Madrid, 1 de junio de 2007.- El MEC ha asegurado que permitirá a los centros adaptar la EpC a sus idearios y la FERE se lo ha creído, como se creyó antes que no habría un representante municipal en los consejos escolares y ahora se ha institucionalizado como un auténtico "comisario político", una figura que, por cierto, tendrá mucho que decir cuando se presenten las programaciones generales, incluida la EpC, a la aprobación de los consejos escolares.
La "autorización" del MEC, que sólo conoce el secretario general de FERE-CECA, se sustenta, al parecer, en el derecho de los centros a la autonomía pedagógica. Sin embargo, obvia el derecho de los ciudadanos a la libertad ideológica, de pensamiento y de creencias, así como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, de la que son los primeros responsables, pero a los que se excluye de toda posibilidad de consenso. ¿Cómo se ejerce la responsabilidad sin capacidad de decisión?.
Por otra parte, la misiva del MEC incluye la posibilidad de que otros centros, de acuerdo con la misma autonomía que se les reconoce a los de la FERE, adapten sus currículos a criterios laicistas y beligerantes con las creencias y convicciones más profundas de buena parte de la sociedad española. Más aún, ¿podrán los centros de otro ideario promover entre sus alumnos la bondad de la poligamia o la sumisión de la mujer? ¿O es que los derechos son exclusivos de la FERE, que para eso ha entrado en el juego de favores e intercambios del Gobierno?.
En uno u otro caso, habrá familias cuyos hijos se encuentren sometidos a la imposición de los “valores” que propicia esta asignatura, y nuestra obligación, como organización representativa de padres -de todos los padres- nos obliga a ser solidarios y rechazar la EpC. ¿O acaso la solidaridad no es un valor que debería tener todo buen ciudadano?.
No son los titulares de los centros los que están facultados por nuestra Constitución para imponer los valores que consideren adecuados a nuestros hijos, sino que son los padres los titulares exclusivos de ese derecho. Por ello, cuando se acepta el ideario de un centro se hace por la coincidencia entre el ideario y los valores que deseamos que reciban nuestros hijos, pero ese ideario ha quedado anulado y modificado al tener que admitir como obligatoria una asignatura que pretende construir la moral de nuestros hijos, incluso en contra de nuestras propias convicciones.
Un Ministerio que recomienda como guía de profesores una publicación pornográfica se deslegitima para educar a nuestros hijos, al rozar incluso lo delictivo. El MEC ha perdido toda la confianza que debemos tener los padres en el mismo, por cuanto en lugar de preocuparse de superar el gravísimo fracaso escolar se entretiene en adoctrinar a nuestros hijos como cualquier gobierno totalitario.
Llama también la atención cómo aquella izquierda que consideraba que la objeción ampliaba los derechos de los ciudadanos, amenaza ahora con sanciones cuando los que objetan no comparten su pensamiento ideológico.
Todo ello nos lleva a seguir postulando la objeción de conciencia para todas las familias, con independencia del centro elegido o de la Comunidad Autónoma en la que habiten, e incluso a plantearnos la posibilidad después de las vacaciones estivales, de emprender otro tipo de acciones.
Finalmente, CONCAPA anuncia que recurrirá judicialmente cualquier decisión totalitaria que pretenda sancionar a aquellos ciudadanos que objeten esta asignatura.
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