Provienen de padres y madres de 18 colegios, ocho públicos y diez concertados, de Pamplona, Tudela, Peralta, Cascante y Monteagudo
Representantes de la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa Navarra) y de la Plataforma Educa en Libertad presentaron hoy cien objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ante el departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Las objeciones provienen de padres y madres de 18 colegios, ocho públicos y diez concertados, de Pamplona, Tudela, Peralta, Cascante y Monteagudo. Los centros de enseñanza desde que los que se presentaron son: Santo Tomás, Sagrado Corazón, Redín, Miravalles, Maristas, Irabia, Víctor Pradera y Plaza de la Cruz, de Pamplona; Anunciata, Jesuitas, Elvira España, Compañía María, IES Valle Ebro y ETI, de Tudela; Juan Bautista e IES Ribera del Arga, de Peralta; colegio público Santa Vicenta María, de Cascante y Don Honorio Galilea, de Monteagudo.
Según Teresa Jaurrieta, coordinadora de la Plataforma Navarra Educa en Libertad, «estas cien objeciones son sólo un botón de muestra». Jaurrieta declaró que «hemos roto la barrera del silencio y la soledad». «Los padres nos vamos a unir en defensa de la libertad de educación y de la nuestros hijos», dijo, para añadir que «las primeras objeciones están fechadas en mayo y esta plataforma se ha formado con el objetivo de que no se pierdan porque desde ese mes hasta hoy están paradas».
Por su parte, José Javier Solabre, vicepresidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia, censuró que Educación para la Ciudadanía ha sido «una asignatura impuesta en los centros escolares».
Teresa Jaurrieta hizo un llamamiento a todos los padres que quieran presentar sus objeciones. «La EpC pretende enseñar en derechos constitucionales y a la vez la administración nos quiere negar un derecho constitucional como es nuestro derecho a la objeción», señaló.
Tanto Jaurrieta como Solabre coincidieron en que no les «importa asumir el suspenso y sus consecuencias». «Esta asignatura va contra nuestras convicciones antropológicas, éticas y morales. No estamos de acuerdo con la ley ya que es puro ideario», indicó.
La coordinadora de la Plataforma aclaró que no están de acuerdo con una ley que «ha sido impuesta y que vulnera la Patria Potestad. Todos los padres, de una ideolotgía u otra, coincidimos en que a nuestros hijos los educamos nosotros».
José Javier Solabre aclaró que «todos los niños están asistiendo a los colegios, sólo faltan a la asignatura de EpC y señaló que «debe ser desde los centros desde donde se dé una solución».
martes, 16 de octubre de 2007
La Concapa ofrece asistencia jurídica a los padres contra la asignatura de EpC
VALENCIA. La nueva junta directiva de la Federación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) en Valencia ofrecerá asistencia jurídica a los padres que deseen plantear la objeción de conciencia o acciones legales de otro tipo contra la asignatura de «Educación para la Ciudadanía», que comenzará a impartirse en la Comunidad Valenciana el próximo curso, según confirmaron ayer fuentes de la entidad tras reunirse el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco.
La Concapa, que integra en la provincia de Valencia a más de 150.000 familias, ha pedido la «derogación» de la asignatura, ya que «supone un adoctrinamiento ideológico de los alumnos por parte del Gobierno y menoscaba el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según destacó ayer Nicolás Sánchez, que recientemente fue elegido nuevo presidente de Confederación.
En este sentido, además de la asesoría jurídica, la entidad también proyecta iniciar una recogida de firmas para sumarse a la campaña que está impulsando la Concapa en toda España contra la asignatura.
Retirada o asignatura optativa
Tras la reunión con el Arzobispo, Sánchez destacó que «si finalmente el Gobierno no acepta nuestra reivindicación prioritaria en este asunto, que es la retirada de la asignatura, entonces pediremos que al menos sea una materia voluntaria, y no obligatoria como marca ahora mismo la ley, y que se garantice que los centros escolares puedan adaptar sus contenidos a su ideario».
Por otra parte, Concapa-Valencia tiene previsto ofrecer a sus asociados la organización de escuelas de padres en los centros escolares para «ayudarles en su tarea educativa dentro y fuera del colegio».
Para ello, la entidad prepara en la actualidad, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la estructura de las escuelas de padres, así como sus contenidos, que estarán «ajustados al magisterio de la Iglesia», según destacó Sánchez.
Elecciones a Consejos Escolares
Por otra parte, un total de 1.868 centros educativos de la Comunidad Valenciana celebrarán el próximo 29 de noviembre Elecciones a Consejos Escolares. Las elecciones se celebran en aquellos centros docentes no universitarios que constituyen por primera vez su consejo escolar así como los que tengan que renovarlos parcialmente.
Los consejos escolares están considerados como uno de los órganos de participación más importantes del sistema educativo, ya que están constituidos tanto por la dirección del centro, como por representantes de los profesores, los padres, los alumnos y el personal de administración de cada uno de los centros.
La Concapa, que integra en la provincia de Valencia a más de 150.000 familias, ha pedido la «derogación» de la asignatura, ya que «supone un adoctrinamiento ideológico de los alumnos por parte del Gobierno y menoscaba el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según destacó ayer Nicolás Sánchez, que recientemente fue elegido nuevo presidente de Confederación.
En este sentido, además de la asesoría jurídica, la entidad también proyecta iniciar una recogida de firmas para sumarse a la campaña que está impulsando la Concapa en toda España contra la asignatura.
Retirada o asignatura optativa
Tras la reunión con el Arzobispo, Sánchez destacó que «si finalmente el Gobierno no acepta nuestra reivindicación prioritaria en este asunto, que es la retirada de la asignatura, entonces pediremos que al menos sea una materia voluntaria, y no obligatoria como marca ahora mismo la ley, y que se garantice que los centros escolares puedan adaptar sus contenidos a su ideario».
Por otra parte, Concapa-Valencia tiene previsto ofrecer a sus asociados la organización de escuelas de padres en los centros escolares para «ayudarles en su tarea educativa dentro y fuera del colegio».
Para ello, la entidad prepara en la actualidad, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la estructura de las escuelas de padres, así como sus contenidos, que estarán «ajustados al magisterio de la Iglesia», según destacó Sánchez.
Elecciones a Consejos Escolares
Por otra parte, un total de 1.868 centros educativos de la Comunidad Valenciana celebrarán el próximo 29 de noviembre Elecciones a Consejos Escolares. Las elecciones se celebran en aquellos centros docentes no universitarios que constituyen por primera vez su consejo escolar así como los que tengan que renovarlos parcialmente.
Los consejos escolares están considerados como uno de los órganos de participación más importantes del sistema educativo, ya que están constituidos tanto por la dirección del centro, como por representantes de los profesores, los padres, los alumnos y el personal de administración de cada uno de los centros.
Monseñor Amigo dice que Educación para la Ciudadanía no debe molestar a nadie por sus contenidos ideológicos
1:01 EFE. SEVILLA. El cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha dicho en su carta pastoral "Educación y ciudadanía" que esta materia no debe molestar a nadie por sus contenidos ideológicos ni convertirse en "un simple adiestramiento".
El prelado, que ha incidido una vez más en la necesidad de un pacto de Estado sobre la educación "más allá de cualquier forma partidista", ha apuntado que el sistema educativo debe enseñar valores como el esfuerzo personal y colectivo, la solidaridad, el trabajo por el bien común o "la consolidación de la familia y de las instituciones fundamentales para la convivencia y el desarrollo".
Ha advertido que nadie debe ser "tildado de reaccionario si no se aceptan postulados incompatibles con las más arraigadas convicciones", y ha dicho que la libertad religiosa no puede relegarse a la intimidad, sino que la Religión tiene que enseñarse en las escuelas porque "una educación sin hablar de Dios es como un atentado a la persona en conocer la verdad".
También ha asegurado que está satisfecho con el nuevo ordenamiento laboral de los profesores de religión, ya que les dará estabilidad en el trabajo.
Amigo Vallejo ha admitido que la normativa, por la que a partir de este año los docentes serán contratados de manera indefinida y no por cursos -si bien aún podrán ser despedidos por los obispos-, también creará "una mayor objetividad y transparencia en el acceso a los destinos", si bien ha pedido precaución para no "funcionalizar" su presencia en la escuela.
En su carta, ha afirmado que los educadores deben ser conscientes de que trabajan en una sociedad en perpetuo cambio, y ha alertado de que no se debe "perder la compostura".
"Nos aburre, por demás, el reiterado discurso de los malos tiempos, de las inclemencias que debemos padecer, de la intemperie e indefensión en la que nos encontramos ante el acoso de leyes, políticas y ambientes nada proclives a una buena educación cristiana", ha indicado el cardenal, que si bien considera que todo eso es cierto cree que se debe actuar desde "el diálogo y la comprensión".
El prelado, que ha incidido una vez más en la necesidad de un pacto de Estado sobre la educación "más allá de cualquier forma partidista", ha apuntado que el sistema educativo debe enseñar valores como el esfuerzo personal y colectivo, la solidaridad, el trabajo por el bien común o "la consolidación de la familia y de las instituciones fundamentales para la convivencia y el desarrollo".
Ha advertido que nadie debe ser "tildado de reaccionario si no se aceptan postulados incompatibles con las más arraigadas convicciones", y ha dicho que la libertad religiosa no puede relegarse a la intimidad, sino que la Religión tiene que enseñarse en las escuelas porque "una educación sin hablar de Dios es como un atentado a la persona en conocer la verdad".
También ha asegurado que está satisfecho con el nuevo ordenamiento laboral de los profesores de religión, ya que les dará estabilidad en el trabajo.
Amigo Vallejo ha admitido que la normativa, por la que a partir de este año los docentes serán contratados de manera indefinida y no por cursos -si bien aún podrán ser despedidos por los obispos-, también creará "una mayor objetividad y transparencia en el acceso a los destinos", si bien ha pedido precaución para no "funcionalizar" su presencia en la escuela.
En su carta, ha afirmado que los educadores deben ser conscientes de que trabajan en una sociedad en perpetuo cambio, y ha alertado de que no se debe "perder la compostura".
"Nos aburre, por demás, el reiterado discurso de los malos tiempos, de las inclemencias que debemos padecer, de la intemperie e indefensión en la que nos encontramos ante el acoso de leyes, políticas y ambientes nada proclives a una buena educación cristiana", ha indicado el cardenal, que si bien considera que todo eso es cierto cree que se debe actuar desde "el diálogo y la comprensión".
La polémica Educación para la Ciudadanía enfrenta a la Universidad
Los centros privados acusan al gobierno de «acoso», mientras que sus defensores crean máster para suplir la falta de formación de los que deben impartirla
La controversia que enfrenta a las principales fuerzas políticas, sociales, religiosas e incluso mediáticas sobre la inclusión de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) como asignatura obligatoria de Educación Primaria y Secundaria ha abierto un nuevo frente de batalla: la Universidad.
Dos son los sectores antagónicos. Por un lado, las universidades privadas y católicas, que rechazan los contenidos de la asignatura al considerar que su objetivo es imponer un modelo de conciencia moral y religiosa a los alumnos. La propia rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, denunció durante su reciente toma de posesión el «acoso» que sufren los centros católicos. Según apuntó Sáez, «no corren tiempos fáciles para las universidades católicas, perseguidas por la hostilidad del Gobierno y otras fuerzas sociales».
Las fundaciones universitarias San Pablo-CEU y Abat Oliba no se han quedado atrás, llegando a presentar incluso un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat de Cataluña que regulan la asignatura. Ambas fundaciones, a las que pertenecen los dos colegios de Barcelona que promueven la objeción, han asegurado que no impartirán contenidos contrarios a su ideario.
También se han hecho eco de las protestas en Cáceres, donde un grupo de padres ha constituido la Plataforma Independiente de Padres de Alumnos Objetores en dicha ciudad, donde nueve colegios ya se han declarado objetores.
En el otro lado de la balanza se encuentran sus más férreos defensores, la mayoría procedentes de las universidades públicas. De hecho, varios de los autores de los manuales de la asignatura se dedican a la formación del profesorado, como Carmen Pellicer, licenciada en Teología por la Universidad de Valencia.
Para Ramón Pérez Juste, catedrático de la UNED y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, la EpC es una de las «propuestas más innovadoras» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y responde «a una de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual: la convivencia en democracia».
Las campañas tanto a favor como en contra de la asignatura continúan por las aulas de toda España con cursos, jornadas y mesas redondas donde se debate sobre sus ventajas e inconvenientes.
Como ejemplo de su faceta más bondadosa, expertos de la Fundación CIVES y de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado una propuesta para que se imparta también en la educación Infantil y Bachillerato, además de en Primaria y Secundaria.
La cosa no queda aquí. La principal temática de Educación para la Ciudadanía (deberes y derechos ciudadanos, Constitución, afectos y emociones...) ya era objeto de estudio en las aulas de educación superior, especialmente a través de máster, posgrados y cursos de especialista, como los de la Universidad Internacional de Andalucía, la de Barcelona, Málaga o la ya citada Carlos III.
Una de las ofertas académicas en esta materia es el máster universitario de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Internacional de Andalucía, que se estrena este curso.
Su director, José Rubio Cerracedo, apoya que la asignatura comience a impartirse en los centros escolares. «Estoy totalmente a favor, hace falta una asignatura así ya que se enseñan valores muy positivos, como los constitucionales», remarca.
Su voto a favor tiene, no obstante, ciertos matices: «No se está tratando de forma adecuada, sino como una maría y no se está preparando al profesorado».
Existen, no obstante, opiniones opuestas, como la de Juan Cayón, doctor en Derecho y secretario general de la Universidad Antonio de Nebrija, que critica la EpC porque «supone una intromisión del Estado en una enseñanza que debería impartirse principalmente en casa, dentro de la familia, y que no puede ser sustituida por la enseñanza en las aulas».
Cayón valora positivamente contenidos de EpC como el constitucionalismo o los derechos humanos, que califica como «razonables», si bien advierte sobre la inclusión de otras temáticas como la homosexualidad: «Aborda otros asuntos polémicos que chocan con la formación moral que se está dando en muchas familias españolas».
Otra opinión significativa es la de Carmen Pellicer, teóloga y coautora del manual de la asignatura publicado por la Editorial Santillana. Experta en educación en valores y formación del profesorado, Pellicer alaba la creación de la materia, ya que «busca aumentar la competencia cívica y social y proporciona una espacio para la reflexión sistemática con una metodología que permite trabajar de forma diferente con los alumnos».
No obstante, Pellicer reconoce el impacto negativo que ha tenido la implantación de EpC en un contexto marcado por el enfrentamiento y el debate social. Añade que «el aspecto más negativo es que se le dedica muy poco tiempo a la materia y a la formación del profesorado».
LA IMPLANTACIÓN. Los comentarios a favor y en contra de la ya conocida por todos Educación para la Ciudadanía ocupan portadas y titulares de los principales medios de comunicación casi a diario. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de una materia de la que pronto tendrán que examinarse nuestros escolares? La respuesta de la mayoría es confusa, o cuanto menos escasa.
Según recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), nuestra controvertida amiga se incluye dentro de las asignaturas obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Los reales decretos que acotan las enseñanzas mínimas para estas dos etapas disponen que la EpC debe impartirse en 50 o 60 (tercer ciclo de Educación Primaria), además de en uno de los tres primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La formación se completa con la introducción en 40 de ESO de la materia Educación ético-cívica. Los contenidos de EpC en Primaria tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas. En los tres primeros cursos de la ESO será de 35 horas, la misma duración que tendrá Educación ético-cívica.
El calendario de implantación ha comenzado a cumplirse hace apenas unas semanas, cuando al inicio del nuevo curso escolar se ha unido la puesta de largo de la nueva materia en 30 de ESO. Con varias excepciones: las de los centros escolares y las Comunidades Autónomas que han optado por declararse objetores.
La acogida ha sido positiva, tanto por parte de los profesores, como del lado de los alumnos. Fuera del circo mediático en el que ha degenerado la polémica, EpC ha logrado suscitar la curiosidad de los más jóvenes.
Los expertos en educación aseguran que el debate sobre si los profesores están preparados para impartir EpC es tan sólo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia: la inexistencia de formación continua para el profesorado.
EL MANUAL. Ello provoca que los docentes hayan buscado otras vías para dar la asignatura, que cuenta con su propio manual. «Suma, nunca resta y los contenidos se han contrastado con los decretos de todas las comunidades», resalta Pellicer, coautora del libro de Santillana. La diferencia es la organización metodológica del texto, que no sigue el orden curricular y gira en torno a 10 proyectos de investigación: reflexión, diálogo, pensamiento crítico, profundización histórica...
¿Es Educación para la Ciudadanía una materia útil? Pellicer lo tiene claro: «Cualquiera no puede menos que pensar que hace falta trabajar estos contenidos para poder hablar de una sociedad plural y en paz». A buen seguro, EpC continuará dando mucho de qué hablar. Al menos, de momento
La controversia que enfrenta a las principales fuerzas políticas, sociales, religiosas e incluso mediáticas sobre la inclusión de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) como asignatura obligatoria de Educación Primaria y Secundaria ha abierto un nuevo frente de batalla: la Universidad.
Dos son los sectores antagónicos. Por un lado, las universidades privadas y católicas, que rechazan los contenidos de la asignatura al considerar que su objetivo es imponer un modelo de conciencia moral y religiosa a los alumnos. La propia rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, denunció durante su reciente toma de posesión el «acoso» que sufren los centros católicos. Según apuntó Sáez, «no corren tiempos fáciles para las universidades católicas, perseguidas por la hostilidad del Gobierno y otras fuerzas sociales».
Las fundaciones universitarias San Pablo-CEU y Abat Oliba no se han quedado atrás, llegando a presentar incluso un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat de Cataluña que regulan la asignatura. Ambas fundaciones, a las que pertenecen los dos colegios de Barcelona que promueven la objeción, han asegurado que no impartirán contenidos contrarios a su ideario.
También se han hecho eco de las protestas en Cáceres, donde un grupo de padres ha constituido la Plataforma Independiente de Padres de Alumnos Objetores en dicha ciudad, donde nueve colegios ya se han declarado objetores.
En el otro lado de la balanza se encuentran sus más férreos defensores, la mayoría procedentes de las universidades públicas. De hecho, varios de los autores de los manuales de la asignatura se dedican a la formación del profesorado, como Carmen Pellicer, licenciada en Teología por la Universidad de Valencia.
Para Ramón Pérez Juste, catedrático de la UNED y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, la EpC es una de las «propuestas más innovadoras» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y responde «a una de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual: la convivencia en democracia».
Las campañas tanto a favor como en contra de la asignatura continúan por las aulas de toda España con cursos, jornadas y mesas redondas donde se debate sobre sus ventajas e inconvenientes.
Como ejemplo de su faceta más bondadosa, expertos de la Fundación CIVES y de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado una propuesta para que se imparta también en la educación Infantil y Bachillerato, además de en Primaria y Secundaria.
La cosa no queda aquí. La principal temática de Educación para la Ciudadanía (deberes y derechos ciudadanos, Constitución, afectos y emociones...) ya era objeto de estudio en las aulas de educación superior, especialmente a través de máster, posgrados y cursos de especialista, como los de la Universidad Internacional de Andalucía, la de Barcelona, Málaga o la ya citada Carlos III.
Una de las ofertas académicas en esta materia es el máster universitario de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Internacional de Andalucía, que se estrena este curso.
Su director, José Rubio Cerracedo, apoya que la asignatura comience a impartirse en los centros escolares. «Estoy totalmente a favor, hace falta una asignatura así ya que se enseñan valores muy positivos, como los constitucionales», remarca.
Su voto a favor tiene, no obstante, ciertos matices: «No se está tratando de forma adecuada, sino como una maría y no se está preparando al profesorado».
Existen, no obstante, opiniones opuestas, como la de Juan Cayón, doctor en Derecho y secretario general de la Universidad Antonio de Nebrija, que critica la EpC porque «supone una intromisión del Estado en una enseñanza que debería impartirse principalmente en casa, dentro de la familia, y que no puede ser sustituida por la enseñanza en las aulas».
Cayón valora positivamente contenidos de EpC como el constitucionalismo o los derechos humanos, que califica como «razonables», si bien advierte sobre la inclusión de otras temáticas como la homosexualidad: «Aborda otros asuntos polémicos que chocan con la formación moral que se está dando en muchas familias españolas».
Otra opinión significativa es la de Carmen Pellicer, teóloga y coautora del manual de la asignatura publicado por la Editorial Santillana. Experta en educación en valores y formación del profesorado, Pellicer alaba la creación de la materia, ya que «busca aumentar la competencia cívica y social y proporciona una espacio para la reflexión sistemática con una metodología que permite trabajar de forma diferente con los alumnos».
No obstante, Pellicer reconoce el impacto negativo que ha tenido la implantación de EpC en un contexto marcado por el enfrentamiento y el debate social. Añade que «el aspecto más negativo es que se le dedica muy poco tiempo a la materia y a la formación del profesorado».
LA IMPLANTACIÓN. Los comentarios a favor y en contra de la ya conocida por todos Educación para la Ciudadanía ocupan portadas y titulares de los principales medios de comunicación casi a diario. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de una materia de la que pronto tendrán que examinarse nuestros escolares? La respuesta de la mayoría es confusa, o cuanto menos escasa.
Según recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), nuestra controvertida amiga se incluye dentro de las asignaturas obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Los reales decretos que acotan las enseñanzas mínimas para estas dos etapas disponen que la EpC debe impartirse en 50 o 60 (tercer ciclo de Educación Primaria), además de en uno de los tres primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La formación se completa con la introducción en 40 de ESO de la materia Educación ético-cívica. Los contenidos de EpC en Primaria tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas. En los tres primeros cursos de la ESO será de 35 horas, la misma duración que tendrá Educación ético-cívica.
El calendario de implantación ha comenzado a cumplirse hace apenas unas semanas, cuando al inicio del nuevo curso escolar se ha unido la puesta de largo de la nueva materia en 30 de ESO. Con varias excepciones: las de los centros escolares y las Comunidades Autónomas que han optado por declararse objetores.
La acogida ha sido positiva, tanto por parte de los profesores, como del lado de los alumnos. Fuera del circo mediático en el que ha degenerado la polémica, EpC ha logrado suscitar la curiosidad de los más jóvenes.
Los expertos en educación aseguran que el debate sobre si los profesores están preparados para impartir EpC es tan sólo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia: la inexistencia de formación continua para el profesorado.
EL MANUAL. Ello provoca que los docentes hayan buscado otras vías para dar la asignatura, que cuenta con su propio manual. «Suma, nunca resta y los contenidos se han contrastado con los decretos de todas las comunidades», resalta Pellicer, coautora del libro de Santillana. La diferencia es la organización metodológica del texto, que no sigue el orden curricular y gira en torno a 10 proyectos de investigación: reflexión, diálogo, pensamiento crítico, profundización histórica...
¿Es Educación para la Ciudadanía una materia útil? Pellicer lo tiene claro: «Cualquiera no puede menos que pensar que hace falta trabajar estos contenidos para poder hablar de una sociedad plural y en paz». A buen seguro, EpC continuará dando mucho de qué hablar. Al menos, de momento
CEUTA Vuelven a clase con el velo tras el requerimiento de Educación
Las dos niñas del colegio concertado Severo Ochoa de Ceuta, que no habían asistido a clase en los últimos tres días por la prohibición de acudir con velo islámico, volvieron ayer al centro con el «yihab» después de que el Ministerio de Educación obligara al centro a que las admitiera.
Nawal Amar y Nahid Mohamed, que cursan Tercero y Cuarto de ESO, se incorporaron a las aulas «tristes y abrumadas» como consecuencia de la polémica suscitada en las últimas horas y afirmaron que han recibido un apoyo «desigual» por parte de sus compañeros de colegio. Las niñas pudieron volver al colegio una vez remitido el informe en el que se indicaba que debía prevalecer en este caso el artículo 27 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la educación de todos los ciudadanos.
Nawal Amar y Nahid Mohamed, que cursan Tercero y Cuarto de ESO, se incorporaron a las aulas «tristes y abrumadas» como consecuencia de la polémica suscitada en las últimas horas y afirmaron que han recibido un apoyo «desigual» por parte de sus compañeros de colegio. Las niñas pudieron volver al colegio una vez remitido el informe en el que se indicaba que debía prevalecer en este caso el artículo 27 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la educación de todos los ciudadanos.
SOS Familila
Estimado/a Amigo/a:
El momento es grave. ¡No tenemos un minuto que perder!, pues las clases ya han comenzado. Aumentemos la presión y movilicémonos con todas nuestras fuerzas contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Imagine las peores aberraciones ... no son nada en comparación con los absurdos que serán enseñados por esta materia que algunos políticos quieren imponer obligatoriamente en los colegios, contra la voluntad de la mayoría de los padres.
Su participación, hoy mismo, es indispensable para la preservación moral de nuestros jóvenes.
Después de haber enviado al presidente del Gobierno, en nuestra reciente campaña, cien mil tarjetas postales contra la EpC, nos dirigimos ahora a la ministra de Educación para pedirle que, por lo menos, esta materia sea optativa.
Al mismo tiempo, queremos organizar una gran recogida de firmas en los colegios para que los padres de los alumnos, los estudiantes mayores de 16 años y los propios profesores, puedan manifestar a la ministra su oposición a esta asignatura.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando el Estado pasa por encima de los padres, en materia de educación, y quiere imponer como obligatoria una asignatura enteramente política, amoral y laicista, que la gran mayoría de los españoles no quiere.
Bajo la etiqueta de una ética universal, en la signatura Educación para la Ciudadanía son tratados puntos como la pérdida de la virginidad, los contraceptivos, el aborto ... (Lea la materia completa en nuestra página web: www.sosfamilia.es).
Desde ya, en un archivo adjunto, le envío la petición a la ministra de Educación para que Vd. y sus conocidos puedan firmar y sumarse a esta importantísima y urgente iniciativa.
Si prefiere, le enviaremos por correo ejemplares de la petición para solicitar firmas y las directrices de como proceder. Escríbanos a sosfamilia@sosfamilia.es
Reciba un cordial saludo,
Francisco J. González
Coordinador
El momento es grave. ¡No tenemos un minuto que perder!, pues las clases ya han comenzado. Aumentemos la presión y movilicémonos con todas nuestras fuerzas contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Imagine las peores aberraciones ... no son nada en comparación con los absurdos que serán enseñados por esta materia que algunos políticos quieren imponer obligatoriamente en los colegios, contra la voluntad de la mayoría de los padres.
Su participación, hoy mismo, es indispensable para la preservación moral de nuestros jóvenes.
Después de haber enviado al presidente del Gobierno, en nuestra reciente campaña, cien mil tarjetas postales contra la EpC, nos dirigimos ahora a la ministra de Educación para pedirle que, por lo menos, esta materia sea optativa.
Al mismo tiempo, queremos organizar una gran recogida de firmas en los colegios para que los padres de los alumnos, los estudiantes mayores de 16 años y los propios profesores, puedan manifestar a la ministra su oposición a esta asignatura.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando el Estado pasa por encima de los padres, en materia de educación, y quiere imponer como obligatoria una asignatura enteramente política, amoral y laicista, que la gran mayoría de los españoles no quiere.
Bajo la etiqueta de una ética universal, en la signatura Educación para la Ciudadanía son tratados puntos como la pérdida de la virginidad, los contraceptivos, el aborto ... (Lea la materia completa en nuestra página web: www.sosfamilia.es).
Desde ya, en un archivo adjunto, le envío la petición a la ministra de Educación para que Vd. y sus conocidos puedan firmar y sumarse a esta importantísima y urgente iniciativa.
Si prefiere, le enviaremos por correo ejemplares de la petición para solicitar firmas y las directrices de como proceder. Escríbanos a sosfamilia@sosfamilia.es
Reciba un cordial saludo,
Francisco J. González
Coordinador
Apoyo jurídico para los objetores de la asignatura más polémica
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Educación y Persona y CONCAPA ofrecen a los padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, asistencia y apoyo jurídico gratuito. Según los datos de los que dispone la organización, recogida de 60 centros de la provincia de Toledo, a fecha de septiembre se han presentado 3.298 objeciones.
En nota de prensa la asociación lamentó que "la política de la Consejería de Educación y Ciencia no sea la del diálogo ni la del entendimiento. En vez de ello, desean confundir a los padres y poner todo tipo de trabas a una oposición cada vez mayor a la materia de Educación para la Ciudadanía".
Desde la CONCAPA aseguraron que los padres y madres que han comunicado la objeción deben estar completamente tranquilos en cuanto a la legalidad y eficacia de los escritos presentados, sin dejarse "amedrentar" por esta u otras acciones que en el futuro pudiera emprender la Consejería de Educación para obstaculizar sus derechos constitucionales.
Educación y Persona y CONCAPA señaló que durante el mes de agosto la Delegación de Educación está devolviendo las Declaraciones de Objeción de conciencia a los centros concertados en los que se habían recogido.
Mientras, a lo largo del mes de septiembre, a los padres objetores en los centros públicos la Delegación de Educación les está enviando por correo certificado un documento personal "desestimando la solicitud" de Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía.
Según esta organización la devolución en los centros concertados demuestra "una vez más la actitud obstruccionista del gobierno de nuestra Región, que en vez de escuchar a los padres objetores los desprecia e ignora vulnerando las normas del procedimiento administrativo, el derecho de subsanación de defectos, e ignorando el derecho fundamental de libertad ideológica, religiosa y de culto y el del derecho de los padres a educar a sus hijos.
En el caso de los colegios públicos, la desestimación de la solicitud "no tiene fundamento legal alguno, porque nosotros no estamos solicitando nada, sólo declaramos que vamos a objetar" indicaron.
Por ello, desde Educación y Persona y CONCAPA anunciaron que, en las devoluciones de los centros concertados volverán a presentar de nuevo todas las objeciones, y en las "desestimaciones" de objeción de conciencia en los colegios públicos, presentarán un recurso de alzada ante el consejero de Educación y Ciencia, José Valverde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación recibida.
Educación y Persona y CONCAPA ofrecen a los padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, asistencia y apoyo jurídico gratuito. Según los datos de los que dispone la organización, recogida de 60 centros de la provincia de Toledo, a fecha de septiembre se han presentado 3.298 objeciones.
En nota de prensa la asociación lamentó que "la política de la Consejería de Educación y Ciencia no sea la del diálogo ni la del entendimiento. En vez de ello, desean confundir a los padres y poner todo tipo de trabas a una oposición cada vez mayor a la materia de Educación para la Ciudadanía".
Desde la CONCAPA aseguraron que los padres y madres que han comunicado la objeción deben estar completamente tranquilos en cuanto a la legalidad y eficacia de los escritos presentados, sin dejarse "amedrentar" por esta u otras acciones que en el futuro pudiera emprender la Consejería de Educación para obstaculizar sus derechos constitucionales.
Educación y Persona y CONCAPA señaló que durante el mes de agosto la Delegación de Educación está devolviendo las Declaraciones de Objeción de conciencia a los centros concertados en los que se habían recogido.
Mientras, a lo largo del mes de septiembre, a los padres objetores en los centros públicos la Delegación de Educación les está enviando por correo certificado un documento personal "desestimando la solicitud" de Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía.
Según esta organización la devolución en los centros concertados demuestra "una vez más la actitud obstruccionista del gobierno de nuestra Región, que en vez de escuchar a los padres objetores los desprecia e ignora vulnerando las normas del procedimiento administrativo, el derecho de subsanación de defectos, e ignorando el derecho fundamental de libertad ideológica, religiosa y de culto y el del derecho de los padres a educar a sus hijos.
En el caso de los colegios públicos, la desestimación de la solicitud "no tiene fundamento legal alguno, porque nosotros no estamos solicitando nada, sólo declaramos que vamos a objetar" indicaron.
Por ello, desde Educación y Persona y CONCAPA anunciaron que, en las devoluciones de los centros concertados volverán a presentar de nuevo todas las objeciones, y en las "desestimaciones" de objeción de conciencia en los colegios públicos, presentarán un recurso de alzada ante el consejero de Educación y Ciencia, José Valverde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación recibida.
lunes, 15 de octubre de 2007
CEUTA: Oleada de símbolos católicos y "piercings" en el centro de Ceuta obligado a permitir el velo islámico
EDUCACIÓN DESCARTA LEGISLAR Y LOS COLEGIOS QUIEREN REGULAR
La directora del centro concertado Severo Ochoa de Ceuta, María del Mar Sánchez, tiene que hacer frente ahora a una oleada de reivindicaciones del resto de los alumnos que quieren lucir también símbolos religiosos, adornos y complementos que antes estaban prohibidos por el Consejo Escolar del colegio.
Antes de la intervención del ministerio de Educación que por otro lado descarta una pronunciarse por ley sobre el hecho, el centro había aprobado por unanimidad en su Consejo Escolar un reglamento interno que prohibía la entrada a los alumnos "con piercings, pendientes demasiado grandes, gorras, pañuelos, viseras, diademas anchas o cualquier complemento que no responda al uniforme estipulado", entre ellas el "hiyab" (el velo o pañuelo que cubre la cabeza de las musulmanas).
"Vaya al Ministerio y ponga una reclamación"
Algunas madres de las niñas musulmanas se quejan, según La Razón, de por qué se compara la "hiyab" con diademas o con los piercings o pendientes grandes, pero no interpusieron ninguna queja a la dirección sobre la normativa del centro sino que decidieron acudir directamente a la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta que inmediatamente puso el caso en manos de la Delegación del Gobierno de la ciudad y éste "recomendó" la readmisión de las niñas que se negaban a entrar en el centro sin el velo.
Por eso ahora la respuesta de la directora, a los padres de los alumnos que reivindican que sus hijos puedan llevar piercings en el colegio, es: "Haga lo mismo que los padres de las niñas; vaya al Ministerio de Educación y ponga una reclamación".
"Se debe defender el uso del velo en las clases", según la Ucid
Las dos niñas, de 12 y 13 años, pudieron regresar a las aulas el pasado martes después de que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) interviniera para hacer entender al colegio que en este tema debía prevalecer el derecho de las niñas a la educación, según se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española.
Las dos menores volvieron al colegio bajo una enorme expectación de medios informativos y se dio por zanjada una polémica en la que el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (Ucid), Laarbi Maateis, dijo, según Efe, que "se debe defender el uso del velo en las clases no sólo por una garantía democrática, sino porque es un principio de la cultura y de la religión islámica".
El último pronunciamiento se produjo este viernes cuando la Comunidad Islámica de Ceuta manifestó que el velo es una prenda de "símbolo de fe", por lo que pidió la intervención de la Fiscalía de Menores.
Este sábado, los más de 30.000 musulmanes que profesan el Islam en Ceuta celebran con rezos en las cerca de 30 mezquitas el final del mes de ayuno del Ramadán, que les ha llevado a no ingerir alimentos desde la salida hasta la puesta del sol.
Los profesores conocen bien que las estrictas normas de alimentación durante el precepto del Ramadán conllevan dolores de cabeza y otras indisposiciones, además de afectar al rendimiento escolar de los niños musulmanes durante el mes que dura esta práctica religiosa.
La directora del centro concertado Severo Ochoa de Ceuta, María del Mar Sánchez, tiene que hacer frente ahora a una oleada de reivindicaciones del resto de los alumnos que quieren lucir también símbolos religiosos, adornos y complementos que antes estaban prohibidos por el Consejo Escolar del colegio.
Antes de la intervención del ministerio de Educación que por otro lado descarta una pronunciarse por ley sobre el hecho, el centro había aprobado por unanimidad en su Consejo Escolar un reglamento interno que prohibía la entrada a los alumnos "con piercings, pendientes demasiado grandes, gorras, pañuelos, viseras, diademas anchas o cualquier complemento que no responda al uniforme estipulado", entre ellas el "hiyab" (el velo o pañuelo que cubre la cabeza de las musulmanas).
"Vaya al Ministerio y ponga una reclamación"
Algunas madres de las niñas musulmanas se quejan, según La Razón, de por qué se compara la "hiyab" con diademas o con los piercings o pendientes grandes, pero no interpusieron ninguna queja a la dirección sobre la normativa del centro sino que decidieron acudir directamente a la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta que inmediatamente puso el caso en manos de la Delegación del Gobierno de la ciudad y éste "recomendó" la readmisión de las niñas que se negaban a entrar en el centro sin el velo.
Por eso ahora la respuesta de la directora, a los padres de los alumnos que reivindican que sus hijos puedan llevar piercings en el colegio, es: "Haga lo mismo que los padres de las niñas; vaya al Ministerio de Educación y ponga una reclamación".
"Se debe defender el uso del velo en las clases", según la Ucid
Las dos niñas, de 12 y 13 años, pudieron regresar a las aulas el pasado martes después de que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) interviniera para hacer entender al colegio que en este tema debía prevalecer el derecho de las niñas a la educación, según se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española.
Las dos menores volvieron al colegio bajo una enorme expectación de medios informativos y se dio por zanjada una polémica en la que el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (Ucid), Laarbi Maateis, dijo, según Efe, que "se debe defender el uso del velo en las clases no sólo por una garantía democrática, sino porque es un principio de la cultura y de la religión islámica".
El último pronunciamiento se produjo este viernes cuando la Comunidad Islámica de Ceuta manifestó que el velo es una prenda de "símbolo de fe", por lo que pidió la intervención de la Fiscalía de Menores.
Este sábado, los más de 30.000 musulmanes que profesan el Islam en Ceuta celebran con rezos en las cerca de 30 mezquitas el final del mes de ayuno del Ramadán, que les ha llevado a no ingerir alimentos desde la salida hasta la puesta del sol.
Los profesores conocen bien que las estrictas normas de alimentación durante el precepto del Ramadán conllevan dolores de cabeza y otras indisposiciones, además de afectar al rendimiento escolar de los niños musulmanes durante el mes que dura esta práctica religiosa.
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