ESPAÑA: La LOU otorga a las universidades el poder para crear carreras a la carta

MILAGROS ASENJO. MADRID.
La aprobación definitiva de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) produjo en los diputados un notable afán de dejar frases lapidarias en el Diario de Sesiones.
Así, mientras la portavoz socialista, Montserrat Palma, recurrió a Serrat para proclamar -con un ligero arreglo- que «hoy es un gran día para la comunidad universitaria», el diputado popular, Eugenio Nasarre, se mostró menos entusiasta y dijo que la reforma está «empedrada de apariencias engañosas», generadoras de una «gran incertidumbre».
Pero, anécdotas aparte, y tras siete largos meses de encuentros y desencuentros entre el Gobierno y los distintos actores parlamentarios, la nueva LOU fue aprobada por 183 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto) y 119 en contra (los del PP). El primer partido de la oposición se quedó solo en su rechazo a la modificación parcial de la norma universitaria. Una modificación con la que se había comprometido el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien respaldó con su voto el texto remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Congreso ratificó todas las enmiendas procedentes del Senado, con la excepción de la que imponía la condición de doctor para que un profesor permanente pueda ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no escondía su satisfacción -lo mismo que su equipo- al haber logrado uno de los objetivos para los que fue designada. «Este es un momento muy importante para las universidades españolas y su futuro», dijo, al tiempo que advertía de que la reforma debe «remover las dificultades que les impedían ejercer su autonomía».
En efecto, los desafíos de la norma se concretan en potenciar la autonomía, la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad y superar así las disfunciones que gran parte de la comunidad universitaria detectaba en la ley aprobada en 2001 por el PP.
¿Cuáles son los aspectos esenciales de la nueva LOU?
La clave del cambio es reforzar la autonomía y lograr un modelo más eficaz donde la actividad investigadora se potencia con mayores aportaciones económicas y unas mejores condiciones laborales para investigar y transmitir a la sociedad el conocimiento generado. Además, la sustitución del actual catálogo de títulos por un registro de centros y estudios permitirá a todas las universidades diseñar sus títulos a la carta.
El profesorado tiene un papel esencial. Junto a la modificación del sistema de selección de los funcionarios, destaca también la creación de nuevas figuras de contratados y la posibilidad de que tanto los funcionarios como los contratados permanentes puedan disfrutar de una excedencia de hasta cinco años para incorporarse a una empresa tecnológica creada o desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias en las que hayan participado.
Asimismo, las universidades y organismos públicos de investigación podrán contratar de forma indefinida a jóvenes investigadores, con calificación «excelente».
La nueva LOU potencia la cultura de la evaluación, en favor de la calidad y de la «rendición de cuentas» y refuerza la Aneca que pasa de fundación privada a agencia pública.
Tres años para adaptarla
Las universidades arbitrarán medidas para que los docentes e investigadores puedan acogerse a planes de jubilación anticipada a partir de los 60 años e incluso prevé reducir la actividad de quienes tengan más edad.
Las universidades, tanto públicas como privadas, dispondrán de tres años para adaptarse a la reforma. En cuanto a las privadas se endurecen las exigencias sobre el profesorado. Entre los cambios destaca la desaparición del actual Consejo de Coordinación Universitaria, que se dividirá en el Consejo de Universidades (académico) y la Conferencia Sectorial (política).
El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez, reiteró que se trata de una reforma «imprescindible y limitada». Para el rector de Oviedo, la ley se queda «un poco corta», porque «hay ámbitos muy vitales como el de la transferencia del conocimiento o nuevas estructuras docentes y de investigación, en los que tenemos que pensar para las próximas décadas».