OBJECIÓN DE CONCIENCIA: arma de 30 asociaciones contra Educación para la Ciudadanía

M. ASENJO. MADRID.
Treinta organizaciones educativas mantienen su empeño en acabar con la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria e independiente por considerar que es «un instrumento del Gobierno para el adoctrinamiento ideológico».
Ahora, y una vez aprobadas las enseñanzas mínimas de la asignatura e incluso las propias de algunas autonomías, un grupo de asociaciones familiares y educativas, encabezadas por Profesionales por la Ética (PPE) y el Foro Español de la Familia (FEF), han reactivado la iniciativa de oponer la objeción de conciencia a la nueva y polémica asignatura.
Estas organizaciones presentaron ayer en rueda de prensa la «Guía para la Objeción de conciencia», así como el decálogo de «motivos para rechazar» Educación para la Ciudadanía.
En la mesa presidencial se encontraban Isabel Bazo, presidenta de CECE (una de las patronales de la enseñanza concertada); Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres (Concapa); María Luisa Hernansanz, en representación de la Asociación de Profesores de Secundaria; Pablo Paredes, de «novillada. org», y Jaime Urcelay, de Profesionales por la Ética, que moderó las intervenciones.
Cuatro propuestas
Según los representantes de las asociaciones, existe una «demanda creciente» entre padres y alumnos sobre cómo actuar para ejercer esa objeción de conciencia, por lo que han articulado sus propuestas en cuatro grupos, dirigidos a los padres, a los profesores, a los centros y a los alumnos.
A los padres y a los alumnos (éstos si tiene más de 16 años) les invitan a «objetar» con la convicción de que se trata de un derecho constitucional, y a los profesores les proponen firmar el manifiesto ya elaborado contra la asignatura.
A los colegios se les pide que suscriban una declaración en la que manifiesten su desacuerdo con la asignatura y reclamen el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos. No obstante, los promotores de esta nueva ofensiva contra Educación para la Ciudadanía advierten a los centros de que deben acatar la legalidad vigente y organizar la impartición de esa asignatura en los cursos establecidos. Los promotores de la objeción de conciencia resumen en diez los motivos que les han llevado a tomar tal decisión: constituye una «intromisión ilegítima» del Estado en la moral; no admite la existencia objetiva de la verdad y del bien, silencia completamente las tradiciones religiosas y la existencia de Dios y de la trascendencia de la vida humana; impone la ideología de género; abusa de las emociones y los afectos y renuncia a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia y la voluntad; insiste en una concepción inadecuada de la democracia en la escuela; se introduce en el currículo a costa del horario de otras materias; es inconsecuente y discriminatoria respecto a la asignatura de Religión y los contenidos pueden incorporarse a otras asignaturas».
Urcelay aseguró que las enseñanzas aprobadas por el Gobierno no han suprimido estos riesgos y resaltó que ciertos decretos autonómicos (citó el de Andalucía) los agravan. «Confiamos -dijo- en que el Gobierno se va a dar cuenta de que se ha metido en caminos muy complicados».
Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, invitó a las organizaciones que alientan a la objeción de conciencia a recurrir a los tribunales si consideran que invade la moral privada. «Si alguien entiende que esto invade cualquier esfera de la moral privada puede recurrir a los tribunales», afirmó.
«No me parece la vía correcta para discrepar de esto empujar a las familias a realizar actos como el de objeción de conciencia», dijo la ministra tras presidir la entrega de los Premios Giner de los Ríos, promovidos por el MEC y la Fundación BBVA.