Mercedes Cabrera advierte que la no asistencia a la asignatura se considerará 'absentismo'

La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, manifestó hoy que la no asistencia a clase de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) es 'absentismo' y añadió que 'desde el punto de vista jurídico la posibilidad de objeción de conciencia es muy cuestionable'.

'Es irresponsable llamar a la objeción sin informar al mismo tiempo de esto', aseveró la ministra en la rueda de prensa celebrada conjuntamente con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros.

Asimismo, Cabrera dijo que ni el Ministerio de Educación ni ninguna otra Administración Educativa 'tiene nada que ver con los contenidos de los libros de texto' y remarcó que estos dependen de las editoriales, aunque los centros escolares 'tienen perfecta libertad para decidir qué libro utilizan para cada una de las materias'.

'Sí puede haber llamadas a la inspección educativa si hay claramente un incumplimiento, una tergiversación o un texto que va en contra de los contenidos básicos de una asignatura', agregó.




Mientras tanto, De la Vega destacó que la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ayudará a las generaciones futuras 'no sólo a que vivan en democracia sino a que faciliten la mejora de esa democracia'. 'Se trata de formar a los jóvenes para que sean ciudadanos críticos y activos, conscientes de sus derechos y obligaciones'.

Igualmente, De la Vega apuntó que esta materia ya se imparte en 19 países europeos, y que así 'se forman personas más libres, con más capacidad crítica', además de 'mejores ciudadanos'. Afirmó que 'ningún grupo debería oponerse a la enseñanza de valores democráticos'. Finalmente, defendió que el trabajo desarrollado por el Gobierno en materia de educación ha buscado 'siempre el máximo grado de acuerdo y consenso con todos'.

INICIO ESCOLAR

El PSOE afirma que el Gobierno no espera un "boicot o insumisión" contra EpC

Diego López Garrido se ha esforzado en hacer creer que en el seno del Ejecutivo no preocupa la respuesta ciudadana a EpC y ha afirmado que no esperan ningún tipo de "boicot o insumisión", en alusión al derecho democrático de los padres a ejercer la objeción de conciencia. Pese a la ausencia de preocupación en el Ejecutivo que esgrime el socialista, Mercedes Cabrera presidirá desde el lunes unas jornadas en el Congreso para difundir el ideario de la asignatura pocos días antes de que se empiece a impartir.

L D (EFE) En rueda de prensa desde Ferraz, Diego López Garrido ha manifestado que no hay preocupación porque "en España se cumple la ley". Según el portavoz socialista, el Ejecutivo no tiene ninguna preocupación al respecto y consideró que la nueva asignatura tendrá una "acogida positiva" por parte de profesores y alumnos y será una de las asignaturas "más estudiada y debatida" ya que es muy cercana a los jóvenes.

López Garrido recordó que el próximo lunes y en este marco, se organizan en el Congreso, a instancias del grupo socialista, unas jornadas parlamentarias tituladas "Educación para la Ciudadanía y Valores Constitucionales", que inaugurará la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera.

López Garrido señaló que la clase de Ciudadanía recoge contenidos de convivencia, tolerancia y derechos humanos, y también contempla lo que significa vivir en libertad y democracia, y la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo, ideología y religión por lo que su estudio en los colegios lo calificó de "una buena práctica".

Además, dijo, se contempla en una ley "votada en el Parlamento y compartida por la inmensa mayoría de los partidos europeos", por lo que es, en definitiva, "una asignatura pendiente en nuestro país". López Garrido también se refirió a la actitud crítica del PP, que dijo "no entender" y calificó de "oposición furibunda" a una asignatura que "es necesaria en España, en Europa y en el mundo".

El portavoz socialista en el Congreso apostó por que "niños y jóvenes puedan formarse no sólo en conocimientos científicos, sino también en valores ciudadanos y constitucionales". Recordó que esta asignatura está "en el currículum de todos los países europeos democráticos" y sobre ella hay un amplio consenso. Por ello, López Garrido lamentó la "incomprensión total del PP" y señaló que la actitud de los populares es "un modo más de cuestionar y erosionar" la labor del Ejecutivo.

En cuanto a las jornadas en el Congreso sobre esta materia, valoró que se tratará de un debate en el que tomarán parte catedráticos de Ética y de Derecho Constitucional, diputados, sindicatos, la Presidencia de la CEAPA, la secretaría de Educación del Ministerio y consejeros de educación de Andalucía, Galicia y Aragón. La consejera de ésta última Comunidad, Eva Almunia, será la encargada de clausurar la jornada parlamentaria.

La fundación que entrena a los profesores de EpC propone rescribir la Guerra Civil

La fundación que inspiró Educación para la Ciudadanía, y está formando a profesores para impartirla, pide al Gobierno que revise los libros de texto de Historia para adaptarlos a la Ley de la Memoria. Cives, presidida por el diputado del PSOE Victorino Mayoral, propone rescribir "el periodo republicano, la Guerra Civil y la dictadura franquista", así como también formar a los maestros en "temas relacionados con la represión franquista". Cives y Juventudes del PSOE son dos de los firmantes de un Manifiesto para la Ley de la Memoria Histórica que incluye recomendaciones educativas al Gobierno.


LD (Víctor Gago) La Fundación Cives ha formado ya a unos 600 profesores para impartir Educación para la Ciudadanía, según indica la asociación filantrópica en su página web.

Cives acompaña la aplicación de la asignatura de adoctrinamiento desde su nacimiento. Junto a la Universidad Carlos III –de la que fue rector Gregorio Peces-Barba–, la fundación educativa ha sido consultora del Ministerio de Educación para la filosofía y los postulados fundamentales de EpC.

La cantera de profesores que Cives está formando se concentra en Andalucía, gracias a un programa de adiestramiento financiado con fondos públicos de la Junta de Andalucía.

En el patronato constituyente de la Fundación había cinco destacados dirigentes o cargos públicos del PSOE, de un total de doce miembros. Actualmente, su presidente es el diputado socialista Victorino Mayoral, exponente de la corriente laicista de este partido político.

El pasado julio, Cives y Juventudes Socialistas firmaron –junto a otras entidades– una Declaración para la Ley de la Memoria Histórica, continuación de un primer manifiesto, publicado en 2006, también alrededor de la efeméride de la proclamación de la II República.

Entre otras orientaciones sobre el cariz marcadamente ideológico que, a su juicio, debe tener la llamada Ley de la Memoria, recomiendan al Ministerio de Educación que revise "los planes de estudio para la adecuación de los contenidos de los libros de texto de la enseñanza obligatoria respecto al tratamiento dado al periodo republicano, la Guerra Civil y la Dictadura franquista".

Cives y las Juventudes Socialistas tienen interés, además, en que se entrene a los profesores en "los temas relacionados con la represión franquista y la Deportación de los Republicanos españoles en los campos nazis, entre otros temas históricos de notable relevancia para explicar el conocimiento de nuestro pasado".

El manifiesto ha sido impulsado por la Coordinadora de la Memoria de Madrid, y cuenta con adhesiones de –entre otros– Izquierda Republicana, IU, Partido Comunista de Madrid, Unión de Juventudes Comunistas de España, Foro por la Memoria, Asociación Manuel Azaña y Fundación Ciudadanía Joven Tomás Meabe, además de Cives y las Juventudes del PSOE.

Documento: Lea aquí, completa, la Declaración para la Ley de la Memoria Histórica.

CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE LAS DIÓCESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE ZARAGOZA Y DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE JACA

A PROPÓSITO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA MATERIA DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y EVALUABLE INTRODUCIDA EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS

La educación ocupa un lugar decisivo en la vida del hombre, pues éste, a diferencia de los otros seres del mundo, no es un ser-en-sí cerrado, decidido y concluido a priori para siempre, sino un ser personal, inteligente y libre, vocado por naturaleza a llegar a la plenitud de sí mismo, pero con riesgo de perderse, habida cuenta de la fragilidad de sus facultades intelectuales y volitivas; y, por consiguiente, necesitado de ayuda para el cumplimiento de su propio ser.
La educación de la persona humana debe realizarse de un modo que corresponda al verdadero ser de ésta y que afecte a todas sus dimensiones: a su naturaleza, a su origen y a su fin último, a su inteligencia y a su libertad, a su sexualidad, a su conciencia moral y a su sociabilidad.
El respeto del ser de la persona debe, pues, presidir siempre el acto educativo. ¡Cuántas personas han sufrido y sufren el riesgo de malograrse, bien por la ausencia de educación, bien por haber recibido una educación sesgada o totalmente en contra de la verdadera esencia humana!
La educación es especialmente importante en los niños, adolescentes y jóvenes, ávidos de la verdad, pero todavía sin madurez suficiente para recibir críticamente lo que les viene del exterior e incluso lo que emerge de su mundo interior y, por tanto, susceptibles de ser orientados y de orientarse en una dirección opuesta a su ser.
El ejercicio de la educación exige necesariamente el celo por el bien del educando, el deseo de que éste se desarrolle y crezca según su verdadero ser, el respeto profundo de su libertad, el amor a su persona.
Pero no todos pueden erigirse sin más en educadores; no todos tienen derecho a educar.
Los padres son, en principio, los educadores natos de sus hijos. Por haberles amado antes incluso de su concepción, ellos son sus primeros educadores. Pues, ¿qué otros si no el padre y la madre son los que están llamados a amar verdaderamente a su prole? Concebidos en el seno materno desde un acto interpersonal de amor, los hijos son el fruto de ese amor. Pero hay más todavía. El hijo nace como persona, con derecho, por tanto, a recibir de los padres la protección necesaria, la alimentación, la educación. Consecuentemente, educar física, intelectual y moralmente a los hijos constituye un deber natural y un derecho natural de los padres.
La auténtica democracia supone respeto a los derechos humanos fundamentales, entre los cuales ocupa un lugar preeminente el derecho inalienable de los padres a decidir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.
Ciertamente, el deber de la educación, que recae primariamente en los padres, necesita de la ayuda de toda la sociedad: de la ayuda de aquellos cuerpos sociales intermedios a los que los padres hacen partícipes del derecho de educar a sus hijos; y de la ayuda de la misma sociedad civil, que colabora con los padres en la tarea educativa, pero atendiendo siempre a los deseos de éstos.
Por consiguiente, es deber del Estado, en lo que concierne a la educación de las nuevas generaciones, tutelar los derechos y obligaciones de los padres y de todos los demás sujetos educativos, colaborando diligentemente con ellos; y completar la obra de la educación según el principio de subsidiariedad cuando no es suficiente el esfuerzo de los padres y de los otros cuerpos sociales educativos, pero siempre en estrecha relación con la voluntad de éstos.
En honor de la verdad, por fuerza hay que reconocer la inestimable ayuda que la sociedad civil y los cuerpos educativos intermedios vienen prestando desde hace muchos años a la labor educativa de los padres. Buena prueba de ello son la creación y el mantenimiento por el Estado de esa gran red de escuelas y de institutos propios distribuidos por todo el territorio nacional, la cuantiosa aportación económica prestada a los cuerpos sociales educativos mediante la fórmula de Concertación de Centros y las innumerables ayudas económicas otorgadas directamente a los alumnos a través de becas y de bolsas de estudio.
Ahora bien, la ayuda de la sociedad civil a la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, siempre necesaria y exigible por los padres, no faculta al Estado para erigirse en instancia educativa autónoma. En esta tentación, no del todo infrecuente en la historia, pensamos haya incurrido nuestro actual sistema educativo con el establecimiento de una materia en el diseño curricular cuya finalidad primordial se dice estriba en preparar a las nuevas generaciones para vivir en democracia, pero que, en realidad, se sale de estos límites legítimos y acaba asumiendo una labor sagrada que no le corresponde: la de educar a la persona en profundidad y en todas las dimensiones de ésta.
La cuestión no deja de tener su gravedad y está siendo causa en muchas partes de un fuerte malestar, lo que se manifiesta en el importante debate social desatado al respecto, en el dolor y en la angustia de tantas familias con hijos en edad escolar y en la duda surgida en no pocas Comunidades Autónomas sobre la implantación inmediata de esta nueva materia, habida cuenta del notable número de casos presentados de recurso de inconstitucionalidad y de objeción de conciencia.
Conscientes de que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres, son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de todos los hijos de la Iglesia, particularmente de los pastores, los obispos de las diócesis de Aragón nos vemos urgidos a seguir participando, desde la autonomía legítima de la razón, iluminada por la fe, en el debate social sobre este problema, para contribuir a su discernimiento y ayudar a encontrar soluciones justas. En realidad, se trata de insistir nuevamente en las enseñanzas ya ofrecidas al respecto por la Conferencia Episcopal Española y por todos y cada uno de los obispos en nuestras respectivas Iglesias locales.
No otro es el fin -con la mayor humildad lo decimos- de esta Carta Pastoral dirigida a los padres, a los profesores y a los Centros de Enseñanza, a los sacerdotes, religiosos y catequistas, a los niños, adolescentes y jóvenes, a los políticos y a los gobernantes, elegidos libremente por los ciudadanos para que trabajen por el logro del bien común, y a todos los hombres de buena voluntad.
I.- LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL HOMBRE Y LA EDUCACIÓN CÍVICA
El hombre no es sólo un ser social, pero es también un ser social. La sociabilidad es una dimensión constitutiva del ser humano. Bien lo advierte la sabiduría del libro del Génesis a propósito del matrimonio y de la familia, la más genuina y originaria expresión de la sociabilidad humana: “Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó” (Gn 1,27). La sociabilidad es, pues, constitutiva de la persona, la cual está y se percibe abierta a priori al ser de la otra persona. También por eso, Adán siente alegría inaudita al encontrarse con Eva (Gn 2,23). La utopía del solitario Emilio de Rousseau es, así, un sueño diurno de la razón carente de verdad.
Pues bien, si el hombre es un ser llamado por naturaleza al encuentro con los otros y a la vida con los otros, entonces esta dimensión social, aun no agotando la riqueza del ser humano, exige ser cuidada y educada. Como señala la Declaración Gravissimum educationis del Concilio Vaticano II, hay que preparar a los niños y a los adolescentes a que participen en la vida social, de forma que, bien instruidos en los medios necesarios y oportunos, puedan hacerse activamente presentes en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los otros, se muestren abiertos a las relaciones fraternas con las personas venidas de otras latitudes, fomenten en la tierra la unidad y la paz, y presten con gusto su colaboración al logro del bien común .
Pero la formación cívica, que ayuda al hombre a vivir en sociedad, no puede comprometer la esencia del hombre, la cual no se agota en la sociabilidad. El hombre es social, pero su misterio no queda desvelado plenamente en su apertura a los otros ni en su vida entre los otros. La persona humana no se agota en la sociedad, lo que determina que aquélla no sea reducible a un momento de ésta.
En virtud de su condición espiritual, el ser humano posee una interioridad y una profundidad cuyas exigencias no pueden ser colmadas solamente por la naturaleza y por la sociedad. Por su condición natural de espíritu-en-el-mundo, el hombre se percibe radicalmente ligado a la naturaleza y, al mismo tiempo, trascendiendo cualitativamente ésta. Y, lo que le ocurre al hombre respecto de la naturaleza, le ocurre también, aunque en otro sentido, respecto de la sociedad.
En efecto, ocupado en la naturaleza e inmerso en la sociedad, el hombre vuelve constantemente sobre sí y, en lo más profundo de su espíritu, se ve urgido a formularse preguntas que no puede soslayar y a las que el mundo no puede ofrecerle plena respuesta. Son las grandes preguntas acerca de la verdad de su ser y acerca del ser del mundo, sobre el sentido del dolor y de la muerte, sobre el bien y el mal, sobre su vocación y destino último, sobre el ser de su libertad, sobre la existencia y la esencia de Dios.
Por consiguiente, al no agotarse la persona humana en su dimensión social, esta dimensión no puede ser considerada como la única dimensión constitutiva del hombre y, por ende, no puede ser absolutizada. De ahí que una educación para la ciudadanía no pueda minusvalorar las otras dimensiones inalienables del hombre, juzgándolas secundarias, considerándolas tal vez impropias de la persona, subsumiéndolas en la dimensión social o interpretándolas como fenómenos advenidos al ser humano por causa de la historia y de la cultura. Esta pretensión reductora no consiste sino en la ilusión de crear un hombre social y sólo social.
Ciertamente, la tarea de la educación cívica es grande, hermosa y necesaria. Ella parte del hombre como ser social, reconoce los derechos naturales e inalienables de la persona humana en sí misma considerada y en su vida en sociedad, enuncia los deberes de la persona respecto de la sociedad en que ésta vive y pone de manifiesto los valores y las virtudes cívicas exigibles al hombre para vivir en sociedad. Y procede así dejando al margen el tipo de sociedad de que se trate y el signo político de quienes tienen a su cargo en un momento determinado el gobierno de la ‘cosa pública’. Bien señaló el Papa Juan-Pablo II en reiteradas ocasiones que la democracia, para su justo funcionamiento, debe estar basada en valores objetivos y permanentes, pues, si no existe un punto firme de referencia, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder, hasta el punto de que una democracia sin valores objetivos y vinculantes podría convertirse con mucha probabilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia .
Pero, aun teniendo tan necesario y tan alto cometido, la educación cívica es humilde y se detiene, reverente, ante el misterio del hombre oculto en el ciudadano.
Dicho en síntesis, la educación cívica no debe preterir la sentencia del sabio Aristóteles en el conocido paso de la Ética a Nicómaco: “Una cosa es ser hombre bueno y otra muy distinta, ser buen ciudadano de un régimen cualquiera” . Cuando se confunden e identifican ambas cosas, el legislador sobrepasa los límites constitutivos de su función y pide al ciudadano lo que a la persona de éste sólo le pueden pedir Dios y su conciencia. Por tanto, dese al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios. El César puede pedir legítimamente al ciudadano, a través de la educación cívica, que éste, en su comportamiento social, respete los derechos fundamentales de la persona y guarde las virtudes cívicas. Pero no puede pedirle que deconstruya su conciencia, su cosmovisión, su sistema de valores, ni que llene a continuación el espacio vacío que ha quedado en su alma con otra conciencia moral, propiciada y, al fin y al cabo, impuesta desde arriba por medio de la educación cívica. Y menos todavía puede argüirle que semejante sacrificio viene exigido por el ser mismo de la sociedad democrática. Este modo de razonar bien podría constituir un bello pretexto para imponer al ciudadano, como necesario y vinculante, un determinado pensamiento único, cuando, en realidad, la democracia excluye a priori la imposición de tal pensamiento. Como decía Pablo VI, “no pertenece al Estado, ni a los partidos políticos, que se cerrarían sobre sí mismos, el tratar de imponer una ideología por medios que desembocarían en la dictadura de los espíritus, la peor de todas. Incumbe a los grupos establecidos por vínculos culturales y religiosos -dentro de la libertad que a sus miembros corresponde- desarrollar en el cuerpo social, de manera desinteresada y por su propio camino, las convicciones últimas sobre la naturaleza, el origen y el fin de la persona humana y de la sociedad. En este campo conviene recordar el principio proclamado por el Concilio Vaticano II: «La verdad no se impone más que por la fuerza de la verdad misma, que penetra el espíritu con tanta dulzura como potencia»” .
Bien se ha percatado la Unión Europea de la esencia y de los límites de la verdadera educación cívica, denominada por el Consejo de Europa ‘Educación para la Ciudadanía Democrática’.
Un examen conjunto de cuatro textos claves de la Unión Europea sobre esta cuestión, a saber, la Recomendación 1346, de 26 de octubre de 1997, la Recomendación 1401, de 30 de marzo de 1999, la Declaración formal del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 7 de mayo de 1999, y el nuevo programa Ciudadanos para Europa, presentado al Parlamento Europeo y al Consejo el 6 de abril de 2005, da como resultado el diseño de una ‘Educación para la Ciudadanía Democrática’, que estaría presidida por tres principios:
1. La ‘Educación para la Ciudadanía Democrática’ enseñará los derechos fundamentales del hombre y los valores comunes que deben configurar la identidad del ciudadano. Estos valores, considerados como cimiento de la sociedad democrática, son la libertad, la lealtad, la tolerancia y la solidaridad. Se evitará así que la introducción de tales estudios convierta la escuela en un ámbito de lucha ideológica o en una correa de transmisión de la ideología del grupo político dominante.
2. En cuanto a su finalidad, la ‘Educación para la Ciudadanía Democrática’ deberá enseñar los derechos fundamentales de todos y los derechos específicos inherentes a la ciudadanía, así como también los deberes que se deducen de las notas definitorias del concepto de ciudadano, pero siempre con el fin de orientar a todos a la acción, al compromiso personal y al esfuerzo en la tarea de promover los bienes cívicos.
3. Y, en cuanto a sus límites, la ‘Educación para la Ciudadanía Democrática’ no podrá nunca abrigar la ambición totalitaria de dar normas sobre todas las conductas humanas, en el soberbio y desmedido intento de construir un hombre nuevo, tarea muy alejada de lo que se espera de un gobierno democrático.
II.- LA EDUCACIÓN CÍVICA EN EL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y SUS PRESUPUESTOS ANTROPOLÓGICOS Y ÉTICOS
La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una de las novedades de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), consiste en una nueva materia obligatoria y evaluable introducida en los currículos de la Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Dicha materia, cuya implantación parcial comienza en el presente curso, abarca tres asignaturas materialmente distintas, pero formalmente conexas.
La primera se denomina Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Esta asignatura se impartirá en dos tiempos distintos del largo iter escolar: en uno de los dos cursos del tercer ciclo de Primaria (niños de entre 10 y 12 años) y en uno de los tres primeros cursos de la ESO (muchachos de entre 12 y 15 años).
La segunda asignatura recibe el nombre de Educación ético-cívica y se impartirá en el curso cuarto de la ESO. Afectará, pues, a adolescentes de entre 15 y 16 años.
Y la tercera asignatura, llamada Filosofía y Ciudadanía, se impartirá en uno de los dos cursos de Bachillerato, incidiendo, por tanto, en alumnos de entre 16 y 18 años.
La ‘Exposición de motivos’ de la LOE afirma la importancia de esta materia curricular en el conjunto de las actividades educativas, anuncia la introducción de nuevos contenidos referidos a esta educación, explica la triple finalidad de la misma y señala que no podrá ser una materia alternativa o sustitutoria de la enseñanza de la religión ni tampoco se confundirá con la educación en valores de carácter transversal.
Como fácilmente se advierte, llaman poderosamente la atención y suscitan interrogantes la gran importancia otorgada por la Ley a esta materia curricular, el hecho de que ésta presente nuevos contenidos, que tenga carácter obligatorio y evaluable, que no pueda ser transversal a otras disciplinas y que se excluya a priori el poder ser alternativa o sustitutoria de la enseñanza de la religión.
Sin embargo, las tres razones con que la LOE justifica la introducción de esta materia en el sistema escolar son, en principio, plausibles. Como leemos en la ‘Exposición de motivos’, la triple finalidad perseguida por la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos estriba en “ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, [acerca] de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como [también acerca] de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. (...) La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos”.
En efecto, ¿puede alguien dudar de la bondad de una materia curricular que persigue dar a conocer la textura interna y los mecanismos de funcionamiento de una sociedad democrática, así como también los principios y los derechos establecidos como permanentes e inalienables en nuestra Constitución y en los tratados y en las declaraciones de los derechos humanos? Más todavía: ¿qué duda cabe de que la vida en una sociedad democrática exige aceptar algunas reglas comunes apoyadas en valores para que aquélla sea posible? Por tanto, el conocimiento reflejo de la Constitución, de los derechos fundamentales del ser humano recogidos en las declaraciones universales y de los mínimos necesarios para la convivencia sin traumas en la sociedad democrática es algo bueno e incluso necesario.
Ahora bien, si la presentación formal de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos ofrecida por la LOE, aun suscitando interrogantes, podía inducir a pensar en la posible bondad del legislador al introducir aquella materia, los Reales Decretos aparecidos ocho meses después, en los que se desarrolla la LOE, confirmaron las reservas habidas. Estos Reales Decretos son, como se sabe, el de ‘Enseñanzas Mínimas para Educación Primaria’, de 7 de diciembre de 2006, publicado en el BOE al día siguiente; y el de ‘Enseñanzas Mínimas para Educación Secundaria Obligatoria’, de 29 de diciembre de 2006, publicado en el BOE el 5 de enero de 2007.
Tales Reales Decretos desarrollan pormenorizadamente los principios, los objetivos y los contenidos de la Educación para la Ciudadanía, ponen de relieve la gran contribución de esta materia escolar a la así llamada ‘adquisición de competencias básicas’ y contemplan detenidamente los criterios para su evaluación.
Como vamos a ver enseguida, la configuración de esta nueva materia se presenta crípticamente en la Ley y de un modo explícito en los Reales Decretos, que la desarrollan y aplican, no sólo ni sobre todo como un instrumento pedagógico al servicio de una cultura o educación político-jurídica y propiamente cívica, sino, principal y fundamentalmente, como una asignatura independiente y obligatoria dirigida a inculcar una educación en actitudes y valores éticos tanto en el plano de las relaciones sociales como en el del propio comportamiento personal, basada en una explícita antropología fundamental.
En efecto, un análisis atento de dichos Reales Decretos revela la concepción sistemática de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como una materia que integra elementos teóricos y prácticos de antropología, ética general, individual y social, con elementos de educación político-jurídica y cívica.
Y este hecho se observa tanto en el ámbito de los contenidos y objetivos, de los que derivan los propósitos o fines, como también en la contribución de dicha materia al desarrollo de las competencias básicas y en la determinación del criterio de evaluación.
Haciendo abstracción metodológica de los elementos de educación político-jurídica y propiamente cívica contemplados en la Educación para la Ciudadanía, esta materia ofrece, entre otros, los siguientes presupuestos antropológicos, ético-personales y ético-sociales: la proclamación de la autonomía completa del hombre tanto en sí mismo como en su relación con los demás; la afirmación de la identidad absoluta del varón y de la mujer con la consiguiente negación de que aquél y ésta, iguales en naturaleza y dignidad, constituyen, en virtud de su distinta corporeidad, dos formas cardinalmente distintas de realización de la misma naturaleza humana; la afirmación de una libertad sin límites, a saber, de una libertad plenamente autónoma y creadora que no admite como vinculante referente objetivo alguno; la interpretación de la conciencia moral como plenamente autónoma y constructora de sus contenidos con el fin de que ésta se muestre acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos, lo que implica la caída en el relativismo moral absoluto y, por ende, en la negación de la existencia del bien y del mal en sí; el olvido sistemático y pretendido de toda trascendencia; y la consideración de los derechos fundamentales del hombre como no emergentes a priori de la naturaleza de éste, sino como otorgados a posteriori por la sociedad civil y, por tanto, sometidos, en lo que se refiere a su contenido, al devenir histórico.
Como bien señala el Presidente de ‘Profesionales por la Ética’, el hombre que resulta de la antropología subyacente a la Educación para la Ciudadanía tendría el siguiente perfil: un ser inmanente, ajeno a su Creador, sin trascendencia y, por tanto, mutilado en su realidad (laicismo); un hombre en el que las facultades espirituales del alma son eclipsadas por el nivel del conocimiento sensible y por los afectos (empirismo); un ser autónomo que se construye a sí mismo y que no puede conocer la verdad ni objetivar el bien (relativismo moral); y un ser humano cuya sexualidad no es constitutiva, sino el resultado del deseo y de la elección (ideología de género).
En resumen, la Educación para la Ciudadanía implica, según la LOE y los mentados Reales Decretos, una teoría general sobre el hombre y sobre los principios éticos que deben modelar su existencia y regir su conducta individual y social. Ciertamente, esta teoría general no se desarrolla de forma sistemática ni exhaustiva, pero sí de un modo que condiciona fuertemente la educación integral de los alumnos. Y tal teoría se ofrece como una doctrina que, excluyendo sistemáticamente toda referencia a la dimensión trascendente del hombre y de la sociedad, mantiene una concepción laicista de la vida en la que no caben ni Dios ni verdad objetiva alguna. La verdad en sí de las cosas y la verdad en sí de Dios quedan relegadas a la esfera de lo privado.
Es como si, para ser un buen ciudadano en la sociedad democrática, se necesitase el asentimiento interior y exterior a un determinado credo, el laicista en este caso, el cual debe ser estudiado, comprendido, aprendido, interiorizado y vivido merced a la ayuda de la Educación para la Ciudadanía.
III.- DIFICULTADES ÉTICO-JURÍDICAS DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Los derechos de libertad de pensamiento y de religión, de libertad de enseñanza y de creación de centros docentes, por una parte, y, por otra, el derecho de todos a una educación integral y el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, constituyen dos órdenes de derechos afirmados y puestos en perfecta relación por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por otros tratados y acuerdos internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y la Carta de los Derechos Fundamentales, proclamada por la Unión Europea, el 18 de diciembre de 2000.
La Constitución Española presta oído a estos dos órdenes de derechos fundamentales y los recoge en sus artículos 16,1 y 27,1.2.3.6.
En efecto, el derecho de libertad de pensamiento y de religión es afirmado en el art. 16,1: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
El derecho de la libertad de enseñanza es reconocido, en estrecha relación con el derecho de todos a la educación, en el art. 27,1: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”.
El derecho a la libertad de creación de centros docentes de iniciativa social queda asumido en el art. 27,6: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”.
Por otra parte, el derecho de todos a una educación integral de sus personas queda afirmado en el art. 27,2: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Y el derecho inalienable de los padres a pensar y decidir qué educación dar a sus hijos es garantizado por el Estado en el art. 27,3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Ahora bien, en nuestra Constitución también se da una conexión interna entre estos dos órdenes distintos de derechos.
Respecto del primer orden, si la Constitución reconoce el derecho de la libertad real a mantener y manifestar públicamente una ideología, una religión y un culto (art. 16,1), entonces quedan plenamente legitimados el derecho de la libertad de enseñanza (art. 27,1) y el derecho a la libertad de creación de centros docentes de iniciativa social (art. 27,6), los cuales pueden darse a sí mismos un ideario o carácter propio, marcado, en cada caso, por una determinada concepción y visión del hombre y de la vida. La lógica interna de estos tres derechos salta inmediatamente a la vista.
Pero este primer orden de derechos guarda, a su vez, una relación intrínseca con el segundo orden, a saber, con el derecho de que todos puedan acceder a la educación (art. 27,1), entendiendo ésta como educación integral (art. 27,2), y con el derecho que asiste a los padres de educar integralmente a sus hijos según sus convicciones religiosas y ético-morales (art. 27,3).
En efecto, el derecho a la libertad de pensamiento determina el derecho de la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes (primer orden de derechos); y el derecho de la libertad de enseñanza constituye el principio de legitimación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones (segundo orden de derechos). Por consiguiente, tanto la escuela privada como la escuela pública deben educar teniendo en cuenta la voluntad educativa de los padres.
Así las cosas, la imposición legal de una materia de enseñanza obligatoria y evaluable de formación antropológica y moral con carácter general para todos los alumnos, como es el caso de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, podría significar el no cumplimiento del art. 27,3 de la Constitución Española en relación con sus artículos 27,1 y 16,1.
En efecto, la imposición desde arriba de una materia curricular de esta índole no respetaría la secuencia constitucional libertad de pensamiento → libertad de enseñanza → libertad de los padres a decidir la identidad de la educación integral de sus hijos. Con lo cual, el Estado, consciente o inconscientemente, se convertiría en la instancia última que define el ser y el obrar de la persona. Y todos sabemos que, si se pretendiese erigir tal postulado en supuesto doctrinal intrínseco del ordenamiento jurídico, quedaría completamente vacío de contenido el derecho de la libertad de enseñanza de los padres y de las instancias o instituciones sociales llamadas a intervenir en el proceso educativo, que entraría en contradicción con el derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto que garantiza el artículo 16,1 de la Constitución.
Se incurriría así en una concepción ideológica del Estado, la cual, como decía hace meses el Cardenal Rouco Varela en una conferencia dictada en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nos retrotraería a períodos de la historia política de la Europa del siglo XX que habríamos de dar ya por definitivamente superados, al tiempo que abriría paso a una realización injusta del orden político-constitucional .
A este respecto, hay que tener en cuenta lo que sobre el derecho de los padres nos dicen los textos jurídicos internacionales: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” .
Volviendo al hilo conductor del tema que nos ocupa, la nueva materia de Educación para la Ciudadanía puede enfrentarse, a nuestro juicio, con obstáculos éticos y constitucionales muy serios, pues dicha materia, dada su verdadera identidad, al ser impuesta por el Estado como obligatoria para todos y como evaluable, infringe el derecho natural y positivo a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, el derecho de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a determinar la formación moral y religiosa que estimen en conciencia ser la buena para sus hijos, un derecho afirmado en el art. 27,3 de la Constitución, que, según sentencia del Tribunal Constitucional , deriva inmediatamente del derecho de la libertad de enseñanza, hasta el punto de que no habría hecho falta que tal derecho, para ser jurídicamente vinculante, constara explícitamente en la Constitución.
Dicho de otra forma, el Estado no puede introducir como obligatoria una materia de enseñanza cuyos principios inspiradores, objetivos pedagógicos y contenidos, junto con los criterios correspondientes de evaluación, vayan dirigidos teórica y prácticamente a la formación moral de los alumnos. Y menos todavía puede el Estado permitirse introducir, a través de los presupuestos antropológicos explícitos e implícitos en dicha asignatura, una concepción del hombre, de la vida y del mundo elevada al rango de doctrina o de ideología obligatoria que venga de hecho a competir con la formación religiosa o con otra formación de carácter fundante y global queridas libremente por los padres. Esta conclusión sería válida tanto para la escuela pública como para la privada o de iniciativa social.
Huelga decir que no cabe argumentar recurriendo a una argucia hermenéutica presuntamente aplicable al art. 27,3 de la Constitución. Según esta argucia, la formación religiosa y moral, cuyo derecho corresponde a los padres, sería compatible con la formación ética e ideológica, pues una y otra tendrían contenido distinto. Semejante argumentación olvida por lo menos tres cosas. En primer lugar, que, histórica, etimológica y semánticamente, ética y moral acaban significando lo mismo. Olvida también que la moral derivada de la religión presupone y asume necesariamente la ética natural o moral natural. Y olvida, finalmente, que la formación religiosa y moral implica a priori la prosecución del pleno desarrollo de la personalidad humana en todas sus dimensiones, que es precisamente lo que también persigue la Educación para la Ciudadanía.
Por tanto, una y otra, la formación religioso-moral y la formación ético-ideológica, aun encerrando contenidos materiales distintos y opuestos, tienen ambas un carácter fundante y global, lo que hace se excluyan mutuamente. La afirmación de una supone la negación de la otra.
En resumen, la Educación para la Ciudadanía podría contradecir con razones bien fundadas el artículo 27,3 de la Constitución, considerado éste en relación con los artículos 16,1 y 27,1 de la misma.
Pero, aun en el caso de que no se diera esta contradicción, el problema seguiría abierto, pues la norma suprema del obrar humano no la da una ley positiva de rango inferior o superior, sino la justicia. Y ésta, en sí misma, trasciende todo ordenamiento jurídico positivo. Bien señala Benedicto XVI que “la justicia es de naturaleza ética” , lo cual significa que el juicio sobre la justicia o no justicia de una ley positiva, independientemente del rango que ésta tenga, no lo dicta la ley positiva misma, sino la razón práctica a través de sus juicios y, concretamente, a través del juicio de la conciencia, que es la norma última del obrar humano, pues es ésta la que le dice imperativamente al hombre “haz esto, evita aquello” .
IV.- ALGUNAS SALIDAS ÉTICO-JURÍDICAS POSIBLES
¿Qué soluciones ético-jurídicas fáciles podría tener la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos?
Esta materia de enseñanza podría tener una salida fácil si se la descarga de su fuerte componente antropológico y ético o si pierde su carácter obligatorio y evaluable. Pero no tendría salida fácil si conserva su fuerte componente antropológico y ético y, simultáneamente, se afirma su carácter obligatorio y evaluable.
En el primer caso, la Educación para la Ciudadanía podría seguir siendo obligatoria y evaluable, pues sus contenidos serían sólo los propios de una educación político-jurídica y cívica. Como dice la primera Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española , una educación para la ciudadanía “que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del Ordenamiento constitucional y de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable” .
Y en el caso de que se quisiera conservar su fuerte componente antropológico y ético, dicha materia podría ser propuesta como opcional.
Pero, si La Educación para la Ciudadanía sigue manteniendo su fuerte componente antropológico y ético y, al mismo tiempo, conserva su carácter obligatorio, entonces plantearía problemas muy difíciles de resolver. Como dice el Episcopado Español a través de la Comisión Permanente, “por un lado, los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario, puesto que -según el actual currículo- no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos. Por otro lado, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la Religión y Moral Católica otra formación moral no elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica. En los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos. En cualquier caso, todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos, ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra” .
El estado actual de esta nueva materia reclama, pues, una actitud responsable y comprometida.
Ciertamente, se han planteado muchos interrogantes acerca del modo adecuado de responder a tal desafío. La Conferencia Episcopal Española, de la que vuestros Obispos somos miembros, nos exhorta a todos a no adoptar una actitud pasiva ante una materia de enseñanza inaceptable tanto en la forma como en el fondo. Inaceptable en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten; e inaceptable en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona .
Pues bien, la Comisión Permanente del Episcopado nos recuerda en su segunda Nota que “los medios concretos de actuación de los que disponen los padres y los centros educativos son diversos. (...) Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social” .
Los padres, en concreto, “harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos” .
En el variado panorama actual de tomas de posición respecto de esta materia de enseñanza de la LOE, existe una plataforma de organizaciones en la que están presentes, entre otras, la CONCAPA, la CECE, el ‘Foro de la Familia’ y ‘Profesionales por la Ética’. Estas instituciones y otras muchas han realizado un gran esfuerzo en lo que concierne a la información sobre la vulneración del derecho de los padres que supone la implantación de la Educación para la Ciudadanía. Todas ellas proponen varios caminos democráticos, entre los que se encuentran el recurso de inconstitucionalidad, la objeción de conciencia, etc.
Corresponden a la legítima autonomía de la conciencia rectamente formada de los padres y de las personas de los Centros la reflexión sobre las implicaciones de esta nueva materia curricular, así como también el estudio detenido de los horizontes de solución.
Urgidos por la caridad pastoral hacia todos, hacia todos sin excepción, nosotros hemos creído que es nuestra obligación contribuir al conocimiento y a la difusión de la verdad, la única que hace libres a los hombres (cf. Jn 8,32), para que, viviendo la verdad desde la caridad, que es el amor perfecto, podamos alcanzar todos la verdadera medida de nuestro ser, Jesús, el Señor (cf. Ef 4,15).
Que María del Pilar, la Madre de todos, nos conduzca a su Hijo Jesucristo, luz de los pueblos que disipa toda oscuridad y nos abre a la verdad plena.
Recibid todos nuestro saludo más ferviente y nuestra bendición, que viene de Dios.
Dado en Zaragoza, a 28 de agosto, Fiesta de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia, del año de gracia de 2007.

+ Manuel, Arz. Metr. de Zaragoza
+ Alfonso, Ob. de Barbastro-Monzón
+ Jesús, Ob. de Huesca y Ob. de Jaca
+ José-Manuel, Ob. de Teruel y Albarracín
+ Demetrio, Ob. de Tarazona.

La CONCAPA apoya en México que los libros de Biología enseñen que la homosexualidad es antinatural

El presidente de la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familias de España), Luis Carbonel, ha co-presidido hoy en México una rueda de prensa de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) -una especie de ‘Foro de la Familia’ mexicano- en la que se ha pedido la retirada de los libros de Biología para 1º de Secundaria, al considerar que incitan a los adolescentes a tener relaciones sexuales por incluir información sobre salud sexual y uso de anticonceptivos.

En la nota de prensa leída por el presidente de la UNPF, Guillermo Bustamante, se alude también a la homosexualidad (”el homosexualismo”), mostrándose indignados ya que los citados libros de Biología, aprobados por las autoridades, no incluyen que una relación sexual entre personas del mismo sexo es una “antinatural desviación sexual“.

Carbonel, que estuvo como presidente de la CONCAPA y de la Unión Iberoamericana de Padres de Familia, aseguró que diversos Gobiernos, entre ellos el español, están atacando a la familia tradicional con la aprobación de leyes como la del matrimonio homosexual o su influencia en algunas asignaturas, sin respetar -a su juicio- el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La UNPF consideró que informar sobre métodos anticonceptivos de la forma que se hace impulsará a los adolescentes a lanzarse a la práctica del sexo y criticó que sólo ocho libros hubieran sido aprobados por las autoridades educativas para esta asignatura de Biología, asegurando que estamos ante un ataque a la libertad de enseñanza.

Esta campaña de la UNPF, apoyada de forma algo folclórica por el presidente de la CONCAPA, es especialmente grave en un país con una altísima tasa de embarazos no deseados, sobre todo en zonas rurales donde existe aún falta de información y de medios. La petición también resulta grave en lo referente a incluir en un libro de texto que la homosexualidad es “antinatural” y “desviada“, toda vez que México es uno de los países con un mayor índice de asesinatos y agresiones homófobas.

La CONCAPA es una de las principales asociaciones que conforman el Foro de la Familia, una de las organizadoras de la manifestación de junio de 2005 contra el matrimonio homosexual en España y una de las más visibles dentro del movimiento por la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía.

Sus relaciones con la Comunidad de Madrid son, como es el caso de otros movimientos afines, especialmente cercanas. En 2005, Esperanza Aguirre recogió sonriente la insignia de oro de la CONCAPA, posando feliz y satisfecha con Luis Carbonel. Esa foto puede consultarse en la web institucional de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Aguirre, recordemos, fue el gran patrocinador de uno de los últimos congresos de la plataforma Hazte Oír, a la que ya premió por su trabajo e iniciativas en el año 2004.

52 comentarios to “La CONCAPA apoya en México que los libros de Biología enseñen que la homosexualidad es antinatural”
Si, eso, que la homosexualidad es antinatural aunque sea una práctica común en cerca de 300 especies animales (documentadas por la comunidad científica). Lo natural es lo del espíritu santo….enga ya!!!

Los obispos se pelean entre ellos, Aguirre templa sus críticas y FERE y CONCAPA cada vez se llevan peor

Educación para la Ciudadanía acentúa la división en la Iglesia
JOSÉ MARÍA GARRIDO

Desde que la semana pasada elplural.com publicara en primicia la misiva en la que la Federación de Religiosos de Enseñanza (FERE), se quejaba ante los obispos del trato recibido por parte de la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal y de su locutor estrella, Federico Jiménez Losantos, la división entre los jerarcas católicos es cada vez más visible.

Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal española, Ricardo Blázquez, respaldaba “el servicio impagable a la Iglesia y a la sociedad que la FERE viene prestando durante los últimos cincuenta años” y por tanto, también se desmarcaba del boicoteo a Educación para la Ciudadanía, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, afirmaba en la COPE que “los padres católicos tienen el derecho y el deber de acudir a todos los recursos legítimos jurídicos a su alcance, sea el que sea, para evitar que cuando lleven al colegio a sus niños no reciban esa materia adoctrinante”.

Sacar de quicio
Por su parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, reconoció que “quizá se había sacado de quicio este tema (Eduación para la Ciudadanía)” a la par que tiró balones fuera asegurando que no habían sido ellos (la Conferencia Episcopal) los que se habían opuesto contra esta asignatura, sino que habían sido “las principales asociaciones de padres, como la CONCAPA o el Foro Español de la Familia”.

Impartirla un poco
Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pese a haber sido uno de los líderes populares que más duramente ha cargado contra la asignatura de nueva creación (al igual que los obispos), también templó sus críticas dirigidas a Educación para la Ciudadanía, informa El País. De este modo, la líder popular aseguró que en Madrid se dará Educación para la Ciudadanía, pero eso sí, “la mínima posible”.

FERE vs. CONCAPA
La división es más que palpable. En el día de ayer, en el programa informativo de la Cadena Ser, Hoy por Hoy, mantuvieron un tenso enfrentamiento sobre Educación para la Ciudadanía, el secretario General de la FERE y el presidente de la ultra conservadora CONCAPA. Unos, los de la CONCAPA abogaron por promover la objeción de conciencia, mientras que por el contrario, los otros defendieron posiciones mucho más responsables.

Comparaciones
No solo las formas son distintas, sino que también el fondo. El repudiado por Jiménez Losantos, el padre Manuel de Castro, afirmó que una vez que la ley fue aprobada por el Parlamento, como demócratas, su obligación es “aceptarla”. Por el contrario, el dirigente de la CONCAPA, Luis Carbonell, no dudo en comparar la asignatura de nueva creación con la impartida en el régimen franquista, Formación del Espíritu Nacional.

Más moderado
Pero hasta las posiciones esgrimidas por el presidente de la CONCAPA, una vez publicada la carta de Castro por elplural.com, también eran más moderadas. Carbonell ya no pide que la asignatura no se imparta el año que viene, sino que esta sea de carácter optativo y voluntario.

Silencio
Mientras los obispos se contradicen unos a otros, y los líderes de la FERE y la CONCAPA se pelean entre ellos, el presidente de Profesionales por la Ética guarda silencio al observar como paulatinamente pierde apoyos en su lucha contra el ejecutivo Socialista y comprueba que ya nadie cree en la “rebelión cívica” de la que hablaba en días anteriores.

El futuro
Cabe recordar que en apenas una semana, Educación para la Ciudadanía comenzará a impartirse en 7 Comunidades Autónomas y el año que viene en el resto de las Comunidades Autónomas del Estado español.

Rebelión de un colegio de Málaga contra Educación para la Ciudadanía

Se trata de un centro concertado de la capital malagueña, según Concapa.

En sus horarios incluirá la nueva materia, pero pretende no impartirla en sus aulas.
Educación para la Ciudadanía sólo había provocado objeciones de conciencia de profesores y padres. Ahora, la rebelión también ha llegado a los centros educativos.


Un colegio concertado de Málaga capital no impartirá la nueva asignatura. Sus alumnos tendrán los libros necesarios y el horario del centro incluirá esta materia, pero no se darán clases, según explica a 20 minutos Eduardo Caro, presidente en Málaga de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa). La dirección del colegio ha comunicado esta decisión a Concapa –no ha querido facilitar su nombre–, con la que «están de acuerdo los padres», expone.

Amparo a la justicia

Por ahora, sólo cinco padres han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir que suspenda el decreto de la Junta sobre la implantación de esta asignatura. Sin embargo, según Juan María del Pino, presidente de la Confederación Católica de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y Familias (Confapa), hay 200 familias andaluzas interesadas en adherirse a los recursos.

Confapa anima a los padres a sumarse a ellos y Concapa a ir al Tribunal Constitucional. Pagará, incluso, el coste que eso conlleve. Ambas organizaciones anuncian, además, movilizaciones para noviembre.

Para José Blanco, de la Federación de Enseñanza de CC OO-A, todo esto es más una «guerra política» que un problema educativo. La asignatura, recuerda, «ha sido aprobada por el Parlamento», por lo que los centros «están obligados» a impartirla el próximo curso.

Mientras, Pilar Triguero, de la Confederación Andaluza de APAs por la Enseñanza Pública (Codapa), confía en que el TSJA desestime los recursos que se han presentado. Éstos pretenden, dice, «paralizar el currículum de muchos alumnos».

LA NUEVA ASIGNATURA

Comunidades

En el nuevo curso 2007-2008, que ya se acerca, esta nueva materia sólo se impartirá en un total de siete comunidades autónomas españolas. Se trata de Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Navarra y Extremadura, además de Andalucía.

Contenidos

Los alumnos de 3º de Secundaria de Andalucía tratarán el próximo curso 12 temas distintos en las clases de Educación para la Ciudadanía. Empezarán por tratar las responsabilidades que conlleva la libertad. Seguirán analizando la familia, los amigos y hablarán de amor y sexualidad. También analizarán la igualdad en la sociedad, la convivencia y el concepto de solidaridad. Los últimos cuatro temas estarán dedicados a sumergirse en la Constitución española, la democracia, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cambio climático o la ONU.

EDUCACIÓN. LOS PADRES PIDEN QUE SE REVISE EL PARQUE DE AUTOBUSES ESCOLARES

Las principales asociaciones de padres coincidieron hoy en que el parque de autobuses escolares debería revisarse.

Para la católica Concapa, "habría que tener especial cuidado con la revisión del parque de autobuses". La laica Ceapa reclama que los autocares no tengan más de diez años de antigüedad.

Este curso entra en vigor la normativa de 2001 por la cual será obligatorio que los autocares escolares dispongan de un monitor para atender a los niños en la subida y bajada del autocar, que los puestos de pasillo tengan cinturón de seguridad y que haya sólo un niño por asiento, entre otras medidas orientadas a reforzar la seguridad.

La presidenta de Ceapa, Lola Abelló, consideró hoy, en declaraciones a Servimedia, que se trata de un primer paso muy positivo, pero que aún queda mucho por hacer.

Esta organización reivindica que los vehículos dispongan de un distintivo luminoso que garantice su visibilidad, que pasen la ITV en la misma comunidad autónoma en la que prestan servicio y que no hagan recorridos de más de 30 minutos. También reclama que los trayectos eviten los "puntos negros que tienen algunas carreteras".

Asimismo, Abelló señaló la necesidad de que los niños no lleguen a la escuela con más 10 minutos de adelanto. "A veces llegan 20 minutos antes de clase, y como el colegio aún no está abierto, tienen que esperar en la calle".

Otra de las reivindicaciones de Ceapa es que el monitor no sólo acompañe a los niños cuando suben y bajan del vehículo, sino durante todo el trayecto.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonel, se manifestó hoy satisfecho ante las nuevas medidas de seguridad que este curso entran en vigor.

Sin embargo, reconoció que es necesario revisar los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar ya que "los padres necesitan plenas garantías de seguridad en el transporte de sus hijos".

La FERE acepta la EpC porque hay que ser “demócratas” y la CONCAPA dice que es una imposición “franquista”

Losantos: “Rato tiene muchísimo más peligro que Gallardón, pero la gente del PP lo ve como suyo”. Pedro J: “Hay un auténtico descontento con la gestión del Gobierno de Zapatero”. Camacho: “el Gobierno ha tomado decisiones inmediatas para obtener un plus de beneficio a partir del uso partidista e indiscriminado del dinero”. El PP no da importancia a la encuesta de El Mundo: “Venimos de ganar las elecciones municipales con Rajoy al frente y con el mejor resultado de nuestra historia”. Y El PSOE responde: “en el PP todos quieren ir de número 2, seguramente pensando en el día después de las elecciones generales”

En la cadena SER, se ha escuchado esta mañana un cara a cara entre el secretario general de la Federación Española de Religiosos (FERE), Manuel de Castro, y el presidente de la CONCAPA, Luis Carbonell, sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. Manuel de Castro ha explicado la postura de su organización: “nosotros compartimos el hecho de que no estamos a favor de esta asignatura y en el Consejo Escolar del Estado votamos en su contra, pero una vez aprobada por el Parlamento entendimos que la asignatura era de obligado cumplimiento para nosotros y nos pareció más oportuno empezar a trabajar en otro ámbito para conseguir que nadie quiera desde la escuela imponer una determinada ideología o valores por muy respetables que sean pero que no son compartidos por todos”.
Así pues, parece que la FERE es partidaria de tragarse cualquier ley, una vez aprobada por el parlamento, porque ‘hay que ser demócratas’. Así lo explicaba De Castro: “una vez que la ley fue aprobada por el Parlamento, y que como demócratas tenemos que aceptarla, hemos tratado de trabajar en tres ámbitos: en primer lugar, en mejorar el curriculum a través de la negociación con el ministerio y las CCAA, y hemos llegado hasta donde hemos podido. Lo que sí es cierto es que ha habido mejoras sensibles, como retirar aquellos aspectos con los que la sociedad española no está de acuerdo. Nosotros estamos a favor de la educación en valores dentro de la escuela y de valores cívicos, pero estamos en contra de cualquier imposición de valores no compartidos. Después, hemos trabajado también en los libros de texto, hay dos o tres editoriales católicas cuyos libros de texto a nosotros nos parecen aceptables. Y también estamos trabajando en el último nivel del eslabón, que es el más importante, que es el profesor. Ahí estamos elaborando una especie de instrumento, no un guía propiamente, pensado para el profesor en el que se va a recoger el pensamiento de la Iglesia sobre cada uno de los temas, los documentos donde están recogidos, y es una ayuda al profesor de nuestros centros para que en la explicación que haga pueda conocer el pensamiento de la Iglesia”.

La CONCAPA, sin embargo, tiene una postura mucho más clara sobre la asignatura y su oposición a ella. Luis Carbonell, su secretario general, desglosaba su opinión: “nos oponemos porque consideramos que la asignatura ha de ser voluntaria, porque mandamos al Ministerio de Educación un documento abierto diciendo que de acuerdo con la asignatura pero siempre que fuera consensuada y que fuera voluntaria. Creemos que los valores que se pueden educar con esta signatura deben ser objeto de un amplio debate y no impuestos por el gobierno de turno”.

Carbonell señalaba que “en toda Europa no ha habido esa reacción porque en ningún lugar ha habido la intrusión que se pretende en este país, y además no se puede imponer, los valores se proponen y supone una gran desconfianza hacia el profesorado. Hasta ahora los profesores educaban a nuestros hijos dando amplia libertad para que cada uno configurara su personalidad y adoptara los valores que considerara convenientes, pero en esta ocasión se imponen los valores que le gustan al Gobierno, pero además valores que pueden ser contrarios a lo que cada uno enseñamos en nuestras casas. Y luego lo que nos parece inadmisible es que el Gobierno amenace a los padres que no cursan la asignatura, esto no es propio del siglo XX, es más, nos recuerda un poco al periodo de Franco cuando impuso otra asignatura que era formación del espíritu nacional”.

A Carlos Francino le ha parecido “una comparación un tanto exagerada...”.

Pero Carbonell ha insistido: “no es exagerada, no, también era obligatoria, aquí estamos pidiendo que sea voluntaria. Mire usted, siendo mayores de edad, a los ciudadanos nos gustan muy poco las imposiciones, y además que un Gobierno, con el problema escolar tan grave que tiene este país, quiera enredarnos con una asignatura más que consideramos superficial”. El secretario general de la CONCAPA no ha descartado cualquier medida frente a la asignatura: “entre ellas, la objeción de conciencia, recursos judiciales y cualquier otro planteamiento legítimo. Estamos en nuestro derecho, lo que nos llama la atención es que aquellos que antes defendían la objeción de conciencia y eran antisistema y luchaban por las libertades, ahora sean mansos y obedientes sin más. Me estoy refiriendo a todos los de la izquierda que han presumido de esto”.

Losantos: “Rato tiene muchísimo más peligro que Gallardón, pero la gente del PP lo ve como suyo”

Federico Jiménez Losantos, en la COPE, se ha referido a la encuesta sobre las preferencias políticas de los votantes del PP, que publica hoy El Mundo. Los populares que más tirón tienen, por orden de preferencia, son Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, José María Aznar, Alberto Ruiz-Gallardón y Mariano Rajoy. Y el 80% de los votantes rechaza que los alcaldes ocupen puesto de diputado. Para Losantos, la encuesta “tiene mucho morbo e interés”. “Pero cómo no van a querer más a Esperanza que a Gallardón, por favor, normal. Y es que recuerden que en las encuestas están empatados PP y PSOE. Entonces, una jugada electoral, una maniobra de listas, de imagen, te puede dar ese puntito que es la victoria y eso tiene mucha importancia real y además, es muy divertido chismorrear”.

Ayer Gallardón, señalaba que “si ha abierto el melón del liderazgo lo ha hecho de buena fe”. Losantos comentaba estas palabras del alcalde de Madrid: “¿recuerdan cuando prometió hace menos de dos meses que no iba a hablar más de sus ambiciones para no estropear la buena marcha del partido? Pues en mitad de agosto, va el tío y: ‘quiero la pelota, quiero mi pelota, es mía, la compró mi papa’, ‘que no Alberto, que ahora no toca’, y él dale que te pego. Ahora dice que no lo hizo con mala fe: primero, no tiene otra, y luego, si hace mes y medio te obligó el partido y las circunstancias a decir ‘no lo hará más’ y has vuelto a hacerlo, con la peor fe, porque encima ha aparecido ‘Ratón’, y Rato es mucho Rato. Rato es como Gallardón, tiene muchísimo más peligro que Gallardón, mi opinión sobre él es manifiestamente mejorable, pero la gente del PP lo ve como suyo, lo quiere, dice: este es de los nuestros, y de Gallardón, pues tienen dudas, la prueba es que el 80% quiere que Rato vaya en las listas, y de rechazo, el 10%. El 70% quiere que Gallardón vaya en las listas: rechazo, el veintitantos por ciento. Si lo vimos en las últimas elecciones, si Esperanza Aguirre sacó más votos que Gallardón en la capital”.

Pedro J.: “Hay un auténtico descontento con la gestión del Gobierno de Zapatero”
Pedro J. Ramírez también comentaba en la COPE la encuesta que ofrece su periódico y la relacionaba con la de ayer, en la que se concluía que el PP puede ganar las elecciones aunque la gran mayoría de españoles no lo cree, incluyendo una parte de los que votan al PP: “esta es la radiografía con la que empezamos el curso que tendrá su epicentro en las elecciones generales. Hay un auténtico descontento con la gestión del Gobierno de Zapatero, que no ha sido capaz a lo largo de estos años de convertir una victoria en circunstancias tan especiales como la que obtuvo en marzo de 2004 en un liderazgo que le haya permitido ampliar su base social. Depende exclusivamente de la movilización de la izquierda, y la izquierda está perpleja porque ha desarrollado una política más afín a los intereses reaccionarios de los nacionalistas que acorde con la agenda de la izquierda y eso es lo que le da una gran oportunidad al PP, estar a 1,4 puntos a seis meses de las elecciones es tener la victoria al alcance de la mano. Entonces depende de cómo se ejerza el liderazgo y ese es el momento en el que la encuesta de hoy tiene una importancia enorme”.

Camacho: “el Gobierno ha tomado decisiones inmediatas para obtener un plus de beneficio a partir del uso partidista e indiscriminado del dinero”

En Onda Cero, Ignacio Camacho apuntaba que el Gobierno ha tomado “decisiones inmediatas, tomadas para beneficiar o para obtener un plus de beneficio a partir del uso partidista e indiscriminado del dinero ya, no como promesa. El Gobierno de España de que va pagar 2.500 euros a los bebés nuevos, dice que va a subir las pensiones unilateralmente, eso es gasto inmediato, directo. Y sabemos que Zapatero tiene la caja llena y la tentación de utilizarla para beneficiarse electoralmente con una compraventa directa de votos está ahí y no cabe duda de que la está utilizando. A mí me gustaría más que puestos a gastar dinero, lo gaste en inversiones estructurales, que estamos viendo cómo los accidentes de carretera siguen produciéndose en eso que Magdalena Álvarez llama ahora puntos de concentración de no sé qué, pero que se han llamado toda la vida puntos negros”.

El PP no da importancia a la encuesta de El Mundo: “Venimos de ganar las elecciones municipales con Rajoy al frente y con el mejor resultado de nuestra historia”

En TVE, J. A. Bermúdez de Castro, responsable del área electoral del PP, ha desmentido la falta de liderazgo de Rajoy que parece desprenderse de la encuesta de El Mundo, en la que aparece en sexto lugar como preferencia para los votantes del PP: “el PP tiene grandes equipos y el liderazgo de Rajoy al frente del PP está plenamente consolidado. Venimos de ganar las elecciones municipales y autonómicas de hace unos meses con Rajoy al frente del partido y con el mejor resultado en la historia del PP en unas elecciones municipales. Tenemos la maquinaria perfectamente engrasada, y no se puede empezar con mejor bagaje que esa victoria electoral”.

Ha señalado Bermúdez de Castro que no le preocupan este tipo de encuestas: “que haya dirigentes de mi partido que quieran acompañar a Rajoy en las listas electorales porque ven a Mariano Rajoy con un proyecto ganador no nos preocupa en absoluto. Más nos preocuparía si estuviésemos en un partido como el socialista en el que dirigentes cualificados no sólo no quieren acompañar a Zapatero en las listas sino que se dan de baja acusando de traición a Zapatero por haber traicionado los principios socialistas y el programa electoral con el que fue a las elecciones”.

Preguntado sobre si el terrorismo va a estar presente en la campaña electoral, el popular no lo ha desmentido: “el terrorismo ha estado presente en esta legislatura no por voluntad del PP sino como consecuencia de el error de iniciar una negociación política con ETA abandonando el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Habría que preguntarse en qué situación estaría ETA si se hubiese mantenido la firmeza desde el acuerdo por las libertades y frente al terrorismo, desde la aplicación firme de la ley, la cooperación internacional y la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado. Probablemente, ETA estaría derrotada o a punto de abandonar la lucha armada”.

Y El PSOE responde: “en el PP todos quieren ir de número 2, seguramente pensando en el día después de las elecciones generales”

También en TVE, Óscar López, del PSOE, respondía a la pregunta del empate técnico que hay entre los dos grandes partidos: “También hay encuestas que dicen que el PSOE está cinco puntos por encima del PP. También antes del año 2000 había quienes afirmaban que había un empate técnico entre el partido socialista y el PP, y el candidato Aznar dijo que la lluvia fina estaba calando y tuvo mayoría absoluta. Creo que el PSOE parte de una buena situación de cara a estas elecciones generales, es verdad que faltan 7 meses todavía y hay todavía toda una acción de Gobierno que se tiene que desarrollar con normalidad. En el parlamento quedan leyes pendientes, alguna de ellas tan importante como la ayuda de 2.500 euros por hijo. Ayudas que vuelven a abundar en ese contenido social”.

Además, a su juicio, el Partido Socialista parte en una muy buena posición de salida, por dos razones: “porque hay un proyecto político claro, sólido e identificable que tiene que tener continuidad y porque hay también un liderazgo asentado y reconocido, como es el del señor Rodríguez Zapatero, frente a un PP en el que la cuestión sucesoria es bien curiosa, porque ni siquiera compiten por ser el número uno, no piensan en competir con Zapatero, seguramente porque estén pensando en el día después del año 2008. Es una competencia curiosa porque todos quieren ir de número 2, seguramente pensando en el día después de las elecciones generales y eso también es muy revelador de la propia psicología interna del PP”.

El cheque libro se queda corto para los padres porque no incluye el material

Los padres tienen que gastarse entre 20 y 120 euros adicionales.

Este curso la gratuidad llega también a dos niveles de ESO: en total, 124.000 alumnos.
Los gastos de la vuelta al cole no sólo se reducen a la compra de los libros. En la actualidad, los alumnos manejan gran cantidad de material que no cubren los cheques que entrega la Junta; los padres (Concapa) afirman que esta ayuda se queda «corta». «Tienen que invertir entre un 20 y un 50% más del dinero que se gasta Educación en libros», afirma Eduardo Caro, presidente de la citada asociación de padres. Es decir, han de desembolsar entre 20 y 120 euros. Los importes que subvenciona Educación a través de los cheques varía según los cursos: 105 euros (1º y 2º de primaria), 127 (de 3º a 6º de primaria), 220 (1º de ESO) y 240 (3º de ESO). El curso pasado se beneficiaron de todos los estudiantes de primaria (91.000 alumnos) y en el presente se ha extendido a 1º y 3º de ESO, por lo que se van a beneficiar unos 124.000.

Desde Concapa se apuesta por que también se sufrague el material con dinero público, mientras que los padres de la pública apuestan porque se extienda la gratuidad de libros a infantil. Otro de los asuntos espinosos con el programa de gratuidad de libros es que tienen que durar cuatro años (menos de los de 1º y 2º de primaria, que son rellenables). Parece que este curso no se va a notar mucho el deterioro de los libros porque es el primero que se heredan, pero Caro afirma que hay cierta «psicosis» entre los alumnos y los profesores con el cuidado de los libros. «El niño está acostumbrado a subrayar el libro y a hacer notas en los márgenes para estudiar. Y ahora tienen que cambiar las técnicas de estudio», describe.

Los centros ya pueden repartirlo

Los centros pueden acceder a los bonos desde el pasado 3 de septiembre. Y son ellos los encargados de decidir cuándo se reparten entre los padres. Educación afirma que va a haber tiempo suficiente para que los estudiantes comiencen el curso con el libro encima del pupitre. La consejera, Cándida Martínez, detalló ayer que los centros tienen del 3 al 15 de septiembre para hacer una selección de los libros de texto que emplearán en el año académico y avisar a los padres.

El Tribunal Superior andaluz rechaza la suspensión de Ciudadanía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la suspensión cautelar de la aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan Educación para la Ciudadanía, asignatura que este curso comenzarán a estudiar los alumnos andaluces de 3º de la ESO, así como los del mismo curso de otras seis autonomías.
La paralización de la materia había sido solicitada por cinco padres sevillanos que, a título individual, recurrieron la nueva disciplina ante la Justicia mediante la presentación de recursos contencioso-administrativos. Existen otros nueve recursos similares.
Carlos Seco Gordillo, uno de los recurrentes, declaró ayer que la resolución judicial «no es firme y se puede recurrir por las partes». No obstante, y tras advertir que está estudiando la posibilidad de hacerlo, indicó que «esto no supone que se rechace el recurso contencioso-administrativo».
En efecto, el TSJA no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, sino que ha rechazado la suspensión cautelar de la disciplina argumentando el daño que causaría a todo el sistema educativo, ya que se trata de una asignatura obligatoria establecida por ley orgánica y no por la Junta de Andalucía.
Precedente de la Fiscalía
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla había rechazado también el bloqueo de la asignatura y en sus alegaciones advertía que «las disposiciones generales impugnadas por el recurrente, en nada afectan al contenido del derecho a la libertad religiosa, tal y como ha sido expuesto», informa Ep.
Además, el escrito de la Fiscalía sostiene que la asignatura no supone una imposición ideológica, ya que, en virtud de la autonomía de los centros, corresponde a ellos mismos «la concreción pedagógica y organizativa del su proyecto educativo». En cualquier caso, la sala tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJA, situado en Sevilla, quiere resolver con rapidez el fondo de la cuestión y el próximo jueves, día 13, celebrará la primera vista.
Las reacciones a la resolución del alto tribunal autonómico no se hicieron esperar. Así, mientras la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, expresó su satisfacción, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) y el Foro Español de la Familia reiteraron su llamamiento a la objeción de conciencia.
No altera las campañas
Ambas organizaciones han intensificado sus campañas para lograr objeciones masivas y rápidas, ante la inminencia del comienzo del curso, y sostienen que la resolución del del TSJA no altera sus planes.
El presidente del Foro, Benigno Blanco, asegura «que no supone un pronunciamiento sobre la libertad de los padres a educar a sus hijos».
Para el presidente de la Concapa, Luis Carbonel, «dicho recurso tampoco tiene que ver con los que puedan interponerse cuando eventualmente se sancione a las familias o a los alumnos por la inasistencia a clase en objeción de conciencia». Los promotores de la objeción aseguran que ya se han presentado unas 15.000 petición.
Enseñar según el ideario
La Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), que escolariza a un millón y medio de alumnos, considera que la objeción es innecesaria en sus centros, ya que estos adaptarán Ciudadanía a su ideario católico y elaborarán una guía para los docentes.
Esta decisión de la escuela católica ha provocado agrias críticas de los defensores de la objeción, una iniciativa que suscita serias dudas jurídicas, ya que, pese a ser reconocida como un derecho constitucional, tan solo se ha regualdo en casos como el Servicio Militar y en el ejercicio profesional del personal sanitario, sobre todo frente al aborto.

La patronal de los colegios privados incita a saltarse la clase de Ciudadanía

Educación les acusa de "irresponsables" por hacer un "llamamiento a la ilegalidad"

La guerra contra Educación de la Ciudadanía continúa. Un nuevo órdago llegó ayer desde la patronal CECE, que agrupa a cerca de un 6% del alumnado. Esta organización aconseja a los colegios que permitan a sus alumnos faltar a esta asignatura y, en su lugar, propone organizar clases para aprender nociones sobre la Constitución, precisamente uno de sus contenidos. El Gobierno recordó que Ciudadanía es obligatoria y lanzó un mensaje de tranquilidad para los alumnos. Los sindicatos educativos reaccionaron con más contundencia. Pidieron que se acate la ley aprobada por mayoría y solicitaron sanciones para quienes se declaren en rebeldía. La fiscalía no admitió el recurso presentado por cinco padres para paralizar la asignatura en Andalucía.

La patronal de colegios privados Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha recomendado a sus centros en una circular que permitan el boicoteo a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, una materia obligatoria por ley.

Esta organización propone que, durante esa hora de clase, los alumnos cuyos padres rechacen esta asignatura sean conducidos a otro aula para realizar tareas "como lectura o trabajos acerca, por ejemplo, de la Constitución o la Declaración de los Derechos Humanos" -precisamente la base de la nueva materia-, aseguró ayer Isabel Bazo, presidenta de la patronal CECE y autora de las recomendaciones enviadas a sus colegios.

"Es una irresponsabilidad llamar al incumplimiento de una ley, al absentismo en una asignatura obligatoria", aseguró un portavoz del Ministerio de Educación. Además, se quejó de que esta medida está transmitiendo intranquilidad a los padres de los colegios de CECE, aunque de momento no se pronuncia sobre las posibles medidas a tomar: "Cuando tengamos la circular, la analizaremos y tomaremos las decisiones oportunas y adoptaremos medidas", añadió este portavoz del ministerio que dirige Mercedes Cabrera.

La responsable de CECE, Isabel Bazo, aseguró que ellos, como centros, "no entran a juzgar" la decisión de los padres de boicotear la asignatura de Educación para la Ciudadanía -aunque la han promovido desde hace meses-, pero que la decisión de no obligar a los chicos a dar esa materia (obligatoria) es "la mejor solución para el amplio abanico ideológico" que representan, dijo, desde colegios "religiosos a laicos o cooperativas".

Consecuencias académicas
Esta patronal, miembro del Consejo Escolar del Estado, representa a unos 1.200 centros de enseñanza obligatoria (infantil, primaria y secundaria) y posobligatoria (bachillerato o FP). Esto representaría algo más del 5% de todos los colegios, lo que vendría a significar unos 350.000 alumnos. Sobre todo, tienen representación en la enseñanza concertada, según fuentes cercanas al Ministerio de Educación. Entre los colegios pertenecientes a CECE hay centros vinculados al Opus Dei, como el Tajamar; religiosos de los Agustinos, como El Buen Consejo, o laicos como el Alkor, de Alcorcón. La circular a los centros de CECE de siete comunidades autónomas, en las que comienza a impartirse la semana que viene la materia de Ciudadanía, decía que se debía ofrecer a los alumnos objetores ese trato especial "mientras se resuelve el problema", es decir, hasta que se resuelvan en los tribunales los recursos interpuestos y los previsibles recursos posteriores. Además recuerdan que, aunque estos chicos suspenderán la asignatura por no cursarla, si no reprueban en total más de dos pueden pasar de curso igualmente.

Sin embargo, según ha recordado el Ministerio de Educación, al final de la enseñanza obligatoria, aunque vayan pasando de curso, no obtendrían el título. En cualquier caso, se trata de una asignatura obligatoria recogida en la ley y, por tanto, no existe posibilidad de no cursarla.

La principal patronal de la enseñanza concertada, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), recordó a sus centros el curso pasado que si no impartían Ciudadanía corrían el riesgo de perder las subvenciones públicas y la autorización para enseñar. La FERE impartirá la asignatura adaptada al ideario católico.

Cañizares pide a la escuela católica que «no se doblegue» ante las manipulaciones

El cardenal sugiere que se permita adaptar Ciudadanía al ochenta por ciento de padres que pide Religión católica
El cardenal Antonio Cañizares pidió ayer a los escuela católica que «no se doblegue a las instrumentalizaciones que, a veces, se están haciendo de ella». En una entrevista en el programa «La Mañana» que dirige en la Cope Federico Jiménez Losantos, el Primado de España explicó además que «si es posible adaptar Educación para la Ciudadanía al ideario de la escuela católica, también debería ser adaptable, con la misma o mayor razón, al ochenta por cierto de los padres de la escuela pública que ha pedido formación religiosa y moral católica para sus hijos». De esta forma el cardenal denunciaba la indefensión de los alumnos de los centros públicos ante el «adoctrinamiento» que supone la nueva asignatura.
A finales de mayo, y a petición de los representantes de los religiosos de la enseñanza, el Ministerio de Educación confirmó que los colegios concertados católicos podían adaptar los contenidos de la asignatura a su ideario. Cañizares explicó ayer que con esta medida responde a «una estrategia que es necesario superar», pues, «en el fondo, se está haciendo una concesión que va más allá de lo que dicen los Reales Decretos de enseñanzas mínimas».
«Laicismo radical»
El cardenal enmarcó el problema suscitado por la asignatura dentro de un «proyecto enormemente coherente que se está llevando a cabo a rajatabla y con toda precisión». Una supuesta «modernización que se identifica con «un laicismo radical que lleva a adoptar una serie de posiciones ante el matrimonio, ante la vida, ante la educación, ante el hombre en definitiva, con las cuales yo no puedo estar de acuerdo», afirmó Cañizares. El cardenal explicó que muy al contrario de lo que proclama esta determinada «visión del hombre», modernización «no quiere decir ir contra el hombre separándolo de Dios, no quiere decir suprimir la verdad del hombre, ni quebrar su voluntad».
En la entrevista, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal (CEE) sugirió que este «proyecto de sociedad» «estaría expresado de una manera clara y diáfana en los Reales Decretos que desarrollan la LOE». Una normativa que estaría dirigida «a adoctrinar a los ciudadanos», y a través de la cual el «Estado se erige en formador moral y impone su moral a todos los ciudadanos, privando de libertad a la ciudadanía», porque, según explicó «sin hombres libres no hay una auténtica ciudadanía».
Cañizares añadió que, para evitar este adoctrinamiento, «tenemos un instrumento en nuestras manos que es la escuela católica». En ese sentido recordó el documento «La escuela católica. Oferta de la Iglesia en España para educación en el siglo XXI» que la CEE aprobó en la pasada asamblea plenaria en el que los obispos ofrecen unas «notas muy importantes para introducir cambios fundamentales y una renovación de la escuela católica». Además añadió que, en estos centros de inspiración cristiana, «debería ofrecerse a los ciudadanos, de verdad, una alternativa al modelo de sociedad» que trata de imponerse desde el Gobierno. En este sentido destacó que la «escuela católica es un instrumento capital y no puede doblegarse a intrumentalizaciones que a veces se están haciendo de ella».
Según explicó, esta alternativa de los centros católicos debe estar basada en la antropología cristiana que «no está en contra de la razón, ni de la libertad, que no es regresiva ni reaccionaria, sino, todo lo contrario, que es la apuesta por el hombre, por la verdad, por la libertad, por el sentido de la vida y por un hombre verdaderamente nuevo que es capaz de amar, de perdonar y de buscar el servicio a los últimos». Por último, recordó que el episcopado, «por unanimidad», ha afirmado que los padres pueden acudir «a todos los instrumentos legítimos a su alcance para impedir que se les imponga una formación moral en contra de sus convicciones».

Cañizares rebate a Blázquez y dice que se intrumentaliza a la FERE

La postura de las escuelas católicas frente a Educación para la Ciudadanía ha vuelto a poner de manifiesto las distintas sensibilidades existentes en el conjunto del Episcopado español -por la boca de sus dos máximos dirigentes- respecto a la forma de oponerse a una materia que todos, eso sí, consideran «inaceptable».
Si este lunes fue el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, quien defendió a FERE-CECA en su decisión de impartir Educación para la Ciudadanía adaptándola al ideario católico, resaltando el «impagable servicio a la Iglesia y a la sociedad» de los colegios católicos, ayer fue el cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, quien rebatió la tesis de Blázquez, llegando a criticar a FERE ante las «instrumentalizaciones que se hacen de ella».
«La escuela católica es hoy un instrumento capital y no puede doblegarse a instrumentalizaciones que se hacen de ella», apuntó el vicepresidente de la Casa de la Iglesia en declaraciones a la Cope. Hace unas semanas, el cardenal primado manifestó que aquellos centros que aceptasen impartir Ciudadanía, aunque fuera adaptándola a su ideario, estarían «colaborando con el mal».
Al mismo tiempo, Cañizares tachó de «estrategia que es necesario superar» el hecho de que el Gobierno únicamente permita adaptar esta materia al ideario católico a los centros religiosos. «Si se pueden arreglar las cosas por la vía de que sean los colegios los que adapten los contenidos de Educación para la Ciudadanía al propio ideario -insistió el cardenal de Toledo-, debería ser igualmente adaptable al 80 por ciento de los padres de la escuela pública que han pedido formación religiosa, moral, católica para sus hijos».
El cardenal de Toledo concluyó reclamando que «los padres católicos tienen el derecho y el deber de acudir a todos los recursos legítimos jurídicos a su alcance, sea el que sea, para evitar que cuando lleven al colegio a sus niños no reciban esa materia adoctrinante».
Complacidos, no extrañados
El secretario general de FERE-CECA, Manuel De Castro, se mostró complacido por el apoyo de Blázquez tras las «injurias» vertidas por el locutor Federico Jiménez desde la Cope: «A nosotros -dijo- nos satisfacen y no nos extrañan, ya que hemos estado en conexión directa con monseñor Blázquez tanto en el debate de la LOE como en el desarrollo de los contenidos de Ciudadanía».

Arranca el curso escolar más convulso

Dos millones y medio de escolares de Primaria y ESO estrenan cambios legislativos ? Más de 3.000 colegios de media España empiezan a impartir Ciudadanía ? El fracaso y la violencia escolar, grandes asignaturas pendientes

El nuevo curso escolar comienza marcado, cómo no, por la proximidad de las elecciones de marzo y con la introducción de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía de fondo. El calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Educación sigue su curso, expuesto a un vuelco electoral que le empuje al precipicio en el que cayó la Ley de Calidad del PP, que el PSOE paralizó en cuanto llegó al poder en 2004.
Profesores y alumnos se reencuentran en las aulas con la siempre pendiente asignatura del fracaso escolar: casi un tercio de los jóvenes (el 30 por ciento) no consigue terminar los estudios de Secundaria Obligatoria y otro 39 por ciento no logra obtener el título de Bachillerato. Datos que, como siempre, nos sitúan en el furgón de cola de los sistemas escolares de la Unión Europea, que insiste en la necesidad de conseguir una mayor incoporación de estudiantes a las etapas no obligatorias.
Mención aparte merece el problema de la violencia escolar, que, según los estudios más alarmistas (léase el Informe Cisneros) afecta en mayor o menor grado a uno de cada cuatro jóvenes.
Ciudadanos a medida
Como si ya tuviera pocos problemas, el sistema educativo atraviesa una auténtica convulsión social con la introducción, en 3.500 colegios de media España, de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, materia obligatoria a la que este año harán frente, quieran o no, los alumnos de 3º de ESO de las comunidades socialistas. Sin embargo, el Ministerio de Educación esperará al próximo curso, como han hecho las comunidades del PP, para implantarla en los territorios de su competencia, Ceuta y Melilla.
Los padres que se oponen a una materia tachada de «adoctrinadora» ya han presentado cerca de 15.000 objeciones de conciencia, mientras el Gobierno se limita a advertir que los objetores se quedarán sin el título de graduado en ESO.
Los centros religiosos de FERE, organización que apoyó la aprobación de la LOE, se escudan en que podrán adaptar la asignatura a su ideario, ajenos a la indefensión de la que adolecen los alumnos de colegios públicos. Y las tensiones entre familias y administraciones se agudizan en la recta final del comienzo del curso. Los padres católicos de Concapa llamaron a la objeción masiva y urgente contra la asignatura, ya no sólo en las autonomías socialistas, sino también en las populares, por «solidaridad» con ellas y contra una materia que lleva en sí misma el «germen del relativismo moral». Igualmente, la Unión Democrática de Estudiantes llamó a todos los estudiantes mayores de 16 años, con independencia de su lugar de residencia o centro de estudios, a que objeten este mismo curso y cuanto antes.
Al contrario que la Ciudadanía, obligatoria en un curso de Primaria y dos de Secundaria, la Religión será voluntaria. En Secundaria, una alternativa será Historia y Cultura de las Religiones.
Evaluación
Así las cosas, dos millones y medio de alumnos (de los siete de las enseñanzas no superiores) estrenan una reforma académica que, este año, afectará a las enseñanzas de 1º y 2º de Primaria y de 1º y 3º de Secundaria. Los escolares no se librarán de repetir en este último tramo si han suspendido más de dos asignaturas, a no ser que el equipo docente considere que su naturaleza no merece tal castigo. Educación para la Ciudadanía, proclive ya a convertirse en una «maría» (incluso los catedráticos han declarado que nace «muerta»), será una de las materias que cuenten para repetir. Con el tiempo se verá si será una de las que los profesores pasen por alto.
Las comunidades autónomas organizarán pruebas extraordinarias de recuperación, en septiembre como norma y en junio, particularmente, en el caso de Andalucía, Cataluña y País Vasco. Los alumnos de Secundaria sólo podrán repetir una vez por curso y dos en toda la etapa. Aquí la excepción llega en 4º, donde los estudiantes podrán repetir dos veces el curso, se entiende que para obtener el título de ESO, si no han repetido en toda la etapa.
Ahora los alumnos no tendrán que acreditar solamente conocimientos, sino también «competencias» para aplicarlos, tales como comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el mundo físico o tratamiento de la información.
El próximo curso, ya en 2008-2009, tocan los cambios para 3º y 4º de Primaria, 2º y 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato.

Los jóvenes no quieren ser políticos, jueces, religiosos o militares

La investigación sociológica «Jóvenes, valores, drogas», presentada ayer por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), ofrece una visión completa de la escala de valores dominante entre los jóvenes españoles de 15 a 24 años. El estudio, hecho entre 1.200 personas, desvela que el 37,9% desea convertirse en empresario. Curiosamente, la segunda profesión con más atracción para los jóvenes es la de profesor (31,8%). Y le siguen profesional de las Ciencias Humanas (29,9%), deportista de élite (26,3%), periodista o presentador de televisión (24,4%) y actor o actriz de cine o teatro (23,8%).
La investigación arroja algunos datos sorprendentes, como el escaso peso de actividades históricamente bien valoradas, como las de médico o abogado. Además, determinadas profesiones no cuentan con el favor de los jóvenes encuestados por la FAD, como ser religioso (0,8 por ciento), político (6,6%), juez (8,3%)y militar (8,4%), que son las menos mencionadas.

CONCAPA PIDE A TODOS LOS PADRES QUE OBJETEN LA EpC

La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) no tendrá una implantación similar en todas las Comunidades Autónomas. Prácticamente la mitad de ellas la pondrán en marcha este mismo curso -al haber decidido su incorporación en el tercer curso de la ESO- mientras que otras, fundamentalmente las gobernadas por el Partido Popular, ya han expresado su decisión de no implantarla hasta el curso 2008-2009, cuando comience a cursarse segundo de esta etapa. A pesar de ello, CONCAPA considera que la objeción de conciencia debe ser realizada por todos los padres, sea cual sea el color del gobierno de su Comunidad Autónoma y que, además, ha de realizarse cuanto antes.



Para CONCAPA uno de los valores fundamentales que debemos transmitir a nuestros hijos -con EpC o sin ella- es la solidaridad, y la mejor forma de hacerlo es con hechos. Por ello, y a pesar de que no les afecte directamente, todas aquellas familias que residen en Comunidades que plantean adaptar los contenidos de la materia para no inmiscuirse en cuestiones éticas y morales, deberían también hacer efectiva su objeción de conciencia.



El mero mantenimiento de la asignatura, aún cuando sus contenidos pudieran ser respetuosos con los derechos y las libertades de las familias, permitiría en un futuro que otro gobierno impusiera su ideología, sus puntos de vista y sus criterios ético-políticos. La mejor manera de hacer frente a esa eventual posibilidad es mostrar el rechazo de la ciudadanía hacia una asignatura que lleva en sí misma el germen del relativismo moral.



CONCAPA llama a las familias de aquellas Comunidades Autónomas que no implantarán la EpC en este curso para que objeten masivamente esta asignatura, tanto más cuanto no van a ser objeto de sanciones y amenazas por gobiernos distintos al presidido por Rodríguez Zapatero. Pedimos una masiva objeción a la asignatura que se realice en todos los centros públicos, concertados y privados, porque es la mejor forma de enseñar ciudadanía y respeto por los derechos a nuestros hijos. Seamos solidarios con las familias a quienes se pretende obligar contra su voluntad a cursar esta asignatura.

El Foro Español de la Familia invita a todas las familias a objetar frente a Educación para la Ciudadanía

El Foro apoya a CONCAPA en su impulso a las objeciones en las CCAA gobernadas por el PP



Pide la objeción de todos los centros independientemente de la adaptación de los contenidos de la asignatura al ideario del colegio.



Madrid, 6 de septiembre de 2007.- El Foro Español de la Familia invita a todos los padres de familia españoles a que se opongan a la implantación de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en el sistema escolar español dado que es inaceptable en una democracia que el Gobierno se arrogue el derecho a manipular el sistema educativo para imponer una peculiar y partidista visión de la ética.



El Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, afirma: “EpC se plantea como objetivo expreso imponer una presunta ‘ética común’ que el mismo Gobierno se encarga de definir en sus parámetros básicos. Esto es inaceptable en una sociedad pluralista pues la ética es, por definición, cuestión personal y, de hecho en nuestra sociedad, plural; sin que ningún Gobierno pueda imponer sus convicciones particulares, ideológicas o partidistas a todos los escolares españoles”.



El Foro de la Familia anima a los padres con hijos en edad escolar a ejercer el derecho constitucional de objeción de conciencia en defensa del pluralismo (art. 1 de la Constitución), de la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 de la Constitución) y de la libertad de educación y el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales (art. 27.1 y 3 de la Constitución). Esta invitación se dirige a todos los padres sean cuales sean su moral, religión o ideología; a todos los padres, vivan en una Comunidad en donde la asignatura empiece a aplicarse este curso o no; a todos los padres, estudien sus hijos en escuelas públicas o privadas, concertadas o no, con ideario o sin él.



Benigno Blanco declara: “Las familias deben ser solidarias unas con otras. Las familias que vivimos en Comunidades en donde la nueva asignatura no se aplicará hasta dentro de un año no podemos mostrarnos indiferentes ante el problema de quienes viven en Comunidades en donde ya este curso empieza Epc. Si de hecho somos objetores, si estamos en contra del adoctrinamiento partidista de nuestros hijos, debemos comunicarlo así a la Administración ya, sin esperar a que el problema nos llegue a nosotros, por solidaridad con las demás familias españolas”.



Particularmente, el Foro de la Familia apoya la iniciativa de CONCAPA de animar a las familias que residen en las Comunidades donde la asignatura no empezará este curso -las gobernadas por el PP y alguna otra como Castilla La Mancha y Galicia- a presentar ya la objeción de conciencia en solidaridad con las familias del resto de las Comunidades. “Se objeta por convicción de conciencia, pero se debe formalizar ya esa objeción por solidaridad”, indica Benigno Blanco.



Asimismo, el Foro Español de la Familia invita a objetar a aquellas familias cuyos hijos estudian en colegios con ideario propio elegido libremente por los padres, por mucha confianza subjetiva y objetiva que tales centros les ofrezcan; pues no se objeta contra los centros escolares, ni contra los profesores ni contra los libros de texto. Se objeta frente a la norma jurídica que amenaza la libertad atribuyendo al Gobierno una competencia que constitucionalmente es de las familias; y esa norma, publicada en el BOE y vigente, obliga a todas las familias a tomar posición: o se admite esa expropiación de los derechos de los padres o se defienden la libertad y los derechos de la familia. La objeción de conciencia es una buena forma de defender la libertad.



La objeción de conciencia contra a la asignatura Educación para la Ciudadanía se realiza mediante un escrito dirigido al director del centro educativo. Todos los pasos para formalizar la objeción de conciencia están explicados en la página web www.objetamos.com