La presidenta regional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se reunió hoy en Toledo con asociaciones de familias de Castilla-La Mancha y aseguró que desde su partido se van a hacer "políticas de apoyo a todo tipo de familias".
De Cospedal anunció que esa medidas se realizarán "a través de desgravaciones fiscales" o medidas de apoyo "tan importantes" como la conciliación de la vida familiar y laboral. Según la candidata a la Junta, "ya hemos propuesto la existencia de guarderías gratuitas de 0 a 3 años" con el objetivo de que "ningún niño no pueda ir porque no tenga medios o no las haya".
Así, la presidenta regional del PP definió su programa electoral en materia de familia como "muy ambicioso" ya que "hay que ayudar a los padres a conciliar la vida familiar y laboral".
De esta forma, De Cospedal aseveró que el motivo de dicha reunión con las asociaciones de familias de Castilla-La Mancha ha sido para celebrar el Día de San José y conocer "qué propuestas consideran fundamentales" ya que "no se puede cerrar un programa electoral sin hablar antes con las familias de la región" que son "los que representan el sostén de todo nuestro entorno social".
Por último, la presidenta del PP de la Comunidad Autónoma indicó que para su partido "la familia es el punto neurálgico y central" y que ha sido y es "el soporte de una parte muy importante de nuestra vida social y de nuestra existencia" por lo que "pensamos que hay que apoyarlo".
martes, 20 de marzo de 2007
ESPAÑA: Un informe del CGPJ pide que se pueda rechazar la adopción gay
Solicita que las agencias tengan la opción de negarse a dar un menor a parejas homosexual
El vocal conservador del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero propone que las agencias autonómicas que tramitan adopciones internacionales puedan negarse a hacerlo alegando objeción de conciencia si los adoptantes son homosexuales. Lo pide en su propuesta de informe sobre la Ley de Adopción Internacional que prepara el Gobierno, que previsiblemente se aprobará mañana en la Comisión de Estudios del CGPJ.
La batalla de Requero
Lo que José Luis Requero echa de menos en el anteproyecto del Gobierno es "una regulación exhaustiva" de los casos en que una pareja recurra a una entidad colaboradora de adopción internacional (ECAI) con la intención de adoptar un niño en el extranjero. En el proyecto de ley, según el informe redactado por el vocal conservador, "debieran considerarse los supuestos" en los que las ECAI puedan alegar "legítimas reservas personales o colisión con el ideario propio de la asociación o fundación" para negarse a dar en adopción a un menor.
Requero defiende su propuesta refiriéndose "al debate suscitado en otros países" respecto de las asociaciones de este tipo "de inspiración confesional" que se ven compelidas "por imperativo legal y en contradicción con sus convicciones, a desempeñar tareas de mediación para la colocación de niños en el seno de parejas homosexuales".
El consejero se refiere al enfrentamiento que católicos y protestantes protagonizaron con el primer ministro Tony Blair durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad británica (Equality Act), que impide la discriminación basada en la orientación sexual. Durante el debate, la Iglesia católica aseguró que su doctrina prohibía a sus agencias ceder niños en adopción a parejas homosexuales, y que si se les obligaba a hacerlo por ley, como al final se hizo, esas instituciones cerrarían.
Ante la posibilidad de que se den en España esas situaciones a raiz de la aprobación de la nueva ley, el vocal a propuesta del PP recomienda al Ejecutivo socialista "que la norma recoja expresamente la posibilidad de que aquella solicitud de adopción generadora de conflicto pueda ser transferida" a otra ECAI "de la misma o de distinta comunidad autónoma", reza el documento.
El informe se debatirá mañana en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, de la que forman parte tres consejeros conservadores y dos progresistas. Tras su más que probable aprobación en ese órgano, pasará al pleno, también dominado por los vocales conservadores gracias al voto de calidad del presidente, Francisco José Hernando. Lo previsto es que se apruebe definitivamente y se envíe al Gobierno en la próxima sesión del 28 de marzo.
Pero la minoría progresista en el Consejo se opone a la pretensión de Requero y previsiblemente votará en contra. Los vocales de esa sensibilidad consideran que si la ley recogiera la posibilidad de que las entidades de adopción internacional tuvieran derecho a la objeción de conciencia respecto de las parejas homosexuales se estaría atentando contra el principio de igualdad. "La asociación o fundación que no esté en condiciones de dedicarse a la adopción, que no se convierta en agencia", aseguran fuentes del sector progresista.
El anteproyecto de Ley de Adopción Internacional pretende "disipar las dudas" de muchas de las parejas que se plantean prohijar un niño en el extranjero y está llamada a integrar "en un cuerpo único la normativa actual y la homologará con la internacional", según el Gobierno.
La batalla de Requero
José Luis Requero, vocal a propuesta del PP, magistrado de carrera, profesor de derecho administrativo y miembro del Opus Dei, ha hecho de la lucha contra los derechos de los homosexuales una de sus banderas desde que el PSOE llegó al Gobierno.
La petición de que se permita la objeción de conciencia a las Agencias de Adopción Internacional para que se nieguen a tramitar adopciones para parejas homosexuales viene precedida de otros informes contrarios al colectivo.
Requero fue también el encargado de elaborar el informe sobre la ley que reguló el matrimonio homosexual. En su dictamen, el vocal conservador comparaba sin ningún complejo los matrimonios entre personas del mismo sexo con las uniones entre humanos y animales o entre más de dos personas. Ese documento se aprobó en la Comisión de Estudios, pero en el pleno, sus compañeros del sector conservador accedieron a eliminar la alusión a la zoofilia y la poligamia del informe definitivo.
La siguiente batalla de esta guerra tuvo forma de recurso. Un juez de Registro Civil de Sagunto (Valencia) invocó razones de conciencia para pedir al Consejo que le permitiera abstenerse de casar homosexuales. Requero defendió la petición basada en documentos de la Conferencia Episcopal, pero el voto secreto de uno de sus compañeros conservadores se unió al de los progresistas para rechazarla.
El vocal conservador del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero propone que las agencias autonómicas que tramitan adopciones internacionales puedan negarse a hacerlo alegando objeción de conciencia si los adoptantes son homosexuales. Lo pide en su propuesta de informe sobre la Ley de Adopción Internacional que prepara el Gobierno, que previsiblemente se aprobará mañana en la Comisión de Estudios del CGPJ.
La batalla de Requero
Lo que José Luis Requero echa de menos en el anteproyecto del Gobierno es "una regulación exhaustiva" de los casos en que una pareja recurra a una entidad colaboradora de adopción internacional (ECAI) con la intención de adoptar un niño en el extranjero. En el proyecto de ley, según el informe redactado por el vocal conservador, "debieran considerarse los supuestos" en los que las ECAI puedan alegar "legítimas reservas personales o colisión con el ideario propio de la asociación o fundación" para negarse a dar en adopción a un menor.
Requero defiende su propuesta refiriéndose "al debate suscitado en otros países" respecto de las asociaciones de este tipo "de inspiración confesional" que se ven compelidas "por imperativo legal y en contradicción con sus convicciones, a desempeñar tareas de mediación para la colocación de niños en el seno de parejas homosexuales".
El consejero se refiere al enfrentamiento que católicos y protestantes protagonizaron con el primer ministro Tony Blair durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad británica (Equality Act), que impide la discriminación basada en la orientación sexual. Durante el debate, la Iglesia católica aseguró que su doctrina prohibía a sus agencias ceder niños en adopción a parejas homosexuales, y que si se les obligaba a hacerlo por ley, como al final se hizo, esas instituciones cerrarían.
Ante la posibilidad de que se den en España esas situaciones a raiz de la aprobación de la nueva ley, el vocal a propuesta del PP recomienda al Ejecutivo socialista "que la norma recoja expresamente la posibilidad de que aquella solicitud de adopción generadora de conflicto pueda ser transferida" a otra ECAI "de la misma o de distinta comunidad autónoma", reza el documento.
El informe se debatirá mañana en la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, de la que forman parte tres consejeros conservadores y dos progresistas. Tras su más que probable aprobación en ese órgano, pasará al pleno, también dominado por los vocales conservadores gracias al voto de calidad del presidente, Francisco José Hernando. Lo previsto es que se apruebe definitivamente y se envíe al Gobierno en la próxima sesión del 28 de marzo.
Pero la minoría progresista en el Consejo se opone a la pretensión de Requero y previsiblemente votará en contra. Los vocales de esa sensibilidad consideran que si la ley recogiera la posibilidad de que las entidades de adopción internacional tuvieran derecho a la objeción de conciencia respecto de las parejas homosexuales se estaría atentando contra el principio de igualdad. "La asociación o fundación que no esté en condiciones de dedicarse a la adopción, que no se convierta en agencia", aseguran fuentes del sector progresista.
El anteproyecto de Ley de Adopción Internacional pretende "disipar las dudas" de muchas de las parejas que se plantean prohijar un niño en el extranjero y está llamada a integrar "en un cuerpo único la normativa actual y la homologará con la internacional", según el Gobierno.
La batalla de Requero
José Luis Requero, vocal a propuesta del PP, magistrado de carrera, profesor de derecho administrativo y miembro del Opus Dei, ha hecho de la lucha contra los derechos de los homosexuales una de sus banderas desde que el PSOE llegó al Gobierno.
La petición de que se permita la objeción de conciencia a las Agencias de Adopción Internacional para que se nieguen a tramitar adopciones para parejas homosexuales viene precedida de otros informes contrarios al colectivo.
Requero fue también el encargado de elaborar el informe sobre la ley que reguló el matrimonio homosexual. En su dictamen, el vocal conservador comparaba sin ningún complejo los matrimonios entre personas del mismo sexo con las uniones entre humanos y animales o entre más de dos personas. Ese documento se aprobó en la Comisión de Estudios, pero en el pleno, sus compañeros del sector conservador accedieron a eliminar la alusión a la zoofilia y la poligamia del informe definitivo.
La siguiente batalla de esta guerra tuvo forma de recurso. Un juez de Registro Civil de Sagunto (Valencia) invocó razones de conciencia para pedir al Consejo que le permitiera abstenerse de casar homosexuales. Requero defendió la petición basada en documentos de la Conferencia Episcopal, pero el voto secreto de uno de sus compañeros conservadores se unió al de los progresistas para rechazarla.
CASTILLA LA-LA MANCHA: Los colegios religiosos quieren objetar contra Educación para la Ciudadanía
TOLEDO. La Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Titulares de Centros Católicos (Fere- Ceca) y la Asociación de Centros Educación y Gestión (EyG) de Castilla-La Mancha, insistieron ayer en su petición de objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha y todos los centros que afilia mantienen la unidad de criterio respecto a la posibilidad de objeción de conciencia frente a la nueva asignatura. Es decir, consideran que en sus centros esta medida es «innecesaria» porque todos los contenidos curriculares que se incluyan en el Proyecto Educativo de Centro estarán en consonancia con el Carácter Propio del mismo, en base a la autonomía pedagógica reconocida en la propia Ley.
Así, el Colegio San Juan Bautista de Toledo, primero en el que se ha presentado esta petición, sigue las orientaciones de Escuelas Católicas, recogiendo sólo la comunicación en la que un padre de familia manifiesta su oposición a que sus hijos reciban la asignatura. En consecuencia -indica el Colegio San Juan Bautista- no admite ni rechaza la petición, simplemente la ha recogido e informará a la inspección educativa.
Para Escuelas Católicas resulta «cuanto menos sorprendente» que estos padres que se han apresurado a objetar a esta asignatura al matricular a uno de sus hijos en quinto de Primaria para el próximo curso, lo hagan en este momento cuando no están aprobados aún los contenidos curriculares autonómicos de Educación para la Ciudadanía y esta asignatura no comenzará a impartirse en Primaria hasta el curso 2009-10.
Interés mediático
Escuelas Católicas lamenta que esta iniciativa responda más al interés mediático que pretende suscitar quien la protagoniza, «innecesaria en cuanto al fondo y más, si cabe, en cuanto a la forma en la que se ha manifestado».
Así, el Colegio San Juan Bautista de Toledo, primero en el que se ha presentado esta petición, sigue las orientaciones de Escuelas Católicas, recogiendo sólo la comunicación en la que un padre de familia manifiesta su oposición a que sus hijos reciban la asignatura. En consecuencia -indica el Colegio San Juan Bautista- no admite ni rechaza la petición, simplemente la ha recogido e informará a la inspección educativa.
Para Escuelas Católicas resulta «cuanto menos sorprendente» que estos padres que se han apresurado a objetar a esta asignatura al matricular a uno de sus hijos en quinto de Primaria para el próximo curso, lo hagan en este momento cuando no están aprobados aún los contenidos curriculares autonómicos de Educación para la Ciudadanía y esta asignatura no comenzará a impartirse en Primaria hasta el curso 2009-10.
Interés mediático
Escuelas Católicas lamenta que esta iniciativa responda más al interés mediático que pretende suscitar quien la protagoniza, «innecesaria en cuanto al fondo y más, si cabe, en cuanto a la forma en la que se ha manifestado».
CASTILLA LA-MANCHA: :«Vamos a pedir a la Junta una cláusula para poder objetar a Educación para la Ciudadanía»
Antonio Espíldora_ Presidente de la Concapa en Toledo
Abogado de prestigio, a sus 45 años ha tenido tiempo para muchas cosas, entre ellas tener ocho hijos con edades que oscilan entre los 17 y los 4 años. Hace mucho tiempo que pertenece a la Confederación Nacional de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos (Concapa), pero ahora es la cabeza visible de la organización en la provincia.
-Frente a Confapa, que aglutina a las asociaciones de padres de colegios públicos, ¿cuántas asociaciones reúne Concapa?
-La Confapa representa a más colegios porque está integrada por APAS de centros públicos y cuando se crea un colegio público, automáticamente se crea también el APA. En nuestro caso, tiene que existir la voluntad de un grupo de padres que quieran constituir una asociación expresamente católica. Y no es fácil constituirla en todos los colegios. Por eso animo desde aquí a todos los padres que estén interesados.
-De todas formas, los colegios concertados son mayoría, al menos en las ciudades.
-Claro. Los colegios concertados están sobre todo situados en las ciudades grandes; en cambio, prácticamente en todos los pueblos existe un colegio y la mayoría son públicos. Posiblemente pueda haber una proporción de un 75 a 25, más o menos. Concapa tiene 40 asociaciones en la provincia. En Toledo capital tenemos Infantes, Maristas, Santiago el Mayor, Milagrosa, Carmelitas, Tavera,Terciarias, Mayol.
-Usted ha presidido muchos años la APA del colegio Infantes. ¿Qué ha aprendido?
-En la APA de Infantes se aprenden muchas cosas porque el colegio tiene la peculiaridad de que la titularidad la ostenta la APA. Hace 30 años, el Arzobispado cedió la titularidad y la gestión del colegio a la APA y de hecho es ésta la que firma los conciertos con la Administración educativa. Somos los padres los que representamos al colegio, hacemos todas las solicitudes y contratamos a los profesores. Estar en una APA como la de Infantes te da un mayor contacto con las administraciones al ser titulares del centro, y una mayor experiencia de gestión.
-¿Están implicados de forma eficiente los poderes públicos con padres y colegios para la educación del niño?
-Existen determinados planteamientos ideológicos que pretenden primar la escuela pública sobre la privada o concertada, pero nosotros defendemos que lo importante son los alumnos y que las administraciones públicas deben apoyar sea quien sea el que promueva la iniciativa educativa.
-¿Y en Castilla-La Mancha?
-Aquí no existe tanta confrontación como en otras comunidades; hay un régimen de mayor colaboración por parte de la Administración. Pero siempre surge alguna reticencia cuando el que pide algo es una escuela concertada o privada.
-¿Por qué cree que ocurre eso?
-Hay un planteamiento ideológico que pretende que la educación tiene que ser exclusivamente pública y que los colegios privados o concertados deberían ser sólo utilizados cuando sean necesarios, allí donde la enseñanza pública no llegue. Si pudieran, lo mejor sería que no existiera para nada un apoyo de fondos públicos a ningún tipo de escuela de iniciativa privada. Eso es lo que impide muchas veces que la Administración no apoye verdaderamente los centros concertados. -¿Ha influido en el ámbito educativo el relevo de poder que se produjo entre Bono y Barreda?
-En realidad ha habido una continuidad, en principio a mejor, desde nuestro punto de vista. Hace años la situación era un poco más conflictiva y se han ido limando asperezas. Ahora las relaciones con la Administración educativa, sobre todo a nivel de la Delegación Provincial -que es lo que yo conozco- son muy buenas. Al final, lo que se demuestra en la práctica es que la educación en centros concertados, que es demandada por los padres, es una educación de calidad y ahorra dinero y fondos públicos a la Administración.
-Lo que sí hay es un hecho incontestable: el 80 por ciento de los padres quieren que sus hijos den clase de Religión.
-Sí que es cierto que todos los centros concertados tienen un exceso de demanda y que no se puede satisfacer toda. No sabemos si realmente es extrapolable ese 80 por ciento de padres que quieren clase de Religión, a que prefieran que su hijo esté en un colegio concertado y no en uno público.
-¿Qué es lo que más preocupa en estos momentos a los padres sobre la educación de sus hijos?
-Los problemas más importantes son tres: uno es el nivel de calidad educativa, que no es el adecuado y continúa aumentando el fracaso escolar. Los resultados académicos de nuestros alumnos no son equiparable con los del resto de Europa o con países de nuestro nivel. Es un problema que pensamos que la LOE no va a solucionar,
-¿Y la falta de autoridad?
-Hay un problema de convivencia en algunos centros, de disciplina, de cumplimiento de normas porque no existe realmente un concepto de autoridad fundado. Ahora mismo existe un déficit de autoridad en los centros y tampoco la LOE parece que vaya por camino de solucionarlo.
-¿No es éste un problema de educación social o familiar?
-La escuela no es una isla y cuando se habla de fracaso escolar estamos hablando de un cierto fracaso social. La sociedad influye en la escuela como ésta en la sociedad. No es un planteamiento exclusivo de la escuela la falta de autoridad, pero sí es un lugar en el que especialmente se debería apostar por inculcar una serie de principios y valores, entre ellos el de autoridad. Y así llegamos al tercer problema.
-¿Cuál es?
-Que se ha desprovisto prácticamente la educación en valores. En principio, se constata en la juventud de hoy una cierta carencia de fundamentos y valores morales...o por lo menos de determinados valores como la autoridad. Pero también el esfuerzo, o el planteamiento no exclusivamente material de los estudios, eso de que la carrera sea un medio exclusivamente para situarse bien o ganar dinero. No existe espíritu de servicio, de poner esos conocimientos al servicio de la sociedad. Esos valores no están presentes hoy en la escuela, por lo menos no en todas, y es una carencia muy importante que tampoco parece que vaya a solucionar la LOE.
-Enseñar valores a los niños no puede ser objeto de una asignatura del colegio.
-En muchos casos ha habido una desconexión entre la familia y los centros educativos, donde los planteamientos ideológicos han tenido excesivo peso, igual que los técnicos; incluso hasta se ha llegado a despreciar un poco la labor de los padres porque existe la creencia de que en un mundo tan complicado como éste tienen que ser los técnicos los que eduquen a los niños. Y quizás las familias hemos caído en la trampa, nos hemos retraído un poquito en la educación en valores, pero a su vez la escuela tampoco ha asumido esa función. Lo que no puede ser es que en la familia se intenten inculcar unos valores y precisamente en la escuela se intente inculcar otros completamente diferentes.
-A esto viene a sumarse la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que Toledo ha sido escenario de la primera objeción de conciencia.
-Es lógico que haya muchos padres preocupados por este asunto y que empiecen a presentar sus objeciones de conciencia. De todas maneras, por las reuniones que hemos mantenido con la Consejería, los datos que tenemos es que esta asignatura no se implantaría todavía el curso que viene en Castilla-La Mancha, por lo menos como tal asignatura de Educación para la Ciudadanía. Eso sería en el curso 2008-2009, conjuntamente para 2º y 4º de ESO.
-¿Por qué los padres entonces han comenzado a objetar?
-Quizá por falta de información y es lógico que ante la duda estén adelantándose y planteando ya el tema.
-De todas formas, retrasarlo no es la solución.
-No, pero el hecho de que haya más tiempo puede incidir en que se pueda negociar algún tipo de planteamiento y que incluso por parte de la Administración educativa, o bien se modifiquen contenidos, o se modifiquen planteamientos. O incluso se incluya expresamente en una norma el derecho de objeción de conciencia.
-Ustedes, como asociaciones de padres, ¿pueden solicitar esto a la Consejería de Educación?
-Sí, nosotros solicitaremos a la Junta de Comunidades la posibilidad de incluir una cláusula de objeción de conciencia. El tema de la objeción de conciencia está por encima en este caso de la ley o de los decretos de contenidos mínimos porque se incardina directamente en la Constitución. El artículo 16 de la Carta Magna reconoce la libertad ideológica y de conciencia y el Tribunal Constitucional ha dicho en muchas sentencias que ni siquiera es necesario que se regule en una norma expresa ese derecho. Pero, si se regulase, se estaría plasmando ese derecho en una norma de carácter inferior.
-¿Y qué tiene esta asignatura como para que precise una cláusula de conciencia?
-Es una asignatura que intenta inculcar una serie de sentimientos, una adhesión a unos valores determinados y en unos campos en los que no existe unanimidad en la sociedad en cuanto a cómo se deban definir esos valores. Por ejemplo, en qué se entiende por tolerancia, por dignidad de la persona, por derechos como la vida.
-¿Y la educación sexual?
-En principio estaba prevista incluirla en Educación para la Ciudadanía pero parece que al final se introduce en Biología, cosa absolutamente absurda porque la educación sexual en la persona no es exclusivamente biológica. Lo que sí se mantiene en Educación para la Ciudadanía es una educación afectivo-emocional.
-¿La Administración regulando los sentimientos?
-Sí, y hay unos contenidos realmente graves en los que entra la asignatura como, por ejemplo, la identidad personal o el dilema moral.
-¿Una regulación de lo que está bien y lo que está mal, como si fuera una religión más?
-Efectivamente. Además, el problema de planteamiento es más grave todavía porque en los criterios de evaluación se introduce la comprobación de si el alumno ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos para acomodarse precisamente a esos valores que se han enseñado. Entonces, se llega a evaluar algo que en la clase de Religión nunca se le ha ocurrido evaluar a la Iglesia Católica: si realmente un muchacho cumple o no la moral católica, si va o no a misa, o si se comporta conforme a los Diez Mandamientos. En Educación para la Ciudadanía sí; tú tienes que evaluar si ejerces una regulación de tus emociones y sentimientos para adecuarte en tus comportamientos y en tus adhesiones a unos determinados valores. Y eso es una cosa muy peligrosa que, además, no es misión del Estado.
-¿Puede ser consecuencia del laicismo imperante?
-Es evidente. Precisamente, en la explicación de esta asignatura se nos dice que intenta dar cumplimiento a una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 2002, que efectivamente dice que se debe instaurar una Educación para la Ciudadanía porque ha detectado una apatía de los ciudadanos en la participación pública, un desconocimiento del valor que tienen las instituciones públicas, y la democracia, y el participar en la vida política. Pero, luego, en realidad nos explica el manifiesto que hizo público el PSOE «Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía», y nos dicen que lo que pretenden precisamente es formar conciencias en un mínimo ético común, y que los monoteísmos siembran división en los ciudadanos mientras que la laicidad sería la garantía de la convivencia y el marco en que todos nos podemos respetar. Con la excusa de que se va a dar cumplimiento a una recomendación del Consejo de Europa, ese manifiesto nos explica que lo que se pretende es instaurar un laicismo en el que se excluya cualquier concepción moral que no sea la políticamente correcta.
Espíldora posa con cinco de sus ocho hijos, además de dos sobrinos, a la puerta del colegio Infantes de Toledo
Abogado de prestigio, a sus 45 años ha tenido tiempo para muchas cosas, entre ellas tener ocho hijos con edades que oscilan entre los 17 y los 4 años. Hace mucho tiempo que pertenece a la Confederación Nacional de Asociaciones Católicas de Padres de Alumnos (Concapa), pero ahora es la cabeza visible de la organización en la provincia.
-Frente a Confapa, que aglutina a las asociaciones de padres de colegios públicos, ¿cuántas asociaciones reúne Concapa?
-La Confapa representa a más colegios porque está integrada por APAS de centros públicos y cuando se crea un colegio público, automáticamente se crea también el APA. En nuestro caso, tiene que existir la voluntad de un grupo de padres que quieran constituir una asociación expresamente católica. Y no es fácil constituirla en todos los colegios. Por eso animo desde aquí a todos los padres que estén interesados.
-De todas formas, los colegios concertados son mayoría, al menos en las ciudades.
-Claro. Los colegios concertados están sobre todo situados en las ciudades grandes; en cambio, prácticamente en todos los pueblos existe un colegio y la mayoría son públicos. Posiblemente pueda haber una proporción de un 75 a 25, más o menos. Concapa tiene 40 asociaciones en la provincia. En Toledo capital tenemos Infantes, Maristas, Santiago el Mayor, Milagrosa, Carmelitas, Tavera,Terciarias, Mayol.
-Usted ha presidido muchos años la APA del colegio Infantes. ¿Qué ha aprendido?
-En la APA de Infantes se aprenden muchas cosas porque el colegio tiene la peculiaridad de que la titularidad la ostenta la APA. Hace 30 años, el Arzobispado cedió la titularidad y la gestión del colegio a la APA y de hecho es ésta la que firma los conciertos con la Administración educativa. Somos los padres los que representamos al colegio, hacemos todas las solicitudes y contratamos a los profesores. Estar en una APA como la de Infantes te da un mayor contacto con las administraciones al ser titulares del centro, y una mayor experiencia de gestión.
-¿Están implicados de forma eficiente los poderes públicos con padres y colegios para la educación del niño?
-Existen determinados planteamientos ideológicos que pretenden primar la escuela pública sobre la privada o concertada, pero nosotros defendemos que lo importante son los alumnos y que las administraciones públicas deben apoyar sea quien sea el que promueva la iniciativa educativa.
-¿Y en Castilla-La Mancha?
-Aquí no existe tanta confrontación como en otras comunidades; hay un régimen de mayor colaboración por parte de la Administración. Pero siempre surge alguna reticencia cuando el que pide algo es una escuela concertada o privada.
-¿Por qué cree que ocurre eso?
-Hay un planteamiento ideológico que pretende que la educación tiene que ser exclusivamente pública y que los colegios privados o concertados deberían ser sólo utilizados cuando sean necesarios, allí donde la enseñanza pública no llegue. Si pudieran, lo mejor sería que no existiera para nada un apoyo de fondos públicos a ningún tipo de escuela de iniciativa privada. Eso es lo que impide muchas veces que la Administración no apoye verdaderamente los centros concertados. -¿Ha influido en el ámbito educativo el relevo de poder que se produjo entre Bono y Barreda?
-En realidad ha habido una continuidad, en principio a mejor, desde nuestro punto de vista. Hace años la situación era un poco más conflictiva y se han ido limando asperezas. Ahora las relaciones con la Administración educativa, sobre todo a nivel de la Delegación Provincial -que es lo que yo conozco- son muy buenas. Al final, lo que se demuestra en la práctica es que la educación en centros concertados, que es demandada por los padres, es una educación de calidad y ahorra dinero y fondos públicos a la Administración.
-Lo que sí hay es un hecho incontestable: el 80 por ciento de los padres quieren que sus hijos den clase de Religión.
-Sí que es cierto que todos los centros concertados tienen un exceso de demanda y que no se puede satisfacer toda. No sabemos si realmente es extrapolable ese 80 por ciento de padres que quieren clase de Religión, a que prefieran que su hijo esté en un colegio concertado y no en uno público.
-¿Qué es lo que más preocupa en estos momentos a los padres sobre la educación de sus hijos?
-Los problemas más importantes son tres: uno es el nivel de calidad educativa, que no es el adecuado y continúa aumentando el fracaso escolar. Los resultados académicos de nuestros alumnos no son equiparable con los del resto de Europa o con países de nuestro nivel. Es un problema que pensamos que la LOE no va a solucionar,
-¿Y la falta de autoridad?
-Hay un problema de convivencia en algunos centros, de disciplina, de cumplimiento de normas porque no existe realmente un concepto de autoridad fundado. Ahora mismo existe un déficit de autoridad en los centros y tampoco la LOE parece que vaya por camino de solucionarlo.
-¿No es éste un problema de educación social o familiar?
-La escuela no es una isla y cuando se habla de fracaso escolar estamos hablando de un cierto fracaso social. La sociedad influye en la escuela como ésta en la sociedad. No es un planteamiento exclusivo de la escuela la falta de autoridad, pero sí es un lugar en el que especialmente se debería apostar por inculcar una serie de principios y valores, entre ellos el de autoridad. Y así llegamos al tercer problema.
-¿Cuál es?
-Que se ha desprovisto prácticamente la educación en valores. En principio, se constata en la juventud de hoy una cierta carencia de fundamentos y valores morales...o por lo menos de determinados valores como la autoridad. Pero también el esfuerzo, o el planteamiento no exclusivamente material de los estudios, eso de que la carrera sea un medio exclusivamente para situarse bien o ganar dinero. No existe espíritu de servicio, de poner esos conocimientos al servicio de la sociedad. Esos valores no están presentes hoy en la escuela, por lo menos no en todas, y es una carencia muy importante que tampoco parece que vaya a solucionar la LOE.
-Enseñar valores a los niños no puede ser objeto de una asignatura del colegio.
-En muchos casos ha habido una desconexión entre la familia y los centros educativos, donde los planteamientos ideológicos han tenido excesivo peso, igual que los técnicos; incluso hasta se ha llegado a despreciar un poco la labor de los padres porque existe la creencia de que en un mundo tan complicado como éste tienen que ser los técnicos los que eduquen a los niños. Y quizás las familias hemos caído en la trampa, nos hemos retraído un poquito en la educación en valores, pero a su vez la escuela tampoco ha asumido esa función. Lo que no puede ser es que en la familia se intenten inculcar unos valores y precisamente en la escuela se intente inculcar otros completamente diferentes.
-A esto viene a sumarse la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la que Toledo ha sido escenario de la primera objeción de conciencia.
-Es lógico que haya muchos padres preocupados por este asunto y que empiecen a presentar sus objeciones de conciencia. De todas maneras, por las reuniones que hemos mantenido con la Consejería, los datos que tenemos es que esta asignatura no se implantaría todavía el curso que viene en Castilla-La Mancha, por lo menos como tal asignatura de Educación para la Ciudadanía. Eso sería en el curso 2008-2009, conjuntamente para 2º y 4º de ESO.
-¿Por qué los padres entonces han comenzado a objetar?
-Quizá por falta de información y es lógico que ante la duda estén adelantándose y planteando ya el tema.
-De todas formas, retrasarlo no es la solución.
-No, pero el hecho de que haya más tiempo puede incidir en que se pueda negociar algún tipo de planteamiento y que incluso por parte de la Administración educativa, o bien se modifiquen contenidos, o se modifiquen planteamientos. O incluso se incluya expresamente en una norma el derecho de objeción de conciencia.
-Ustedes, como asociaciones de padres, ¿pueden solicitar esto a la Consejería de Educación?
-Sí, nosotros solicitaremos a la Junta de Comunidades la posibilidad de incluir una cláusula de objeción de conciencia. El tema de la objeción de conciencia está por encima en este caso de la ley o de los decretos de contenidos mínimos porque se incardina directamente en la Constitución. El artículo 16 de la Carta Magna reconoce la libertad ideológica y de conciencia y el Tribunal Constitucional ha dicho en muchas sentencias que ni siquiera es necesario que se regule en una norma expresa ese derecho. Pero, si se regulase, se estaría plasmando ese derecho en una norma de carácter inferior.
-¿Y qué tiene esta asignatura como para que precise una cláusula de conciencia?
-Es una asignatura que intenta inculcar una serie de sentimientos, una adhesión a unos valores determinados y en unos campos en los que no existe unanimidad en la sociedad en cuanto a cómo se deban definir esos valores. Por ejemplo, en qué se entiende por tolerancia, por dignidad de la persona, por derechos como la vida.
-¿Y la educación sexual?
-En principio estaba prevista incluirla en Educación para la Ciudadanía pero parece que al final se introduce en Biología, cosa absolutamente absurda porque la educación sexual en la persona no es exclusivamente biológica. Lo que sí se mantiene en Educación para la Ciudadanía es una educación afectivo-emocional.
-¿La Administración regulando los sentimientos?
-Sí, y hay unos contenidos realmente graves en los que entra la asignatura como, por ejemplo, la identidad personal o el dilema moral.
-¿Una regulación de lo que está bien y lo que está mal, como si fuera una religión más?
-Efectivamente. Además, el problema de planteamiento es más grave todavía porque en los criterios de evaluación se introduce la comprobación de si el alumno ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos para acomodarse precisamente a esos valores que se han enseñado. Entonces, se llega a evaluar algo que en la clase de Religión nunca se le ha ocurrido evaluar a la Iglesia Católica: si realmente un muchacho cumple o no la moral católica, si va o no a misa, o si se comporta conforme a los Diez Mandamientos. En Educación para la Ciudadanía sí; tú tienes que evaluar si ejerces una regulación de tus emociones y sentimientos para adecuarte en tus comportamientos y en tus adhesiones a unos determinados valores. Y eso es una cosa muy peligrosa que, además, no es misión del Estado.
-¿Puede ser consecuencia del laicismo imperante?
-Es evidente. Precisamente, en la explicación de esta asignatura se nos dice que intenta dar cumplimiento a una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 2002, que efectivamente dice que se debe instaurar una Educación para la Ciudadanía porque ha detectado una apatía de los ciudadanos en la participación pública, un desconocimiento del valor que tienen las instituciones públicas, y la democracia, y el participar en la vida política. Pero, luego, en realidad nos explica el manifiesto que hizo público el PSOE «Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía», y nos dicen que lo que pretenden precisamente es formar conciencias en un mínimo ético común, y que los monoteísmos siembran división en los ciudadanos mientras que la laicidad sería la garantía de la convivencia y el marco en que todos nos podemos respetar. Con la excusa de que se va a dar cumplimiento a una recomendación del Consejo de Europa, ese manifiesto nos explica que lo que se pretende es instaurar un laicismo en el que se excluya cualquier concepción moral que no sea la políticamente correcta.
Espíldora posa con cinco de sus ocho hijos, además de dos sobrinos, a la puerta del colegio Infantes de Toledo
CASTILLA LA-MANCHA: La Guía de AMPAS de la Junta «se olvida» de Concapa
Espíldora espera que sea sólo un error la exclusión de Concapa de la nueva Guía de AMPAS elaborada por la Consejería de Educación, «olvido» que también queda patente en el portal de Educación de la Junta. «Excluye a cualquier AMPA que pueda tener carácter católico». En la Guía se habla exclusivamente de la escuela pública y del trabajo que las asociaciones de padres (públicas) deben hacer por ella. «Si la Guía sale como está, no la vamos a distribuir», asegura el presidente
El Ministerio de Educación censura a CONCAPA y CECE
José Antonio Marina se convierte en el filósofo del régimen
Si se creían que la época de la censura había acabado, se habían equivocado. Atentos: una productora de televisión organizaba recientemente un debate sobre la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los asistentes previstos eran un representante de CONCAPA, uno de Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y otro de Profesionales por la Ética.
Pues bien, el ministerio exigió que para asistir, la CONCAPA debía ser sustituida por la CEAPA, la asociación de padres más que laica, laicista y de tendencia filosocialista. Para jugar en casa. Pero ahora lo viene lo peor: también exigió que en lugar de asistir CECE, fuera alguien de FERE, como se sabe, tremendamente cercanos al gobierno. Tanto como que han ‘bendecido’ EpC y su presidente, el P. Manuel de Castro, ha recibido la medalla de oro del ministerio de Trabajo. Por los servicios prestados nos tememos.
Pero hay más. Resulta que Educación exigió para su asistencia que también estuviera en el programa José Antonio Marina, que se ha convertido ya en el filósofo del régimen. Marina había elaborado ya el manual de epC de Editorial SM. Pero parece que tras el toque de atención de los obispos, el texto no será válido. Y Marina está que trina soltando a diestra y siniestra. Bueno, más bien a esto segundo.
Así que ya sabemos cuáles son los amigos y los enemigos del gobierno en la hoja de ruta para imponer la laicidad en las escuelas. Los enemigos son la CONCAPA y CECE. Los amigos: CEAPA, Marina y FERE. Y el más doloroso es este último: ¿Por qué los religiosos de la enseñanza se prestan a este juego? ¿O es un juego sólo de la cúpula? ¿No es hora de pedir la dimisión del P. de Castro que ha bendecido una asignatura rechazada por la jerarquía de la Iglesia?
Si se creían que la época de la censura había acabado, se habían equivocado. Atentos: una productora de televisión organizaba recientemente un debate sobre la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los asistentes previstos eran un representante de CONCAPA, uno de Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y otro de Profesionales por la Ética.
Pues bien, el ministerio exigió que para asistir, la CONCAPA debía ser sustituida por la CEAPA, la asociación de padres más que laica, laicista y de tendencia filosocialista. Para jugar en casa. Pero ahora lo viene lo peor: también exigió que en lugar de asistir CECE, fuera alguien de FERE, como se sabe, tremendamente cercanos al gobierno. Tanto como que han ‘bendecido’ EpC y su presidente, el P. Manuel de Castro, ha recibido la medalla de oro del ministerio de Trabajo. Por los servicios prestados nos tememos.
Pero hay más. Resulta que Educación exigió para su asistencia que también estuviera en el programa José Antonio Marina, que se ha convertido ya en el filósofo del régimen. Marina había elaborado ya el manual de epC de Editorial SM. Pero parece que tras el toque de atención de los obispos, el texto no será válido. Y Marina está que trina soltando a diestra y siniestra. Bueno, más bien a esto segundo.
Así que ya sabemos cuáles son los amigos y los enemigos del gobierno en la hoja de ruta para imponer la laicidad en las escuelas. Los enemigos son la CONCAPA y CECE. Los amigos: CEAPA, Marina y FERE. Y el más doloroso es este último: ¿Por qué los religiosos de la enseñanza se prestan a este juego? ¿O es un juego sólo de la cúpula? ¿No es hora de pedir la dimisión del P. de Castro que ha bendecido una asignatura rechazada por la jerarquía de la Iglesia?
domingo, 18 de marzo de 2007
ESPAÑA: Grupos contra Educación Ciudadanía emprenden campaña en colegios y prensa
Una treintena de organizaciones que plantean la objeción de conciencia contra la nueva asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos van a emprender en días venideros una 'campaña informativa' en centros escolares y medios de comunicación.
El presidente de Profesionales por la Etica, Jaime Urcelay, anunció a EFE la constitución de grupos para articular la campaña en todas las capitales de provincia.
Recorrerán 'colegio a colegio y APA a APA' para difundir 'información básica' sobre la asignatura y los planteamientos de estas organizaciones para que cada cual elija 'libremente' si sus hijos cursan la asignatura, según Urcelay.
También tienen previsto el encarte de trípticos informativos en prensa nacional y provincial.
Urcelay apeló a la 'libertad de cátedra' de los profesores para que impartan la asignatura según sus propios criterios y en todo caso 'no se sometan a contenidos que vayan en contra de sus propias convicciones'.
Profesionales por la Etica ha redactado sendos modelos de carta para que padres y alumnos mayores de 16 años que lo deseen manifiesten al director del centro que han decidido que sus hijos o ellos mismos, respectivamente, no asistan a clase por 'razones de conciencia' y de 'libertad ideológica'.
La justificación es que 'algunos' de los contenidos de la asignatura implican una formación moral 'contradictoria' con las propias convicciones.
En otro documento, la dirección del centro podrá comunicar a los padres la discrepancia con la asignatura y que 'va a amparar' la libertad de conciencia de éstos, sin perjuicio de las obligaciones como institución docente.
Por último, los docentes pueden suscribir un manifiesto de oposición a un determinado sistema de valores que se quiere hacer pasar por 'universal' cuando 'no lo es'.
Entre las 30 organizaciones figuran además la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos, (CONCAPA), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) o los estudiantes de Novillada.org, que entienden que la asignatura supone un 'adoctrinamiento' al servicio del poder.
En declaraciones a EFE, el portavoz de Mójate.es, José Velasco Márquez, afirmó que esta asignatura es una 'imposición' del Estado porque sus contenidos han sido redactados 'sin el consenso mínimo de la comunidad educativa'.
Además, insistió, esta materia 'adoctrina' porque en ella se van a tratar unos valores 'que no pueden ser redactados por el Estado, sino que dependen de la libertad individual'.
Por último, lamentó que esta asignatura sea evaluable y válida para puntuar en la selectividad o acceder a una carrera universitaria.
El presidente de Profesionales por la Etica, Jaime Urcelay, anunció a EFE la constitución de grupos para articular la campaña en todas las capitales de provincia.
Recorrerán 'colegio a colegio y APA a APA' para difundir 'información básica' sobre la asignatura y los planteamientos de estas organizaciones para que cada cual elija 'libremente' si sus hijos cursan la asignatura, según Urcelay.
También tienen previsto el encarte de trípticos informativos en prensa nacional y provincial.
Urcelay apeló a la 'libertad de cátedra' de los profesores para que impartan la asignatura según sus propios criterios y en todo caso 'no se sometan a contenidos que vayan en contra de sus propias convicciones'.
Profesionales por la Etica ha redactado sendos modelos de carta para que padres y alumnos mayores de 16 años que lo deseen manifiesten al director del centro que han decidido que sus hijos o ellos mismos, respectivamente, no asistan a clase por 'razones de conciencia' y de 'libertad ideológica'.
La justificación es que 'algunos' de los contenidos de la asignatura implican una formación moral 'contradictoria' con las propias convicciones.
En otro documento, la dirección del centro podrá comunicar a los padres la discrepancia con la asignatura y que 'va a amparar' la libertad de conciencia de éstos, sin perjuicio de las obligaciones como institución docente.
Por último, los docentes pueden suscribir un manifiesto de oposición a un determinado sistema de valores que se quiere hacer pasar por 'universal' cuando 'no lo es'.
Entre las 30 organizaciones figuran además la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos, (CONCAPA), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) o los estudiantes de Novillada.org, que entienden que la asignatura supone un 'adoctrinamiento' al servicio del poder.
En declaraciones a EFE, el portavoz de Mójate.es, José Velasco Márquez, afirmó que esta asignatura es una 'imposición' del Estado porque sus contenidos han sido redactados 'sin el consenso mínimo de la comunidad educativa'.
Además, insistió, esta materia 'adoctrina' porque en ella se van a tratar unos valores 'que no pueden ser redactados por el Estado, sino que dependen de la libertad individual'.
Por último, lamentó que esta asignatura sea evaluable y válida para puntuar en la selectividad o acceder a una carrera universitaria.
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