ESPAÑA: Una ley que pone «parches» a la universidad

El Congreso aprueba la reforma de la LOU, que refuerza la autonomía y flexibilidad de los centros - Los rectores advierten de que sólo se hacen «simples retoques» y los populares critican que no se resuelvan los problemas
Madrid- La reforma de la Ley Orgánica de Universidades superó ayer el trámite definitivo en el Congreso. El texto final ha pasado por tres años de vaivenes y dos equipos ministeriales que dieron a la norma un tratamiento diametralmente opuesto. Finalmente, la reforma de la LOU, o si se prefiere la «Lomlou», ha salido adelante con la oposición del PP, que considera el texto «profundamente negativo», y la resignación de los propios rectores, que no encuentran en la ley una solución fehaciente a los problemas y retos universitarios. Y eso, a pesar de las proclamas del Gobierno sobre que esta reforma potenciará la autonomía de las universidades y de que los rectores tienen una mayor capacidad de gestión de la que les quedaba con la ya «difunta» LOU.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarios, frente a los 119 «noes» del PP y un abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó la tercera reforma universitaria de la democracia en la necesidad de primar la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y de corregir las «deficiencias» de la LOU, aprobada cuando gobernaba el PP para avanzar sobre la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
«Queremos devolver y facilitar a las universidades ese protagonismo» -enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera- «como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social».
Sin embargo, el PP no vio avances relevantes en las modificaciones del Senado para variar su juicio de fondo del texto, que considera inadecuado a las necesidades y a los retos de la universidad y que provocará «enormes incertidumbres nada buenas para la vida» de esta institución. Para los populares, la ley va «en la dirección contraria a la excelencia» y está «empedrada de engaños» como la «falsa autonomía» de las universidades.
Así, el portavoz popular en Educación, Eugenio Nasarre, mostró su «gran insatisfacción y preocupación» por la -a su juicio- el hecho de que no se resuelvan los problemas, lo que tendrá consecuencias «muy negativas» para el futuro de la universidad. Al respecto, criticó que no se da la «suficiente» libertad de organización a las privadas, se deja «a los pies de los caballos» a los titulares de Escuela Universitaria, se consolidan «todos los vicios» de la selección del profesorado y se fragmenta el sistema de becas con una «peregrina tesis» de diferencias territoriales.
Pero ni siquiera «lanzaron cohetes» desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, cuyo presidente, Juan Vázquez, recibió la noticia «con más alivio que entusiasmo» por considerar la ley «limitada» y de «simples retoques y ajustes» de algunas «disfunciones». Así, los rectores dicen estar «empachados» de tanta actividad normativa y piden pasar a la acción reflexiva sobre la Universidad que se desea para las próximas décadas. Además, destacaron la necesidad de que las regulaciones de las que se ha privado a la Administración central no queden en manos de las comunidades autónomas: «Que se devuelva la autonomía a la Universidad y no a la Autonomía», informa Ep.