Eduardo HertfelderMADRID, 30 Mar. 07 / 09:12 am (ACI).- El Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, denunció que las comunidades autónomas no están apoyando la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo que su entidad demanda medidas urgentes para superar este nefasto divorcio.
Según el IPF actualmente tres de cada cuatro comunidades no desarrollan dos actuaciones claves como son las ayudas para excedencia para el cuidado de los hijos y las ayudas para guarderías.
"Esto nos da una idea de la poca concienciación y sensibilización que existe por parte de las administraciones públicas autonómicas hacia la problemática de la familia en general y hacia la conciliación de la vida laboral y familiar en particular", sostiene Hertfelder.
La demanda se desprende del informe "Las ayudas a la Familia de las Comunidades Autónomas 2007" dirigido por Mariano Martinez-Aedo y que próximamente publicará el Instituto de Política Familiar (IPF).
El informe ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de expertos de distintas áreas como sociólogos, psicólogos, economistas, demógrafos, expertos en conciliación de vida laboral y familiar, etc. coordinados por el Instituto de Política Familiar.
sábado, 31 de marzo de 2007
Madrid, primera región que ofrece rebajas fiscales en Educación
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha comprometido a implantar reducciones fiscales en la Educación, aunque no ha detallado si se van a aplicar a la enseñanza privada o a la concertada y pública.
Adrián ARCOS 21 de marzo de 2007 Imprimir esta noticia
Es la primera vez que el alto mando de una comunidad autónoma en España se compromete a implantar desgravaciones fiscales en la enseñanza. Como ya ha adelantado en varias ocasiones MAGISTERIO, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que aplicará deducciones fiscales para los gastos en Educación infantil y obligatoria.
La presidenta regional se refirió a este asunto el pasado 12 de marzo en un multitudinario encuentro organizado por el Foro Nueva Economía. Lo hizo en respuesta a una pregunta del presidente de Acade, Jesús Núñez, que le pregunto si iba a extender la desgravación fiscal de la educación infantil a la enseñanza obligatoria, a lo que Aguirre respondió afirmativamente.
Aguirre no quiso entrar en detalles y no especificó si las reducciones se aplicarán a la enseñanza privada o la concertada y pública, ni en cuánto se traducirán. Se puede deducir que se refería a desgravaciones en el gasto educativo en general, ya provenga de clases de apoyo, libros o academias, siempre que tengan que ver con la enseñanza obligatoria.
Anteriores avances
No es la primera vez que la presidenta regional anuncia esta medida, ya que, según muestra la edición de MAGISTERIO del 26 de octubre de 2005, Aguirre desveló que en el último año de legislatura habría desgravaciones fiscales por gastos en Educación.
En aquella ocasión ya se tenía en cuenta que la medida beneficiaría a aquellos padres que optaran por escolarizar a sus hijos en centros de titularidad privada y a aquellos que más invirtieran en formación, que serían quienes más dinero recuperarían al hacer la declaración de la renta, aunque Aguirre ya afirmaba que “sería un porcentaje pequeño”.
El 22 de noviembre del pasado año, también se recogían las declaraciones de Esperanza Aguirre en el acto de clausura del V Foro Educación y Libertad, en las que se comprometía a estudiar la reducción fiscal además de la implantación del cheque escolar en la Comunidad de Madrid para la Educación obligatoria no concertada, y añadió que “es injusto que las familias paguen dos veces por la Educación de sus hijos”.
El presidente de Acade, Jesús Núñez, considera las desgravaciones “una sensibilidad de la presidenta regional digna del mayor encomio, porque quiere que los padres tengan todas las opciones para la educación de sus hijos”.
Núñez piensa que es una medida con una gran repercusión social mucho más libre que el sistema de concierto al que considera “antiguo y más protector del centro que de la familia y de la libertad”. “La Educación es un derecho de los padres, no de los gobiernos ni de los colegios”, añade el presidente de Acade.
Desde Concapa, su presidente, Luis Carbonel, afirma que “se congratulan de la noticia de la concesión de ayudas económicas a las familias, aunque recuerdan que Concapa lleva tiempo pidiendo a los gobiernos autonómicos la concertación del bachillerato, ya que se está perpetuando la discriminación de los colegios públicos”.
Lola Abelló, presidenta de Ceapa, cree que “estos parámetros son soluciones neoliberales que van hacia la privatización de la enseñanza”. Ella defiende que “no hay que concertar nada, ya que la Educación tiene que ser gratuita, entendida como derecho constitucional”.
Miguel Muñiz, secretario general del FSIE, prefiere “no emitir una opinión hasta que no se concrete algo más”, ya que considera “muy generales” las declaraciones de Aguirre. En la misma línea se sitúa ANPE, que “no desea pronunciarse sobre una afirmación que en principio es una declaración de intenciones, y que en caso de llevarse a efecto no se traduciría en mejoras para la enseñanza pública”.
Cortina de humo
Por su parte, Augusto Serrano, portavoz de STES, considera que el anuncio de Aguirre “es simplemente una cortina de humo para ocultar la falta de construcción de centros públicos de cero a seis años con unas condiciones dignas y con una supervisión continua por parte de la Administración autonómica para que no ocurran hechos como los de la guardería El Borreguito Azul”.
Con respecto a la concertación del Bachillerato, Serrano estima más importante “tender a la igualdad desde más abajo y destinar ese dinero a estudios que sí sean obligatorios; no es el caso del Bachillerato, ya que no es estudiado por todo el mundo”.
El secretario de Educación del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Adolfo Navarro, también ha rechazado las desgravaciones fiscales al considerar que esta medida generará “más desigualdad y sólo favorecerá a unos pocos, justo a los que más tienen”.
En la misma línea que STES, Navarro aclara que los socialistas proponen estas reducciones para la enseñanza infantil, de 0 a 3 años, ya que ésta no forma parte de la enseñanza obligatoria y sólo el 11% de los niños está atendido por escuelas públicas, “precisamente por la falta de inversión del Gobierno regional, por lo que la mayoría de familias se ve obligada a escolarizar a sus hijos en guarderías privadas”, matizó Navarro.
La Consejería de Educación no ha entrado a valorar la propuesta, ya que la considera “un anuncio electoral que lo realiza la presidenta cuando ella lo estima oportuno”.
Adrián ARCOS 21 de marzo de 2007 Imprimir esta noticia
Es la primera vez que el alto mando de una comunidad autónoma en España se compromete a implantar desgravaciones fiscales en la enseñanza. Como ya ha adelantado en varias ocasiones MAGISTERIO, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que aplicará deducciones fiscales para los gastos en Educación infantil y obligatoria.
La presidenta regional se refirió a este asunto el pasado 12 de marzo en un multitudinario encuentro organizado por el Foro Nueva Economía. Lo hizo en respuesta a una pregunta del presidente de Acade, Jesús Núñez, que le pregunto si iba a extender la desgravación fiscal de la educación infantil a la enseñanza obligatoria, a lo que Aguirre respondió afirmativamente.
Aguirre no quiso entrar en detalles y no especificó si las reducciones se aplicarán a la enseñanza privada o la concertada y pública, ni en cuánto se traducirán. Se puede deducir que se refería a desgravaciones en el gasto educativo en general, ya provenga de clases de apoyo, libros o academias, siempre que tengan que ver con la enseñanza obligatoria.
Anteriores avances
No es la primera vez que la presidenta regional anuncia esta medida, ya que, según muestra la edición de MAGISTERIO del 26 de octubre de 2005, Aguirre desveló que en el último año de legislatura habría desgravaciones fiscales por gastos en Educación.
En aquella ocasión ya se tenía en cuenta que la medida beneficiaría a aquellos padres que optaran por escolarizar a sus hijos en centros de titularidad privada y a aquellos que más invirtieran en formación, que serían quienes más dinero recuperarían al hacer la declaración de la renta, aunque Aguirre ya afirmaba que “sería un porcentaje pequeño”.
El 22 de noviembre del pasado año, también se recogían las declaraciones de Esperanza Aguirre en el acto de clausura del V Foro Educación y Libertad, en las que se comprometía a estudiar la reducción fiscal además de la implantación del cheque escolar en la Comunidad de Madrid para la Educación obligatoria no concertada, y añadió que “es injusto que las familias paguen dos veces por la Educación de sus hijos”.
El presidente de Acade, Jesús Núñez, considera las desgravaciones “una sensibilidad de la presidenta regional digna del mayor encomio, porque quiere que los padres tengan todas las opciones para la educación de sus hijos”.
Núñez piensa que es una medida con una gran repercusión social mucho más libre que el sistema de concierto al que considera “antiguo y más protector del centro que de la familia y de la libertad”. “La Educación es un derecho de los padres, no de los gobiernos ni de los colegios”, añade el presidente de Acade.
Desde Concapa, su presidente, Luis Carbonel, afirma que “se congratulan de la noticia de la concesión de ayudas económicas a las familias, aunque recuerdan que Concapa lleva tiempo pidiendo a los gobiernos autonómicos la concertación del bachillerato, ya que se está perpetuando la discriminación de los colegios públicos”.
Lola Abelló, presidenta de Ceapa, cree que “estos parámetros son soluciones neoliberales que van hacia la privatización de la enseñanza”. Ella defiende que “no hay que concertar nada, ya que la Educación tiene que ser gratuita, entendida como derecho constitucional”.
Miguel Muñiz, secretario general del FSIE, prefiere “no emitir una opinión hasta que no se concrete algo más”, ya que considera “muy generales” las declaraciones de Aguirre. En la misma línea se sitúa ANPE, que “no desea pronunciarse sobre una afirmación que en principio es una declaración de intenciones, y que en caso de llevarse a efecto no se traduciría en mejoras para la enseñanza pública”.
Cortina de humo
Por su parte, Augusto Serrano, portavoz de STES, considera que el anuncio de Aguirre “es simplemente una cortina de humo para ocultar la falta de construcción de centros públicos de cero a seis años con unas condiciones dignas y con una supervisión continua por parte de la Administración autonómica para que no ocurran hechos como los de la guardería El Borreguito Azul”.
Con respecto a la concertación del Bachillerato, Serrano estima más importante “tender a la igualdad desde más abajo y destinar ese dinero a estudios que sí sean obligatorios; no es el caso del Bachillerato, ya que no es estudiado por todo el mundo”.
El secretario de Educación del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Adolfo Navarro, también ha rechazado las desgravaciones fiscales al considerar que esta medida generará “más desigualdad y sólo favorecerá a unos pocos, justo a los que más tienen”.
En la misma línea que STES, Navarro aclara que los socialistas proponen estas reducciones para la enseñanza infantil, de 0 a 3 años, ya que ésta no forma parte de la enseñanza obligatoria y sólo el 11% de los niños está atendido por escuelas públicas, “precisamente por la falta de inversión del Gobierno regional, por lo que la mayoría de familias se ve obligada a escolarizar a sus hijos en guarderías privadas”, matizó Navarro.
La Consejería de Educación no ha entrado a valorar la propuesta, ya que la considera “un anuncio electoral que lo realiza la presidenta cuando ella lo estima oportuno”.
La comunidad participa en un curso de convivencia para padres
Mejorar la convivencia en los colegios no es solo una cuestión de los profesores y los alumnos, por eso, el Ministerio de Educación ha organizado un curso para formar a padres y madres en esta materia. En total, 60 personas de toda España participarán en el programa, varias de Aragón y, a su vez, organizarán actividades en la comunidad.
El curso, que se imparte desde marzo, tiene una duración de cinco meses y se enmarca dentro del Plan de Convivencia Escolar firmado en el 2006 y al que acaba de adherirse la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).El objetivo, que alterna trabajo presencial durante los fines de semana y a distancia, será organizar un proceso de formación que permita multiplicar los conocimientos sobre convivencia entre las asociaciones de padres.
El planteamiento del curso del ministerio parte del convencimiento de que "solo desde la estrecha colaboración entre el profesorado y las familias" es posible lograr un clima de convivencia adecuada en los centros educativos, que permita desarrollar una buena enseñanza.
La organización, financiación y selección de los ponentes del programa ha corrido a cargo del ministerio, mientras que la selección de los asistentes ha sido responsabilidad de las dos confederaciones de padres que han suscrito el Plan de Convivencia, CEAPA y Concapa.
Durante las distintas sesiones se abordarán temas como la desunión en las aulas, la resolución de conflictos, la formación para la convivencia y se desarrollará un taller de mediación, para que los padres aprendan dichos conocimientos de manera práctica.
De manera paralela, el ministerio ha puesto en marcha un curso para formar a los profesores en temas de convivencia. En concreto, hay dos participantes de Aragón, que formarán a más de cien docentes cada uno cuando terminen el curso.
El curso, que se imparte desde marzo, tiene una duración de cinco meses y se enmarca dentro del Plan de Convivencia Escolar firmado en el 2006 y al que acaba de adherirse la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).El objetivo, que alterna trabajo presencial durante los fines de semana y a distancia, será organizar un proceso de formación que permita multiplicar los conocimientos sobre convivencia entre las asociaciones de padres.
El planteamiento del curso del ministerio parte del convencimiento de que "solo desde la estrecha colaboración entre el profesorado y las familias" es posible lograr un clima de convivencia adecuada en los centros educativos, que permita desarrollar una buena enseñanza.
La organización, financiación y selección de los ponentes del programa ha corrido a cargo del ministerio, mientras que la selección de los asistentes ha sido responsabilidad de las dos confederaciones de padres que han suscrito el Plan de Convivencia, CEAPA y Concapa.
Durante las distintas sesiones se abordarán temas como la desunión en las aulas, la resolución de conflictos, la formación para la convivencia y se desarrollará un taller de mediación, para que los padres aprendan dichos conocimientos de manera práctica.
De manera paralela, el ministerio ha puesto en marcha un curso para formar a los profesores en temas de convivencia. En concreto, hay dos participantes de Aragón, que formarán a más de cien docentes cada uno cuando terminen el curso.
ESPAÑA: Encuesta TVE: el 56% de los españoles a favor de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía
Peces Barba señala muy seco que la objeción de conciencia sería “desobediencia”
Este martes el programa Enfoque de TVE analizaba la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. En la mesa el secretario de Estado de educación, Alejandro Tiana, la filósofa ‘progre’ Adela Cortina, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel y el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay.
Carbonel criticó duramente al Gobierno por imponer su ideología por encima del criterio de los padres y anunció su intención de promover la objeción de conciencia. Por supuesto, PPE se sumó a la campaña. Esta asociación ofrece asistencia jurídica a los padres que deseen optar por la objeción. Cortina habló de “valores compartidos” como ajena a la fiesta y Tiana trató de defenderse como pudo.
Además, intervino el todavía rector de la Carlos III, Gregorio Peces Barba, el laicista militante que señaló que la asignatura “bien valía una legislatura”. Peces considera que los contenidos son “indispensables” y que por tanto no cabe la objeción. “Quien no vaya a clase estará desobedeciendo”. Por su parte, el presidente de la FERE, el P. Manuel de Castro, trató de hacer ejercicio de cintura entre el ‘pacto de Rubalcaba’ y el documento de los obispos. En los colegios religiosos no habrá posibilidad de ejercer objeción de conciencia, aunque sí se podrá hacer en las escuelas de titularidad pública. El representante de CECE, Mariano del Castillo, reprochó al presidente de la FERE que estuviera tranquilo ante una asignatura rodillo.
Pero lo más interesante fue el resultado del público. Se preguntaba si estaba justificada la objeción de conciencia a esta asignatura. Y ganó la objeción por 56% frente a un 44% en contra. Son las cosas del directo.
Este martes el programa Enfoque de TVE analizaba la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. En la mesa el secretario de Estado de educación, Alejandro Tiana, la filósofa ‘progre’ Adela Cortina, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel y el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay.
Carbonel criticó duramente al Gobierno por imponer su ideología por encima del criterio de los padres y anunció su intención de promover la objeción de conciencia. Por supuesto, PPE se sumó a la campaña. Esta asociación ofrece asistencia jurídica a los padres que deseen optar por la objeción. Cortina habló de “valores compartidos” como ajena a la fiesta y Tiana trató de defenderse como pudo.
Además, intervino el todavía rector de la Carlos III, Gregorio Peces Barba, el laicista militante que señaló que la asignatura “bien valía una legislatura”. Peces considera que los contenidos son “indispensables” y que por tanto no cabe la objeción. “Quien no vaya a clase estará desobedeciendo”. Por su parte, el presidente de la FERE, el P. Manuel de Castro, trató de hacer ejercicio de cintura entre el ‘pacto de Rubalcaba’ y el documento de los obispos. En los colegios religiosos no habrá posibilidad de ejercer objeción de conciencia, aunque sí se podrá hacer en las escuelas de titularidad pública. El representante de CECE, Mariano del Castillo, reprochó al presidente de la FERE que estuviera tranquilo ante una asignatura rodillo.
Pero lo más interesante fue el resultado del público. Se preguntaba si estaba justificada la objeción de conciencia a esta asignatura. Y ganó la objeción por 56% frente a un 44% en contra. Son las cosas del directo.
Extremadura: Los alumnos extremeños disfrutarán de díez días de vacaciones en Semana Santa
Extremadura al Día
25 mar 2007 actualizado 18:00 CET :: Leído 72 veces
Los alumnos extremeños disfrutarán este año de 10 días de vacaciones en Semana Santa, que se extenderán entre el 31 de marzo y el 9 de abril, un periodo que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, que este año está en los 9,5 días de vacaciones en estas fechas.
Los vascos son los que cuentan con menos días festivos, con sólo cinco, mientras que los asturianos y valencianos los que disfrutarán de más días sin colegio, en total 12.
En el resto de comunidades autónomas, las vacaciones duran desde los siete de Canarias hasta los once de Baleares, Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja. En unas cifras intermedias se sitúan Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con ocho días sin colegio; Andalucía, con nueve, y Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura y Melilla, con diez.
Concretamente, en Andalucía las vacaciones van del 31 de marzo al 8 de abril; en Aragón, del 2 al 9 de abril; en Asturias, del 30 de marzo al 9 de abril; en Baleares, del 5 al 15 de abril; en Canarias, del 2 al 8 de abril; en Cantabria, del 5 al 15 de abril; en Castilla-La Mancha, del 2 al 9 de abril; Castilla y León, del 30 de marzo al 8 de abril, y Cataluña, del 31 de marzo al 9 de abril.
Los alumnos ceutíes y extremeños comenzarán sus vacaciones el 31 de marzo y las terminarán el 9 de abril, mientras los gallegos dejarán de ir a clase el 2 de abril, hasta el 9. Del 30 de marzo al 9 de abril durarán las de los madrileños; del 31 de marzo al 9 de abril, las de los melillenses; del 2 al 9 de abril, las de los murcianos; del 5 al 15 de abril, las de los navarros; del 5 al 9 de abril, las de los vascos; del 5 al 15 de abril, la de los riojanos, y del 5 al 16 de abril, las de los valencianos.
LOS PADRES VEN BIEN LA DURACIÓN DE ESTAS VACACIONES
Para los padres de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), las vacaciones de Semana Santa están "bien" porque, además, coinciden con la tradición "religiosa y cultural" pero exponen el problema de la conciliación del horario escolar con el de los trabajos de los progenitores.
Así, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, aboga por articular medios para que los niños estén "debidamente atendidos" cuando los días sin clase coinciden con los que los padres tienen que trabajar. Según explicó a Europa Press, sería conveniente estructurar actividades extraescolares en los centros educativos.
No obstante, reconoce que la problemática se acentúa en las "tremendamente largas" vacaciones de verano, que --a su juicio-- deberían reducirse y aumentarse las de Semana Santa con el fin de que sea una "buena ocasión" para que estudiantes y profesores puedan descansar para comenzar el próximo trimestre.
Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) considera "bastante bien" este "parón" de las clases para que los alumnos puedan "desahogarse" y "cambiar el chip" para afrontar el tercero y último trimestre con "aire fresco". En su opinión, estos días vacacionales han de servir para desconectar porque "ya tienen bastante carga lectiva desde enero".
No obstante, la presidenta de esta organización de padres laica, Lola Abelló, lamentó que estas vacaciones vayan ligadas a las fiestas religiosas, reclamando un cambio en este sentido. Además, dijo que estos días sin clase no deben extenderse demasiado por la dificultad de conciliarlos con los horarios laborales de los padres.
25 mar 2007 actualizado 18:00 CET :: Leído 72 veces
Los alumnos extremeños disfrutarán este año de 10 días de vacaciones en Semana Santa, que se extenderán entre el 31 de marzo y el 9 de abril, un periodo que se sitúa ligeramente por encima de la media nacional, que este año está en los 9,5 días de vacaciones en estas fechas.
Los vascos son los que cuentan con menos días festivos, con sólo cinco, mientras que los asturianos y valencianos los que disfrutarán de más días sin colegio, en total 12.
En el resto de comunidades autónomas, las vacaciones duran desde los siete de Canarias hasta los once de Baleares, Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja. En unas cifras intermedias se sitúan Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con ocho días sin colegio; Andalucía, con nueve, y Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura y Melilla, con diez.
Concretamente, en Andalucía las vacaciones van del 31 de marzo al 8 de abril; en Aragón, del 2 al 9 de abril; en Asturias, del 30 de marzo al 9 de abril; en Baleares, del 5 al 15 de abril; en Canarias, del 2 al 8 de abril; en Cantabria, del 5 al 15 de abril; en Castilla-La Mancha, del 2 al 9 de abril; Castilla y León, del 30 de marzo al 8 de abril, y Cataluña, del 31 de marzo al 9 de abril.
Los alumnos ceutíes y extremeños comenzarán sus vacaciones el 31 de marzo y las terminarán el 9 de abril, mientras los gallegos dejarán de ir a clase el 2 de abril, hasta el 9. Del 30 de marzo al 9 de abril durarán las de los madrileños; del 31 de marzo al 9 de abril, las de los melillenses; del 2 al 9 de abril, las de los murcianos; del 5 al 15 de abril, las de los navarros; del 5 al 9 de abril, las de los vascos; del 5 al 15 de abril, la de los riojanos, y del 5 al 16 de abril, las de los valencianos.
LOS PADRES VEN BIEN LA DURACIÓN DE ESTAS VACACIONES
Para los padres de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), las vacaciones de Semana Santa están "bien" porque, además, coinciden con la tradición "religiosa y cultural" pero exponen el problema de la conciliación del horario escolar con el de los trabajos de los progenitores.
Así, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, aboga por articular medios para que los niños estén "debidamente atendidos" cuando los días sin clase coinciden con los que los padres tienen que trabajar. Según explicó a Europa Press, sería conveniente estructurar actividades extraescolares en los centros educativos.
No obstante, reconoce que la problemática se acentúa en las "tremendamente largas" vacaciones de verano, que --a su juicio-- deberían reducirse y aumentarse las de Semana Santa con el fin de que sea una "buena ocasión" para que estudiantes y profesores puedan descansar para comenzar el próximo trimestre.
Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) considera "bastante bien" este "parón" de las clases para que los alumnos puedan "desahogarse" y "cambiar el chip" para afrontar el tercero y último trimestre con "aire fresco". En su opinión, estos días vacacionales han de servir para desconectar porque "ya tienen bastante carga lectiva desde enero".
No obstante, la presidenta de esta organización de padres laica, Lola Abelló, lamentó que estas vacaciones vayan ligadas a las fiestas religiosas, reclamando un cambio en este sentido. Además, dijo que estos días sin clase no deben extenderse demasiado por la dificultad de conciliarlos con los horarios laborales de los padres.
ESPAÑA: Cuando los funcionarios municipales usurpan el papel de los padres
La respuesta del ayuntamiento de Gerona a los padres indignados por su "spam" a sus hijos deja mucho que desear en ética y lógica.
El regidor de Servicios Sociales de Gerona, Joan Olòriz (ICV) ha recibido mensajes de padres molestos porque el Ayuntamiento de Gerona ha escrito a todos los chicos y chicas de 11 a 17 años animándoles a ir al Centro Joven de Salud, "de forma anónima, confidencial y gratuita", indicando que los padres no tienen por qué enterarse. Allí les resolverán sus dudas sobre sexualidad, emociones, ginecología, drogas y alimentación.
Esto ha molestado a muchos padres y también E-Cristians ha organizado una campaña de buzoneo al respecto.
Joan Olòriz ha respondido a los padres con una carta.
"Hace más de 20 años que existe un programa de educación para la salud en los centros de enseñanza primaria y secundaria, que imparte formación para la prevención de conductas de riesgo como son los malos hábitos alimentarios, los consumos [sic], la sexualidad, la violencia y otros. Los profesionales que intervienen son básicamente enfermeras y psicólogas que colaboran con los del programa Salud y Escuela, que han llegado en el curso 2005-06 a 4.525 jóvenes de 17 centros públicos, privados y concertados de la ciudad".
Hasta aquí no hay mucho que objetar... siempre que se mantenga informados a los padres de quién viene a decir qué a la escuela. En el caso concreto de la sexualidad... ¿quién garantiza a los padres que lo que esas enfermeras y psicólogas enseñan es acorde a los valores de la familia? ¿No hay aquí una intromisión de las administraciones en un campo propio de los padres?
Luego el regidor habla del Centro Joven de Salud, una iniciativa reciente, que "de mayo de 2005 a diciembre de 2006 ha atendido individual o grupalmente a 1.844 jóvenes".
"Hemos querido hacer difusión de ello a tarvés de una carta personalizada para que nuestra población adolescente y joven conozca su existencia y sus servicios, a los que pueden acudir solos y solas, acompañados [ ¿y no acompañadas?; nota de redacción] de los amigos y amigas y obviamente de sus familares", sigue el regidor.
El regidor dice que "en todos los proyectos se invita siempre a la participación familiar". Se refiere a los proyectos genéricos o dirigidos a grupos, no quiere decir que se avise a los padres de la situación en que están sus hijos.
Son profesionales cualificados -" ginecólogas, partera, psicóloga, enfermera y administrativa"- quienes "valoran cada caso el tipo de atención más adecuada" y "mantienen la confidencialidad de sus pacientes siempre que no ponga en peligro su salud o la de otros". Cabe preguntarse... una chica embarazada y asustada que se planeta abortar...¿no pone en peligro la vida de su hijo? ¿Y avisarán esas "profesionales cualificadas" a los desinformados abuelos?
"Valoran en cada caso la conveniencia de informar a la familia para hacer posible su implicación y hay que tener en cuenta que hay adolescentes y jóvenes en nuestra ciudad que no cuentan con este apoyo familiar", dice el regidor.
Pero... ¿no debería ser la familia la que valore la conveniencia de buscar "profesionales cualificados" del ayuntamiento, y no al revés?
¿Y a qué llama Olòriz, de un partido abortista y anticonceptivo, "apoyo familiar"? Unos padres exquisitos con su hijo o hija adolescente en todos los aspectos, pero opuestos a la anticoncepción y el aborto ¿serían "toreados" por el criterio de este concejal, simplemente considerando que no dan "apoyo familiar"?
Luego Olòriz señala que las asociaciones de padres y madres colaboran poco con el Centro Joven de Salud, que no participan casi en sus actividades de grupos.
Y finaliza diciendo: "los expertos en la materia muestran un aumento de la precocidad en los llamados comportamientos de riesgo; somos los adultos, familiares, educadores y profesionales de la salud los que hemos de velar por ofrecer a nuestros adolescentes y jóvenes información de calidad y formación antes de que aparezcan los problemas".
Precisamente porque después de 20 años de programas de este tipo en la escuela y de miles de chavales impactados por este enfoque es que vemos resultados bastante pobres, cabe preguntarse si no hay que cambiar el enfoque. No tiene sentido, como hace Olòriz, poner a la misma altura "familiares, educadores y profesionales" (ni siquiera usa la palabra padres, siguiendo el modelo de "lenguaje no-generista"). Una cosa son los padres, los primeros, priomordiales educadores. Otra las ayudas municipales.
Los servicios municipales están para ayudara los padres a educar a los hijos, no para ayudar a los hijos a huir de la educación familiar y darles otro modelo que Olòriz, en su carta, elude especificar pero en las webs del tripartito y la Generalitat son claramente partidistas en contra de los valores familiares básicos.
El regidor de Servicios Sociales de Gerona, Joan Olòriz (ICV) ha recibido mensajes de padres molestos porque el Ayuntamiento de Gerona ha escrito a todos los chicos y chicas de 11 a 17 años animándoles a ir al Centro Joven de Salud, "de forma anónima, confidencial y gratuita", indicando que los padres no tienen por qué enterarse. Allí les resolverán sus dudas sobre sexualidad, emociones, ginecología, drogas y alimentación.
Esto ha molestado a muchos padres y también E-Cristians ha organizado una campaña de buzoneo al respecto.
Joan Olòriz ha respondido a los padres con una carta.
"Hace más de 20 años que existe un programa de educación para la salud en los centros de enseñanza primaria y secundaria, que imparte formación para la prevención de conductas de riesgo como son los malos hábitos alimentarios, los consumos [sic], la sexualidad, la violencia y otros. Los profesionales que intervienen son básicamente enfermeras y psicólogas que colaboran con los del programa Salud y Escuela, que han llegado en el curso 2005-06 a 4.525 jóvenes de 17 centros públicos, privados y concertados de la ciudad".
Hasta aquí no hay mucho que objetar... siempre que se mantenga informados a los padres de quién viene a decir qué a la escuela. En el caso concreto de la sexualidad... ¿quién garantiza a los padres que lo que esas enfermeras y psicólogas enseñan es acorde a los valores de la familia? ¿No hay aquí una intromisión de las administraciones en un campo propio de los padres?
Luego el regidor habla del Centro Joven de Salud, una iniciativa reciente, que "de mayo de 2005 a diciembre de 2006 ha atendido individual o grupalmente a 1.844 jóvenes".
"Hemos querido hacer difusión de ello a tarvés de una carta personalizada para que nuestra población adolescente y joven conozca su existencia y sus servicios, a los que pueden acudir solos y solas, acompañados [ ¿y no acompañadas?; nota de redacción] de los amigos y amigas y obviamente de sus familares", sigue el regidor.
El regidor dice que "en todos los proyectos se invita siempre a la participación familiar". Se refiere a los proyectos genéricos o dirigidos a grupos, no quiere decir que se avise a los padres de la situación en que están sus hijos.
Son profesionales cualificados -" ginecólogas, partera, psicóloga, enfermera y administrativa"- quienes "valoran cada caso el tipo de atención más adecuada" y "mantienen la confidencialidad de sus pacientes siempre que no ponga en peligro su salud o la de otros". Cabe preguntarse... una chica embarazada y asustada que se planeta abortar...¿no pone en peligro la vida de su hijo? ¿Y avisarán esas "profesionales cualificadas" a los desinformados abuelos?
"Valoran en cada caso la conveniencia de informar a la familia para hacer posible su implicación y hay que tener en cuenta que hay adolescentes y jóvenes en nuestra ciudad que no cuentan con este apoyo familiar", dice el regidor.
Pero... ¿no debería ser la familia la que valore la conveniencia de buscar "profesionales cualificados" del ayuntamiento, y no al revés?
¿Y a qué llama Olòriz, de un partido abortista y anticonceptivo, "apoyo familiar"? Unos padres exquisitos con su hijo o hija adolescente en todos los aspectos, pero opuestos a la anticoncepción y el aborto ¿serían "toreados" por el criterio de este concejal, simplemente considerando que no dan "apoyo familiar"?
Luego Olòriz señala que las asociaciones de padres y madres colaboran poco con el Centro Joven de Salud, que no participan casi en sus actividades de grupos.
Y finaliza diciendo: "los expertos en la materia muestran un aumento de la precocidad en los llamados comportamientos de riesgo; somos los adultos, familiares, educadores y profesionales de la salud los que hemos de velar por ofrecer a nuestros adolescentes y jóvenes información de calidad y formación antes de que aparezcan los problemas".
Precisamente porque después de 20 años de programas de este tipo en la escuela y de miles de chavales impactados por este enfoque es que vemos resultados bastante pobres, cabe preguntarse si no hay que cambiar el enfoque. No tiene sentido, como hace Olòriz, poner a la misma altura "familiares, educadores y profesionales" (ni siquiera usa la palabra padres, siguiendo el modelo de "lenguaje no-generista"). Una cosa son los padres, los primeros, priomordiales educadores. Otra las ayudas municipales.
Los servicios municipales están para ayudara los padres a educar a los hijos, no para ayudar a los hijos a huir de la educación familiar y darles otro modelo que Olòriz, en su carta, elude especificar pero en las webs del tripartito y la Generalitat son claramente partidistas en contra de los valores familiares básicos.
El Foro Español de la Familia califica de a menaza inadmisible la decisión de las Comunidades Autónomas socialistas que han anunciado suspender a los
Madrid, 30 de marzo de 2007.- El Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco , ha declarado que "si el anuncio de suspender a los alumnos, que objeten a la asignatura Educación para la Ciudadanía, refleja la intención real de esas Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE estaríamos ante el anuncio de una violación constitucional de extrema gravedad", señaló.
Asimismo, el Foro Español de la Familia recuerda que la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa amparado por el artículo 16.1 de la Constitución y en nuestro país a nadie se le puede sancionar por ejercer un derecho constitucional.
Esta propuesta supone una verdadera coacción pública contra los padres de familia , amenazándolos para que no ejerciten sus derechos constitucionales y como tal refleja una postura profundamente antidemocrática y contraria a la libertad.
El Foro Español de la Familia manifiesta su rechazo al carácter adoctrinador de la asignatura 'Educación para la Ciudadanía' y la vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
Asimismo, el Foro Español de la Familia recuerda que la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa amparado por el artículo 16.1 de la Constitución y en nuestro país a nadie se le puede sancionar por ejercer un derecho constitucional.
Esta propuesta supone una verdadera coacción pública contra los padres de familia , amenazándolos para que no ejerciten sus derechos constitucionales y como tal refleja una postura profundamente antidemocrática y contraria a la libertad.
El Foro Español de la Familia manifiesta su rechazo al carácter adoctrinador de la asignatura 'Educación para la Ciudadanía' y la vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
ESPAÑA: TERCERA REFORMA UNIVERSITARIA DE LA DEMOCRACIA
El Parlamento aprueba la reforma de la LOU con la oposición del Partido Popular
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, durante la votación de la reforma.
MADRID.- Con la única oposición del PP, las Cortes Generales han aprobado definitivamente la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que pretende potenciar la autonomía de estas instituciones y permitirles una mayor flexibilidad de organización.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarias, con 119 'noes' del PP y una abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de ser doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó esta tercera reforma universitaria de la democracia para favorecer la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y corregir las "deficiencias" de la LOU.
Aprobada cuando gobernaba el PP con apoyo de CiU y CC, la LOU había suscitado el rechazo del resto de partidos, rectores, estudiantes y sindicatos; la anterior fue la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
"Queremos devolverles y facilitarles a las universidades ese protagonismo", enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera, como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social. La diputada socialista Montserrat Palma señaló que la universidad necesita "rigor, que no rigidez ni miedo a usar la libertad".
'Apariencias engañosas' para el PP
Por el contrario, el portavoz del PP, Eugenio Nasarre, opinó que que la modificación está "empedrada de apariencias engañosas" que generan una "gran incertidumbre".
CiU se reconoce "claramente" en el texto, según su diputada Mercé Pigem, particularmente la regulación de las universidades privadas, el favorecimiento del conocimiento de las lenguas cooficiales y las mejoras fiscales para la investigación.
Laia Cañigueral, de ERC, cree que la modificación legislativa "no es ideal", aunque avanza "tímidamente" hacia una toma de decisiones descentralizada. Aitor Esteban, del PNV, entendió que se da "un gran paso en la dirección correcta", aunque detectó "desajustes" en el reparto competencial.
Por IU-ICV, Carme García opinó que los cambios suprimen lo más descabellado de la LOU y elogió las enmiendas sobre personal y la creación de un Observatorio de becas.
Principales novedades
Las modificaciones del Senado ratificadas se refieren al desarrollo de la "jubilación voluntaria" anticipada y "la reducción paulatina" de actividad desde los sesenta años. En el plazo máximo de un año, la futura Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio de Educación y Ciencia y CCAA) elaborará un "modelo referencial de costes" universitarios.
No se aplicará a profesores funcionarios el impedimento de pertenecer al consejo de administración ni el límite de participación máxima de un 10 por ciento en el capital social de empresas tecnológicas.
Las universidades y otros organismos e instituciones de investigación podrán contratar indefinidamente a investigadores contratados que obtengan una evaluación de excelencia, por ejemplo del programa Ramón y Cajal.
El consentimiento de los interesados "no será preciso" para la publicación de notas, los resultados de la evaluación docente, investigadora y de gestión del personal ni los currículos de profesores o investigadores. Entre otras claves, se sustituye la habilitación por la acreditación para ingresar en el funcionariado docente.
El profesorado funcionario y el contratado permanente podrán solicitar una excedencia para incorporarse a una empresa desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias. El Gobierno aprobará un Estatuto del Personal Docente o Investigador y otro del Estudiante, y se creará un Consejo de alumnos.
La reforma menciona la nueva estructura de enseñanzas oficiales (grado, máster y doctorado), se suprime el catálogo oficial de enseñanzas y se crea el Registro de universidades, centros y títulos. Desaparece el Consejo de Coordinación Universitaria; se crean el Consejo de Universidades (Ministerio y rectores) y la citada Conferencia General.
El rector será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria y se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en una agencia pública.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, durante la votación de la reforma.
MADRID.- Con la única oposición del PP, las Cortes Generales han aprobado definitivamente la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que pretende potenciar la autonomía de estas instituciones y permitirles una mayor flexibilidad de organización.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarias, con 119 'noes' del PP y una abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de ser doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó esta tercera reforma universitaria de la democracia para favorecer la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y corregir las "deficiencias" de la LOU.
Aprobada cuando gobernaba el PP con apoyo de CiU y CC, la LOU había suscitado el rechazo del resto de partidos, rectores, estudiantes y sindicatos; la anterior fue la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
"Queremos devolverles y facilitarles a las universidades ese protagonismo", enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera, como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social. La diputada socialista Montserrat Palma señaló que la universidad necesita "rigor, que no rigidez ni miedo a usar la libertad".
'Apariencias engañosas' para el PP
Por el contrario, el portavoz del PP, Eugenio Nasarre, opinó que que la modificación está "empedrada de apariencias engañosas" que generan una "gran incertidumbre".
CiU se reconoce "claramente" en el texto, según su diputada Mercé Pigem, particularmente la regulación de las universidades privadas, el favorecimiento del conocimiento de las lenguas cooficiales y las mejoras fiscales para la investigación.
Laia Cañigueral, de ERC, cree que la modificación legislativa "no es ideal", aunque avanza "tímidamente" hacia una toma de decisiones descentralizada. Aitor Esteban, del PNV, entendió que se da "un gran paso en la dirección correcta", aunque detectó "desajustes" en el reparto competencial.
Por IU-ICV, Carme García opinó que los cambios suprimen lo más descabellado de la LOU y elogió las enmiendas sobre personal y la creación de un Observatorio de becas.
Principales novedades
Las modificaciones del Senado ratificadas se refieren al desarrollo de la "jubilación voluntaria" anticipada y "la reducción paulatina" de actividad desde los sesenta años. En el plazo máximo de un año, la futura Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio de Educación y Ciencia y CCAA) elaborará un "modelo referencial de costes" universitarios.
No se aplicará a profesores funcionarios el impedimento de pertenecer al consejo de administración ni el límite de participación máxima de un 10 por ciento en el capital social de empresas tecnológicas.
Las universidades y otros organismos e instituciones de investigación podrán contratar indefinidamente a investigadores contratados que obtengan una evaluación de excelencia, por ejemplo del programa Ramón y Cajal.
El consentimiento de los interesados "no será preciso" para la publicación de notas, los resultados de la evaluación docente, investigadora y de gestión del personal ni los currículos de profesores o investigadores. Entre otras claves, se sustituye la habilitación por la acreditación para ingresar en el funcionariado docente.
El profesorado funcionario y el contratado permanente podrán solicitar una excedencia para incorporarse a una empresa desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias. El Gobierno aprobará un Estatuto del Personal Docente o Investigador y otro del Estudiante, y se creará un Consejo de alumnos.
La reforma menciona la nueva estructura de enseñanzas oficiales (grado, máster y doctorado), se suprime el catálogo oficial de enseñanzas y se crea el Registro de universidades, centros y títulos. Desaparece el Consejo de Coordinación Universitaria; se crean el Consejo de Universidades (Ministerio y rectores) y la citada Conferencia General.
El rector será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria y se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en una agencia pública.
Los criterios para conceder las becas se revisarán con la ley de universidades
J. A. AUNIÓN - Madrid - 30/03/2007
El Gobierno replanteará los criterios de concesión de becas para ajustarse al máximo al contexto socioeconómico del alumno, tales como el nivel de vida de su lugar de residencia o la situación laboral de los padres, entre otros. Éste es uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada ayer por el Congreso, junto con la libertad que da esta norma a los centros para elegir a sus nuevos profesores. Sólo el PP se opuso a esta norma que da a las universidades la autonomía que le negó la LOU, promovida por los populares en la pasada legislatura.
ROSARIO GIL: Investigadora Ramón Cajal "Sin dinero, el cambio quedará en nada"
CARMEN AGUSTÍN: Docente con contrato temporal "Se aclara la situación de los contratados"
EDUARDO ANGULO: Alumno "Espero que los profesores cuiden más la docencia"
GUY HAUG: Experto en espacio europeo "España iba con retraso en el proceso europeo"
La LOU, aprobada en 2001, sacó a la calle a 350.000 personas, con un gran número de rectores entre ellas. Cuando aún estaba en la oposición, ya se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero a cambiarla. El retraso en sacar adelante la reforma fue una de las principales causas de que la anterior ministra de Educación, María Jesús San Segundo, fuera sustituida por la actual, Mercedes Cabrera, que llegó sobre todo para impulsar este cambio. Además, Zapatero se comprometió a conseguir el mayor consenso posible. Ha conseguido el de todos los grupos políticos menos el PP.
Sin embargo, IU-ICV y ERC condicionaron su apoyo a que la cuantía de las becas tuviera en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada territorio, una reivindicación histórica de los nacionalistas y algo que recoge en una sentencia el Tribunal Constitucional. La ministra de Educación anunció el replanteamiento de la política de becas, pero aseguró que se hará garantizando "la igualdad de oportunidades" y recordó que las becas son un derecho individual, no territorial. Actualmente, la cuantía de algunas becas ya recogen diferencias para los alumnos canarios y para los que estudian en ciudades grandes. Además, Educación esta estudiando, según fuentes cercanas al Gobierno, afinar mucho más los criterios de concesión de becas a las circunstancias familiares concretas, por ejemplo, que sean monoparentales o que los dos padres trabajen.
El portavoz de educación del PP, Eugenio Nasarre, aseguró que se trata de una "peregrina tesis" de diferencias territoriales, ya que teme que esto pueda significar la ruptura de los criterios de equidad en todo el Estado. El otro punto más criticado por el PP es el nuevo sistema por el que los profesores conseguirán ser funcionarios. Los docentes acreditarán ante la administración su experiencia y méritos y luego cada universidad decidirá el sistema de seleccionarlos. Esto aumentará "todos los vicios de la universidad", dijo Nasarre.
El Gobierno replanteará los criterios de concesión de becas para ajustarse al máximo al contexto socioeconómico del alumno, tales como el nivel de vida de su lugar de residencia o la situación laboral de los padres, entre otros. Éste es uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada ayer por el Congreso, junto con la libertad que da esta norma a los centros para elegir a sus nuevos profesores. Sólo el PP se opuso a esta norma que da a las universidades la autonomía que le negó la LOU, promovida por los populares en la pasada legislatura.
ROSARIO GIL: Investigadora Ramón Cajal "Sin dinero, el cambio quedará en nada"
CARMEN AGUSTÍN: Docente con contrato temporal "Se aclara la situación de los contratados"
EDUARDO ANGULO: Alumno "Espero que los profesores cuiden más la docencia"
GUY HAUG: Experto en espacio europeo "España iba con retraso en el proceso europeo"
La LOU, aprobada en 2001, sacó a la calle a 350.000 personas, con un gran número de rectores entre ellas. Cuando aún estaba en la oposición, ya se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero a cambiarla. El retraso en sacar adelante la reforma fue una de las principales causas de que la anterior ministra de Educación, María Jesús San Segundo, fuera sustituida por la actual, Mercedes Cabrera, que llegó sobre todo para impulsar este cambio. Además, Zapatero se comprometió a conseguir el mayor consenso posible. Ha conseguido el de todos los grupos políticos menos el PP.
Sin embargo, IU-ICV y ERC condicionaron su apoyo a que la cuantía de las becas tuviera en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada territorio, una reivindicación histórica de los nacionalistas y algo que recoge en una sentencia el Tribunal Constitucional. La ministra de Educación anunció el replanteamiento de la política de becas, pero aseguró que se hará garantizando "la igualdad de oportunidades" y recordó que las becas son un derecho individual, no territorial. Actualmente, la cuantía de algunas becas ya recogen diferencias para los alumnos canarios y para los que estudian en ciudades grandes. Además, Educación esta estudiando, según fuentes cercanas al Gobierno, afinar mucho más los criterios de concesión de becas a las circunstancias familiares concretas, por ejemplo, que sean monoparentales o que los dos padres trabajen.
El portavoz de educación del PP, Eugenio Nasarre, aseguró que se trata de una "peregrina tesis" de diferencias territoriales, ya que teme que esto pueda significar la ruptura de los criterios de equidad en todo el Estado. El otro punto más criticado por el PP es el nuevo sistema por el que los profesores conseguirán ser funcionarios. Los docentes acreditarán ante la administración su experiencia y méritos y luego cada universidad decidirá el sistema de seleccionarlos. Esto aumentará "todos los vicios de la universidad", dijo Nasarre.
El Papa pide a los jóvenes «castidad» y «confesión»
Benedicto XVI, ayer, tras la homilía celebrada con los jóvenes
ROMA- El papa Benedicto XVI celebró ayer una misa en la Basílica de San Pedro con la asistencia de miles de jóvenes a los que recomendó «castidad» y «confesión». Los jóvenes, unos quince mil según el Vaticano, llegaron a la Basílica para asistir a una misa penitencial celebrada en preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará el próximo domingo 1 de abril. «Jóvenes novios vivid el noviazgo del amor verdadero, que comporta siempre el respeto mutuo, casto y responsable», dijo Ratzinger en la homilía. Además de explicarles «la necesidad de una renovada capacidad de amar» en la forma que muestra el Evangelio, tuvo palabras acerca de la lucha contra el mal. Además. exhortó a sus seguidores a confesarse a menudo «para experimentar la misericordia de Dios», informa Efe.
ROMA- El papa Benedicto XVI celebró ayer una misa en la Basílica de San Pedro con la asistencia de miles de jóvenes a los que recomendó «castidad» y «confesión». Los jóvenes, unos quince mil según el Vaticano, llegaron a la Basílica para asistir a una misa penitencial celebrada en preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará el próximo domingo 1 de abril. «Jóvenes novios vivid el noviazgo del amor verdadero, que comporta siempre el respeto mutuo, casto y responsable», dijo Ratzinger en la homilía. Además de explicarles «la necesidad de una renovada capacidad de amar» en la forma que muestra el Evangelio, tuvo palabras acerca de la lucha contra el mal. Además. exhortó a sus seguidores a confesarse a menudo «para experimentar la misericordia de Dios», informa Efe.
Seis de cada diez españoles están en contra del uso del velo en las escuelas
Madrid- La mayoría de los españoles no ve con buenos ojos el islam en la escuela. El 61 por ciento está en contra de que las niñas musulmanas lleven velo en la escuela. Sin embargo, la sociedad está dividida entre los que apoyan (41 por ciento) y los que se oponen (39) a que los musulmanes recen en la Mezquita de Córdoba. Así lo revela el primer Barómetro del año del Real Instituto Elcano.
La oposición al uso del velo en el colegio crece con la edad, pasando del 52 por ciento para los menores de 30 años a siete de cada diez mayores de 65. También con respecto al rezo islámico en la mezquita, la franja de edad más alta es más contraria (55 por ciento) y desciende hasta el 27 entre los menores de 30.
Por otra parte, casi la mitad de los españoles, un 46 por ciento de los encuestados, apoya la exhibición de los crucifijos católicos en las escuelas. Los que se muestran totalmente en contra suponen un 29 por ciento. Preguntados por la posibilidad de que los niños españoles estudien el Corán, al igual que estudian la Biblia en clase de educación cívica, un 48 por ciento se manifiesta en contra, frente a un 31,5 por ciento a favor.
En el plano político, los españoles ven con buenos ojos que los musulmanes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y autonómicos. Dos tercios de los encuestados se manifestaron a favor, frente a un 25 por ciento que lo hizo en contra. Sin embargo, este porcentaje es mayor cuando al entrevistado se le pregunta por los extranjeros en general y sin especificar su religión. Entonces defiende el derecho a voto un 70,5 por ciento.
La oposición al uso del velo en el colegio crece con la edad, pasando del 52 por ciento para los menores de 30 años a siete de cada diez mayores de 65. También con respecto al rezo islámico en la mezquita, la franja de edad más alta es más contraria (55 por ciento) y desciende hasta el 27 entre los menores de 30.
Por otra parte, casi la mitad de los españoles, un 46 por ciento de los encuestados, apoya la exhibición de los crucifijos católicos en las escuelas. Los que se muestran totalmente en contra suponen un 29 por ciento. Preguntados por la posibilidad de que los niños españoles estudien el Corán, al igual que estudian la Biblia en clase de educación cívica, un 48 por ciento se manifiesta en contra, frente a un 31,5 por ciento a favor.
En el plano político, los españoles ven con buenos ojos que los musulmanes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y autonómicos. Dos tercios de los encuestados se manifestaron a favor, frente a un 25 por ciento que lo hizo en contra. Sin embargo, este porcentaje es mayor cuando al entrevistado se le pregunta por los extranjeros en general y sin especificar su religión. Entonces defiende el derecho a voto un 70,5 por ciento.
ESPAÑA: Una ley que pone «parches» a la universidad
El Congreso aprueba la reforma de la LOU, que refuerza la autonomía y flexibilidad de los centros - Los rectores advierten de que sólo se hacen «simples retoques» y los populares critican que no se resuelvan los problemas
Madrid- La reforma de la Ley Orgánica de Universidades superó ayer el trámite definitivo en el Congreso. El texto final ha pasado por tres años de vaivenes y dos equipos ministeriales que dieron a la norma un tratamiento diametralmente opuesto. Finalmente, la reforma de la LOU, o si se prefiere la «Lomlou», ha salido adelante con la oposición del PP, que considera el texto «profundamente negativo», y la resignación de los propios rectores, que no encuentran en la ley una solución fehaciente a los problemas y retos universitarios. Y eso, a pesar de las proclamas del Gobierno sobre que esta reforma potenciará la autonomía de las universidades y de que los rectores tienen una mayor capacidad de gestión de la que les quedaba con la ya «difunta» LOU.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarios, frente a los 119 «noes» del PP y un abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó la tercera reforma universitaria de la democracia en la necesidad de primar la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y de corregir las «deficiencias» de la LOU, aprobada cuando gobernaba el PP para avanzar sobre la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
«Queremos devolver y facilitar a las universidades ese protagonismo» -enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera- «como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social».
Sin embargo, el PP no vio avances relevantes en las modificaciones del Senado para variar su juicio de fondo del texto, que considera inadecuado a las necesidades y a los retos de la universidad y que provocará «enormes incertidumbres nada buenas para la vida» de esta institución. Para los populares, la ley va «en la dirección contraria a la excelencia» y está «empedrada de engaños» como la «falsa autonomía» de las universidades.
Así, el portavoz popular en Educación, Eugenio Nasarre, mostró su «gran insatisfacción y preocupación» por la -a su juicio- el hecho de que no se resuelvan los problemas, lo que tendrá consecuencias «muy negativas» para el futuro de la universidad. Al respecto, criticó que no se da la «suficiente» libertad de organización a las privadas, se deja «a los pies de los caballos» a los titulares de Escuela Universitaria, se consolidan «todos los vicios» de la selección del profesorado y se fragmenta el sistema de becas con una «peregrina tesis» de diferencias territoriales.
Pero ni siquiera «lanzaron cohetes» desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, cuyo presidente, Juan Vázquez, recibió la noticia «con más alivio que entusiasmo» por considerar la ley «limitada» y de «simples retoques y ajustes» de algunas «disfunciones». Así, los rectores dicen estar «empachados» de tanta actividad normativa y piden pasar a la acción reflexiva sobre la Universidad que se desea para las próximas décadas. Además, destacaron la necesidad de que las regulaciones de las que se ha privado a la Administración central no queden en manos de las comunidades autónomas: «Que se devuelva la autonomía a la Universidad y no a la Autonomía», informa Ep.
Madrid- La reforma de la Ley Orgánica de Universidades superó ayer el trámite definitivo en el Congreso. El texto final ha pasado por tres años de vaivenes y dos equipos ministeriales que dieron a la norma un tratamiento diametralmente opuesto. Finalmente, la reforma de la LOU, o si se prefiere la «Lomlou», ha salido adelante con la oposición del PP, que considera el texto «profundamente negativo», y la resignación de los propios rectores, que no encuentran en la ley una solución fehaciente a los problemas y retos universitarios. Y eso, a pesar de las proclamas del Gobierno sobre que esta reforma potenciará la autonomía de las universidades y de que los rectores tienen una mayor capacidad de gestión de la que les quedaba con la ya «difunta» LOU.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarios, frente a los 119 «noes» del PP y un abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó la tercera reforma universitaria de la democracia en la necesidad de primar la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y de corregir las «deficiencias» de la LOU, aprobada cuando gobernaba el PP para avanzar sobre la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
«Queremos devolver y facilitar a las universidades ese protagonismo» -enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera- «como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social».
Sin embargo, el PP no vio avances relevantes en las modificaciones del Senado para variar su juicio de fondo del texto, que considera inadecuado a las necesidades y a los retos de la universidad y que provocará «enormes incertidumbres nada buenas para la vida» de esta institución. Para los populares, la ley va «en la dirección contraria a la excelencia» y está «empedrada de engaños» como la «falsa autonomía» de las universidades.
Así, el portavoz popular en Educación, Eugenio Nasarre, mostró su «gran insatisfacción y preocupación» por la -a su juicio- el hecho de que no se resuelvan los problemas, lo que tendrá consecuencias «muy negativas» para el futuro de la universidad. Al respecto, criticó que no se da la «suficiente» libertad de organización a las privadas, se deja «a los pies de los caballos» a los titulares de Escuela Universitaria, se consolidan «todos los vicios» de la selección del profesorado y se fragmenta el sistema de becas con una «peregrina tesis» de diferencias territoriales.
Pero ni siquiera «lanzaron cohetes» desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, cuyo presidente, Juan Vázquez, recibió la noticia «con más alivio que entusiasmo» por considerar la ley «limitada» y de «simples retoques y ajustes» de algunas «disfunciones». Así, los rectores dicen estar «empachados» de tanta actividad normativa y piden pasar a la acción reflexiva sobre la Universidad que se desea para las próximas décadas. Además, destacaron la necesidad de que las regulaciones de las que se ha privado a la Administración central no queden en manos de las comunidades autónomas: «Que se devuelva la autonomía a la Universidad y no a la Autonomía», informa Ep.
ESPAÑA: La LOU otorga a las universidades el poder para crear carreras a la carta
MILAGROS ASENJO. MADRID.
La aprobación definitiva de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) produjo en los diputados un notable afán de dejar frases lapidarias en el Diario de Sesiones.
Así, mientras la portavoz socialista, Montserrat Palma, recurrió a Serrat para proclamar -con un ligero arreglo- que «hoy es un gran día para la comunidad universitaria», el diputado popular, Eugenio Nasarre, se mostró menos entusiasta y dijo que la reforma está «empedrada de apariencias engañosas», generadoras de una «gran incertidumbre».
Pero, anécdotas aparte, y tras siete largos meses de encuentros y desencuentros entre el Gobierno y los distintos actores parlamentarios, la nueva LOU fue aprobada por 183 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto) y 119 en contra (los del PP). El primer partido de la oposición se quedó solo en su rechazo a la modificación parcial de la norma universitaria. Una modificación con la que se había comprometido el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien respaldó con su voto el texto remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Congreso ratificó todas las enmiendas procedentes del Senado, con la excepción de la que imponía la condición de doctor para que un profesor permanente pueda ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no escondía su satisfacción -lo mismo que su equipo- al haber logrado uno de los objetivos para los que fue designada. «Este es un momento muy importante para las universidades españolas y su futuro», dijo, al tiempo que advertía de que la reforma debe «remover las dificultades que les impedían ejercer su autonomía».
En efecto, los desafíos de la norma se concretan en potenciar la autonomía, la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad y superar así las disfunciones que gran parte de la comunidad universitaria detectaba en la ley aprobada en 2001 por el PP.
¿Cuáles son los aspectos esenciales de la nueva LOU?
La clave del cambio es reforzar la autonomía y lograr un modelo más eficaz donde la actividad investigadora se potencia con mayores aportaciones económicas y unas mejores condiciones laborales para investigar y transmitir a la sociedad el conocimiento generado. Además, la sustitución del actual catálogo de títulos por un registro de centros y estudios permitirá a todas las universidades diseñar sus títulos a la carta.
El profesorado tiene un papel esencial. Junto a la modificación del sistema de selección de los funcionarios, destaca también la creación de nuevas figuras de contratados y la posibilidad de que tanto los funcionarios como los contratados permanentes puedan disfrutar de una excedencia de hasta cinco años para incorporarse a una empresa tecnológica creada o desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias en las que hayan participado.
Asimismo, las universidades y organismos públicos de investigación podrán contratar de forma indefinida a jóvenes investigadores, con calificación «excelente».
La nueva LOU potencia la cultura de la evaluación, en favor de la calidad y de la «rendición de cuentas» y refuerza la Aneca que pasa de fundación privada a agencia pública.
Tres años para adaptarla
Las universidades arbitrarán medidas para que los docentes e investigadores puedan acogerse a planes de jubilación anticipada a partir de los 60 años e incluso prevé reducir la actividad de quienes tengan más edad.
Las universidades, tanto públicas como privadas, dispondrán de tres años para adaptarse a la reforma. En cuanto a las privadas se endurecen las exigencias sobre el profesorado. Entre los cambios destaca la desaparición del actual Consejo de Coordinación Universitaria, que se dividirá en el Consejo de Universidades (académico) y la Conferencia Sectorial (política).
El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez, reiteró que se trata de una reforma «imprescindible y limitada». Para el rector de Oviedo, la ley se queda «un poco corta», porque «hay ámbitos muy vitales como el de la transferencia del conocimiento o nuevas estructuras docentes y de investigación, en los que tenemos que pensar para las próximas décadas».
La aprobación definitiva de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) produjo en los diputados un notable afán de dejar frases lapidarias en el Diario de Sesiones.
Así, mientras la portavoz socialista, Montserrat Palma, recurrió a Serrat para proclamar -con un ligero arreglo- que «hoy es un gran día para la comunidad universitaria», el diputado popular, Eugenio Nasarre, se mostró menos entusiasta y dijo que la reforma está «empedrada de apariencias engañosas», generadoras de una «gran incertidumbre».
Pero, anécdotas aparte, y tras siete largos meses de encuentros y desencuentros entre el Gobierno y los distintos actores parlamentarios, la nueva LOU fue aprobada por 183 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto) y 119 en contra (los del PP). El primer partido de la oposición se quedó solo en su rechazo a la modificación parcial de la norma universitaria. Una modificación con la que se había comprometido el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien respaldó con su voto el texto remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Congreso ratificó todas las enmiendas procedentes del Senado, con la excepción de la que imponía la condición de doctor para que un profesor permanente pueda ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no escondía su satisfacción -lo mismo que su equipo- al haber logrado uno de los objetivos para los que fue designada. «Este es un momento muy importante para las universidades españolas y su futuro», dijo, al tiempo que advertía de que la reforma debe «remover las dificultades que les impedían ejercer su autonomía».
En efecto, los desafíos de la norma se concretan en potenciar la autonomía, la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad y superar así las disfunciones que gran parte de la comunidad universitaria detectaba en la ley aprobada en 2001 por el PP.
¿Cuáles son los aspectos esenciales de la nueva LOU?
La clave del cambio es reforzar la autonomía y lograr un modelo más eficaz donde la actividad investigadora se potencia con mayores aportaciones económicas y unas mejores condiciones laborales para investigar y transmitir a la sociedad el conocimiento generado. Además, la sustitución del actual catálogo de títulos por un registro de centros y estudios permitirá a todas las universidades diseñar sus títulos a la carta.
El profesorado tiene un papel esencial. Junto a la modificación del sistema de selección de los funcionarios, destaca también la creación de nuevas figuras de contratados y la posibilidad de que tanto los funcionarios como los contratados permanentes puedan disfrutar de una excedencia de hasta cinco años para incorporarse a una empresa tecnológica creada o desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias en las que hayan participado.
Asimismo, las universidades y organismos públicos de investigación podrán contratar de forma indefinida a jóvenes investigadores, con calificación «excelente».
La nueva LOU potencia la cultura de la evaluación, en favor de la calidad y de la «rendición de cuentas» y refuerza la Aneca que pasa de fundación privada a agencia pública.
Tres años para adaptarla
Las universidades arbitrarán medidas para que los docentes e investigadores puedan acogerse a planes de jubilación anticipada a partir de los 60 años e incluso prevé reducir la actividad de quienes tengan más edad.
Las universidades, tanto públicas como privadas, dispondrán de tres años para adaptarse a la reforma. En cuanto a las privadas se endurecen las exigencias sobre el profesorado. Entre los cambios destaca la desaparición del actual Consejo de Coordinación Universitaria, que se dividirá en el Consejo de Universidades (académico) y la Conferencia Sectorial (política).
El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez, reiteró que se trata de una reforma «imprescindible y limitada». Para el rector de Oviedo, la ley se queda «un poco corta», porque «hay ámbitos muy vitales como el de la transferencia del conocimiento o nuevas estructuras docentes y de investigación, en los que tenemos que pensar para las próximas décadas».
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