«Una familia, un colegio» vuelve a pedir ceses en Educación
La plataforma afirma que Hacienda sí permitía ver las declaraciones
Los padres sostienen que el nuevo decreto no garantiza que los hermanos puedan estudiar juntos
El nuevo decreto que prepara la Consellería de Educación sobre la admisión de alumnos no garantiza que los hermanos estudien en el mismo colegio, «eso es sólo en caso de empate a puntos», apuntan desde la plataforma Una familia, un colegio. El decreto pasó por el Consello Escolar de Galicia y está pendiente de aprobación. Los padres aportaron ayer «nuevos datos del proceso que no habían sido revelados», como es la existencia de un convenio del 2001 entre Hacienda y la Xunta para la comprobación de datos fiscales, algo que «supondría transparencia e igualdad en el proceso de revisión de la admisión de alumnos». Según la plataforma, la delegación de Educación «no sólo rechazó y evitó rápidamente esa posibilidad de comprobar la información, sino que además mantuvo la puntuación obtenida por los solicitantes sin haber comprobado sus declaraciones de renta». La plataforma dice que Educación sí comprobó los datos de los padrones aunque «nadie les solicitó la firma de una autorización previa» y hablaran de ellos como «un porcentaje insignificante, despreciando a los niños y sus hermanos». Por ello, entre otras razones, piden la dimisión del delegado y la conselleira.
viernes, 2 de febrero de 2007
CÓRDOBA: contratan 3 personas para impedir lenguaje machista
El Ayuntamiento de Córdoba contrata a tres personas para impedir el lenguaje machista
ANTONIO R. VEGA
CÓRDOBA. Aunque es una función que corresponde a la Real Academia de la Lengua (RAE), el Ayuntamiento de Córdoba se ha propuesto limpiar, fijar y dar esplendor al lenguaje, por lo general, acartonado y formalista, que emplea en sus documentos para que no haya en él ningún término que pueda desprender un tufo «machista». La Delegación municipal de Mujer, en colaboración con la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, ha encargado un estudio a tres diplomadas universitarias, a través de la creación de un Servicio Integral de Promoción de Empleo (SIPE), con el fin de someter a un examen exhaustivo el abecedario de los legajos municipales. «Queremos que la perspectiva de género esté implícita en todos los textos», explicó a este periódico la responsable municipal, Antonia Parrado.
No obstante, por si alguien pudiera tener alguna duda sobre la norma políticamente correcta que gobierna el léxico municipal, Parrado aclaró que «el lenguaje administrativo se está cuidando muchísimo, pero el Ayuntamiento no ha querido esperar a que haya una normativa explícita para hacer del lenguaje un elemento de igualdad total entre hombres y mujeres». Eso sí, si a la vista de los resultados del estudio se encuentra alguna «anomalía» en el lenguaje de los documentos municipales, el Consistorio se apresurará a «subsanarlo». En cambio, si se constata que el grado de respeto con todas las letras es alto, el Ayuntamiento cordobés será distinguido, a modo simbólico, con un «certificado de calidad» de paridad también en el lenguaje, según precisó.
Campaña feminista
Por otro lado, Parrado respaldó la campaña desarrollada por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres bajo el lema «El lenguaje sexista, ¡otra forma de violencia!», subvencionada por la Corporación local, que consistirá en el reparto de más de 3.000 tarjetas postales con este mensaje por los institutos, asociaciones y las ONG.
Parrado coincidió con Rafaela Pastor, la «lideresa» del lobby -como ella se denomina- en que «hay violencia en ciertos términos que utilizamos de forma asidua y, a veces por las propias mujeres» y puso como ejemplo la connotación positiva que tiene «cojunudo» y la negativa de «coñazo», como sinónimo de pelmazo. En su opinión, la RAE peca de «inmovilismo» en el lenguaje, por lo que «no simpre tenemos que darle la razón».
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Nieto, calificó de «absolutamente exagerada y desenfocada de la realidad» la campaña que ha puesto en marcha la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. El también presidente provincial del PP juzgó «muy triste» que «Córdoba tenga que aparecer en los medios de comunicación a nivel nacional por asuntos como éste; creo que a los cordobeses le interesan más otras cosas, como acceder a una vivienda o lograr un puesto de trabajo». Nieto consideró que «trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres es una obligación que tienen los políticos», si bien estimó que campañas como la subvencionada por el Consistorio son «innecesarias y exageradas».
«Maridas y lideresas»
«Marida», en lugar de mujer y «trabajadora social», por ama de casa. Ésas son algunas de las propuestas que, como informó ayer ABC, la Plataforma Andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, junto al colectivo de «Jóvenas Feministas», presentaron el pasado miércoles como alternativa a un lenguaje sexista. Según explicaron estos dos colectivos, el uso «machista» de las palabras son el comienzo de «una violencia que se ceba con los más débiles», en este caso, las mujeres.
No se han quedado cortas en sus pretensiones las responsables de un proyecto -financiado por el Ayuntamiento de Córdoba con 1.000 euros- que cumple ya su tercera edición. Rafaela Pastor, «lideresa» de la Plataforma , fue contundente en la presentación a los medios de un programa que quiere «dar el sitio que merece a las mujeres en un lenguaje que representa a un mundo hecho por y para los hombres».
Para ello, más de 3.000 tarjetas postales se repartirán por institutos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales con el lema «El lenguaje sexista. ¡¡¡Otra forma de violencia!!!». «La gente tiene que tomar conciencia de que el lenguaje que usamos se rige aún por un patriarcado en el que la mujer no tiene sitio», dijo Pastor.
Un hecho que, según la responsable feminista, se constata en los documentos administrativos, las prescripciones médicas, las cartas bancarias o en la propia escuela.
De esta forma, la campaña hará reflexionar sobre algunos «malos» hábitos del lenguaje, según el colectivo feminista, «que demuestran cómo los términos masculinos son utilizados en positivo frente a los femeninos que, en algunos casos, son claramente insultantes».
ANTONIO R. VEGA
CÓRDOBA. Aunque es una función que corresponde a la Real Academia de la Lengua (RAE), el Ayuntamiento de Córdoba se ha propuesto limpiar, fijar y dar esplendor al lenguaje, por lo general, acartonado y formalista, que emplea en sus documentos para que no haya en él ningún término que pueda desprender un tufo «machista». La Delegación municipal de Mujer, en colaboración con la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, ha encargado un estudio a tres diplomadas universitarias, a través de la creación de un Servicio Integral de Promoción de Empleo (SIPE), con el fin de someter a un examen exhaustivo el abecedario de los legajos municipales. «Queremos que la perspectiva de género esté implícita en todos los textos», explicó a este periódico la responsable municipal, Antonia Parrado.
No obstante, por si alguien pudiera tener alguna duda sobre la norma políticamente correcta que gobierna el léxico municipal, Parrado aclaró que «el lenguaje administrativo se está cuidando muchísimo, pero el Ayuntamiento no ha querido esperar a que haya una normativa explícita para hacer del lenguaje un elemento de igualdad total entre hombres y mujeres». Eso sí, si a la vista de los resultados del estudio se encuentra alguna «anomalía» en el lenguaje de los documentos municipales, el Consistorio se apresurará a «subsanarlo». En cambio, si se constata que el grado de respeto con todas las letras es alto, el Ayuntamiento cordobés será distinguido, a modo simbólico, con un «certificado de calidad» de paridad también en el lenguaje, según precisó.
Campaña feminista
Por otro lado, Parrado respaldó la campaña desarrollada por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres bajo el lema «El lenguaje sexista, ¡otra forma de violencia!», subvencionada por la Corporación local, que consistirá en el reparto de más de 3.000 tarjetas postales con este mensaje por los institutos, asociaciones y las ONG.
Parrado coincidió con Rafaela Pastor, la «lideresa» del lobby -como ella se denomina- en que «hay violencia en ciertos términos que utilizamos de forma asidua y, a veces por las propias mujeres» y puso como ejemplo la connotación positiva que tiene «cojunudo» y la negativa de «coñazo», como sinónimo de pelmazo. En su opinión, la RAE peca de «inmovilismo» en el lenguaje, por lo que «no simpre tenemos que darle la razón».
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Nieto, calificó de «absolutamente exagerada y desenfocada de la realidad» la campaña que ha puesto en marcha la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. El también presidente provincial del PP juzgó «muy triste» que «Córdoba tenga que aparecer en los medios de comunicación a nivel nacional por asuntos como éste; creo que a los cordobeses le interesan más otras cosas, como acceder a una vivienda o lograr un puesto de trabajo». Nieto consideró que «trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres es una obligación que tienen los políticos», si bien estimó que campañas como la subvencionada por el Consistorio son «innecesarias y exageradas».
«Maridas y lideresas»
«Marida», en lugar de mujer y «trabajadora social», por ama de casa. Ésas son algunas de las propuestas que, como informó ayer ABC, la Plataforma Andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, junto al colectivo de «Jóvenas Feministas», presentaron el pasado miércoles como alternativa a un lenguaje sexista. Según explicaron estos dos colectivos, el uso «machista» de las palabras son el comienzo de «una violencia que se ceba con los más débiles», en este caso, las mujeres.
No se han quedado cortas en sus pretensiones las responsables de un proyecto -financiado por el Ayuntamiento de Córdoba con 1.000 euros- que cumple ya su tercera edición. Rafaela Pastor, «lideresa» de la Plataforma , fue contundente en la presentación a los medios de un programa que quiere «dar el sitio que merece a las mujeres en un lenguaje que representa a un mundo hecho por y para los hombres».
Para ello, más de 3.000 tarjetas postales se repartirán por institutos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales con el lema «El lenguaje sexista. ¡¡¡Otra forma de violencia!!!». «La gente tiene que tomar conciencia de que el lenguaje que usamos se rige aún por un patriarcado en el que la mujer no tiene sitio», dijo Pastor.
Un hecho que, según la responsable feminista, se constata en los documentos administrativos, las prescripciones médicas, las cartas bancarias o en la propia escuela.
De esta forma, la campaña hará reflexionar sobre algunos «malos» hábitos del lenguaje, según el colectivo feminista, «que demuestran cómo los términos masculinos son utilizados en positivo frente a los femeninos que, en algunos casos, son claramente insultantes».
Catolicos y Vida Pública
Carla Diez de Rivera deja la direccióndel congreso Catolicos y Vida Pública y le sucede Serrano Oceja
Después de siete años dirigiendo el congreso Católicos y Vida Pública, que con enorme repercusión organiza el CEU, Carla Díez de Rivera deja ese cometido y se despide. Quedará vinculada como miembro de su comisión ejecutiva, en segundo plano, de forma más libre y compatible con sus obligaciones familiares. El presidente de la ACDP, Alfredo Dagnino, ha puesto al frente de esa actividad a José Francisco Serrano Oceja, periodista, decano de Comunicación en el CEU. El próximo congreso, que será ya el noveno, se celebrará del 17 al 19 de noviembre y abordará el problema del laicismo.
Después de siete años dirigiendo el congreso Católicos y Vida Pública, que con enorme repercusión organiza el CEU, Carla Díez de Rivera deja ese cometido y se despide. Quedará vinculada como miembro de su comisión ejecutiva, en segundo plano, de forma más libre y compatible con sus obligaciones familiares. El presidente de la ACDP, Alfredo Dagnino, ha puesto al frente de esa actividad a José Francisco Serrano Oceja, periodista, decano de Comunicación en el CEU. El próximo congreso, que será ya el noveno, se celebrará del 17 al 19 de noviembre y abordará el problema del laicismo.
MADRID: en España con 12 hijos igual que en Alemania con 2 "Ayudas a la Familia"
Una familia española ha de tener 12 hijos para recibir las mismas ayudas que una pareja alemana con dos
• Un informe critica que las prestaciones sean para familias con escasos recursos, a diferencia del resto de la UE, donde son de carácter universal
EUROPA PRESSMADRID
Una familia española ha de tener 12 hijos para recibir las mismas ayudas que una pareja alemana con dos, según se desprende del Informe de evolución de la familia en España 2006, presentado hoy por el Instituto de Política Familiar (IPF).El estudio también denuncia que el 89% de los matrimonios españoles que quieran tener hijos no podrán acogerse a ninguna prestación, ya que el límite de la renta para recibir esa ayuda es de 8.793,03 euros por año. Según destaca el IPF en su informe, España "no solo es el único país de la UE de 15 miembros que menos destina a la familia (0,52% del PIB), muy por debajo de la media europea (2,2% del PIB), sino que, además, es el único país europeo que no alcanza ni siquiera el 1% del PIB". Prestaciones escasas y poco flexiblesAsimismo, el documento asegura que las ayudas a la familia son "por lo general muy escasas" y dirigidas "exclusivamente a familias con escasos recursos económicos", en contradicción con el resto de Europa, donde las ayudas tienen "carácter universal" (sin límites de renta). El texto precisa que España también es uno de los países de Europa que "es menos flexible en las prestaciones, ya que no permite extenderlas más allá de los 18 años en función de circunstancias, por ejemplo, como los estudios"; y "uno de los dos únicos países de la UE que grava las prestaciones, es decir, que no están libres de impuestos". El informe alerta de que el tamaño medio de los hogares españoles ha pasado en los últimos 30 años de cuatro miembros a 2,9, y afirma que la población "es vieja". La pirámide poblacional está casi invertida, con una diferencia entre personas mayores y jóvenes de más de 1,1 millones de individuos a favor del primer grupo.
• Un informe critica que las prestaciones sean para familias con escasos recursos, a diferencia del resto de la UE, donde son de carácter universal
EUROPA PRESSMADRID
Una familia española ha de tener 12 hijos para recibir las mismas ayudas que una pareja alemana con dos, según se desprende del Informe de evolución de la familia en España 2006, presentado hoy por el Instituto de Política Familiar (IPF).El estudio también denuncia que el 89% de los matrimonios españoles que quieran tener hijos no podrán acogerse a ninguna prestación, ya que el límite de la renta para recibir esa ayuda es de 8.793,03 euros por año. Según destaca el IPF en su informe, España "no solo es el único país de la UE de 15 miembros que menos destina a la familia (0,52% del PIB), muy por debajo de la media europea (2,2% del PIB), sino que, además, es el único país europeo que no alcanza ni siquiera el 1% del PIB". Prestaciones escasas y poco flexiblesAsimismo, el documento asegura que las ayudas a la familia son "por lo general muy escasas" y dirigidas "exclusivamente a familias con escasos recursos económicos", en contradicción con el resto de Europa, donde las ayudas tienen "carácter universal" (sin límites de renta). El texto precisa que España también es uno de los países de Europa que "es menos flexible en las prestaciones, ya que no permite extenderlas más allá de los 18 años en función de circunstancias, por ejemplo, como los estudios"; y "uno de los dos únicos países de la UE que grava las prestaciones, es decir, que no están libres de impuestos". El informe alerta de que el tamaño medio de los hogares españoles ha pasado en los últimos 30 años de cuatro miembros a 2,9, y afirma que la población "es vieja". La pirámide poblacional está casi invertida, con una diferencia entre personas mayores y jóvenes de más de 1,1 millones de individuos a favor del primer grupo.
jueves, 1 de febrero de 2007
I.P.F.E informe evolución Familia en España
Presentado el Informe de Evolución de la Familia en España 2006 del Instituto de Política Familiar
ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS EUROPEO QUE NO DESTINA NI SIQUIERA EL 1% DEL PIB A LA FAMILIA.
La política asistencial, continuista e insuficiente por parte de las administración española choca con la apuesta que se está haciendo en otros países europeos
Las rupturas matrimoniales están explosionando en el 2006, con 114.752 rupturas en los 9 primeros meses del 2006, que, proyectadas a final de año, hará superar las 160.000 rupturas y supondrá 1 ruptura cada 3,3 minutos y 439 rupturas al día.
(Madrid, 1 de Febrero.) El Instituto de Política Familiar (IPF) ha presentado en el día de hoy el Informe sobre la “Evolución de la Familia en España 2006” (el estudio completo se encuentra en la web: www.ipfe.org/es/).
El informe, que ha sido financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de expertos de distintas áreas como psicólogos, demógrafos, sexólogos, expertos en conciliación de vida laboral y familiar, etc y coordinado por el IPF.
Las 10 principales conclusiones del informe son:
1. Crecimiento Poblacional: El crecimiento espectacular de la población en los últimos 10 años ha sido debido, en su mayoría, a la inmigración que ha aportado una fundamental inyección sin la cual estaríamos en “crecimiento poblacional 0”.
El crecimiento natural de la población (nacimientos menos defunciones), por el contrario, ha sido de solo el 8,5% del crecimiento poblacional total siendo, así mismo, debido a la inmigración. Hay, incluso, 6 Comunidades Autónomas con crecimiento natural negativo (Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, Extremadura y Cantabria).
2. Envejecimiento poblacional: España es una nación vieja, con provincias (Lugo, Orense, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, Cuenca y Terue)l en las que 1 de cada 4 personas son mayores de 65 años. La pirámide poblacional está casi invertida con más de 1,1 millones de personas mayores que jóvenes y con casi 2 millones de personas mayores de 80 años.
3. Natalidad: Cada vez nacen menos niños y el repunte de los últimos años ha sido, fundamentalmente, por la aportación de las madres extranjeras
España (1,32 hijos/mujer) es, junto a Italia y Grecia, el país de la UE-15 con menor índice de fecundidad y 4 comunidades autónomas españolas (Asturias (0,94), Galicia (1,00) y Castilla y León (1,06)) están en situación de natalidad crítica ( menos de 1 hijo/mujer)
4. Abortos: Está explosionando el número de abortos (91.644 en el año 2005) lo que representa un aborto cada 5,7 minutos y 252 abortos al día. El 15,8% de los embarazos actuales termina en aborto. En 10 años (1995-2005) el crecimiento ha sido del 85,6%, (de 49.367 a 91.664 abortos)
5. Nupcialidad y Ruptura Matrimonial: Cada vez se producen menos matrimonios (la tasa de nupcialidad ha descendido desde 5,88 hasta los 4,82 del año 2005) pero cada vez se rompen más matrimonios (149.255 rupturas en el 2005, es decir, 1 ruptura cada 3,5 minutos) y explosionando en el 2006 con un incremento del 13% con respecto al 2.005 y se alcanzarán las 160.000 rupturas. El incremento de las rupturas es de tal envergadura, que antes del 2.010, se realizarán tantos matrimonios como rupturas.
6. Características de los matrimonios. Están cambiando las características de los matrimonios españoles:
- Se realizan cada vez más tarde (33 años los hombres y 30 años las mujeres)
- Cada vez más por lo civil (el 39%). Cuatro de cada diez matrimonios (81.2006 matrimonios) se realizaron por la civil
- con cada vez mas natalidad extramatrimonial (1 de cada 4 niños nace fuera del matrimonio). En España ya casi 124.000 (123.938) niños (el 26,5%) nacen fuera del matrimonio, con un incremento de más del 100% en 10 años
- Se internacionalizan los matrimonios. En uno de cada 7 matrimonios (29.783 matrimonios) que se realizan en España, al menos, uno de los cónyuges es extranjero..
7. Hogares: A pesar de que existen cada vez mas hogares en España, sin embargo, el tamaño medio de los hogares ha disminuido estando por debajo de los 3 miembros (2,9).
8. Ayudas a la familia. España no es solo el país de la UE que menos destina al IPF (0,52% PIB) estando muy por debajo de la media europea (2,2% PIB) sino que, además, es el único país europeo que no alcanza ni siquiera el 1% del PIB.
9. Características de las ayudas: Las ayudas a la familia son, por lo general, muy escasas y dirigidas exclusivamente a familias con pocos recursos económicos, en contradicción con el resto de Europa que implementa más y mejores medidas y de carácter universal.
10. Organismos y Planes/leyes: Las administraciones españolas no han desarrollado organismos de primer nivel destinado a la familia en contradicción con el resto de países europeos que han apostado por organismos de primer nivel. Además España no dispone de ningún plan ni ley de apoyo a la familia.
LAS PROPUESTAS DEL IPF: NECESIDAD DE UNA VERDADERA POLÍTICA INTEGRAL DE FAMILIA E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE FAMILIA
Es necesario aplicar una verdadera política integral de familia, de carácter Universal (dirigida a todas las familias) y no exclusivamente asistencial, que promocione a la familia como institución, fomentando la idea misma de la familia y promoviendo una cultura y ambiente favorable que permita a la familia afrontar el día a día, ayudando a los padres a tener los hijos que deseen, integrando de manera verdaderamente humana y constructiva sus distintos ámbitos de desarrollo laboral, familiar y personal, Ayudando a superar las crisis familiares, reconociendo el derecho de los padres a educar a sus hijos, promoviendo la participación activa de padres y asociaciones y teniendo en cuenta, con medidas específicas, a las familias con determinadas necesidades.
Las principales medidas que propone el IPF son:
1. Creación de un Ministerio de la Familia.
2. Elaboración de la “Ley de Protección a la Familia”
3. Puesta en marcha del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2005-2008
4. Pacto de Estado sobre la Familia, entre partidos políticos, agentes sociales e instituciones familiares.
5. Convergencia gradual de las prestaciones sociales destinadas al concepto de familia, pasando del 0,5% del PIB actual al 2,2 % de PIB que le dedica la Unión Europea.
6. Universalización de las ayudas fiscales actuales y futuras.
7.
- Reducción del 50% IVA en una serie de productos básicos infantiles y Creación de Centros de Atención a la Mujer embarazada
-
8.
Pacto de Administración-Comunidades-Ayuntamientos para abaratar la vivienda
9. Reforma de la Ley del IRPF con perspectiva de familia
10. Permiso de paternidad de 4-6 semanas, en las mismas condiciones que el materno.
11. Ayuda universal a familias que atiendan a familiares mayores en su hogar
ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS EUROPEO QUE NO DESTINA NI SIQUIERA EL 1% DEL PIB A LA FAMILIA.
La política asistencial, continuista e insuficiente por parte de las administración española choca con la apuesta que se está haciendo en otros países europeos
Las rupturas matrimoniales están explosionando en el 2006, con 114.752 rupturas en los 9 primeros meses del 2006, que, proyectadas a final de año, hará superar las 160.000 rupturas y supondrá 1 ruptura cada 3,3 minutos y 439 rupturas al día.
(Madrid, 1 de Febrero.) El Instituto de Política Familiar (IPF) ha presentado en el día de hoy el Informe sobre la “Evolución de la Familia en España 2006” (el estudio completo se encuentra en la web: www.ipfe.org/es/).
El informe, que ha sido financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de expertos de distintas áreas como psicólogos, demógrafos, sexólogos, expertos en conciliación de vida laboral y familiar, etc y coordinado por el IPF.
Las 10 principales conclusiones del informe son:
1. Crecimiento Poblacional: El crecimiento espectacular de la población en los últimos 10 años ha sido debido, en su mayoría, a la inmigración que ha aportado una fundamental inyección sin la cual estaríamos en “crecimiento poblacional 0”.
El crecimiento natural de la población (nacimientos menos defunciones), por el contrario, ha sido de solo el 8,5% del crecimiento poblacional total siendo, así mismo, debido a la inmigración. Hay, incluso, 6 Comunidades Autónomas con crecimiento natural negativo (Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, Extremadura y Cantabria).
2. Envejecimiento poblacional: España es una nación vieja, con provincias (Lugo, Orense, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, Cuenca y Terue)l en las que 1 de cada 4 personas son mayores de 65 años. La pirámide poblacional está casi invertida con más de 1,1 millones de personas mayores que jóvenes y con casi 2 millones de personas mayores de 80 años.
3. Natalidad: Cada vez nacen menos niños y el repunte de los últimos años ha sido, fundamentalmente, por la aportación de las madres extranjeras
España (1,32 hijos/mujer) es, junto a Italia y Grecia, el país de la UE-15 con menor índice de fecundidad y 4 comunidades autónomas españolas (Asturias (0,94), Galicia (1,00) y Castilla y León (1,06)) están en situación de natalidad crítica ( menos de 1 hijo/mujer)
4. Abortos: Está explosionando el número de abortos (91.644 en el año 2005) lo que representa un aborto cada 5,7 minutos y 252 abortos al día. El 15,8% de los embarazos actuales termina en aborto. En 10 años (1995-2005) el crecimiento ha sido del 85,6%, (de 49.367 a 91.664 abortos)
5. Nupcialidad y Ruptura Matrimonial: Cada vez se producen menos matrimonios (la tasa de nupcialidad ha descendido desde 5,88 hasta los 4,82 del año 2005) pero cada vez se rompen más matrimonios (149.255 rupturas en el 2005, es decir, 1 ruptura cada 3,5 minutos) y explosionando en el 2006 con un incremento del 13% con respecto al 2.005 y se alcanzarán las 160.000 rupturas. El incremento de las rupturas es de tal envergadura, que antes del 2.010, se realizarán tantos matrimonios como rupturas.
6. Características de los matrimonios. Están cambiando las características de los matrimonios españoles:
- Se realizan cada vez más tarde (33 años los hombres y 30 años las mujeres)
- Cada vez más por lo civil (el 39%). Cuatro de cada diez matrimonios (81.2006 matrimonios) se realizaron por la civil
- con cada vez mas natalidad extramatrimonial (1 de cada 4 niños nace fuera del matrimonio). En España ya casi 124.000 (123.938) niños (el 26,5%) nacen fuera del matrimonio, con un incremento de más del 100% en 10 años
- Se internacionalizan los matrimonios. En uno de cada 7 matrimonios (29.783 matrimonios) que se realizan en España, al menos, uno de los cónyuges es extranjero..
7. Hogares: A pesar de que existen cada vez mas hogares en España, sin embargo, el tamaño medio de los hogares ha disminuido estando por debajo de los 3 miembros (2,9).
8. Ayudas a la familia. España no es solo el país de la UE que menos destina al IPF (0,52% PIB) estando muy por debajo de la media europea (2,2% PIB) sino que, además, es el único país europeo que no alcanza ni siquiera el 1% del PIB.
9. Características de las ayudas: Las ayudas a la familia son, por lo general, muy escasas y dirigidas exclusivamente a familias con pocos recursos económicos, en contradicción con el resto de Europa que implementa más y mejores medidas y de carácter universal.
10. Organismos y Planes/leyes: Las administraciones españolas no han desarrollado organismos de primer nivel destinado a la familia en contradicción con el resto de países europeos que han apostado por organismos de primer nivel. Además España no dispone de ningún plan ni ley de apoyo a la familia.
LAS PROPUESTAS DEL IPF: NECESIDAD DE UNA VERDADERA POLÍTICA INTEGRAL DE FAMILIA E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE FAMILIA
Es necesario aplicar una verdadera política integral de familia, de carácter Universal (dirigida a todas las familias) y no exclusivamente asistencial, que promocione a la familia como institución, fomentando la idea misma de la familia y promoviendo una cultura y ambiente favorable que permita a la familia afrontar el día a día, ayudando a los padres a tener los hijos que deseen, integrando de manera verdaderamente humana y constructiva sus distintos ámbitos de desarrollo laboral, familiar y personal, Ayudando a superar las crisis familiares, reconociendo el derecho de los padres a educar a sus hijos, promoviendo la participación activa de padres y asociaciones y teniendo en cuenta, con medidas específicas, a las familias con determinadas necesidades.
Las principales medidas que propone el IPF son:
1. Creación de un Ministerio de la Familia.
2. Elaboración de la “Ley de Protección a la Familia”
3. Puesta en marcha del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2005-2008
4. Pacto de Estado sobre la Familia, entre partidos políticos, agentes sociales e instituciones familiares.
5. Convergencia gradual de las prestaciones sociales destinadas al concepto de familia, pasando del 0,5% del PIB actual al 2,2 % de PIB que le dedica la Unión Europea.
6. Universalización de las ayudas fiscales actuales y futuras.
7.
- Reducción del 50% IVA en una serie de productos básicos infantiles y Creación de Centros de Atención a la Mujer embarazada
-
8.
Pacto de Administración-Comunidades-Ayuntamientos para abaratar la vivienda
9. Reforma de la Ley del IRPF con perspectiva de familia
10. Permiso de paternidad de 4-6 semanas, en las mismas condiciones que el materno.
11. Ayuda universal a familias que atiendan a familiares mayores en su hogar
ESPAÑA:consumo eléctrico cayó durante el apagón un 2,5%
El consumo eléctrico cayó durante el apagón un 2,5% por debajo de la demanda prevista
El apagón de 5 minutos en España no ha sido tan potente como se esperaba. La caída fue de 1.000 megawatios, es decir, algo más de lo que produce toda una central eléctrica, pero un 2,5% menos de lo que había estimado Red Eléctrica. Un leve bajón, tal y como se muestra en la imagen del consumo en tiempo real.
Según el presidente de REE, Luis Atienza, la situación fue "gestionada perfectamente con los procedimientos ordinarios" sin que hiciera falta recurrir al plan de alerta previsto por la compañía.
El Gobierno, a través de Medio Ambiente, y REE estuvieron en contacto constante para controlar que la bajada y la súbita de consumo no provocara una caída de la red.
La empresa, que actúa como gestor técnico del sistema eléctrico y vela por el equilibrio entre demanda y oferta de electricidad, había diseñado un protocolo de actuación para poder afrontar una caída de la tensión de hasta tres veces mayor de la prevista.
Los datos de Unión Fenosa, única eléctrica en sumarse a la iniciativa, indican que la demanda cayó un 1%. Antes del apagón se contabilizaron 5.750 megavatios/hora (MWh), mientras que a las 20.00 horas se registró una demanda de 5.690 MWh.
La caída tuvo lugar, principalmente, en la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Numerosas adhesiones a la iniciativa
Monumentos y lugares emblemáticos, como la Puerta de Alcalá en Madrid, la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra de Granada, el Kursaal de San Sebastián o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia quedaron a oscuras durante cinco minutos, periodo que aprovecharon también numerosos comercios para adelantar el cierre y sumarse a la iniciativa.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, durante el apagón. (Foto: EFE)
El Gobierno secundó el apagón a través del Ministerio de Medio Ambiente. También se adhirieron los departamentos de Cultura, Agricultura, Trabajo y Fomento.
Entre las instituciones que se sumaron figuran asimismo la Generalitat de Valencia y la Xunta de Galicia, que apagaron las luces de sus edificios, y ayuntamientos como el de Barcelona, que dejó sin luz la fachada del consistorio, y el de Bilbao, que hizo lo mismo con cuatro lugares emblemáticos, entre ellos la plaza del Sagrado Corazón.
Iniciativas similares adoptaron los ayuntamientos de La Coruña, Palma de Mallorca, Valencia, Pamplona, Vigo o Zaragoza, así como muchas consejerías de los Gobiernos autonómicos, entre ellos los de Madrid, Baleares o Andalucía.
También se unieron los principales partidos políticos, incluidos el PSOE y el PP.
El apagón de 5 minutos en España no ha sido tan potente como se esperaba. La caída fue de 1.000 megawatios, es decir, algo más de lo que produce toda una central eléctrica, pero un 2,5% menos de lo que había estimado Red Eléctrica. Un leve bajón, tal y como se muestra en la imagen del consumo en tiempo real.
Según el presidente de REE, Luis Atienza, la situación fue "gestionada perfectamente con los procedimientos ordinarios" sin que hiciera falta recurrir al plan de alerta previsto por la compañía.
El Gobierno, a través de Medio Ambiente, y REE estuvieron en contacto constante para controlar que la bajada y la súbita de consumo no provocara una caída de la red.
La empresa, que actúa como gestor técnico del sistema eléctrico y vela por el equilibrio entre demanda y oferta de electricidad, había diseñado un protocolo de actuación para poder afrontar una caída de la tensión de hasta tres veces mayor de la prevista.
Los datos de Unión Fenosa, única eléctrica en sumarse a la iniciativa, indican que la demanda cayó un 1%. Antes del apagón se contabilizaron 5.750 megavatios/hora (MWh), mientras que a las 20.00 horas se registró una demanda de 5.690 MWh.
La caída tuvo lugar, principalmente, en la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Numerosas adhesiones a la iniciativa
Monumentos y lugares emblemáticos, como la Puerta de Alcalá en Madrid, la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra de Granada, el Kursaal de San Sebastián o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia quedaron a oscuras durante cinco minutos, periodo que aprovecharon también numerosos comercios para adelantar el cierre y sumarse a la iniciativa.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, durante el apagón. (Foto: EFE)
El Gobierno secundó el apagón a través del Ministerio de Medio Ambiente. También se adhirieron los departamentos de Cultura, Agricultura, Trabajo y Fomento.
Entre las instituciones que se sumaron figuran asimismo la Generalitat de Valencia y la Xunta de Galicia, que apagaron las luces de sus edificios, y ayuntamientos como el de Barcelona, que dejó sin luz la fachada del consistorio, y el de Bilbao, que hizo lo mismo con cuatro lugares emblemáticos, entre ellos la plaza del Sagrado Corazón.
Iniciativas similares adoptaron los ayuntamientos de La Coruña, Palma de Mallorca, Valencia, Pamplona, Vigo o Zaragoza, así como muchas consejerías de los Gobiernos autonómicos, entre ellos los de Madrid, Baleares o Andalucía.
También se unieron los principales partidos políticos, incluidos el PSOE y el PP.
Legitimidad de los símbolos religiosos en escuelas públicas
Legitimidad de los símbolos religiosos en escuelas públicas
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ/CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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HAY pequeños grupos que siguen empeñados en comprender la aconfesionalidad constitucional del Estado 'pro domo sua', como si eso les diese derecho a exigir a los poderes y establecimientos públicos de toda especie que impongan el ambiente público que, al parecer, les gusta a ellos, es decir laicista, arreligioso, en el que los creyentes de cualquier religión, y particularmente -es curioso- de la católica, hubieran de cohibir cualquier expresión social relacionada con su credo religioso. Como si lo religioso fuera algo apestado en la democracia, cuando, en realidad, habría que ver qué sería de ella si no fuera cabalmente por la religión, como ya razonara hace más de siglo y medio Alexis de Tocqueville en su antológico análisis de la democracia en América.Nada más opuesto a lo establecido por nuestra Constitución y amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás múltiples pactos y convenios internacionales y europeos ratificados por España y con arreglo a los cuales ha de interpretarse nuestro propio orden constitucional. O a nuestra Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980.La aconfesionalidad del Estado está al servicio de la libertad religiosa e ideológica de todos en condiciones de igualdad, y comporta, precisamente, que las instituciones públicas no pueden adscribirse como tales a ninguna confesión religiosa ni a ningún sistema ideológico determinado, de cuantos puedan componer el legítimo pluralismo de la sociedad que las sustenta y a la que deben servir sin discriminaciones. Pero es esa misma neutralidad e independencia institucional de religiones e ideologías la que obliga a que tales instituciones estén abiertas a todas las corrientes sociales legítimas y a cuantas personas puedan encarnarlas. El principio democrático exigirá, por su parte, que las corrientes mayoritarias, con su correspondiente base religiosa o ideológica, puedan reflejarse obviamente en la acción de quienes democráticamente acceden a las responsabilidades del poder y en el ambiente general de las instituciones públicas de que ellos son responsables, aunque nunca den derecho a imponer creencias ni ideologías a los demás y deba, en consecuencia, respetarse siempre la legítima libertad de todos (nunca solo la de algunos). La Constitución Española dice, además, bien expresamente que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».No hay de entrada razón alguna para que, en el orden jurídico positivo y constitucional, las paredes y el ambiente de una escuela pública tengan que estar dispuestos del modo que guste más a unos que a otros de los que la frecuentan (o a sus padres, cuando son menores), pero es evidente que es imposible que no se dispongan de algún modo determinado, lo que siempre podrá gustar más a unos que a otros. Y estamos hablando de un 'gustar' que tenga que ver directamente con las convicciones o preferencias religiosas o ideológicas consideradas más fundamentales, y cuya trascendencia para la escuela es tan especialmente importante por ser vehículo capital de formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo resolver este 'problema' en un Estado aconfesional cooperativo como el garantizado por nuestra Constitución? Pues no veo mejor modo que teniendo en cuenta, justamente, las creencias o las preferencias de la mayoría, y manteniendo siempre, a la vez, un tono de contención que respete razonablemente a las minorías (que han de comenzar, por supuesto, por respetar, a su vez, la razonable prevalencia de la mayoría en asuntos en los que ninguna alternativa es completamente neutra). Algo que podrá interpretar y decidir el legislador, el gobernante al frente de la Administración pública responsable, o bien, como se ha decidido con bastante buen criterio en Castilla y León, el consejo escolar de cada centro, de modo que los profesores y padres -o alumnos, en su caso- directamente implicados decidan conjuntamente el mejor modo de conciliar su legítimo pluralismo de modo respetuoso para con todos, pero sin que las minorías impongan sus preferencias contra las no menos legítimas de la mayoría.Tratar de deslegitimar este buen modo de proceder, diciendo que qué pasaría si la mayoría decidiese poner símbolos republicanos o nazis, etcétera, es dar prueba de notable confusión mental, consecuencia quizá de un exceso de apasionamiento en la defensa de una causa perdida. Es evidente que no se puede poner en pie de igualdad lo que es legítimo constitucionalmente (expresiones religiosas o ideológicas que se mantengan dentro del orden constitucional) y cuanto propenda a subvertirlo o violentarlo. Las instituciones públicas no pueden, en modo alguno, ser palestras de lo inconstitucional, y menos la educativas.No hace aún mucho que en Italia el más alto tribunal contencioso administrativo (allí en el Consejo de Estado) ha afirmado que la presencia del Crucifijo en las aulas públicas constituye ya más un elemento fundamental de la cultura nacional y europea que un símbolo religioso. No sé si el argumento es completamente asumible, pero, en cualquier caso, las instituciones públicas habrán de reflejar la realidad social, con el diverso peso y arraigo de la diversidad de su pluralismo, precisamente para que no sean utilizadas por minorías en contra de la mayoría. Y muy especialmente, desde luego, en el ámbito educativo.
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ/CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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HAY pequeños grupos que siguen empeñados en comprender la aconfesionalidad constitucional del Estado 'pro domo sua', como si eso les diese derecho a exigir a los poderes y establecimientos públicos de toda especie que impongan el ambiente público que, al parecer, les gusta a ellos, es decir laicista, arreligioso, en el que los creyentes de cualquier religión, y particularmente -es curioso- de la católica, hubieran de cohibir cualquier expresión social relacionada con su credo religioso. Como si lo religioso fuera algo apestado en la democracia, cuando, en realidad, habría que ver qué sería de ella si no fuera cabalmente por la religión, como ya razonara hace más de siglo y medio Alexis de Tocqueville en su antológico análisis de la democracia en América.Nada más opuesto a lo establecido por nuestra Constitución y amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás múltiples pactos y convenios internacionales y europeos ratificados por España y con arreglo a los cuales ha de interpretarse nuestro propio orden constitucional. O a nuestra Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980.La aconfesionalidad del Estado está al servicio de la libertad religiosa e ideológica de todos en condiciones de igualdad, y comporta, precisamente, que las instituciones públicas no pueden adscribirse como tales a ninguna confesión religiosa ni a ningún sistema ideológico determinado, de cuantos puedan componer el legítimo pluralismo de la sociedad que las sustenta y a la que deben servir sin discriminaciones. Pero es esa misma neutralidad e independencia institucional de religiones e ideologías la que obliga a que tales instituciones estén abiertas a todas las corrientes sociales legítimas y a cuantas personas puedan encarnarlas. El principio democrático exigirá, por su parte, que las corrientes mayoritarias, con su correspondiente base religiosa o ideológica, puedan reflejarse obviamente en la acción de quienes democráticamente acceden a las responsabilidades del poder y en el ambiente general de las instituciones públicas de que ellos son responsables, aunque nunca den derecho a imponer creencias ni ideologías a los demás y deba, en consecuencia, respetarse siempre la legítima libertad de todos (nunca solo la de algunos). La Constitución Española dice, además, bien expresamente que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».No hay de entrada razón alguna para que, en el orden jurídico positivo y constitucional, las paredes y el ambiente de una escuela pública tengan que estar dispuestos del modo que guste más a unos que a otros de los que la frecuentan (o a sus padres, cuando son menores), pero es evidente que es imposible que no se dispongan de algún modo determinado, lo que siempre podrá gustar más a unos que a otros. Y estamos hablando de un 'gustar' que tenga que ver directamente con las convicciones o preferencias religiosas o ideológicas consideradas más fundamentales, y cuya trascendencia para la escuela es tan especialmente importante por ser vehículo capital de formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo resolver este 'problema' en un Estado aconfesional cooperativo como el garantizado por nuestra Constitución? Pues no veo mejor modo que teniendo en cuenta, justamente, las creencias o las preferencias de la mayoría, y manteniendo siempre, a la vez, un tono de contención que respete razonablemente a las minorías (que han de comenzar, por supuesto, por respetar, a su vez, la razonable prevalencia de la mayoría en asuntos en los que ninguna alternativa es completamente neutra). Algo que podrá interpretar y decidir el legislador, el gobernante al frente de la Administración pública responsable, o bien, como se ha decidido con bastante buen criterio en Castilla y León, el consejo escolar de cada centro, de modo que los profesores y padres -o alumnos, en su caso- directamente implicados decidan conjuntamente el mejor modo de conciliar su legítimo pluralismo de modo respetuoso para con todos, pero sin que las minorías impongan sus preferencias contra las no menos legítimas de la mayoría.Tratar de deslegitimar este buen modo de proceder, diciendo que qué pasaría si la mayoría decidiese poner símbolos republicanos o nazis, etcétera, es dar prueba de notable confusión mental, consecuencia quizá de un exceso de apasionamiento en la defensa de una causa perdida. Es evidente que no se puede poner en pie de igualdad lo que es legítimo constitucionalmente (expresiones religiosas o ideológicas que se mantengan dentro del orden constitucional) y cuanto propenda a subvertirlo o violentarlo. Las instituciones públicas no pueden, en modo alguno, ser palestras de lo inconstitucional, y menos la educativas.No hace aún mucho que en Italia el más alto tribunal contencioso administrativo (allí en el Consejo de Estado) ha afirmado que la presencia del Crucifijo en las aulas públicas constituye ya más un elemento fundamental de la cultura nacional y europea que un símbolo religioso. No sé si el argumento es completamente asumible, pero, en cualquier caso, las instituciones públicas habrán de reflejar la realidad social, con el diverso peso y arraigo de la diversidad de su pluralismo, precisamente para que no sean utilizadas por minorías en contra de la mayoría. Y muy especialmente, desde luego, en el ámbito educativo.
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