EDUCACIÓN: Galicia cuestión lingüística

La cuestión lingüística en la educación en Galicia
Acaba de saltar a la primera plana de los medios de comunicación nacionales el conflicto que está ocasionando en Galicia la pretensión de la Consellería de Educación de la Xunta (en manos, por cierto, de los socialistas y no de los nacionalistas del BNG) de obligar también a los profesores de lengua y literatura española a presentar la programación docente en gallego. La noticia ha llamado especialmente la atención porque es la primera vez que un conflicto lingüístico de cierta importancia se produce en Galicia, si exceptuamos la polémica por la denominación oficial de la ciudad de La Coruña,Cuando el PP estaba en la Xunta, estableció que determinadas materias de la enseñanza no universitaria se impartan necesariamente en gallego, con el objetivo de que todos los alumnos reciban una educación bilingüe, frente a la alternativa de prever grupos separados por razón del idioma; alternativa mucho más acorde, por cierto, con el derecho que los tratados y declaraciones internacionales reconocen a los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, así como con el respeto que esos mismos textos imponen por el idioma del niño, pero que, para el PP gallego, presenta el peligro de escindir la sociedad en comunidades separadas por razón de la lengua.De esta forma, en teoría se da una situación de desequilibrio a favor del gallego, pues en cualquier centro educativo se podrían impartir todas las asignaturas (menos lengua y literatura española, claro) en gallego, pero no al revés. En la práctica, la situación real es de una anarquía consentida que, sin embargo, había evitado hasta ahora los conflictos lingüísticos. En algunos centros públicos y, desde luego, en buena parte de los privados y concertados, sólo se imparten en gallego las asignaturas mínimas, y aun con éstas hay una cierta flexibilidad; en otros centros públicos y en alguno privado, la enseñanza es casi totalmente en gallego.La primera vuelta de tuerca para romper esta armonía basada en la autorregulación social la acaba de dar el bipartito (e insisto, ha sido el PSOE y no el Bloque), echando mano de otra disposición, especialmente desafortunada, de esa misma normativa aprobada en la época de Fraga: la que establece con carácter general que los documentos y actuaciones internas de los centros educativos se harán en gallego. En esto se basan para exigirles a los profesores de lengua y literatura española que redacten la programación docente en gallego.Digo desafortunada porque nada justifica que se imponga a los funcionarios y a los órganos administrativos que utilicen una lengua cooficial y no la otra en las relaciones administrativas internas, no con los ciudadanos: en un sistema democrático, el único fundamento jurídico que permitiría forzar la libertad individual de los funcionarios para utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales es la necesidad de atender a los ciudadanos en el idioma de su elección. Por eso, como profesor de Derecho administrativo, ofrezco desde aquí mi asesoramiento gratuito a cualquier afectado que quiera defender su libertad frente a esa intolerable imposición lingüística.Pero no es en los tribunales donde se va a ganar esta batalla, sino mediante la rebelión cívica. Toda norma que injustificadamente pretenda forzar la libertad individual de utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales debe considerarse no vinculante para quien no sea nacionalista y no comparta esa concepción de la eufemísticamente llamada "normalización lingüística". Que se sancionen entre ellos, si eso les divierte.