El Consejo de Estado matiza la legalidad de la Educación para la Ciudadanía

Destaca que no se pueden enseñar «valores que no estén consagrados en la Constitución»

F. Martínez
La ministra Cabrera con Juan Manuel Eguiagaray, de Fundación Alternativas
Madrid- En diciembre del año pasado, el Ministerio de Educación proclamaba que el Consejo de Estado avalaba «tanto la conveniencia como la legalidad» de la Educación para la Ciudadanía, la asignatura «estrella» de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que será obligatoria en un curso de Primaria y en tres de Secundaria.
Sin embargo, una vez se ha hecho público el dictamen de este órgano consultivo, las conclusiones sobre esta materia pueden distar mucho de la imagen idílica que se ha querido dar desde el Ministerio.
En este sentido, el texto advierte expresamente al Gobierno de que «a la hora de establecer los contenidos básicos de la asignatura, el real decreto sometido a consulta debe tener en cuenta que no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución o sean presupuesto o corolario indispensables del orden constitucional».
Al respecto, organizaciones contrarias a la polémica materia ya señalaron que el bloque de contenidos de «educación afectivo-emocional» impulsa los sentimientos, deseos y emociones como referente esencial del comportamiento humano y promueve ampliamente la llamada «ideología de género». Esta última da por hecho que existen diversas «orientaciones afectivo-sexuales», todas ellas equiparables entre sí.
Estas organizaciones recalcan que el dictamen del Consejo de Estado especifica la idoneidad de incluir, en la descripción de la «competencia para aprender a aprender», el respeto a padres y profesores, la aptitud para aprender y escuchar el consejo y orientación de unos y otros y la sensibilidad para apreciar el ejemplo que puedan constituir.
De esta manera, tal y como indican organizaciones como Profesionales por la Ética, se pone en evidencia la postura defendida por el ministerio que dirige Cabrera que, con el fin de avalar la asignatura, proclamó que «el Consejo de Estado no encuentra objeciones a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» y que «incluso avala tanto la conveniencia como la legalidad de la misma».
Miles de familias ya han solicitado información para saber cómo objetar y evitar que sus hijos reciban la polémica materia en sus colegios.