Madrid, 30 de marzo de 2007.- El Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco , ha declarado que "si el anuncio de suspender a los alumnos, que objeten a la asignatura Educación para la Ciudadanía, refleja la intención real de esas Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE estaríamos ante el anuncio de una violación constitucional de extrema gravedad", señaló.
Asimismo, el Foro Español de la Familia recuerda que la objeción de conciencia forma parte del derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa amparado por el artículo 16.1 de la Constitución y en nuestro país a nadie se le puede sancionar por ejercer un derecho constitucional.
Esta propuesta supone una verdadera coacción pública contra los padres de familia , amenazándolos para que no ejerciten sus derechos constitucionales y como tal refleja una postura profundamente antidemocrática y contraria a la libertad.
El Foro Español de la Familia manifiesta su rechazo al carácter adoctrinador de la asignatura 'Educación para la Ciudadanía' y la vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
sábado, 31 de marzo de 2007
ESPAÑA: TERCERA REFORMA UNIVERSITARIA DE LA DEMOCRACIA
El Parlamento aprueba la reforma de la LOU con la oposición del Partido Popular
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, durante la votación de la reforma.
MADRID.- Con la única oposición del PP, las Cortes Generales han aprobado definitivamente la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que pretende potenciar la autonomía de estas instituciones y permitirles una mayor flexibilidad de organización.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarias, con 119 'noes' del PP y una abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de ser doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó esta tercera reforma universitaria de la democracia para favorecer la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y corregir las "deficiencias" de la LOU.
Aprobada cuando gobernaba el PP con apoyo de CiU y CC, la LOU había suscitado el rechazo del resto de partidos, rectores, estudiantes y sindicatos; la anterior fue la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
"Queremos devolverles y facilitarles a las universidades ese protagonismo", enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera, como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social. La diputada socialista Montserrat Palma señaló que la universidad necesita "rigor, que no rigidez ni miedo a usar la libertad".
'Apariencias engañosas' para el PP
Por el contrario, el portavoz del PP, Eugenio Nasarre, opinó que que la modificación está "empedrada de apariencias engañosas" que generan una "gran incertidumbre".
CiU se reconoce "claramente" en el texto, según su diputada Mercé Pigem, particularmente la regulación de las universidades privadas, el favorecimiento del conocimiento de las lenguas cooficiales y las mejoras fiscales para la investigación.
Laia Cañigueral, de ERC, cree que la modificación legislativa "no es ideal", aunque avanza "tímidamente" hacia una toma de decisiones descentralizada. Aitor Esteban, del PNV, entendió que se da "un gran paso en la dirección correcta", aunque detectó "desajustes" en el reparto competencial.
Por IU-ICV, Carme García opinó que los cambios suprimen lo más descabellado de la LOU y elogió las enmiendas sobre personal y la creación de un Observatorio de becas.
Principales novedades
Las modificaciones del Senado ratificadas se refieren al desarrollo de la "jubilación voluntaria" anticipada y "la reducción paulatina" de actividad desde los sesenta años. En el plazo máximo de un año, la futura Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio de Educación y Ciencia y CCAA) elaborará un "modelo referencial de costes" universitarios.
No se aplicará a profesores funcionarios el impedimento de pertenecer al consejo de administración ni el límite de participación máxima de un 10 por ciento en el capital social de empresas tecnológicas.
Las universidades y otros organismos e instituciones de investigación podrán contratar indefinidamente a investigadores contratados que obtengan una evaluación de excelencia, por ejemplo del programa Ramón y Cajal.
El consentimiento de los interesados "no será preciso" para la publicación de notas, los resultados de la evaluación docente, investigadora y de gestión del personal ni los currículos de profesores o investigadores. Entre otras claves, se sustituye la habilitación por la acreditación para ingresar en el funcionariado docente.
El profesorado funcionario y el contratado permanente podrán solicitar una excedencia para incorporarse a una empresa desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias. El Gobierno aprobará un Estatuto del Personal Docente o Investigador y otro del Estudiante, y se creará un Consejo de alumnos.
La reforma menciona la nueva estructura de enseñanzas oficiales (grado, máster y doctorado), se suprime el catálogo oficial de enseñanzas y se crea el Registro de universidades, centros y títulos. Desaparece el Consejo de Coordinación Universitaria; se crean el Consejo de Universidades (Ministerio y rectores) y la citada Conferencia General.
El rector será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria y se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en una agencia pública.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, durante la votación de la reforma.
MADRID.- Con la única oposición del PP, las Cortes Generales han aprobado definitivamente la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que pretende potenciar la autonomía de estas instituciones y permitirles una mayor flexibilidad de organización.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarias, con 119 'noes' del PP y una abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de ser doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó esta tercera reforma universitaria de la democracia para favorecer la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y corregir las "deficiencias" de la LOU.
Aprobada cuando gobernaba el PP con apoyo de CiU y CC, la LOU había suscitado el rechazo del resto de partidos, rectores, estudiantes y sindicatos; la anterior fue la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
"Queremos devolverles y facilitarles a las universidades ese protagonismo", enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera, como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social. La diputada socialista Montserrat Palma señaló que la universidad necesita "rigor, que no rigidez ni miedo a usar la libertad".
'Apariencias engañosas' para el PP
Por el contrario, el portavoz del PP, Eugenio Nasarre, opinó que que la modificación está "empedrada de apariencias engañosas" que generan una "gran incertidumbre".
CiU se reconoce "claramente" en el texto, según su diputada Mercé Pigem, particularmente la regulación de las universidades privadas, el favorecimiento del conocimiento de las lenguas cooficiales y las mejoras fiscales para la investigación.
Laia Cañigueral, de ERC, cree que la modificación legislativa "no es ideal", aunque avanza "tímidamente" hacia una toma de decisiones descentralizada. Aitor Esteban, del PNV, entendió que se da "un gran paso en la dirección correcta", aunque detectó "desajustes" en el reparto competencial.
Por IU-ICV, Carme García opinó que los cambios suprimen lo más descabellado de la LOU y elogió las enmiendas sobre personal y la creación de un Observatorio de becas.
Principales novedades
Las modificaciones del Senado ratificadas se refieren al desarrollo de la "jubilación voluntaria" anticipada y "la reducción paulatina" de actividad desde los sesenta años. En el plazo máximo de un año, la futura Conferencia General de Política Universitaria (Ministerio de Educación y Ciencia y CCAA) elaborará un "modelo referencial de costes" universitarios.
No se aplicará a profesores funcionarios el impedimento de pertenecer al consejo de administración ni el límite de participación máxima de un 10 por ciento en el capital social de empresas tecnológicas.
Las universidades y otros organismos e instituciones de investigación podrán contratar indefinidamente a investigadores contratados que obtengan una evaluación de excelencia, por ejemplo del programa Ramón y Cajal.
El consentimiento de los interesados "no será preciso" para la publicación de notas, los resultados de la evaluación docente, investigadora y de gestión del personal ni los currículos de profesores o investigadores. Entre otras claves, se sustituye la habilitación por la acreditación para ingresar en el funcionariado docente.
El profesorado funcionario y el contratado permanente podrán solicitar una excedencia para incorporarse a una empresa desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias. El Gobierno aprobará un Estatuto del Personal Docente o Investigador y otro del Estudiante, y se creará un Consejo de alumnos.
La reforma menciona la nueva estructura de enseñanzas oficiales (grado, máster y doctorado), se suprime el catálogo oficial de enseñanzas y se crea el Registro de universidades, centros y títulos. Desaparece el Consejo de Coordinación Universitaria; se crean el Consejo de Universidades (Ministerio y rectores) y la citada Conferencia General.
El rector será elegido por el claustro o por la comunidad universitaria y se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en una agencia pública.
Los criterios para conceder las becas se revisarán con la ley de universidades
J. A. AUNIÓN - Madrid - 30/03/2007
El Gobierno replanteará los criterios de concesión de becas para ajustarse al máximo al contexto socioeconómico del alumno, tales como el nivel de vida de su lugar de residencia o la situación laboral de los padres, entre otros. Éste es uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada ayer por el Congreso, junto con la libertad que da esta norma a los centros para elegir a sus nuevos profesores. Sólo el PP se opuso a esta norma que da a las universidades la autonomía que le negó la LOU, promovida por los populares en la pasada legislatura.
ROSARIO GIL: Investigadora Ramón Cajal "Sin dinero, el cambio quedará en nada"
CARMEN AGUSTÍN: Docente con contrato temporal "Se aclara la situación de los contratados"
EDUARDO ANGULO: Alumno "Espero que los profesores cuiden más la docencia"
GUY HAUG: Experto en espacio europeo "España iba con retraso en el proceso europeo"
La LOU, aprobada en 2001, sacó a la calle a 350.000 personas, con un gran número de rectores entre ellas. Cuando aún estaba en la oposición, ya se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero a cambiarla. El retraso en sacar adelante la reforma fue una de las principales causas de que la anterior ministra de Educación, María Jesús San Segundo, fuera sustituida por la actual, Mercedes Cabrera, que llegó sobre todo para impulsar este cambio. Además, Zapatero se comprometió a conseguir el mayor consenso posible. Ha conseguido el de todos los grupos políticos menos el PP.
Sin embargo, IU-ICV y ERC condicionaron su apoyo a que la cuantía de las becas tuviera en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada territorio, una reivindicación histórica de los nacionalistas y algo que recoge en una sentencia el Tribunal Constitucional. La ministra de Educación anunció el replanteamiento de la política de becas, pero aseguró que se hará garantizando "la igualdad de oportunidades" y recordó que las becas son un derecho individual, no territorial. Actualmente, la cuantía de algunas becas ya recogen diferencias para los alumnos canarios y para los que estudian en ciudades grandes. Además, Educación esta estudiando, según fuentes cercanas al Gobierno, afinar mucho más los criterios de concesión de becas a las circunstancias familiares concretas, por ejemplo, que sean monoparentales o que los dos padres trabajen.
El portavoz de educación del PP, Eugenio Nasarre, aseguró que se trata de una "peregrina tesis" de diferencias territoriales, ya que teme que esto pueda significar la ruptura de los criterios de equidad en todo el Estado. El otro punto más criticado por el PP es el nuevo sistema por el que los profesores conseguirán ser funcionarios. Los docentes acreditarán ante la administración su experiencia y méritos y luego cada universidad decidirá el sistema de seleccionarlos. Esto aumentará "todos los vicios de la universidad", dijo Nasarre.
El Gobierno replanteará los criterios de concesión de becas para ajustarse al máximo al contexto socioeconómico del alumno, tales como el nivel de vida de su lugar de residencia o la situación laboral de los padres, entre otros. Éste es uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada ayer por el Congreso, junto con la libertad que da esta norma a los centros para elegir a sus nuevos profesores. Sólo el PP se opuso a esta norma que da a las universidades la autonomía que le negó la LOU, promovida por los populares en la pasada legislatura.
ROSARIO GIL: Investigadora Ramón Cajal "Sin dinero, el cambio quedará en nada"
CARMEN AGUSTÍN: Docente con contrato temporal "Se aclara la situación de los contratados"
EDUARDO ANGULO: Alumno "Espero que los profesores cuiden más la docencia"
GUY HAUG: Experto en espacio europeo "España iba con retraso en el proceso europeo"
La LOU, aprobada en 2001, sacó a la calle a 350.000 personas, con un gran número de rectores entre ellas. Cuando aún estaba en la oposición, ya se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero a cambiarla. El retraso en sacar adelante la reforma fue una de las principales causas de que la anterior ministra de Educación, María Jesús San Segundo, fuera sustituida por la actual, Mercedes Cabrera, que llegó sobre todo para impulsar este cambio. Además, Zapatero se comprometió a conseguir el mayor consenso posible. Ha conseguido el de todos los grupos políticos menos el PP.
Sin embargo, IU-ICV y ERC condicionaron su apoyo a que la cuantía de las becas tuviera en cuenta las particularidades socioeconómicas de cada territorio, una reivindicación histórica de los nacionalistas y algo que recoge en una sentencia el Tribunal Constitucional. La ministra de Educación anunció el replanteamiento de la política de becas, pero aseguró que se hará garantizando "la igualdad de oportunidades" y recordó que las becas son un derecho individual, no territorial. Actualmente, la cuantía de algunas becas ya recogen diferencias para los alumnos canarios y para los que estudian en ciudades grandes. Además, Educación esta estudiando, según fuentes cercanas al Gobierno, afinar mucho más los criterios de concesión de becas a las circunstancias familiares concretas, por ejemplo, que sean monoparentales o que los dos padres trabajen.
El portavoz de educación del PP, Eugenio Nasarre, aseguró que se trata de una "peregrina tesis" de diferencias territoriales, ya que teme que esto pueda significar la ruptura de los criterios de equidad en todo el Estado. El otro punto más criticado por el PP es el nuevo sistema por el que los profesores conseguirán ser funcionarios. Los docentes acreditarán ante la administración su experiencia y méritos y luego cada universidad decidirá el sistema de seleccionarlos. Esto aumentará "todos los vicios de la universidad", dijo Nasarre.
El Papa pide a los jóvenes «castidad» y «confesión»
Benedicto XVI, ayer, tras la homilía celebrada con los jóvenes
ROMA- El papa Benedicto XVI celebró ayer una misa en la Basílica de San Pedro con la asistencia de miles de jóvenes a los que recomendó «castidad» y «confesión». Los jóvenes, unos quince mil según el Vaticano, llegaron a la Basílica para asistir a una misa penitencial celebrada en preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará el próximo domingo 1 de abril. «Jóvenes novios vivid el noviazgo del amor verdadero, que comporta siempre el respeto mutuo, casto y responsable», dijo Ratzinger en la homilía. Además de explicarles «la necesidad de una renovada capacidad de amar» en la forma que muestra el Evangelio, tuvo palabras acerca de la lucha contra el mal. Además. exhortó a sus seguidores a confesarse a menudo «para experimentar la misericordia de Dios», informa Efe.
ROMA- El papa Benedicto XVI celebró ayer una misa en la Basílica de San Pedro con la asistencia de miles de jóvenes a los que recomendó «castidad» y «confesión». Los jóvenes, unos quince mil según el Vaticano, llegaron a la Basílica para asistir a una misa penitencial celebrada en preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, que se desarrollará el próximo domingo 1 de abril. «Jóvenes novios vivid el noviazgo del amor verdadero, que comporta siempre el respeto mutuo, casto y responsable», dijo Ratzinger en la homilía. Además de explicarles «la necesidad de una renovada capacidad de amar» en la forma que muestra el Evangelio, tuvo palabras acerca de la lucha contra el mal. Además. exhortó a sus seguidores a confesarse a menudo «para experimentar la misericordia de Dios», informa Efe.
Seis de cada diez españoles están en contra del uso del velo en las escuelas
Madrid- La mayoría de los españoles no ve con buenos ojos el islam en la escuela. El 61 por ciento está en contra de que las niñas musulmanas lleven velo en la escuela. Sin embargo, la sociedad está dividida entre los que apoyan (41 por ciento) y los que se oponen (39) a que los musulmanes recen en la Mezquita de Córdoba. Así lo revela el primer Barómetro del año del Real Instituto Elcano.
La oposición al uso del velo en el colegio crece con la edad, pasando del 52 por ciento para los menores de 30 años a siete de cada diez mayores de 65. También con respecto al rezo islámico en la mezquita, la franja de edad más alta es más contraria (55 por ciento) y desciende hasta el 27 entre los menores de 30.
Por otra parte, casi la mitad de los españoles, un 46 por ciento de los encuestados, apoya la exhibición de los crucifijos católicos en las escuelas. Los que se muestran totalmente en contra suponen un 29 por ciento. Preguntados por la posibilidad de que los niños españoles estudien el Corán, al igual que estudian la Biblia en clase de educación cívica, un 48 por ciento se manifiesta en contra, frente a un 31,5 por ciento a favor.
En el plano político, los españoles ven con buenos ojos que los musulmanes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y autonómicos. Dos tercios de los encuestados se manifestaron a favor, frente a un 25 por ciento que lo hizo en contra. Sin embargo, este porcentaje es mayor cuando al entrevistado se le pregunta por los extranjeros en general y sin especificar su religión. Entonces defiende el derecho a voto un 70,5 por ciento.
La oposición al uso del velo en el colegio crece con la edad, pasando del 52 por ciento para los menores de 30 años a siete de cada diez mayores de 65. También con respecto al rezo islámico en la mezquita, la franja de edad más alta es más contraria (55 por ciento) y desciende hasta el 27 entre los menores de 30.
Por otra parte, casi la mitad de los españoles, un 46 por ciento de los encuestados, apoya la exhibición de los crucifijos católicos en las escuelas. Los que se muestran totalmente en contra suponen un 29 por ciento. Preguntados por la posibilidad de que los niños españoles estudien el Corán, al igual que estudian la Biblia en clase de educación cívica, un 48 por ciento se manifiesta en contra, frente a un 31,5 por ciento a favor.
En el plano político, los españoles ven con buenos ojos que los musulmanes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y autonómicos. Dos tercios de los encuestados se manifestaron a favor, frente a un 25 por ciento que lo hizo en contra. Sin embargo, este porcentaje es mayor cuando al entrevistado se le pregunta por los extranjeros en general y sin especificar su religión. Entonces defiende el derecho a voto un 70,5 por ciento.
ESPAÑA: Una ley que pone «parches» a la universidad
El Congreso aprueba la reforma de la LOU, que refuerza la autonomía y flexibilidad de los centros - Los rectores advierten de que sólo se hacen «simples retoques» y los populares critican que no se resuelvan los problemas
Madrid- La reforma de la Ley Orgánica de Universidades superó ayer el trámite definitivo en el Congreso. El texto final ha pasado por tres años de vaivenes y dos equipos ministeriales que dieron a la norma un tratamiento diametralmente opuesto. Finalmente, la reforma de la LOU, o si se prefiere la «Lomlou», ha salido adelante con la oposición del PP, que considera el texto «profundamente negativo», y la resignación de los propios rectores, que no encuentran en la ley una solución fehaciente a los problemas y retos universitarios. Y eso, a pesar de las proclamas del Gobierno sobre que esta reforma potenciará la autonomía de las universidades y de que los rectores tienen una mayor capacidad de gestión de la que les quedaba con la ya «difunta» LOU.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarios, frente a los 119 «noes» del PP y un abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó la tercera reforma universitaria de la democracia en la necesidad de primar la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y de corregir las «deficiencias» de la LOU, aprobada cuando gobernaba el PP para avanzar sobre la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
«Queremos devolver y facilitar a las universidades ese protagonismo» -enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera- «como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social».
Sin embargo, el PP no vio avances relevantes en las modificaciones del Senado para variar su juicio de fondo del texto, que considera inadecuado a las necesidades y a los retos de la universidad y que provocará «enormes incertidumbres nada buenas para la vida» de esta institución. Para los populares, la ley va «en la dirección contraria a la excelencia» y está «empedrada de engaños» como la «falsa autonomía» de las universidades.
Así, el portavoz popular en Educación, Eugenio Nasarre, mostró su «gran insatisfacción y preocupación» por la -a su juicio- el hecho de que no se resuelvan los problemas, lo que tendrá consecuencias «muy negativas» para el futuro de la universidad. Al respecto, criticó que no se da la «suficiente» libertad de organización a las privadas, se deja «a los pies de los caballos» a los titulares de Escuela Universitaria, se consolidan «todos los vicios» de la selección del profesorado y se fragmenta el sistema de becas con una «peregrina tesis» de diferencias territoriales.
Pero ni siquiera «lanzaron cohetes» desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, cuyo presidente, Juan Vázquez, recibió la noticia «con más alivio que entusiasmo» por considerar la ley «limitada» y de «simples retoques y ajustes» de algunas «disfunciones». Así, los rectores dicen estar «empachados» de tanta actividad normativa y piden pasar a la acción reflexiva sobre la Universidad que se desea para las próximas décadas. Además, destacaron la necesidad de que las regulaciones de las que se ha privado a la Administración central no queden en manos de las comunidades autónomas: «Que se devuelva la autonomía a la Universidad y no a la Autonomía», informa Ep.
Madrid- La reforma de la Ley Orgánica de Universidades superó ayer el trámite definitivo en el Congreso. El texto final ha pasado por tres años de vaivenes y dos equipos ministeriales que dieron a la norma un tratamiento diametralmente opuesto. Finalmente, la reforma de la LOU, o si se prefiere la «Lomlou», ha salido adelante con la oposición del PP, que considera el texto «profundamente negativo», y la resignación de los propios rectores, que no encuentran en la ley una solución fehaciente a los problemas y retos universitarios. Y eso, a pesar de las proclamas del Gobierno sobre que esta reforma potenciará la autonomía de las universidades y de que los rectores tienen una mayor capacidad de gestión de la que les quedaba con la ya «difunta» LOU.
El Pleno del Congreso respaldó el conjunto de la reforma orgánica por 183 votos favorables del PSOE y los grupos minoritarios, frente a los 119 «noes» del PP y un abstención debida, al parecer, a un error de un diputado de CiU. También prosperaron con diferente apoyo las enmiendas del Senado, excepto la que imponía la condición de doctor para poder ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
El Gobierno justificó la tercera reforma universitaria de la democracia en la necesidad de primar la responsabilidad social de las universidades y la transferencia de conocimiento a las empresas y de corregir las «deficiencias» de la LOU, aprobada cuando gobernaba el PP para avanzar sobre la Ley de Reforma Universitaria, de 1983.
«Queremos devolver y facilitar a las universidades ese protagonismo» -enfatizó en el pleno la ministra Mercedes Cabrera- «como fábricas de ideas y de grandes avances del conocimiento, del desarrollo económico y social equilibrado y duradero y la inclusión social».
Sin embargo, el PP no vio avances relevantes en las modificaciones del Senado para variar su juicio de fondo del texto, que considera inadecuado a las necesidades y a los retos de la universidad y que provocará «enormes incertidumbres nada buenas para la vida» de esta institución. Para los populares, la ley va «en la dirección contraria a la excelencia» y está «empedrada de engaños» como la «falsa autonomía» de las universidades.
Así, el portavoz popular en Educación, Eugenio Nasarre, mostró su «gran insatisfacción y preocupación» por la -a su juicio- el hecho de que no se resuelvan los problemas, lo que tendrá consecuencias «muy negativas» para el futuro de la universidad. Al respecto, criticó que no se da la «suficiente» libertad de organización a las privadas, se deja «a los pies de los caballos» a los titulares de Escuela Universitaria, se consolidan «todos los vicios» de la selección del profesorado y se fragmenta el sistema de becas con una «peregrina tesis» de diferencias territoriales.
Pero ni siquiera «lanzaron cohetes» desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, cuyo presidente, Juan Vázquez, recibió la noticia «con más alivio que entusiasmo» por considerar la ley «limitada» y de «simples retoques y ajustes» de algunas «disfunciones». Así, los rectores dicen estar «empachados» de tanta actividad normativa y piden pasar a la acción reflexiva sobre la Universidad que se desea para las próximas décadas. Además, destacaron la necesidad de que las regulaciones de las que se ha privado a la Administración central no queden en manos de las comunidades autónomas: «Que se devuelva la autonomía a la Universidad y no a la Autonomía», informa Ep.
ESPAÑA: La LOU otorga a las universidades el poder para crear carreras a la carta
MILAGROS ASENJO. MADRID.
La aprobación definitiva de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) produjo en los diputados un notable afán de dejar frases lapidarias en el Diario de Sesiones.
Así, mientras la portavoz socialista, Montserrat Palma, recurrió a Serrat para proclamar -con un ligero arreglo- que «hoy es un gran día para la comunidad universitaria», el diputado popular, Eugenio Nasarre, se mostró menos entusiasta y dijo que la reforma está «empedrada de apariencias engañosas», generadoras de una «gran incertidumbre».
Pero, anécdotas aparte, y tras siete largos meses de encuentros y desencuentros entre el Gobierno y los distintos actores parlamentarios, la nueva LOU fue aprobada por 183 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto) y 119 en contra (los del PP). El primer partido de la oposición se quedó solo en su rechazo a la modificación parcial de la norma universitaria. Una modificación con la que se había comprometido el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien respaldó con su voto el texto remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Congreso ratificó todas las enmiendas procedentes del Senado, con la excepción de la que imponía la condición de doctor para que un profesor permanente pueda ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no escondía su satisfacción -lo mismo que su equipo- al haber logrado uno de los objetivos para los que fue designada. «Este es un momento muy importante para las universidades españolas y su futuro», dijo, al tiempo que advertía de que la reforma debe «remover las dificultades que les impedían ejercer su autonomía».
En efecto, los desafíos de la norma se concretan en potenciar la autonomía, la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad y superar así las disfunciones que gran parte de la comunidad universitaria detectaba en la ley aprobada en 2001 por el PP.
¿Cuáles son los aspectos esenciales de la nueva LOU?
La clave del cambio es reforzar la autonomía y lograr un modelo más eficaz donde la actividad investigadora se potencia con mayores aportaciones económicas y unas mejores condiciones laborales para investigar y transmitir a la sociedad el conocimiento generado. Además, la sustitución del actual catálogo de títulos por un registro de centros y estudios permitirá a todas las universidades diseñar sus títulos a la carta.
El profesorado tiene un papel esencial. Junto a la modificación del sistema de selección de los funcionarios, destaca también la creación de nuevas figuras de contratados y la posibilidad de que tanto los funcionarios como los contratados permanentes puedan disfrutar de una excedencia de hasta cinco años para incorporarse a una empresa tecnológica creada o desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias en las que hayan participado.
Asimismo, las universidades y organismos públicos de investigación podrán contratar de forma indefinida a jóvenes investigadores, con calificación «excelente».
La nueva LOU potencia la cultura de la evaluación, en favor de la calidad y de la «rendición de cuentas» y refuerza la Aneca que pasa de fundación privada a agencia pública.
Tres años para adaptarla
Las universidades arbitrarán medidas para que los docentes e investigadores puedan acogerse a planes de jubilación anticipada a partir de los 60 años e incluso prevé reducir la actividad de quienes tengan más edad.
Las universidades, tanto públicas como privadas, dispondrán de tres años para adaptarse a la reforma. En cuanto a las privadas se endurecen las exigencias sobre el profesorado. Entre los cambios destaca la desaparición del actual Consejo de Coordinación Universitaria, que se dividirá en el Consejo de Universidades (académico) y la Conferencia Sectorial (política).
El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez, reiteró que se trata de una reforma «imprescindible y limitada». Para el rector de Oviedo, la ley se queda «un poco corta», porque «hay ámbitos muy vitales como el de la transferencia del conocimiento o nuevas estructuras docentes y de investigación, en los que tenemos que pensar para las próximas décadas».
La aprobación definitiva de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) produjo en los diputados un notable afán de dejar frases lapidarias en el Diario de Sesiones.
Así, mientras la portavoz socialista, Montserrat Palma, recurrió a Serrat para proclamar -con un ligero arreglo- que «hoy es un gran día para la comunidad universitaria», el diputado popular, Eugenio Nasarre, se mostró menos entusiasta y dijo que la reforma está «empedrada de apariencias engañosas», generadoras de una «gran incertidumbre».
Pero, anécdotas aparte, y tras siete largos meses de encuentros y desencuentros entre el Gobierno y los distintos actores parlamentarios, la nueva LOU fue aprobada por 183 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto) y 119 en contra (los del PP). El primer partido de la oposición se quedó solo en su rechazo a la modificación parcial de la norma universitaria. Una modificación con la que se había comprometido el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien respaldó con su voto el texto remitido al Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Congreso ratificó todas las enmiendas procedentes del Senado, con la excepción de la que imponía la condición de doctor para que un profesor permanente pueda ser elegido decano de facultad o director de escuela universitaria.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no escondía su satisfacción -lo mismo que su equipo- al haber logrado uno de los objetivos para los que fue designada. «Este es un momento muy importante para las universidades españolas y su futuro», dijo, al tiempo que advertía de que la reforma debe «remover las dificultades que les impedían ejercer su autonomía».
En efecto, los desafíos de la norma se concretan en potenciar la autonomía, la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento de las universidades a la sociedad y superar así las disfunciones que gran parte de la comunidad universitaria detectaba en la ley aprobada en 2001 por el PP.
¿Cuáles son los aspectos esenciales de la nueva LOU?
La clave del cambio es reforzar la autonomía y lograr un modelo más eficaz donde la actividad investigadora se potencia con mayores aportaciones económicas y unas mejores condiciones laborales para investigar y transmitir a la sociedad el conocimiento generado. Además, la sustitución del actual catálogo de títulos por un registro de centros y estudios permitirá a todas las universidades diseñar sus títulos a la carta.
El profesorado tiene un papel esencial. Junto a la modificación del sistema de selección de los funcionarios, destaca también la creación de nuevas figuras de contratados y la posibilidad de que tanto los funcionarios como los contratados permanentes puedan disfrutar de una excedencia de hasta cinco años para incorporarse a una empresa tecnológica creada o desarrollada a partir de patentes o investigaciones universitarias en las que hayan participado.
Asimismo, las universidades y organismos públicos de investigación podrán contratar de forma indefinida a jóvenes investigadores, con calificación «excelente».
La nueva LOU potencia la cultura de la evaluación, en favor de la calidad y de la «rendición de cuentas» y refuerza la Aneca que pasa de fundación privada a agencia pública.
Tres años para adaptarla
Las universidades arbitrarán medidas para que los docentes e investigadores puedan acogerse a planes de jubilación anticipada a partir de los 60 años e incluso prevé reducir la actividad de quienes tengan más edad.
Las universidades, tanto públicas como privadas, dispondrán de tres años para adaptarse a la reforma. En cuanto a las privadas se endurecen las exigencias sobre el profesorado. Entre los cambios destaca la desaparición del actual Consejo de Coordinación Universitaria, que se dividirá en el Consejo de Universidades (académico) y la Conferencia Sectorial (política).
El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Juan Vázquez, reiteró que se trata de una reforma «imprescindible y limitada». Para el rector de Oviedo, la ley se queda «un poco corta», porque «hay ámbitos muy vitales como el de la transferencia del conocimiento o nuevas estructuras docentes y de investigación, en los que tenemos que pensar para las próximas décadas».
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