Un ¡¡viva el Rey!!, bien alto y bien fuerte, aunque algunos digan “a la
vejez viruela” , quien ha sido siempre un modelo, y lo sigue siendo, de
una Casa Real que se ha distinguido por su moderación, buenas formas, y ha
sabido dar lecciones de representación, de saber estar, como solo una
persona, de bien y con una formación adecuada sabe dar, ha dejado ver que
los españoles tenemos carácter y nuestro talante no significa sumisión a
injurias y calumnias, vertidas contra nuestra Patria y nuestros
representantes, pasados, presentes y futuros.
S. A. R. D. Juan Carlos I de Borbón, Rey de España, ha dado una lección
de entereza, de defensa de un país, una Patria, ESPAÑA, a la que
representa con la lealtad, la firmeza y el honor que solo un verdadero
Rey, sabe desempeñar.
Yo me siento orgulloso de su actuación, a la vez que me entristece que no
fuese acompañado, en su abandono, por el resto de la representación
española.
La falta de respeto de mandatarios, que no saben mantener las formas
mínimas de dialogo, que no respetando el turno de palabra, recurren al
insulto para descalificar a un exgobernante, expresidente de España (D.
José Mª Aznar), merece la descalificación no solo del Rey de España,
nuestro Rey, sino que debería de ser el Gobierno del Reino, en pleno quien
debería haber abandonado la cumbre. Y deberá de ser la Comunidad
Internacional, la que descalifique, y exija una retracción del
“presidente” Hugo Chavéz, con urgencia.
Y considero que hasta de manera automática, deberíamos iniciar como
españoles ofendidos acciones de carácter diplomático, y de muy seria
condición, en tanto no se de una disculpa pública de alguien que en foros
internacionales no sabe mantener una compostura mínima.
Juan Carlos I Rey de España, estamos contigo, estamos orgullosos de
nuestro Rey. ¡Viva el Rey, Viva España!.
domingo, 11 de noviembre de 2007
ESPAÑA: El Rey se planta
Editorial
Libertad Digital
La XVII Cumbre Iberoamericana, clausurada ayer con las esperadas declaraciones irreales y grandilocuentes, ha contado este año con un nuevo y llamativo elemento: la campaña antiespañola desatada por el dictador venezolano Hugo Chávez y secundada entre otros por el ex déspota nicaragüense Daniel Ortega Por desgracia, esta no es la primera vez que estos dos políticos y sus correligionarios boliviano y ecuatoriano recurren a las falacias y a las invectivas contra nuestra nación con la vana esperanza de apuntalar sus regímenes autoritarios, corruptos e ineficaces. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno había pasado del vergonzante asentimiento al silencio más humillante, como si a estas alturas España, responsable en buena medida de la nueva prosperidad de algunas regiones de Iberoamérica, tuviera que pedir perdón por algo.
Con lo que no contaban el tirano Chávez y sus imitadores era la respuesta de Su Majestad el Rey, quien suponemos que, cansado de insultos a España, sea en la persona del ex presidente Aznar o en las empresas españolas, optó por una salida que le honra: una tajante llamada de atención al lenguaraz venezolano y el posterior abandono de la reunión cuando el sandinista Ortega la emprendía de nuevo contra nuestro país. Ante la mirada atónita de Moratinos y el desconcierto de Rodríguez Zapatero, Juan Carlos I ha cumplido de forma valerosa su deber constitucional, "la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica". Por tanto, no es pertinente siquiera sugerir una extralimitación por parte del monarca, quien ha reaccionado de una forma noble y digna.
Tras una semana de provocaciones de Marruecos sin respuesta del Gobierno, la infame manipulación de las hipotéticas palabras del Rey por parte de un grupo de periodistas cercanos a Moncloa y las constantes bravuconadas de los miembros del "eje bolivariano", el jefe del Estado no ha tenido otro remedio que plantarse. Una postura de la que deberían tomar ejemplo tanto el Presidente del Gobierno como su ministro de Asuntos Exteriores, el incapaz Moratinos, por no mencionar a la vicepresidenta del Gobierno e incluso a la inane secretaria de Estado Trinidad Jiménez, la antigua amiga de los disidentes cubanos convertida ahora en una especie de embajadora oficiosa del régimen castrista.
La lista de agravios de los aliados de Rodríguez Zapatero contra España es ya demasiado extensa para que pase desapercibida a la ciudadanía, harta de una política exterior inexistente. La petición de respeto formulada por el presidente del Gobierno ante los intolerables insultos de Chávez contra Aznar, llega tarde, que no mal. Convendría que tanto él mismo como sus aliados políticos y mediáticos tomaran nota y moderaran su lenguaje, que tan poco bien hace a la democracia. Una gota en el desierto no sirve de nada.
Libertad Digital
La XVII Cumbre Iberoamericana, clausurada ayer con las esperadas declaraciones irreales y grandilocuentes, ha contado este año con un nuevo y llamativo elemento: la campaña antiespañola desatada por el dictador venezolano Hugo Chávez y secundada entre otros por el ex déspota nicaragüense Daniel Ortega Por desgracia, esta no es la primera vez que estos dos políticos y sus correligionarios boliviano y ecuatoriano recurren a las falacias y a las invectivas contra nuestra nación con la vana esperanza de apuntalar sus regímenes autoritarios, corruptos e ineficaces. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno había pasado del vergonzante asentimiento al silencio más humillante, como si a estas alturas España, responsable en buena medida de la nueva prosperidad de algunas regiones de Iberoamérica, tuviera que pedir perdón por algo.
Con lo que no contaban el tirano Chávez y sus imitadores era la respuesta de Su Majestad el Rey, quien suponemos que, cansado de insultos a España, sea en la persona del ex presidente Aznar o en las empresas españolas, optó por una salida que le honra: una tajante llamada de atención al lenguaraz venezolano y el posterior abandono de la reunión cuando el sandinista Ortega la emprendía de nuevo contra nuestro país. Ante la mirada atónita de Moratinos y el desconcierto de Rodríguez Zapatero, Juan Carlos I ha cumplido de forma valerosa su deber constitucional, "la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica". Por tanto, no es pertinente siquiera sugerir una extralimitación por parte del monarca, quien ha reaccionado de una forma noble y digna.
Tras una semana de provocaciones de Marruecos sin respuesta del Gobierno, la infame manipulación de las hipotéticas palabras del Rey por parte de un grupo de periodistas cercanos a Moncloa y las constantes bravuconadas de los miembros del "eje bolivariano", el jefe del Estado no ha tenido otro remedio que plantarse. Una postura de la que deberían tomar ejemplo tanto el Presidente del Gobierno como su ministro de Asuntos Exteriores, el incapaz Moratinos, por no mencionar a la vicepresidenta del Gobierno e incluso a la inane secretaria de Estado Trinidad Jiménez, la antigua amiga de los disidentes cubanos convertida ahora en una especie de embajadora oficiosa del régimen castrista.
La lista de agravios de los aliados de Rodríguez Zapatero contra España es ya demasiado extensa para que pase desapercibida a la ciudadanía, harta de una política exterior inexistente. La petición de respeto formulada por el presidente del Gobierno ante los intolerables insultos de Chávez contra Aznar, llega tarde, que no mal. Convendría que tanto él mismo como sus aliados políticos y mediáticos tomaran nota y moderaran su lenguaje, que tan poco bien hace a la democracia. Una gota en el desierto no sirve de nada.
martes, 16 de octubre de 2007
Concapa Navarra presenta ante Educación cien objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía
Provienen de padres y madres de 18 colegios, ocho públicos y diez concertados, de Pamplona, Tudela, Peralta, Cascante y Monteagudo
Representantes de la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa Navarra) y de la Plataforma Educa en Libertad presentaron hoy cien objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ante el departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Las objeciones provienen de padres y madres de 18 colegios, ocho públicos y diez concertados, de Pamplona, Tudela, Peralta, Cascante y Monteagudo. Los centros de enseñanza desde que los que se presentaron son: Santo Tomás, Sagrado Corazón, Redín, Miravalles, Maristas, Irabia, Víctor Pradera y Plaza de la Cruz, de Pamplona; Anunciata, Jesuitas, Elvira España, Compañía María, IES Valle Ebro y ETI, de Tudela; Juan Bautista e IES Ribera del Arga, de Peralta; colegio público Santa Vicenta María, de Cascante y Don Honorio Galilea, de Monteagudo.
Según Teresa Jaurrieta, coordinadora de la Plataforma Navarra Educa en Libertad, «estas cien objeciones son sólo un botón de muestra». Jaurrieta declaró que «hemos roto la barrera del silencio y la soledad». «Los padres nos vamos a unir en defensa de la libertad de educación y de la nuestros hijos», dijo, para añadir que «las primeras objeciones están fechadas en mayo y esta plataforma se ha formado con el objetivo de que no se pierdan porque desde ese mes hasta hoy están paradas».
Por su parte, José Javier Solabre, vicepresidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia, censuró que Educación para la Ciudadanía ha sido «una asignatura impuesta en los centros escolares».
Teresa Jaurrieta hizo un llamamiento a todos los padres que quieran presentar sus objeciones. «La EpC pretende enseñar en derechos constitucionales y a la vez la administración nos quiere negar un derecho constitucional como es nuestro derecho a la objeción», señaló.
Tanto Jaurrieta como Solabre coincidieron en que no les «importa asumir el suspenso y sus consecuencias». «Esta asignatura va contra nuestras convicciones antropológicas, éticas y morales. No estamos de acuerdo con la ley ya que es puro ideario», indicó.
La coordinadora de la Plataforma aclaró que no están de acuerdo con una ley que «ha sido impuesta y que vulnera la Patria Potestad. Todos los padres, de una ideolotgía u otra, coincidimos en que a nuestros hijos los educamos nosotros».
José Javier Solabre aclaró que «todos los niños están asistiendo a los colegios, sólo faltan a la asignatura de EpC y señaló que «debe ser desde los centros desde donde se dé una solución».
Representantes de la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa Navarra) y de la Plataforma Educa en Libertad presentaron hoy cien objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía ante el departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
Las objeciones provienen de padres y madres de 18 colegios, ocho públicos y diez concertados, de Pamplona, Tudela, Peralta, Cascante y Monteagudo. Los centros de enseñanza desde que los que se presentaron son: Santo Tomás, Sagrado Corazón, Redín, Miravalles, Maristas, Irabia, Víctor Pradera y Plaza de la Cruz, de Pamplona; Anunciata, Jesuitas, Elvira España, Compañía María, IES Valle Ebro y ETI, de Tudela; Juan Bautista e IES Ribera del Arga, de Peralta; colegio público Santa Vicenta María, de Cascante y Don Honorio Galilea, de Monteagudo.
Según Teresa Jaurrieta, coordinadora de la Plataforma Navarra Educa en Libertad, «estas cien objeciones son sólo un botón de muestra». Jaurrieta declaró que «hemos roto la barrera del silencio y la soledad». «Los padres nos vamos a unir en defensa de la libertad de educación y de la nuestros hijos», dijo, para añadir que «las primeras objeciones están fechadas en mayo y esta plataforma se ha formado con el objetivo de que no se pierdan porque desde ese mes hasta hoy están paradas».
Por su parte, José Javier Solabre, vicepresidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia, censuró que Educación para la Ciudadanía ha sido «una asignatura impuesta en los centros escolares».
Teresa Jaurrieta hizo un llamamiento a todos los padres que quieran presentar sus objeciones. «La EpC pretende enseñar en derechos constitucionales y a la vez la administración nos quiere negar un derecho constitucional como es nuestro derecho a la objeción», señaló.
Tanto Jaurrieta como Solabre coincidieron en que no les «importa asumir el suspenso y sus consecuencias». «Esta asignatura va contra nuestras convicciones antropológicas, éticas y morales. No estamos de acuerdo con la ley ya que es puro ideario», indicó.
La coordinadora de la Plataforma aclaró que no están de acuerdo con una ley que «ha sido impuesta y que vulnera la Patria Potestad. Todos los padres, de una ideolotgía u otra, coincidimos en que a nuestros hijos los educamos nosotros».
José Javier Solabre aclaró que «todos los niños están asistiendo a los colegios, sólo faltan a la asignatura de EpC y señaló que «debe ser desde los centros desde donde se dé una solución».
La Concapa ofrece asistencia jurídica a los padres contra la asignatura de EpC
VALENCIA. La nueva junta directiva de la Federación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) en Valencia ofrecerá asistencia jurídica a los padres que deseen plantear la objeción de conciencia o acciones legales de otro tipo contra la asignatura de «Educación para la Ciudadanía», que comenzará a impartirse en la Comunidad Valenciana el próximo curso, según confirmaron ayer fuentes de la entidad tras reunirse el arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco.
La Concapa, que integra en la provincia de Valencia a más de 150.000 familias, ha pedido la «derogación» de la asignatura, ya que «supone un adoctrinamiento ideológico de los alumnos por parte del Gobierno y menoscaba el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según destacó ayer Nicolás Sánchez, que recientemente fue elegido nuevo presidente de Confederación.
En este sentido, además de la asesoría jurídica, la entidad también proyecta iniciar una recogida de firmas para sumarse a la campaña que está impulsando la Concapa en toda España contra la asignatura.
Retirada o asignatura optativa
Tras la reunión con el Arzobispo, Sánchez destacó que «si finalmente el Gobierno no acepta nuestra reivindicación prioritaria en este asunto, que es la retirada de la asignatura, entonces pediremos que al menos sea una materia voluntaria, y no obligatoria como marca ahora mismo la ley, y que se garantice que los centros escolares puedan adaptar sus contenidos a su ideario».
Por otra parte, Concapa-Valencia tiene previsto ofrecer a sus asociados la organización de escuelas de padres en los centros escolares para «ayudarles en su tarea educativa dentro y fuera del colegio».
Para ello, la entidad prepara en la actualidad, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la estructura de las escuelas de padres, así como sus contenidos, que estarán «ajustados al magisterio de la Iglesia», según destacó Sánchez.
Elecciones a Consejos Escolares
Por otra parte, un total de 1.868 centros educativos de la Comunidad Valenciana celebrarán el próximo 29 de noviembre Elecciones a Consejos Escolares. Las elecciones se celebran en aquellos centros docentes no universitarios que constituyen por primera vez su consejo escolar así como los que tengan que renovarlos parcialmente.
Los consejos escolares están considerados como uno de los órganos de participación más importantes del sistema educativo, ya que están constituidos tanto por la dirección del centro, como por representantes de los profesores, los padres, los alumnos y el personal de administración de cada uno de los centros.
La Concapa, que integra en la provincia de Valencia a más de 150.000 familias, ha pedido la «derogación» de la asignatura, ya que «supone un adoctrinamiento ideológico de los alumnos por parte del Gobierno y menoscaba el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, según destacó ayer Nicolás Sánchez, que recientemente fue elegido nuevo presidente de Confederación.
En este sentido, además de la asesoría jurídica, la entidad también proyecta iniciar una recogida de firmas para sumarse a la campaña que está impulsando la Concapa en toda España contra la asignatura.
Retirada o asignatura optativa
Tras la reunión con el Arzobispo, Sánchez destacó que «si finalmente el Gobierno no acepta nuestra reivindicación prioritaria en este asunto, que es la retirada de la asignatura, entonces pediremos que al menos sea una materia voluntaria, y no obligatoria como marca ahora mismo la ley, y que se garantice que los centros escolares puedan adaptar sus contenidos a su ideario».
Por otra parte, Concapa-Valencia tiene previsto ofrecer a sus asociados la organización de escuelas de padres en los centros escolares para «ayudarles en su tarea educativa dentro y fuera del colegio».
Para ello, la entidad prepara en la actualidad, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la estructura de las escuelas de padres, así como sus contenidos, que estarán «ajustados al magisterio de la Iglesia», según destacó Sánchez.
Elecciones a Consejos Escolares
Por otra parte, un total de 1.868 centros educativos de la Comunidad Valenciana celebrarán el próximo 29 de noviembre Elecciones a Consejos Escolares. Las elecciones se celebran en aquellos centros docentes no universitarios que constituyen por primera vez su consejo escolar así como los que tengan que renovarlos parcialmente.
Los consejos escolares están considerados como uno de los órganos de participación más importantes del sistema educativo, ya que están constituidos tanto por la dirección del centro, como por representantes de los profesores, los padres, los alumnos y el personal de administración de cada uno de los centros.
Monseñor Amigo dice que Educación para la Ciudadanía no debe molestar a nadie por sus contenidos ideológicos
1:01 EFE. SEVILLA. El cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha dicho en su carta pastoral "Educación y ciudadanía" que esta materia no debe molestar a nadie por sus contenidos ideológicos ni convertirse en "un simple adiestramiento".
El prelado, que ha incidido una vez más en la necesidad de un pacto de Estado sobre la educación "más allá de cualquier forma partidista", ha apuntado que el sistema educativo debe enseñar valores como el esfuerzo personal y colectivo, la solidaridad, el trabajo por el bien común o "la consolidación de la familia y de las instituciones fundamentales para la convivencia y el desarrollo".
Ha advertido que nadie debe ser "tildado de reaccionario si no se aceptan postulados incompatibles con las más arraigadas convicciones", y ha dicho que la libertad religiosa no puede relegarse a la intimidad, sino que la Religión tiene que enseñarse en las escuelas porque "una educación sin hablar de Dios es como un atentado a la persona en conocer la verdad".
También ha asegurado que está satisfecho con el nuevo ordenamiento laboral de los profesores de religión, ya que les dará estabilidad en el trabajo.
Amigo Vallejo ha admitido que la normativa, por la que a partir de este año los docentes serán contratados de manera indefinida y no por cursos -si bien aún podrán ser despedidos por los obispos-, también creará "una mayor objetividad y transparencia en el acceso a los destinos", si bien ha pedido precaución para no "funcionalizar" su presencia en la escuela.
En su carta, ha afirmado que los educadores deben ser conscientes de que trabajan en una sociedad en perpetuo cambio, y ha alertado de que no se debe "perder la compostura".
"Nos aburre, por demás, el reiterado discurso de los malos tiempos, de las inclemencias que debemos padecer, de la intemperie e indefensión en la que nos encontramos ante el acoso de leyes, políticas y ambientes nada proclives a una buena educación cristiana", ha indicado el cardenal, que si bien considera que todo eso es cierto cree que se debe actuar desde "el diálogo y la comprensión".
El prelado, que ha incidido una vez más en la necesidad de un pacto de Estado sobre la educación "más allá de cualquier forma partidista", ha apuntado que el sistema educativo debe enseñar valores como el esfuerzo personal y colectivo, la solidaridad, el trabajo por el bien común o "la consolidación de la familia y de las instituciones fundamentales para la convivencia y el desarrollo".
Ha advertido que nadie debe ser "tildado de reaccionario si no se aceptan postulados incompatibles con las más arraigadas convicciones", y ha dicho que la libertad religiosa no puede relegarse a la intimidad, sino que la Religión tiene que enseñarse en las escuelas porque "una educación sin hablar de Dios es como un atentado a la persona en conocer la verdad".
También ha asegurado que está satisfecho con el nuevo ordenamiento laboral de los profesores de religión, ya que les dará estabilidad en el trabajo.
Amigo Vallejo ha admitido que la normativa, por la que a partir de este año los docentes serán contratados de manera indefinida y no por cursos -si bien aún podrán ser despedidos por los obispos-, también creará "una mayor objetividad y transparencia en el acceso a los destinos", si bien ha pedido precaución para no "funcionalizar" su presencia en la escuela.
En su carta, ha afirmado que los educadores deben ser conscientes de que trabajan en una sociedad en perpetuo cambio, y ha alertado de que no se debe "perder la compostura".
"Nos aburre, por demás, el reiterado discurso de los malos tiempos, de las inclemencias que debemos padecer, de la intemperie e indefensión en la que nos encontramos ante el acoso de leyes, políticas y ambientes nada proclives a una buena educación cristiana", ha indicado el cardenal, que si bien considera que todo eso es cierto cree que se debe actuar desde "el diálogo y la comprensión".
La polémica Educación para la Ciudadanía enfrenta a la Universidad
Los centros privados acusan al gobierno de «acoso», mientras que sus defensores crean máster para suplir la falta de formación de los que deben impartirla
La controversia que enfrenta a las principales fuerzas políticas, sociales, religiosas e incluso mediáticas sobre la inclusión de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) como asignatura obligatoria de Educación Primaria y Secundaria ha abierto un nuevo frente de batalla: la Universidad.
Dos son los sectores antagónicos. Por un lado, las universidades privadas y católicas, que rechazan los contenidos de la asignatura al considerar que su objetivo es imponer un modelo de conciencia moral y religiosa a los alumnos. La propia rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, denunció durante su reciente toma de posesión el «acoso» que sufren los centros católicos. Según apuntó Sáez, «no corren tiempos fáciles para las universidades católicas, perseguidas por la hostilidad del Gobierno y otras fuerzas sociales».
Las fundaciones universitarias San Pablo-CEU y Abat Oliba no se han quedado atrás, llegando a presentar incluso un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat de Cataluña que regulan la asignatura. Ambas fundaciones, a las que pertenecen los dos colegios de Barcelona que promueven la objeción, han asegurado que no impartirán contenidos contrarios a su ideario.
También se han hecho eco de las protestas en Cáceres, donde un grupo de padres ha constituido la Plataforma Independiente de Padres de Alumnos Objetores en dicha ciudad, donde nueve colegios ya se han declarado objetores.
En el otro lado de la balanza se encuentran sus más férreos defensores, la mayoría procedentes de las universidades públicas. De hecho, varios de los autores de los manuales de la asignatura se dedican a la formación del profesorado, como Carmen Pellicer, licenciada en Teología por la Universidad de Valencia.
Para Ramón Pérez Juste, catedrático de la UNED y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, la EpC es una de las «propuestas más innovadoras» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y responde «a una de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual: la convivencia en democracia».
Las campañas tanto a favor como en contra de la asignatura continúan por las aulas de toda España con cursos, jornadas y mesas redondas donde se debate sobre sus ventajas e inconvenientes.
Como ejemplo de su faceta más bondadosa, expertos de la Fundación CIVES y de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado una propuesta para que se imparta también en la educación Infantil y Bachillerato, además de en Primaria y Secundaria.
La cosa no queda aquí. La principal temática de Educación para la Ciudadanía (deberes y derechos ciudadanos, Constitución, afectos y emociones...) ya era objeto de estudio en las aulas de educación superior, especialmente a través de máster, posgrados y cursos de especialista, como los de la Universidad Internacional de Andalucía, la de Barcelona, Málaga o la ya citada Carlos III.
Una de las ofertas académicas en esta materia es el máster universitario de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Internacional de Andalucía, que se estrena este curso.
Su director, José Rubio Cerracedo, apoya que la asignatura comience a impartirse en los centros escolares. «Estoy totalmente a favor, hace falta una asignatura así ya que se enseñan valores muy positivos, como los constitucionales», remarca.
Su voto a favor tiene, no obstante, ciertos matices: «No se está tratando de forma adecuada, sino como una maría y no se está preparando al profesorado».
Existen, no obstante, opiniones opuestas, como la de Juan Cayón, doctor en Derecho y secretario general de la Universidad Antonio de Nebrija, que critica la EpC porque «supone una intromisión del Estado en una enseñanza que debería impartirse principalmente en casa, dentro de la familia, y que no puede ser sustituida por la enseñanza en las aulas».
Cayón valora positivamente contenidos de EpC como el constitucionalismo o los derechos humanos, que califica como «razonables», si bien advierte sobre la inclusión de otras temáticas como la homosexualidad: «Aborda otros asuntos polémicos que chocan con la formación moral que se está dando en muchas familias españolas».
Otra opinión significativa es la de Carmen Pellicer, teóloga y coautora del manual de la asignatura publicado por la Editorial Santillana. Experta en educación en valores y formación del profesorado, Pellicer alaba la creación de la materia, ya que «busca aumentar la competencia cívica y social y proporciona una espacio para la reflexión sistemática con una metodología que permite trabajar de forma diferente con los alumnos».
No obstante, Pellicer reconoce el impacto negativo que ha tenido la implantación de EpC en un contexto marcado por el enfrentamiento y el debate social. Añade que «el aspecto más negativo es que se le dedica muy poco tiempo a la materia y a la formación del profesorado».
LA IMPLANTACIÓN. Los comentarios a favor y en contra de la ya conocida por todos Educación para la Ciudadanía ocupan portadas y titulares de los principales medios de comunicación casi a diario. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de una materia de la que pronto tendrán que examinarse nuestros escolares? La respuesta de la mayoría es confusa, o cuanto menos escasa.
Según recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), nuestra controvertida amiga se incluye dentro de las asignaturas obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Los reales decretos que acotan las enseñanzas mínimas para estas dos etapas disponen que la EpC debe impartirse en 50 o 60 (tercer ciclo de Educación Primaria), además de en uno de los tres primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La formación se completa con la introducción en 40 de ESO de la materia Educación ético-cívica. Los contenidos de EpC en Primaria tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas. En los tres primeros cursos de la ESO será de 35 horas, la misma duración que tendrá Educación ético-cívica.
El calendario de implantación ha comenzado a cumplirse hace apenas unas semanas, cuando al inicio del nuevo curso escolar se ha unido la puesta de largo de la nueva materia en 30 de ESO. Con varias excepciones: las de los centros escolares y las Comunidades Autónomas que han optado por declararse objetores.
La acogida ha sido positiva, tanto por parte de los profesores, como del lado de los alumnos. Fuera del circo mediático en el que ha degenerado la polémica, EpC ha logrado suscitar la curiosidad de los más jóvenes.
Los expertos en educación aseguran que el debate sobre si los profesores están preparados para impartir EpC es tan sólo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia: la inexistencia de formación continua para el profesorado.
EL MANUAL. Ello provoca que los docentes hayan buscado otras vías para dar la asignatura, que cuenta con su propio manual. «Suma, nunca resta y los contenidos se han contrastado con los decretos de todas las comunidades», resalta Pellicer, coautora del libro de Santillana. La diferencia es la organización metodológica del texto, que no sigue el orden curricular y gira en torno a 10 proyectos de investigación: reflexión, diálogo, pensamiento crítico, profundización histórica...
¿Es Educación para la Ciudadanía una materia útil? Pellicer lo tiene claro: «Cualquiera no puede menos que pensar que hace falta trabajar estos contenidos para poder hablar de una sociedad plural y en paz». A buen seguro, EpC continuará dando mucho de qué hablar. Al menos, de momento
La controversia que enfrenta a las principales fuerzas políticas, sociales, religiosas e incluso mediáticas sobre la inclusión de Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (EpC) como asignatura obligatoria de Educación Primaria y Secundaria ha abierto un nuevo frente de batalla: la Universidad.
Dos son los sectores antagónicos. Por un lado, las universidades privadas y católicas, que rechazan los contenidos de la asignatura al considerar que su objetivo es imponer un modelo de conciencia moral y religiosa a los alumnos. La propia rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sáez, denunció durante su reciente toma de posesión el «acoso» que sufren los centros católicos. Según apuntó Sáez, «no corren tiempos fáciles para las universidades católicas, perseguidas por la hostilidad del Gobierno y otras fuerzas sociales».
Las fundaciones universitarias San Pablo-CEU y Abat Oliba no se han quedado atrás, llegando a presentar incluso un recurso contencioso-administrativo contra los decretos de la Generalitat de Cataluña que regulan la asignatura. Ambas fundaciones, a las que pertenecen los dos colegios de Barcelona que promueven la objeción, han asegurado que no impartirán contenidos contrarios a su ideario.
También se han hecho eco de las protestas en Cáceres, donde un grupo de padres ha constituido la Plataforma Independiente de Padres de Alumnos Objetores en dicha ciudad, donde nueve colegios ya se han declarado objetores.
En el otro lado de la balanza se encuentran sus más férreos defensores, la mayoría procedentes de las universidades públicas. De hecho, varios de los autores de los manuales de la asignatura se dedican a la formación del profesorado, como Carmen Pellicer, licenciada en Teología por la Universidad de Valencia.
Para Ramón Pérez Juste, catedrático de la UNED y presidente de la Sociedad Española de Pedagogía, la EpC es una de las «propuestas más innovadoras» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y responde «a una de las necesidades más acuciantes de la sociedad actual: la convivencia en democracia».
Las campañas tanto a favor como en contra de la asignatura continúan por las aulas de toda España con cursos, jornadas y mesas redondas donde se debate sobre sus ventajas e inconvenientes.
Como ejemplo de su faceta más bondadosa, expertos de la Fundación CIVES y de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado una propuesta para que se imparta también en la educación Infantil y Bachillerato, además de en Primaria y Secundaria.
La cosa no queda aquí. La principal temática de Educación para la Ciudadanía (deberes y derechos ciudadanos, Constitución, afectos y emociones...) ya era objeto de estudio en las aulas de educación superior, especialmente a través de máster, posgrados y cursos de especialista, como los de la Universidad Internacional de Andalucía, la de Barcelona, Málaga o la ya citada Carlos III.
Una de las ofertas académicas en esta materia es el máster universitario de Educación para la Ciudadanía de la Universidad Internacional de Andalucía, que se estrena este curso.
Su director, José Rubio Cerracedo, apoya que la asignatura comience a impartirse en los centros escolares. «Estoy totalmente a favor, hace falta una asignatura así ya que se enseñan valores muy positivos, como los constitucionales», remarca.
Su voto a favor tiene, no obstante, ciertos matices: «No se está tratando de forma adecuada, sino como una maría y no se está preparando al profesorado».
Existen, no obstante, opiniones opuestas, como la de Juan Cayón, doctor en Derecho y secretario general de la Universidad Antonio de Nebrija, que critica la EpC porque «supone una intromisión del Estado en una enseñanza que debería impartirse principalmente en casa, dentro de la familia, y que no puede ser sustituida por la enseñanza en las aulas».
Cayón valora positivamente contenidos de EpC como el constitucionalismo o los derechos humanos, que califica como «razonables», si bien advierte sobre la inclusión de otras temáticas como la homosexualidad: «Aborda otros asuntos polémicos que chocan con la formación moral que se está dando en muchas familias españolas».
Otra opinión significativa es la de Carmen Pellicer, teóloga y coautora del manual de la asignatura publicado por la Editorial Santillana. Experta en educación en valores y formación del profesorado, Pellicer alaba la creación de la materia, ya que «busca aumentar la competencia cívica y social y proporciona una espacio para la reflexión sistemática con una metodología que permite trabajar de forma diferente con los alumnos».
No obstante, Pellicer reconoce el impacto negativo que ha tenido la implantación de EpC en un contexto marcado por el enfrentamiento y el debate social. Añade que «el aspecto más negativo es que se le dedica muy poco tiempo a la materia y a la formación del profesorado».
LA IMPLANTACIÓN. Los comentarios a favor y en contra de la ya conocida por todos Educación para la Ciudadanía ocupan portadas y titulares de los principales medios de comunicación casi a diario. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de una materia de la que pronto tendrán que examinarse nuestros escolares? La respuesta de la mayoría es confusa, o cuanto menos escasa.
Según recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), nuestra controvertida amiga se incluye dentro de las asignaturas obligatorias de Educación Primaria y Secundaria. Los reales decretos que acotan las enseñanzas mínimas para estas dos etapas disponen que la EpC debe impartirse en 50 o 60 (tercer ciclo de Educación Primaria), además de en uno de los tres primeros cursos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
La formación se completa con la introducción en 40 de ESO de la materia Educación ético-cívica. Los contenidos de EpC en Primaria tendrán una duración mínima de 50 horas lectivas. En los tres primeros cursos de la ESO será de 35 horas, la misma duración que tendrá Educación ético-cívica.
El calendario de implantación ha comenzado a cumplirse hace apenas unas semanas, cuando al inicio del nuevo curso escolar se ha unido la puesta de largo de la nueva materia en 30 de ESO. Con varias excepciones: las de los centros escolares y las Comunidades Autónomas que han optado por declararse objetores.
La acogida ha sido positiva, tanto por parte de los profesores, como del lado de los alumnos. Fuera del circo mediático en el que ha degenerado la polémica, EpC ha logrado suscitar la curiosidad de los más jóvenes.
Los expertos en educación aseguran que el debate sobre si los profesores están preparados para impartir EpC es tan sólo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia: la inexistencia de formación continua para el profesorado.
EL MANUAL. Ello provoca que los docentes hayan buscado otras vías para dar la asignatura, que cuenta con su propio manual. «Suma, nunca resta y los contenidos se han contrastado con los decretos de todas las comunidades», resalta Pellicer, coautora del libro de Santillana. La diferencia es la organización metodológica del texto, que no sigue el orden curricular y gira en torno a 10 proyectos de investigación: reflexión, diálogo, pensamiento crítico, profundización histórica...
¿Es Educación para la Ciudadanía una materia útil? Pellicer lo tiene claro: «Cualquiera no puede menos que pensar que hace falta trabajar estos contenidos para poder hablar de una sociedad plural y en paz». A buen seguro, EpC continuará dando mucho de qué hablar. Al menos, de momento
CEUTA Vuelven a clase con el velo tras el requerimiento de Educación
Las dos niñas del colegio concertado Severo Ochoa de Ceuta, que no habían asistido a clase en los últimos tres días por la prohibición de acudir con velo islámico, volvieron ayer al centro con el «yihab» después de que el Ministerio de Educación obligara al centro a que las admitiera.
Nawal Amar y Nahid Mohamed, que cursan Tercero y Cuarto de ESO, se incorporaron a las aulas «tristes y abrumadas» como consecuencia de la polémica suscitada en las últimas horas y afirmaron que han recibido un apoyo «desigual» por parte de sus compañeros de colegio. Las niñas pudieron volver al colegio una vez remitido el informe en el que se indicaba que debía prevalecer en este caso el artículo 27 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la educación de todos los ciudadanos.
Nawal Amar y Nahid Mohamed, que cursan Tercero y Cuarto de ESO, se incorporaron a las aulas «tristes y abrumadas» como consecuencia de la polémica suscitada en las últimas horas y afirmaron que han recibido un apoyo «desigual» por parte de sus compañeros de colegio. Las niñas pudieron volver al colegio una vez remitido el informe en el que se indicaba que debía prevalecer en este caso el artículo 27 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la educación de todos los ciudadanos.
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