCAPA ha calificado de "incompetente" a la ministra de Educación por el nuevo modelo de Bachillerato, ya que "carece de sentido" y fomenta el "pasotismo". Luis Carbonell ha explicado en La Mañana de la COPE que "la izquierda, que cada día tiene menos señas de identidad, ha escogido el disparate educativo para diferenciarse de la derecha" y ha criticado que este Gobierno abogue por lo contrario que predica el esfuerzo, que es la facilidad. Ha afirmado que desde CONCAPA se está estudiando organizar una movilización para protestar contra un modelo y una asignatura "que es totalitaria y permite robar el alma de los niños".
El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, ha dejado constancia del "clamor" que existe en toda la comunidad educativa contra el nuevo modelo de Bachillerato y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
El responsable de esta asociación ha señalado que "es lamentable es que una ministra que es incapaz de rebajar el fracaso escolar" se dedique a hacer propuestas como la del Bachillerato en el que se puede pasar de curso con cuatro suspensos, una medida con la que "habrá más fracaso escolar porque los chicos ven que no pasa nada por no estudiar".
Carbonell ha anunciado también que han presentado un decálogo de actuación para los padres que han objetado contra Educación para la Ciudadanía. Con esta guía quieren "llamar la atención a los padres de la gravedad de una asignatura que pretende educar a nuestros hijos en contra de nuestros principios o en contra de nuestras convicciones y por eso estamos aconsejando utilizar cualquier medio legítimo contra esta asignatura". En concreto, "como mejor medio, la objeción de conciencia".
"Robar el alma de los niños"
En este sentido, ha querido dejar claro que una vez presentada la objeción, "decirle a nuestros hijos que vayan al colegio, pero que no entren a esa clase y decirle al centro que se les plantee una clase alternativa". "Cuando Educación para la Ciudadanía se planteó en el Consejo Escolar del Estado, prácticamente el 99 por ciento de las asociaciones votó en contra, incluida la FERE. Esta federación –dijo Carbonell– se ha opuesto a esta asignatura, pero para acercarse al Gobierno, también a la objeción de conciencia". Lo interesante sería que estuviéramos todos unidos ante un problema que en otros países es impensable.
El responsable de CONCAPA señaló que se están dando las circunstancias para convocar otra manifestación porque el fracaso escolar no ha remitido y porque siguen pidiendo libertad, con el detonante además –explicó– de "una asignatura que es totalitaria y permite robar el alma de los niños y meterse en nuestras casas".
Carbonell apuntó que "la izquierda, que cada día tiene menos señas de identidad, ha escogido el disparate educativo para diferenciarse de la derecha" y criticó que este Gobierno abogue por lo contrario que predica el esfuerzo, que es la facilidad. Cree, además, que la permanencia en el colegio durante años a costa del Estado es perjudicial, sobre todo para el chaval que quiere estudiar, porque allí se va a encontrar una mezcla de indolentes y gente repetidora".
Por todo ello, el secretario general de CONCAPA concluyó: "Creemos que la ministra es una incompetente porque dice que con estas medidas se evitará el absentismo escolar, cuando, al contrario, se producirá más cuando el chico piense: Pues no pasa nada, si no este año, será en dos, si con cuatro puedo pasar. Es una desmotivación total para el alumnado".
LA RAZÓN: Tres sentencias europeas avalan el derecho a objetar contra Ciudadanía
El Tribunal de Derechos Humanos accedió a reclamaciones similares en Grecia, Noruega y Dinamarca ? Hoy se decide en Sevilla si se admite el primer recurso presentado en España
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá hoy si admite el recurso presentado por tres padres de Sevilla para que sus hijos no estudien este curso Educación para la Ciudadanía. No sólo debe decidir si admite el recurso, también debe resolver si se tramita por vía de derechos fundamentales o por vía ordinaria. La diferencia es que el primer procedimiento acelera mucho los tiempos de resolución. Éste es el primer pronunciamiento judicial que se producirá en España sobre esta cuestión. Los opositores, mientras, siguen buscando jurisprudencia en Europa que avale su derecho a objetar por intromisiones del Estado en la educación de los niños. Varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dieron la razón en casos parecidos al planteado en Sevilla a los padres.
La Fiscalía se opone
El abogado del Estado y la Fiscalía andaluza se opusieron ayer a la tramitación del recurso contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una vulneración de derechos fundamentales, para lo que el fiscal apeló a su papel como garante del derecho supremo de los menores. Ambos se pronunciaron contra la admisión del recurso por la vía de vulneración de derechos fundamentales, lo que permitiría tener una resolución en apenas un mes, frente a los tres años de un recurso contencioso ordinario.
Argumentaron que la asignatura y su obligatoriedad no vulneran derechos fundamentales, no contienen «ninguna referencia a ideología de género» y además los padres han recurrido dos decretos de la Junta que no son propios, sino desarrollo de una legislación estatal, según explicó a los periodistas al término del acto el representante del Ministerio Fiscal, José Manuel Rueda.
Por su parte, Carlos Seco, uno de los abogados que representan a los padres, insistió ante los periodistas en que no recurren «la totalidad de la asignatura, sino sólo los aspectos que vulneran el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de nuestros hijos», ya que «hay muchos otros contenidos a los que no nos oponemos».
Seco denunció la «clara situación de indefensión de los padres recurrentes», pues tanto el letrado de la Junta como el abogado del Estado argumentaron que los padres andaluces no pueden recurrir unos decretos de ámbito nacional, pero a la vez la nueva asignatura «es una norma de derecho estatal que requiere para su aplicación de la ejecución por parte de la administración autonómica», informa Ep.
El abogado aclaró también que, a título particular, tiene decidido que, «pase lo que pase, el próximo día 17, en el comienzo del curso, voy a objetar». Una opción que parece que se puede repetir en diversos centros y provincias españolas.
Europa obliga
Ya adelantó LA RAZÓN el pasado 17 de julio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido alguna resolución en la que amparaba el deseo de los padres de impedir que el Estado se subrogue el derecho de educar a los hijos. Y es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 2 dice: «A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».
Los grupos opositores a Ciudadanía saben que pueden acogerse a este precepto y buscan jurisprudencia. Tanto en Dinamarca como en Grecia y Noruega se han emitido resoluciones comunitarias en las que se les da la razón a padres que no querían que se les diera algunas asignaturas que eran consideradas obligatorias por los países.
La sentencia que incumbe a Dinamarca, de 1976, dice que «está prohibido al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pudiera ser considerada como no respetuosa de los derechos de los padres a sus convicciones religiosas y filosóficas». La resolución griega, de 1996, amplía el fundamento de la anterior y añade que «es amplio en su extensión y se aplica no sólo al contenido de la educación y el modo en que se realiza, sino también a su ejecución en todas las funciones asumidas por el Estado». En Noruega, en 2007, el Tribunal obligaba a salvaguardar el pluralismo religioso en la escuela.
La última opción
Los objetores de Educación para la Ciudadanía saben que en caso de que los tribunales españoles no les den la razón les queda una última instancia: el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ? El organismo europeo tiene facultad para emitir resoluciones vinculantes. Ya en tres ocasiones ha dado la razón a padres que se oponían a la educación que sus hijos recibían en la escuela. ? En Noruega, en 2007, los padres reclamaban la exención total -negada por el Estado noruego cuya religión oficial es la evangélica luterana- de asistencia a una materia escolar de contenidos religiosos luteranos. El Tribunal les dio la razón. ? En Grecia, en 1996, la sentencia hablaba de que «además de la obligación primaria de no injerencia, existe una obligación positiva de hacer», en referencia al respeto que el Estado debe tener sobre la educación que los padres quieren dar a sus hijos. ? En Dinamarca, en 1976, el fallo dice que el Estado no puede adoctrinar sobre cuestiones que los padres no consideren respetuosas con sus propias creencias.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá hoy si admite el recurso presentado por tres padres de Sevilla para que sus hijos no estudien este curso Educación para la Ciudadanía. No sólo debe decidir si admite el recurso, también debe resolver si se tramita por vía de derechos fundamentales o por vía ordinaria. La diferencia es que el primer procedimiento acelera mucho los tiempos de resolución. Éste es el primer pronunciamiento judicial que se producirá en España sobre esta cuestión. Los opositores, mientras, siguen buscando jurisprudencia en Europa que avale su derecho a objetar por intromisiones del Estado en la educación de los niños. Varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dieron la razón en casos parecidos al planteado en Sevilla a los padres.
La Fiscalía se opone
El abogado del Estado y la Fiscalía andaluza se opusieron ayer a la tramitación del recurso contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una vulneración de derechos fundamentales, para lo que el fiscal apeló a su papel como garante del derecho supremo de los menores. Ambos se pronunciaron contra la admisión del recurso por la vía de vulneración de derechos fundamentales, lo que permitiría tener una resolución en apenas un mes, frente a los tres años de un recurso contencioso ordinario.
Argumentaron que la asignatura y su obligatoriedad no vulneran derechos fundamentales, no contienen «ninguna referencia a ideología de género» y además los padres han recurrido dos decretos de la Junta que no son propios, sino desarrollo de una legislación estatal, según explicó a los periodistas al término del acto el representante del Ministerio Fiscal, José Manuel Rueda.
Por su parte, Carlos Seco, uno de los abogados que representan a los padres, insistió ante los periodistas en que no recurren «la totalidad de la asignatura, sino sólo los aspectos que vulneran el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de nuestros hijos», ya que «hay muchos otros contenidos a los que no nos oponemos».
Seco denunció la «clara situación de indefensión de los padres recurrentes», pues tanto el letrado de la Junta como el abogado del Estado argumentaron que los padres andaluces no pueden recurrir unos decretos de ámbito nacional, pero a la vez la nueva asignatura «es una norma de derecho estatal que requiere para su aplicación de la ejecución por parte de la administración autonómica», informa Ep.
El abogado aclaró también que, a título particular, tiene decidido que, «pase lo que pase, el próximo día 17, en el comienzo del curso, voy a objetar». Una opción que parece que se puede repetir en diversos centros y provincias españolas.
Europa obliga
Ya adelantó LA RAZÓN el pasado 17 de julio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido alguna resolución en la que amparaba el deseo de los padres de impedir que el Estado se subrogue el derecho de educar a los hijos. Y es que el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 2 dice: «A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas».
Los grupos opositores a Ciudadanía saben que pueden acogerse a este precepto y buscan jurisprudencia. Tanto en Dinamarca como en Grecia y Noruega se han emitido resoluciones comunitarias en las que se les da la razón a padres que no querían que se les diera algunas asignaturas que eran consideradas obligatorias por los países.
La sentencia que incumbe a Dinamarca, de 1976, dice que «está prohibido al Estado perseguir una finalidad de adoctrinamiento que pudiera ser considerada como no respetuosa de los derechos de los padres a sus convicciones religiosas y filosóficas». La resolución griega, de 1996, amplía el fundamento de la anterior y añade que «es amplio en su extensión y se aplica no sólo al contenido de la educación y el modo en que se realiza, sino también a su ejecución en todas las funciones asumidas por el Estado». En Noruega, en 2007, el Tribunal obligaba a salvaguardar el pluralismo religioso en la escuela.
La última opción
Los objetores de Educación para la Ciudadanía saben que en caso de que los tribunales españoles no les den la razón les queda una última instancia: el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ? El organismo europeo tiene facultad para emitir resoluciones vinculantes. Ya en tres ocasiones ha dado la razón a padres que se oponían a la educación que sus hijos recibían en la escuela. ? En Noruega, en 2007, los padres reclamaban la exención total -negada por el Estado noruego cuya religión oficial es la evangélica luterana- de asistencia a una materia escolar de contenidos religiosos luteranos. El Tribunal les dio la razón. ? En Grecia, en 1996, la sentencia hablaba de que «además de la obligación primaria de no injerencia, existe una obligación positiva de hacer», en referencia al respeto que el Estado debe tener sobre la educación que los padres quieren dar a sus hijos. ? En Dinamarca, en 1976, el fallo dice que el Estado no puede adoctrinar sobre cuestiones que los padres no consideren respetuosas con sus propias creencias.
ESPAÑA SORIA: Educación y ciudadanía
Silvano Andrés de la Morena
El presidente Herrera inauguró el lunes pasado en Zamora el nuevo curso escolar, que no se abre de la mejor manera, pues parece un calco del curso político. Siete millones de alumnos en toda España, de los cuales casi trescientos cincuenta mil, en Castilla y León, vivirán una etapa de transición, por empezar a aplicarse en algunos cursos los nuevos contenidos y formatos de la LOE, incluida la materia más polémica, por la deriva que ha tomado, la Educación para la Ciudadanía. Si los vaivenes políticos no lo impiden, la aplicación de la nueva ley se completará en el año 2011, aunque el PP ya anunciado que, de ganar las próximas elecciones generales, volverá a cambiar las cosas. ¿No es posible en España un pacto de Estado por la Educación? De momento, la realidad confirma que no. No hay más que ver quién se opuso a la aprobación de la LOE en el congreso y las enormes presiones que en los últimos meses está realizando tanto el Partido Popular como la iglesia institucional y grupos afines, de manera especial el de los colegios concertados católicos, alineados en la FERE. Todo lo cual se confirma en el contexto de los últimos veintidós años de un largo y contradictorio listado legislativo, que va desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, y Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, de los gobiernos socialistas de Felipe González, a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, con el PP, más la reciente Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, otra vez con los socialistas.
Sin embargo, en ningún otro momento anterior la reacción ha sido tan fuerte como ahora contra una asignatura de nuevo cuño. La llamada Educación para la Ciudadanía, nombre que, sin duda, sugiere al menos cercanía conceptual con la racionalidad de la Ilustración, ha levantado una polémica tal que, si miramos el mapa político-territorial español, se podrá observar qué comunidades autónomas la implantarán desde el primer día y cuáles aseguran que esperan al último minuto, es decir, apurarán los dos años que prevé la ley. La proyección de dicho mapa reflejará con fidelidad qué partido controla cada territorio. En el nuestro, la consejería de Educación y una parte significativa del clero de Castilla y León, entre otras personalidades los obispos de Astorga y el que lo fue hasta hace poco de Osma-Soria, han reaccionado de forma contundente contra esta asignatura de traumático nacimiento. Si difícil resulta entender a estas alturas que la iglesia institucional siga aduciendo razones caducas, aún es menos comprensible la oposición de una administración gubernamental, que, entre otros, tiene el mandato de cumplir la ley, deberse a todos los ciudadanos y ser neutral en lo ideológico. Sin darse cuenta, la Junta está cayendo en los propios errores que critica, pero aumentados sin corregir, pues debería admitir que la asignatura deriva de una ley aprobada por mayoría en el Parlamento español.
Primero fue el viceconsejero de Educación, Sánchez Pascuala, el que se lanzó a la arena cuando hace días en Segovia consideró "ideologizante" la asignatura, olvidando, con imprudencia el valor de esa palabra; afirmó que "entraba en contradicción con la libertad de los padres", sin especificar de cuáles, y proponía que se convirtiera en optativa. En un segundo capítulo, fue el propio consejero, Juan José Mateos, quien salió a la palestra con palabras de más calado, cuando no tuvo inconveniente en afirmar que la Educación para la Ciudadanía "divide a la sociedad, lleva la guerra a la escuela y plantea numerosos problemas que pueden o no solucionarse". Sin embargo, no enumeró ni uno solo.
De las palabras que el obispo de Astorga pronunció en un sermón en honor de la Patrona de El Bierzo, sólo decir que mezcló churras con merinas, pues de la crítica a la asignatura derivó a la destrucción de la familia por parte de los socialistas, en un discurso más propio del siglo XIX y que fue seguido en el mismo acto institucional por las inapropiadas palabras, llenas de consignas electoralistas rayanas con lo ofensivo, del alcalde popular de Oencia, cuyo ayuntamiento se encargó de la ofrenda oficial. Cuando Vicente Jiménez, anterior obispo de Osma-Soria y actual de Santander, afirma que "hay que reivindicar la libertad de conciencia y de enseñanza" se ha de suponer que le traiciona el subconsciente y se refiere a la misma institución que él representa y a su red de centros de enseñanza, pues, mientras en los concertados existe un ideario de partida al que todos han de someterse, en los públicos, gestionados por las administraciones autonómicas como la Junta de Castilla y León, que sí representan y tienen la obligación legal y moral de administrar para todos los ciudadanos, esa libertad existe por principio y es el profesor el que se enfrenta a la situación desde su convicción personal y formación científica en su materia respectiva. Con la Educación para la Ciudadanía se ha abierto una batalla ideológica irracional, que no favorece ni a la educación ni a la enseñanza. Lo significativo es que la hayan iniciado quienes nunca a lo largo de la historia han dejado de practicar el adoctrinamiento e impedido conocer distintos enfoques morales, éticos y sociales. Por otra parte, cuando afirma que "no se puede admitir una formación obligatoria estatal de la conciencia moral y religiosa de los ciudadanos", se aleja de la verdad, pues la nueva asignatura, con todos los puntos que pueda tener en contra, que los tiene, no se corresponde con lo que afirma el obispo.
En fin, que una asignatura que, después de tanta presión, ha quedado tocada y que refleja los propios fracasos del pensamiento débil de la posmodernidad, ha de tener su lugar entre tanto discurso agorero e interesado, en el que domina un dogmatismo intolerante. Un lugar como guía de principios éticos individuales y sociales encuadrados en la realidad de hoy, que, por definición, es plural, abierta y sujeta a control de distintos poderes públicos. Si, en términos generales, la familia está cada vez más disociada y los profesores con menos reconocimientos social del necesario; si los medios de comunicación convierten lo banal en importante, exacerbando la violencia y la vulgaridad, ¿cómo hacer que los jóvenes asimilen los valores trascendentes cuya importancia reivindicamos? Con evidente exageración, impropia de gente ecuánime, sus detractores definen la Educación para la Ciudadanía como un nuevo "catecismo socialista". Frente a ellos, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, sostiene que el objetivo es "difundir y preservar los valores democráticos". ¿Dónde habita la verdad? Descúbranla ustedes por sí mismos, sin sumisión ideológica, de acuerdo al principio de la libertad personal.
El presidente Herrera inauguró el lunes pasado en Zamora el nuevo curso escolar, que no se abre de la mejor manera, pues parece un calco del curso político. Siete millones de alumnos en toda España, de los cuales casi trescientos cincuenta mil, en Castilla y León, vivirán una etapa de transición, por empezar a aplicarse en algunos cursos los nuevos contenidos y formatos de la LOE, incluida la materia más polémica, por la deriva que ha tomado, la Educación para la Ciudadanía. Si los vaivenes políticos no lo impiden, la aplicación de la nueva ley se completará en el año 2011, aunque el PP ya anunciado que, de ganar las próximas elecciones generales, volverá a cambiar las cosas. ¿No es posible en España un pacto de Estado por la Educación? De momento, la realidad confirma que no. No hay más que ver quién se opuso a la aprobación de la LOE en el congreso y las enormes presiones que en los últimos meses está realizando tanto el Partido Popular como la iglesia institucional y grupos afines, de manera especial el de los colegios concertados católicos, alineados en la FERE. Todo lo cual se confirma en el contexto de los últimos veintidós años de un largo y contradictorio listado legislativo, que va desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, y Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, de los gobiernos socialistas de Felipe González, a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, con el PP, más la reciente Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, otra vez con los socialistas.
Sin embargo, en ningún otro momento anterior la reacción ha sido tan fuerte como ahora contra una asignatura de nuevo cuño. La llamada Educación para la Ciudadanía, nombre que, sin duda, sugiere al menos cercanía conceptual con la racionalidad de la Ilustración, ha levantado una polémica tal que, si miramos el mapa político-territorial español, se podrá observar qué comunidades autónomas la implantarán desde el primer día y cuáles aseguran que esperan al último minuto, es decir, apurarán los dos años que prevé la ley. La proyección de dicho mapa reflejará con fidelidad qué partido controla cada territorio. En el nuestro, la consejería de Educación y una parte significativa del clero de Castilla y León, entre otras personalidades los obispos de Astorga y el que lo fue hasta hace poco de Osma-Soria, han reaccionado de forma contundente contra esta asignatura de traumático nacimiento. Si difícil resulta entender a estas alturas que la iglesia institucional siga aduciendo razones caducas, aún es menos comprensible la oposición de una administración gubernamental, que, entre otros, tiene el mandato de cumplir la ley, deberse a todos los ciudadanos y ser neutral en lo ideológico. Sin darse cuenta, la Junta está cayendo en los propios errores que critica, pero aumentados sin corregir, pues debería admitir que la asignatura deriva de una ley aprobada por mayoría en el Parlamento español.
Primero fue el viceconsejero de Educación, Sánchez Pascuala, el que se lanzó a la arena cuando hace días en Segovia consideró "ideologizante" la asignatura, olvidando, con imprudencia el valor de esa palabra; afirmó que "entraba en contradicción con la libertad de los padres", sin especificar de cuáles, y proponía que se convirtiera en optativa. En un segundo capítulo, fue el propio consejero, Juan José Mateos, quien salió a la palestra con palabras de más calado, cuando no tuvo inconveniente en afirmar que la Educación para la Ciudadanía "divide a la sociedad, lleva la guerra a la escuela y plantea numerosos problemas que pueden o no solucionarse". Sin embargo, no enumeró ni uno solo.
De las palabras que el obispo de Astorga pronunció en un sermón en honor de la Patrona de El Bierzo, sólo decir que mezcló churras con merinas, pues de la crítica a la asignatura derivó a la destrucción de la familia por parte de los socialistas, en un discurso más propio del siglo XIX y que fue seguido en el mismo acto institucional por las inapropiadas palabras, llenas de consignas electoralistas rayanas con lo ofensivo, del alcalde popular de Oencia, cuyo ayuntamiento se encargó de la ofrenda oficial. Cuando Vicente Jiménez, anterior obispo de Osma-Soria y actual de Santander, afirma que "hay que reivindicar la libertad de conciencia y de enseñanza" se ha de suponer que le traiciona el subconsciente y se refiere a la misma institución que él representa y a su red de centros de enseñanza, pues, mientras en los concertados existe un ideario de partida al que todos han de someterse, en los públicos, gestionados por las administraciones autonómicas como la Junta de Castilla y León, que sí representan y tienen la obligación legal y moral de administrar para todos los ciudadanos, esa libertad existe por principio y es el profesor el que se enfrenta a la situación desde su convicción personal y formación científica en su materia respectiva. Con la Educación para la Ciudadanía se ha abierto una batalla ideológica irracional, que no favorece ni a la educación ni a la enseñanza. Lo significativo es que la hayan iniciado quienes nunca a lo largo de la historia han dejado de practicar el adoctrinamiento e impedido conocer distintos enfoques morales, éticos y sociales. Por otra parte, cuando afirma que "no se puede admitir una formación obligatoria estatal de la conciencia moral y religiosa de los ciudadanos", se aleja de la verdad, pues la nueva asignatura, con todos los puntos que pueda tener en contra, que los tiene, no se corresponde con lo que afirma el obispo.
En fin, que una asignatura que, después de tanta presión, ha quedado tocada y que refleja los propios fracasos del pensamiento débil de la posmodernidad, ha de tener su lugar entre tanto discurso agorero e interesado, en el que domina un dogmatismo intolerante. Un lugar como guía de principios éticos individuales y sociales encuadrados en la realidad de hoy, que, por definición, es plural, abierta y sujeta a control de distintos poderes públicos. Si, en términos generales, la familia está cada vez más disociada y los profesores con menos reconocimientos social del necesario; si los medios de comunicación convierten lo banal en importante, exacerbando la violencia y la vulgaridad, ¿cómo hacer que los jóvenes asimilen los valores trascendentes cuya importancia reivindicamos? Con evidente exageración, impropia de gente ecuánime, sus detractores definen la Educación para la Ciudadanía como un nuevo "catecismo socialista". Frente a ellos, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, sostiene que el objetivo es "difundir y preservar los valores democráticos". ¿Dónde habita la verdad? Descúbranla ustedes por sí mismos, sin sumisión ideológica, de acuerdo al principio de la libertad personal.
ESPAÑA: El TSJ de Andalucía admite un recurso contra Educación para la Ciudadanía
Entiende que puede vulnerar derechos como la libertad de enseñanza e ideológica
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por varios padres sevillanos contra los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía al entender que hay indicios de que su obligatoriedad podría vulnerar derechos como la libertad de enseñanza e ideológica. Los padres han mostrado ya su satisfacción porque, al tramitarse por procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, la resolución «será más rápida».
La admisión a trámite por este procedimiento especial supondrá un proceso preferente y urgente, que podría resolver en cuestión de semanas la implantación de la asignatura en la comunidad autónoma andaluza.
En un auto, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz considera que hay indicios suficientes de que la aplicación de la asignatura como obligatoria podría vulnerar, «aparentemente», una serie de derechos constitucionales, como el de la libertad ideológica, la libertad de enseñanza o el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
La decisión del tribunal se produce pese a la negativa, en la vista previa, de la Fiscalía y el abogado del Estado, quienes según el juez se negaron a su admisión «por consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso» y no se «oponen» a la de los demandantes, y que serán examinadas en su momento.
En la vista celebrada el jueves sobre la admisión del recurso, tanto la Fiscalía como el letrado de la Junta de Andalucía se opusieron a la tramitación por la vía de protección de derechos fundamentales y solicitaron que se tramitara por la vía contencioso-administrativa al entender que no existe dicha vulneración, mientras que el abogado del Estado consideró que el recurso de los padres no afecta a una normativa regional sino estatal, «cuyo examen no corresponde apreciar al TSJA».
Jurisprudencia
No obstante, el auto insiste en que esa admisión a trámite «no supone un juicio anticipado sobre su efectiva vulneración», y fundamenta su decisión en la jurisprudencia «según la cual ha de huirse de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso al procedimiento que nos ocupa». Así, señala que los recurrentes especifican los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, como la libertad de enseñanza y derecho a los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, o la libertad ideológica y religiosa, e identifican el acto que consideran causante de la infracción de aquél derecho. Así, valora que los decretos autonómicos impugnados, «en cuanto incorporan la normativa estatal sobre el contenido de la asignatura, impone la denominada ideología de género» y «vulnera los derechos fundamentales antes indicados».
La admisión a trámite no invalida el auto emitido la pasada semana por el TSJA en el que descartaba la toma medidas cautelares como la suspensión de la aplicación de los decretos autonómicos, como pedían los padres en su recurso, mientras se resuelve el fondo del asunto. Entendía el magistrado que de la entrada en vigor de los decretos autonómicos -que desarrollan toda la enseñanza secundaria y primera en Andalucía- no se deduce la obligación de la asignatura, que viene fijada en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El recurso ha sido presentado por cinco padres sevillanos, entre los que se encuentran los abogados Carlos y Manuel Seco Gordillo, ex diputado nacional del PP. Carlos Seco manifestó su alegría porque el TSJA «haya considerado que el recurso interpuesto se tramite por el procedimiento especial, en contra de la opinión del Estado, la Consejería y la Fiscalía».
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por varios padres sevillanos contra los decretos autonómicos que desarrollan la asignatura de Educación para la Ciudadanía al entender que hay indicios de que su obligatoriedad podría vulnerar derechos como la libertad de enseñanza e ideológica. Los padres han mostrado ya su satisfacción porque, al tramitarse por procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales, la resolución «será más rápida».
La admisión a trámite por este procedimiento especial supondrá un proceso preferente y urgente, que podría resolver en cuestión de semanas la implantación de la asignatura en la comunidad autónoma andaluza.
En un auto, la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz considera que hay indicios suficientes de que la aplicación de la asignatura como obligatoria podría vulnerar, «aparentemente», una serie de derechos constitucionales, como el de la libertad ideológica, la libertad de enseñanza o el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
La decisión del tribunal se produce pese a la negativa, en la vista previa, de la Fiscalía y el abogado del Estado, quienes según el juez se negaron a su admisión «por consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso» y no se «oponen» a la de los demandantes, y que serán examinadas en su momento.
En la vista celebrada el jueves sobre la admisión del recurso, tanto la Fiscalía como el letrado de la Junta de Andalucía se opusieron a la tramitación por la vía de protección de derechos fundamentales y solicitaron que se tramitara por la vía contencioso-administrativa al entender que no existe dicha vulneración, mientras que el abogado del Estado consideró que el recurso de los padres no afecta a una normativa regional sino estatal, «cuyo examen no corresponde apreciar al TSJA».
Jurisprudencia
No obstante, el auto insiste en que esa admisión a trámite «no supone un juicio anticipado sobre su efectiva vulneración», y fundamenta su decisión en la jurisprudencia «según la cual ha de huirse de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso al procedimiento que nos ocupa». Así, señala que los recurrentes especifican los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, como la libertad de enseñanza y derecho a los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, o la libertad ideológica y religiosa, e identifican el acto que consideran causante de la infracción de aquél derecho. Así, valora que los decretos autonómicos impugnados, «en cuanto incorporan la normativa estatal sobre el contenido de la asignatura, impone la denominada ideología de género» y «vulnera los derechos fundamentales antes indicados».
La admisión a trámite no invalida el auto emitido la pasada semana por el TSJA en el que descartaba la toma medidas cautelares como la suspensión de la aplicación de los decretos autonómicos, como pedían los padres en su recurso, mientras se resuelve el fondo del asunto. Entendía el magistrado que de la entrada en vigor de los decretos autonómicos -que desarrollan toda la enseñanza secundaria y primera en Andalucía- no se deduce la obligación de la asignatura, que viene fijada en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
El recurso ha sido presentado por cinco padres sevillanos, entre los que se encuentran los abogados Carlos y Manuel Seco Gordillo, ex diputado nacional del PP. Carlos Seco manifestó su alegría porque el TSJA «haya considerado que el recurso interpuesto se tramite por el procedimiento especial, en contra de la opinión del Estado, la Consejería y la Fiscalía».
COLOMBIA: España se divide por la clase 'Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
Cerca de 220 mil adolescentes comenzarán a estudiar esta semana con ese libro que echa humo. Es el texto de una nueva materia que ha causado explosiones desde que fue concebida.
Mientras el Ministerio de Educación asegura que su enseñanza ayudará a difundir los valores democráticos, el opositor Partido Popular (PP) y la Iglesia creen que es una apología del socialismo.
De hecho, el líder del PP, Mariano Rajoy, ya dijo que la asignatura desaparecerá si él gana las elecciones presidenciales el próximo año. Y miles de padres que comulgan con esa idea han acudido a la objeción de conciencia para que sus hijos no aprendan ciertos temas.
La clase incluye asuntos que no despiertan pasiones, como la lucha contra el acoso escolar, el cuidado del medio ambiente, las ventajas de unas elecciones justas, la necesidad de pagar impuestos y la prevención de riesgos. Pero hay otros apartes que sacan chispas. El sexo, el aborto y el matrimonio entre homosexuales encienden llamaradas.
Los libros de texto de la materia varían de acuerdo con la editorial. Algunos explican con detalles los métodos anticonceptivos, mientras no faltan los que se muestran abiertamente en contra del aborto.
El tratamiento de la diferencia entre el hombre y la mujer es otro de esos asuntos que atizan el fuego. Unos libros explican el tema bajo el aspecto biológico y otros lo toman desde el punto de vista cultural. Muchos tocan el machismo e incluso el de la editorial Octaedro se da el lujo de anotar la siguiente broma: "¿Por qué los chistes de mujeres siempre ocupan dos líneas? Para que los entiendan los hombres".
Críticas desde el primer día
La polémica ha estado encendida desde que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, puso el borrador de la clase sobre la mesa. "El contenido definitivo no refleja el inicial. Los debates han obligado al gobierno a cortar sus aspiraciones", dice un profesor de la clase.
La Ley señala su interés en "promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas".
Los detractores opinan que la norma tiene trampas. Agustín Domingo Moratalla, catedrático de filosofía, asegura que "la administración recuerda que los países de nuestro entorno tienen este espacio de reflexión, pero no nos dice las competencias educativas que incluye, cómo se determinan y el papel activo que en algunos países desempeñan, por ejemplo, las comunidades religiosas".
Y es que justamente la Ley también suprime la obligatoriedad de la materia de religión. Los centros escolares deben impartirla, pero los padres pueden decidir si sus hijos la toman o no y su nota no cuenta en el promedio ni se computa con las demás.
Por lo pronto, el Ministerio de Educación recuerda que los alumnos que falten a clase la perderán, con las mismas consecuencias de cualquier asignatura.
Eso no significa que todos los escolares españoles la tendrán en sus horarios. Por ahora comienza en siete comunidades autónomas (departamentos), pero se prevé que para el próximo año ya esté en todos los colegios.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID (ESPAÑA)
Mientras el Ministerio de Educación asegura que su enseñanza ayudará a difundir los valores democráticos, el opositor Partido Popular (PP) y la Iglesia creen que es una apología del socialismo.
De hecho, el líder del PP, Mariano Rajoy, ya dijo que la asignatura desaparecerá si él gana las elecciones presidenciales el próximo año. Y miles de padres que comulgan con esa idea han acudido a la objeción de conciencia para que sus hijos no aprendan ciertos temas.
La clase incluye asuntos que no despiertan pasiones, como la lucha contra el acoso escolar, el cuidado del medio ambiente, las ventajas de unas elecciones justas, la necesidad de pagar impuestos y la prevención de riesgos. Pero hay otros apartes que sacan chispas. El sexo, el aborto y el matrimonio entre homosexuales encienden llamaradas.
Los libros de texto de la materia varían de acuerdo con la editorial. Algunos explican con detalles los métodos anticonceptivos, mientras no faltan los que se muestran abiertamente en contra del aborto.
El tratamiento de la diferencia entre el hombre y la mujer es otro de esos asuntos que atizan el fuego. Unos libros explican el tema bajo el aspecto biológico y otros lo toman desde el punto de vista cultural. Muchos tocan el machismo e incluso el de la editorial Octaedro se da el lujo de anotar la siguiente broma: "¿Por qué los chistes de mujeres siempre ocupan dos líneas? Para que los entiendan los hombres".
Críticas desde el primer día
La polémica ha estado encendida desde que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, puso el borrador de la clase sobre la mesa. "El contenido definitivo no refleja el inicial. Los debates han obligado al gobierno a cortar sus aspiraciones", dice un profesor de la clase.
La Ley señala su interés en "promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas".
Los detractores opinan que la norma tiene trampas. Agustín Domingo Moratalla, catedrático de filosofía, asegura que "la administración recuerda que los países de nuestro entorno tienen este espacio de reflexión, pero no nos dice las competencias educativas que incluye, cómo se determinan y el papel activo que en algunos países desempeñan, por ejemplo, las comunidades religiosas".
Y es que justamente la Ley también suprime la obligatoriedad de la materia de religión. Los centros escolares deben impartirla, pero los padres pueden decidir si sus hijos la toman o no y su nota no cuenta en el promedio ni se computa con las demás.
Por lo pronto, el Ministerio de Educación recuerda que los alumnos que falten a clase la perderán, con las mismas consecuencias de cualquier asignatura.
Eso no significa que todos los escolares españoles la tendrán en sus horarios. Por ahora comienza en siete comunidades autónomas (departamentos), pero se prevé que para el próximo año ya esté en todos los colegios.
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID (ESPAÑA)
ESPAÑA: Los colegios privados en Cataluña reciben "presiones" de la Generalidad para eliminar el castellano
CARMELO GÓNZALEZ VUELVE A TOPARSE CON EL GOBIERNO CATALÁN
Carmelo González, el padre que lucha porque se cumpla la ley en Cataluña y sus hijos puedan recibir enseñanza en castellano, ve imposibilitado su derecho incluso en los colegios privados, según El Mundo. El colegio privado que eligió cuenta con la mayor parte de su enseñanza en inglés. Pero ahora observa con asombro como la dirección del centro ha optado por dar el resto de las horas en catalán y ninguna en castellano. Desde el centro han reconocido que reciben "presiones de la Generalidad" para primar al catalán.
(Libertad Digital) Carmelo González cambió a su hija de un colegio público a otro privado que le cuesta 650 euros al mes para garantizar a su hija el conocimiento del castellano, pero ahora ve impotente como esta enseñanza ha desaparecido por completo para dejar aún más espacio al catalán.
Cuando fue a pedir explicaciones le confesaron que reciben constantes "presiones del Gobierno de Cataluña" para fortalecer el catalán. Carmelo Gómez no sale de su asombro y estudia volver a los Tribunales para recurrir un derecho que le es hurtado día a día a todas familias.
Un derecho que sistemáticamente se incumple
Según publica este domingo El Mundo, Carmelo González tuvo problemas en 2005 con la escolarización de su hija de tres años de edad, que le negaban en lengua castellana. Se amparó en la Ley de Política Lingüística 1/1998, que en su artículo 21.2 indica que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. Sin embargo, Carmelo sigue batallando por hacer cumplir la ley, después de que la Generalidad le haya denegado nuevamente un recurso a una resolución del centro contra su solicitud.
Ni la enseñanza pública, por supuesto, ni la concertada, como se puede deducir, ni ahora tampoco la privada, se ven libres de las presiones del Gobierno de Cataluña que quiere a toda costa la inmersión lingüística de todos sus alumnos y también la de sus familias.
En esta línea, la Generalidad establece que los centros privados han de desarrollar pautas de uso lingüístico favorables al catalán "para todos los miembros de la comunidad educativa", y debe garantizar que todas las actividades administrativas y las comunicaciones entre el centro y el entorno sea en lengua catalana, "sin perjuicio de que se arbitren medidas de traducción en el periodo de acogida en las familias del alumnado recién llegado".
Según El Mundo, Ciutadans ha denunciado que la lengua que la normativa establece como única para la comunicación entre la escuela y la familia del alumnado sea el catalán. "La escuela tiene la obligación de educar al alumno, pero no a su familia, a la que ha de limitarse a informar", cuenta la filóloga Pilar Barriendos. Para informar, la escuela podría emplear la lengua más cómoda para los progenitores, y no la que se ha establecido como vehicular para la enseñanza.
Carmelo González, el padre que lucha porque se cumpla la ley en Cataluña y sus hijos puedan recibir enseñanza en castellano, ve imposibilitado su derecho incluso en los colegios privados, según El Mundo. El colegio privado que eligió cuenta con la mayor parte de su enseñanza en inglés. Pero ahora observa con asombro como la dirección del centro ha optado por dar el resto de las horas en catalán y ninguna en castellano. Desde el centro han reconocido que reciben "presiones de la Generalidad" para primar al catalán.
(Libertad Digital) Carmelo González cambió a su hija de un colegio público a otro privado que le cuesta 650 euros al mes para garantizar a su hija el conocimiento del castellano, pero ahora ve impotente como esta enseñanza ha desaparecido por completo para dejar aún más espacio al catalán.
Cuando fue a pedir explicaciones le confesaron que reciben constantes "presiones del Gobierno de Cataluña" para fortalecer el catalán. Carmelo Gómez no sale de su asombro y estudia volver a los Tribunales para recurrir un derecho que le es hurtado día a día a todas familias.
Un derecho que sistemáticamente se incumple
Según publica este domingo El Mundo, Carmelo González tuvo problemas en 2005 con la escolarización de su hija de tres años de edad, que le negaban en lengua castellana. Se amparó en la Ley de Política Lingüística 1/1998, que en su artículo 21.2 indica que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. Sin embargo, Carmelo sigue batallando por hacer cumplir la ley, después de que la Generalidad le haya denegado nuevamente un recurso a una resolución del centro contra su solicitud.
Ni la enseñanza pública, por supuesto, ni la concertada, como se puede deducir, ni ahora tampoco la privada, se ven libres de las presiones del Gobierno de Cataluña que quiere a toda costa la inmersión lingüística de todos sus alumnos y también la de sus familias.
En esta línea, la Generalidad establece que los centros privados han de desarrollar pautas de uso lingüístico favorables al catalán "para todos los miembros de la comunidad educativa", y debe garantizar que todas las actividades administrativas y las comunicaciones entre el centro y el entorno sea en lengua catalana, "sin perjuicio de que se arbitren medidas de traducción en el periodo de acogida en las familias del alumnado recién llegado".
Según El Mundo, Ciutadans ha denunciado que la lengua que la normativa establece como única para la comunicación entre la escuela y la familia del alumnado sea el catalán. "La escuela tiene la obligación de educar al alumno, pero no a su familia, a la que ha de limitarse a informar", cuenta la filóloga Pilar Barriendos. Para informar, la escuela podría emplear la lengua más cómoda para los progenitores, y no la que se ha establecido como vehicular para la enseñanza.
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