Tras los graves hechos producidos por la publicación, con fondos públicos, de un libro pornográfico de imágenes religiosas, CONCAPA pide al presidente de la Junta de Extremadura que destituya al consejero de Cultura, Francisco Muñoz, por atentar contra los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles, contra el buen gusto y la buena educación.
El catálogo de imágenes –publicados por la Editorial de la Universidad de Extremadura y la Editora Regional de la Junta, y prologado por el propio consejero- es un desatino de irreverencias injustificable desde todo punto de vista y una grave ofensa para todos los católicos, máxime cuando esto se financia con el dinero de todos.
La disculpa del presidente extremeño no es suficiente, ya que este tipo de actuaciones requiere de mayores medidas, tanto por la falta de responsabilidad del consejero al autorizar y financiar esta publicación como por el alcance de la misma, que ofende gravemente a todos los católicos, al tratarse de imágenes absolutamente zafias y obscenas que probablemente no se hubieran permitido con cualquier otra religión, y todo porque –en palabras del autor- "quería causar daño a la Iglesia Católica", amparándose en una libertad de expresión cuyo significado real por lo visto desconoce.
Primero fue cocinar a un crucifijo, luego la ofensiva laicista contra las imágenes y cruces en los colegios, después los ataques al Belén las pasadas Navidades y -posiblemente, esta misma Semana Santa- alguna otra ofensa, todo ello sin que el Presidente de Gobierno –que se negó a recibir las más de tres millones de firmas a favor de la clase de religión- haya condenado estas actuaciones que esconden su falso talante tolerante ante estos brotes de sectarismo radical. Es hora de exigir responsabilidades legales ante quienes actúan provocando y buscando la crispación que altere la convivencia de los españoles y de que conozcamos ya el verdadero perfil ideológico de algunos gobernantes que pretenden que gobierne como único idea el laicismo antirreligioso.
Si la destitución del Consejero de Cultura no se produce, pese a la gravedad delictiva de la ofensa, quedará claro que esta es la educación y la "cultura" que se pretende instaurar por el actual gobierno extremeño, lo que habrá que tener presente en el momento de las próximas elecciones.
sábado, 17 de marzo de 2007
MADRID: Un congreso sobre mujer y familia analiza el papel de la conciliación
Los consejeros de Empleo y Mujer, y Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y Beatriz Elorriaga, respectivamente, inauguraban la semana pasada la sexta edición del 'Congreso Mujer y Familia Conciliar es rentable' donde se debaten las ventajas y la situación actual del sistema para compaginar trabajo y hogar
Güemes ha explicado durante la inauguración del martes, 6 de marzo, que el presupuesto regional de este año destinado a conciliación asciende a ocho millones de euros -un 167% más que en 2004, cuando fue de tres millones-. También ha señalado que la conciliación fomenta la igualdad de oportunidades, en una región en la que en el 70% de los hogares trabajan los dos cabezas de familia.
Desde el inicio de la legislatura, la tasa de ocupación de las mujeres se ha incrementado en 6,3 puntos, por lo que trabajan 244.750 mujeres más que en 2003. Además, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una serie de medidas para fomentar la conciliación en las empresa, como el programa de asesoramiento a pymes 2006-2007 Generando cambios para la implantación de medidas en las compañías.
Se trata de unas iniciativas para sensibilizar a medio millar de empresas, de las que 150 recibirán formación especializada para implantar medidas de conciliación. Hasta el momento se han realizado siete jornadas de sensibilización a las que han asistido 290 empresas, y 4 jornadas de formación en las que han participado 109 compañías. También se ha editado una guía para acercar a las empresas ejemplos de soluciones reales que están utilizando las empresas para integrar la flexibilidad en la planificación de labores.
Por su parte, Beatriz Elorriaga ha indicado que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales trabaja para facilitar la conciliación con iniciativas como las ayudas económicas para familias cuidadoras de personas mayores, en la que invierte 5,5 millones de euros.
Güemes ha explicado durante la inauguración del martes, 6 de marzo, que el presupuesto regional de este año destinado a conciliación asciende a ocho millones de euros -un 167% más que en 2004, cuando fue de tres millones-. También ha señalado que la conciliación fomenta la igualdad de oportunidades, en una región en la que en el 70% de los hogares trabajan los dos cabezas de familia.
Desde el inicio de la legislatura, la tasa de ocupación de las mujeres se ha incrementado en 6,3 puntos, por lo que trabajan 244.750 mujeres más que en 2003. Además, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una serie de medidas para fomentar la conciliación en las empresa, como el programa de asesoramiento a pymes 2006-2007 Generando cambios para la implantación de medidas en las compañías.
Se trata de unas iniciativas para sensibilizar a medio millar de empresas, de las que 150 recibirán formación especializada para implantar medidas de conciliación. Hasta el momento se han realizado siete jornadas de sensibilización a las que han asistido 290 empresas, y 4 jornadas de formación en las que han participado 109 compañías. También se ha editado una guía para acercar a las empresas ejemplos de soluciones reales que están utilizando las empresas para integrar la flexibilidad en la planificación de labores.
Por su parte, Beatriz Elorriaga ha indicado que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales trabaja para facilitar la conciliación con iniciativas como las ayudas económicas para familias cuidadoras de personas mayores, en la que invierte 5,5 millones de euros.
MADRID: La ley de mediación para resolver conflictos familiares entra en vigor en la Comunidad de Madrid
Los madrileños ya pueden solucionar de manera pacífica conflictos familiares sin tener que acudir a los tribunales gracias a la nueva Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Pleno de la Asamblea de Madrid el 15 de febrero y que ha entrado en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) el pasado 5 de marzo
La mediación se puede utilizar para resolver conflictos intrafamiliares sobre separación, nulidad o divorcio, normas de convivencia entre los miembros de la familia, reparto de herencias, conflictos derivados del acogimiento o adopción de menores y conflictos intergeneracionales entre padres y adolescentes.
El texto recoge las normas básicas que rigen el procedimiento de la mediación familiar y define los requisitos, las funciones, derechos y deberes de la figura del mediador familiar, el cual ayudará a los miembros de la unidad familiar que soliciten su servicio, de manera voluntaria y mutuo acuerdo, a dialogar entre ellos y a elaborar sus propios acuerdos de la forma más satisfactoria para ambas partes.
Debatir sobre la familia
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, ha explicado el sentido de la ley en la inauguración del segundo congreso que organiza la Dirección General de Familia para fomentar la mediación como fórmula de resolución pacífica de conflictos familiares.
Mediación Familiar, una nueva vía de comunicación se desarrolla hasta el 14 de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, donde ha reunido a expertos nacionales e internacionales en mediación familiar y sirve como foro de debate sobre los desarrollos normativos en esta materia que se han puesto en marcha en diversas comunidades autónomas.
Mediadores registrados
Esta Ley está contemplada en el Plan de Apoyo a la Familia, dotado con un presupuesto superior a 3.000 millones de euros y que prevé desarrollar 190 medidas hasta 2008. Además, la norma establece la creación de un registro único de mediadores y el refuerzo de la mediación gratuita con dos nuevas unidades de apoyo a la familia.
Asimismo, el documento sobre mediación abarca la creación de otros servicios de apoyo a las familias -psicológico, social y jurídico-. La puesta en marcha del registro y de estos nuevos centros, así como la inversión en subvenciones para la mediación familiar, suponen un coste económico que ronda los 1,2 millones de euros.
La mediación se puede utilizar para resolver conflictos intrafamiliares sobre separación, nulidad o divorcio, normas de convivencia entre los miembros de la familia, reparto de herencias, conflictos derivados del acogimiento o adopción de menores y conflictos intergeneracionales entre padres y adolescentes.
El texto recoge las normas básicas que rigen el procedimiento de la mediación familiar y define los requisitos, las funciones, derechos y deberes de la figura del mediador familiar, el cual ayudará a los miembros de la unidad familiar que soliciten su servicio, de manera voluntaria y mutuo acuerdo, a dialogar entre ellos y a elaborar sus propios acuerdos de la forma más satisfactoria para ambas partes.
Debatir sobre la familia
La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, ha explicado el sentido de la ley en la inauguración del segundo congreso que organiza la Dirección General de Familia para fomentar la mediación como fórmula de resolución pacífica de conflictos familiares.
Mediación Familiar, una nueva vía de comunicación se desarrolla hasta el 14 de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, donde ha reunido a expertos nacionales e internacionales en mediación familiar y sirve como foro de debate sobre los desarrollos normativos en esta materia que se han puesto en marcha en diversas comunidades autónomas.
Mediadores registrados
Esta Ley está contemplada en el Plan de Apoyo a la Familia, dotado con un presupuesto superior a 3.000 millones de euros y que prevé desarrollar 190 medidas hasta 2008. Además, la norma establece la creación de un registro único de mediadores y el refuerzo de la mediación gratuita con dos nuevas unidades de apoyo a la familia.
Asimismo, el documento sobre mediación abarca la creación de otros servicios de apoyo a las familias -psicológico, social y jurídico-. La puesta en marcha del registro y de estos nuevos centros, así como la inversión en subvenciones para la mediación familiar, suponen un coste económico que ronda los 1,2 millones de euros.
ANDALUCIA: La Ley andaluza que regulará la mediación en los conflictos familiares inicia su tramitación
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley de Mediación Familiar en Andalucía, norma que regulará el procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en el ámbito doméstico a través de la intervención de profesionales especializados
De acuerdo con el texto analizado por el Gobierno andaluz, podrán acogerse a esta fórmula las personas casadas; las parejas de hecho y aquellas sin vínculo legal pero con hijos comunes; los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; las personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las personas que ejercen tutela sobre menores.
Según ha explicado en su intervención de ayer la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, entre los conflictos que podrán ser objeto de mediación, se incluyen los derivados de procesos de separaciones, divorcios y disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas mayores de 65 años o con discapacidad; relaciones de los menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela. Por el contrario, del procedimiento quedan expresamente excluidas todas las situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, los hijos o cualquier otro miembro de la familia.
'El objetivo es que llegue a los juzgados el menor número posible de conflictos familiares, ya que se complican los casos y, la mayoría de las veces, los que pagan esas complicaciones con los menores', explica Navarro.
La mediación no supondrá costes para aquellos implicados que cumplan con los requisitos establecidos como beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita. En el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.
En cuanto a las garantías recogidas, el anteproyecto dispone que en todo momento se asegurarán el principio de voluntariedad para las partes que soliciten la mediación, así como la imparcialidad de los profesionales mediadores y la confidencialidad de información obtenida durante el proceso.
La duración de la mediación se prolongará durante tres meses, con la posibilidad de prorrogar este plazo otros tres meses, si las circunstancias lo requieren. El presupuesto inicial para poner en marcha la nueva norma es de 950.000 euros.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social dispone de un programa de mediación familiar que funciona desde 2003 en toda la comunidad autónoma, con un total de 21 profesionales. Hasta el momento, este programa ha atendido más de 2.500 casos.
De acuerdo con el texto analizado por el Gobierno andaluz, podrán acogerse a esta fórmula las personas casadas; las parejas de hecho y aquellas sin vínculo legal pero con hijos comunes; los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; las personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las personas que ejercen tutela sobre menores.
Según ha explicado en su intervención de ayer la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, entre los conflictos que podrán ser objeto de mediación, se incluyen los derivados de procesos de separaciones, divorcios y disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas mayores de 65 años o con discapacidad; relaciones de los menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela. Por el contrario, del procedimiento quedan expresamente excluidas todas las situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, los hijos o cualquier otro miembro de la familia.
'El objetivo es que llegue a los juzgados el menor número posible de conflictos familiares, ya que se complican los casos y, la mayoría de las veces, los que pagan esas complicaciones con los menores', explica Navarro.
La mediación no supondrá costes para aquellos implicados que cumplan con los requisitos establecidos como beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita. En el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.
En cuanto a las garantías recogidas, el anteproyecto dispone que en todo momento se asegurarán el principio de voluntariedad para las partes que soliciten la mediación, así como la imparcialidad de los profesionales mediadores y la confidencialidad de información obtenida durante el proceso.
La duración de la mediación se prolongará durante tres meses, con la posibilidad de prorrogar este plazo otros tres meses, si las circunstancias lo requieren. El presupuesto inicial para poner en marcha la nueva norma es de 950.000 euros.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social dispone de un programa de mediación familiar que funciona desde 2003 en toda la comunidad autónoma, con un total de 21 profesionales. Hasta el momento, este programa ha atendido más de 2.500 casos.
ECUADOR: CONCAPA, La coeducación no se puede imponer como un dogma
¿Educación escolar separada o mixta? Tras tres décadas de predominancia de la coeducación (educación mixta), cada vez son más las voces que se alzan cuestionando sus ventajas.
En España, apenas el uno por ciento de los centros escolares son de educación separada. El debate se reabría la pasada semana, cuando la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), que agrupa a más tres millones de familias, reclamaba que se revisen «los falsos dogmas adoptados sin, al parecer, demasiadas reflexiones o estudios» que encumbraron a los colegios mixtos a inicios de los años 70.
Afirma la asociación católica que, «mientras en España continuamos con el lamentable reduccionismo ideológico que considera intrínsicamente malo y machista la existencia de colegios para la educación de un único sexo, países más modernos como Francia, Inglaterra y Estados Unidos comienzan poner en entredicho el asumido por algunos como «falso dogma»».
Según Luis Carbonell, vicepresidente de Concapa y de Concapa Aragón, lo que esta asociación católica pide no es que se elimine la coeducación, sino que «no sea un dogma acríticamente impuesto».
«Pretendemos que haya una verdadera investigación sobre qué modelo es mejor para nuestros alumnos, y que se abra un verdadero debate social en el que los padres reciban información y puedan ejercer su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos», apostilla.
Ya hace unos meses, la coeducación en Francia se cuestionaba con ocasión de la publicación del libro «Las trampas de la enseñanza mixta» de Michel Fize, y de un artículo sobre el mismo en el rotativo francés «L’Express», donde se indica que la coeducación en el país galo no ha conseguido asegurar la igualdad de sexos ni de oportunidades.
Para Concapa, que se hace eco de estas reflexiones, «es evidente que la persona, sea hombre o mujer, tiene los mismos derechos y le corresponden las mismas oportunidades, pero ello no implica necesariamente que deba uniformarse a hombres y mujeres haciéndoles perder sus diferencias. Cada alumno requiere un tratamiento distinto, individualizado, personal y para ello, obviamente, debe tenerse presente su sexo por parte del docente, del tutor y de la sociedad».
«Se ha constatado en los países señalados que los alumnos y alumnas escolarizados en centros no mixtos obtienen mejores resultados que los que asisten a colegios mixtos, por lo que se propone -tanto en Francia como en EE UU- un sistema más flexible y pluralista para los centros públicos en la etapa de 11 a 15 años», prosigue.
Efectivamente, hay países -Gran Bretaña, por ejemplo- donde la red escolar está formada por centros masculinos, femeninos y mixtos, con la misma consideración. Los resultados de los exámenes nacionales revelan el buen resultado de las escuelas no mixtas.
El largo camino hacia la coeducación.- La coeducación, nacida en medio de la lucha por los derechos de la mujer, es un término que agrupa dos cuestiones muy diferentes: por un lado, la igualdad de currículos (que una mujer tenga derecho a recibir una educación igual que la del hombre), por otro, el acceso a los mismos centros de enseñanza, con clases mixtas.
Las ventajas de la coeducación, puestas ahora en entredicho, comenzaron a tomarse en cuenta en Europa a mediados del siglo XVIII. Según las ideas educativas vigentes entonces, hombres y mujeres fueron creados por Dios para desempeñar destinos sociales distintos y, en consecuencia, también su educación debía ser muy diferenciada.
Para la profesora de filosofía Marisa Montero, la justificación teórica viene de la mano de Rousseau que se erige como padre indiscutible de la pedagogía moderna al constituirse como punto de referencia de todas las propuestas pedagógicas de los siglos XIX y XX. En coherencia con la idea de los destinos sociales, Rousseau planteaba unos principios totalmente diferenciados para la educación de niños y niñas: para Emilio (protagonista masculino de su libro Emilio o De la Educación, 1762) el proceso educativo se basa en la experiencia y en el respeto a su personalidad, y debe proporcionarle los conocimientos adecuados para convertirse en un sujeto con criterios propios, libre y autónomo; por el contrario, la educación de Sofía (protagonista femenina que aparece en el último tomo de su obra Emilio) debe ir encaminada a hacer de ella un sujeto dependiente y débil.
Sin embargo, François Poulain de la Barre, racionalista francés seguidor del pensamiento cartesiano, escribe en 1673 “De los dos sexos, Discursos físico y moral”, donde se ve la importancia de deshacer los prejuicios, y “De la educación de las damas” en 1674. También francesa, Olympe de Gouges escribe su “Declaración de los Derechos de la mujer y de la Ciudadana” en 1791 (fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793).
En 1792 Mary Wollstonecraft publica su obra “Vindicación de los Derechos de la Mujer en Inglaterra”. Todas las obras mencionadas defienden, con muchos y variados argumentos, la misma educación para las mujeres y para los hombres.
Emilia Pardo Bazán, como consejera de Instrucción Pública, propone en el Congreso Pedagógico de 1892 la coeducación a todos los niveles, con objeto de superar la división de funciones asignadas al hombre y a la mujer. Sin embargo, esta propuesta no es aprobada en las conclusiones finales. La postura de Emilia Pardo Bazán apoya la experiencia educativa que desde 1876 hasta 1938 llevará a cabo la Institución Libre de Enseñanza, cuyos principios pedagógicos se vinculan a la coeducación y al laicismo.
En la Segunda República, cuando la coeducación fue admitida y considerada necesaria, sólo una minoría de centros llegó a tener carácter mixto. Al final de la guerra civil queda cerrada, por un largo período de tiempo, la opción de la escuela mixta. La legislación franquista prohibirá de nuevo la escolarización conjunta de niños y niñas en los niveles primarios y secundarios, aunque existe el currículum prácticamente único (excepto algunas materias), con el Plan del entonces ministro de Educación Ibáñez Martín (años 40). (Fragmento)
En España, apenas el uno por ciento de los centros escolares son de educación separada. El debate se reabría la pasada semana, cuando la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), que agrupa a más tres millones de familias, reclamaba que se revisen «los falsos dogmas adoptados sin, al parecer, demasiadas reflexiones o estudios» que encumbraron a los colegios mixtos a inicios de los años 70.
Afirma la asociación católica que, «mientras en España continuamos con el lamentable reduccionismo ideológico que considera intrínsicamente malo y machista la existencia de colegios para la educación de un único sexo, países más modernos como Francia, Inglaterra y Estados Unidos comienzan poner en entredicho el asumido por algunos como «falso dogma»».
Según Luis Carbonell, vicepresidente de Concapa y de Concapa Aragón, lo que esta asociación católica pide no es que se elimine la coeducación, sino que «no sea un dogma acríticamente impuesto».
«Pretendemos que haya una verdadera investigación sobre qué modelo es mejor para nuestros alumnos, y que se abra un verdadero debate social en el que los padres reciban información y puedan ejercer su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos», apostilla.
Ya hace unos meses, la coeducación en Francia se cuestionaba con ocasión de la publicación del libro «Las trampas de la enseñanza mixta» de Michel Fize, y de un artículo sobre el mismo en el rotativo francés «L’Express», donde se indica que la coeducación en el país galo no ha conseguido asegurar la igualdad de sexos ni de oportunidades.
Para Concapa, que se hace eco de estas reflexiones, «es evidente que la persona, sea hombre o mujer, tiene los mismos derechos y le corresponden las mismas oportunidades, pero ello no implica necesariamente que deba uniformarse a hombres y mujeres haciéndoles perder sus diferencias. Cada alumno requiere un tratamiento distinto, individualizado, personal y para ello, obviamente, debe tenerse presente su sexo por parte del docente, del tutor y de la sociedad».
«Se ha constatado en los países señalados que los alumnos y alumnas escolarizados en centros no mixtos obtienen mejores resultados que los que asisten a colegios mixtos, por lo que se propone -tanto en Francia como en EE UU- un sistema más flexible y pluralista para los centros públicos en la etapa de 11 a 15 años», prosigue.
Efectivamente, hay países -Gran Bretaña, por ejemplo- donde la red escolar está formada por centros masculinos, femeninos y mixtos, con la misma consideración. Los resultados de los exámenes nacionales revelan el buen resultado de las escuelas no mixtas.
El largo camino hacia la coeducación.- La coeducación, nacida en medio de la lucha por los derechos de la mujer, es un término que agrupa dos cuestiones muy diferentes: por un lado, la igualdad de currículos (que una mujer tenga derecho a recibir una educación igual que la del hombre), por otro, el acceso a los mismos centros de enseñanza, con clases mixtas.
Las ventajas de la coeducación, puestas ahora en entredicho, comenzaron a tomarse en cuenta en Europa a mediados del siglo XVIII. Según las ideas educativas vigentes entonces, hombres y mujeres fueron creados por Dios para desempeñar destinos sociales distintos y, en consecuencia, también su educación debía ser muy diferenciada.
Para la profesora de filosofía Marisa Montero, la justificación teórica viene de la mano de Rousseau que se erige como padre indiscutible de la pedagogía moderna al constituirse como punto de referencia de todas las propuestas pedagógicas de los siglos XIX y XX. En coherencia con la idea de los destinos sociales, Rousseau planteaba unos principios totalmente diferenciados para la educación de niños y niñas: para Emilio (protagonista masculino de su libro Emilio o De la Educación, 1762) el proceso educativo se basa en la experiencia y en el respeto a su personalidad, y debe proporcionarle los conocimientos adecuados para convertirse en un sujeto con criterios propios, libre y autónomo; por el contrario, la educación de Sofía (protagonista femenina que aparece en el último tomo de su obra Emilio) debe ir encaminada a hacer de ella un sujeto dependiente y débil.
Sin embargo, François Poulain de la Barre, racionalista francés seguidor del pensamiento cartesiano, escribe en 1673 “De los dos sexos, Discursos físico y moral”, donde se ve la importancia de deshacer los prejuicios, y “De la educación de las damas” en 1674. También francesa, Olympe de Gouges escribe su “Declaración de los Derechos de la mujer y de la Ciudadana” en 1791 (fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793).
En 1792 Mary Wollstonecraft publica su obra “Vindicación de los Derechos de la Mujer en Inglaterra”. Todas las obras mencionadas defienden, con muchos y variados argumentos, la misma educación para las mujeres y para los hombres.
Emilia Pardo Bazán, como consejera de Instrucción Pública, propone en el Congreso Pedagógico de 1892 la coeducación a todos los niveles, con objeto de superar la división de funciones asignadas al hombre y a la mujer. Sin embargo, esta propuesta no es aprobada en las conclusiones finales. La postura de Emilia Pardo Bazán apoya la experiencia educativa que desde 1876 hasta 1938 llevará a cabo la Institución Libre de Enseñanza, cuyos principios pedagógicos se vinculan a la coeducación y al laicismo.
En la Segunda República, cuando la coeducación fue admitida y considerada necesaria, sólo una minoría de centros llegó a tener carácter mixto. Al final de la guerra civil queda cerrada, por un largo período de tiempo, la opción de la escuela mixta. La legislación franquista prohibirá de nuevo la escolarización conjunta de niños y niñas en los niveles primarios y secundarios, aunque existe el currículum prácticamente único (excepto algunas materias), con el Plan del entonces ministro de Educación Ibáñez Martín (años 40). (Fragmento)
CSI-CSIF EDUCACIÓN: Tres de cada cuatro profesores creen que la Educación ha empeorado
Más de la mitad de los docentes, entre el 60 y 63%, considera que lo mejor sería volver al sistema anterior a la reforma propiciada por la LOGSE
CSI-CSIF destacó ayer que acaban de conocerse los resultados de un nuevo informe sobre la educación española, realizado por la Fundación Santa María y bajo la dirección del que fue ex-secretario de Estado de Educación, Álvaro Marchesi.
El que fuera principal impulsor de la reforma educativa de los años noventa, apuntó CSI-CSIF en un comunicado, “ha querido conocer la percepción del profesorado a los 25 años de que se empezara a implantar la LOGSE en nuestros centros educativos” y los resultados “no dan lugar a ningún género de duda”, ya que el profesorado encuestado manifiesta “la profunda decepción educativa y profesional” que ha tenido a lo largo de estos últimos años de funcionamiento de la reforma impulsada por esta normativa.
En una de las preguntas del informe (contiene más datos sobre vocación del profesorado y opiniones sobre padres y alumnos), el 74,5 por ciento del profesorado considera que la educación ha empeorado en los últimos 30 años.
Para ellos, la LOGSE ha sido “tan nefasta que más de la mitad, -60 por ciento del profesorado de Secundaria y el 63 por ciento del profesorado de los centros públicos- cree que lo mejor sería abandonar todos los postulados de la reforma y volver a la situación anterior, es decir a la Ley General de Educación”, sostuvo CSI-CSIF. La segunda cuestión no tiene menor repercusión, ya que trasluce la satisfacción profesional de los docentes españoles. En este sentido, sólo el 6 por ciento de los que todavía trabajan se reconoce valorado socialmente y tan sólo el 9 por ciento reconoce sentirse valorado por la Administración educativa. “Y para rematar la faena, únicamente el 16,4 por ciento confía en el MEC, mientras que un escaso 18,9 por ciento confía en su Consejería de Educación”, expuso CSI-CSIF.
La encuesta termina con dos indicadores que “se repiten una y otra vez en todas las encuestas”: Un 64 por ciento piensa que los alumnos se esfuerzan poco (el 60 por ciento del profesorado de Primaria y el 68 por ciento del de Secundaria) y que “el defecto más común del alumnado es la falta de responsabilidad, opinión que sustenta el 25 por ciento del profesorado”.
A juicio de CSI-CSIF, los resultados “no deben sorprender a nadie, ya que vuelven a plasmar lo que el profesorado está diciendo desde hace unos años y nadie parece hacerle caso”. No obstante, según CSI-CSIF, “sí que deberían de poner la cara colorada a algún responsable educativo”, puesto que reflejan una vez más “la insatisfacción del profesorado con unos porcentajes incuestionables”.
Ante estos resultados, CSI-CSIF se preguntó, “dado que la gran mayoría del profesorado encuestado dice que los caminos por los que circula la reforma educativa son inadecuados, por qué nadie escucha al profesorado cuando se cuecen las nuevas reformas”, además de plantear que, si el profesorado “dice y vuelve a decir que su reconocimiento social es nulo a pesar de la importancia que tiene la educación para nuestra sociedad, por qué no se asume de una vez por todas por las Administraciones educativas la tarea de que la educación recupere el prestigio social que tuvo”. o
CSI-CSIF destacó ayer que acaban de conocerse los resultados de un nuevo informe sobre la educación española, realizado por la Fundación Santa María y bajo la dirección del que fue ex-secretario de Estado de Educación, Álvaro Marchesi.
El que fuera principal impulsor de la reforma educativa de los años noventa, apuntó CSI-CSIF en un comunicado, “ha querido conocer la percepción del profesorado a los 25 años de que se empezara a implantar la LOGSE en nuestros centros educativos” y los resultados “no dan lugar a ningún género de duda”, ya que el profesorado encuestado manifiesta “la profunda decepción educativa y profesional” que ha tenido a lo largo de estos últimos años de funcionamiento de la reforma impulsada por esta normativa.
En una de las preguntas del informe (contiene más datos sobre vocación del profesorado y opiniones sobre padres y alumnos), el 74,5 por ciento del profesorado considera que la educación ha empeorado en los últimos 30 años.
Para ellos, la LOGSE ha sido “tan nefasta que más de la mitad, -60 por ciento del profesorado de Secundaria y el 63 por ciento del profesorado de los centros públicos- cree que lo mejor sería abandonar todos los postulados de la reforma y volver a la situación anterior, es decir a la Ley General de Educación”, sostuvo CSI-CSIF. La segunda cuestión no tiene menor repercusión, ya que trasluce la satisfacción profesional de los docentes españoles. En este sentido, sólo el 6 por ciento de los que todavía trabajan se reconoce valorado socialmente y tan sólo el 9 por ciento reconoce sentirse valorado por la Administración educativa. “Y para rematar la faena, únicamente el 16,4 por ciento confía en el MEC, mientras que un escaso 18,9 por ciento confía en su Consejería de Educación”, expuso CSI-CSIF.
La encuesta termina con dos indicadores que “se repiten una y otra vez en todas las encuestas”: Un 64 por ciento piensa que los alumnos se esfuerzan poco (el 60 por ciento del profesorado de Primaria y el 68 por ciento del de Secundaria) y que “el defecto más común del alumnado es la falta de responsabilidad, opinión que sustenta el 25 por ciento del profesorado”.
A juicio de CSI-CSIF, los resultados “no deben sorprender a nadie, ya que vuelven a plasmar lo que el profesorado está diciendo desde hace unos años y nadie parece hacerle caso”. No obstante, según CSI-CSIF, “sí que deberían de poner la cara colorada a algún responsable educativo”, puesto que reflejan una vez más “la insatisfacción del profesorado con unos porcentajes incuestionables”.
Ante estos resultados, CSI-CSIF se preguntó, “dado que la gran mayoría del profesorado encuestado dice que los caminos por los que circula la reforma educativa son inadecuados, por qué nadie escucha al profesorado cuando se cuecen las nuevas reformas”, además de plantear que, si el profesorado “dice y vuelve a decir que su reconocimiento social es nulo a pesar de la importancia que tiene la educación para nuestra sociedad, por qué no se asume de una vez por todas por las Administraciones educativas la tarea de que la educación recupere el prestigio social que tuvo”. o
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA:Martínez Camino vuelve a llamar a la objeción en Educación para la Ciudadanía
Según defiende Martínez Camino en el artículo ¿Qué ética universal? ¿Y qué ciudadanía?, publicado por el diario El Mundo, “la LOE ha planteado problemas inéditos en la democracia al introducir en el sistema educativo una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía”, por lo que insta una vez más a oponerse a ella instando a los padres a la objeción de conciencia.
Noticias relacionadasEl Papa lanza una cruzada ideológica Considera que esta asignatura “representaría la ética universal”, y denuncia que los filósofos encargados de los manuales de texto no parecen “preocupados por la inquietante creación de un instrumento coactivo para uniformar las conciencias de los jóvenes escolares”. Y es que Camino considera que impartir esta materia equivale a “sustraerle” a los padres “el derecho originario e inalienable de ser ellos quienes decidan qué tipo de educación moral habrán de recibir sus hijos”.
Identidad "de género"
Una vez más expone lo que para la Iglesia española representa introducir “el concepto de homofobia” en los contenidos de tal forma que esconde “una visión de la constitución de la persona más ligada a las llamadas orientaciones sexuales que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el género”. En el texto también arremete contra matrimonio homosexual argumentando que aunque reconocido por ley “no quiere decir que la sociedad comparta mayoritariamente tales disposiciones”.
Llamamiento a la objeción
El artículo concluye con un llamamiento: “ante la actual situación legal, los padres y las escuelas harán muy bien en defender sus derechos por todos los medios legítimos a su alcance, incluida, en su caso, la objeción de conciencia, si así lo juzgan necesario”.
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Identidad "de género"
Una vez más expone lo que para la Iglesia española representa introducir “el concepto de homofobia” en los contenidos de tal forma que esconde “una visión de la constitución de la persona más ligada a las llamadas orientaciones sexuales que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el género”. En el texto también arremete contra matrimonio homosexual argumentando que aunque reconocido por ley “no quiere decir que la sociedad comparta mayoritariamente tales disposiciones”.
Llamamiento a la objeción
El artículo concluye con un llamamiento: “ante la actual situación legal, los padres y las escuelas harán muy bien en defender sus derechos por todos los medios legítimos a su alcance, incluida, en su caso, la objeción de conciencia, si así lo juzgan necesario”.
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