Sociedad
Cañizares: «Educación para la Ciudadanía es terriblemente mala y distorsiona la verdad»
José R. Navarro Pareja
Madrid- La Conferencia Episcopal Española (CEE) prepara su «contundente y detallada» respuesta a la legislación educativa aprobada por el Gobierno. El Comité Ejecutivo de ayer sentó las bases para la elaboración de un documento que previsiblemente será ratificado por la Comisión Permanente, que se reunirá a finales de mes. Tras una larga e infructuosa negociación con el Ministerio de Educación -que se cerró el 5 de diciembre con «enormes dificultades no superadas», según anunció entonces la CEE- los obispos aplazaron su «valoración» hasta que el Gobierno aprobara los diferentes reglamentos que desarrollan la LOE y el Comité Ejecutivo los pudiera estudiar «con precisión».
Así, valorados los Reales Decretos que desarrollan los contenidos mínimos de Primaria y Secundaria, la respuesta de la CEE se centrará en tres puntos: los cambios en la asignatura de Religión, el estatus de los profesores que la imparten y los contenidos de Educación para la Ciudadanía.
El responsable de redactar esta respuesta es el secretario de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, que contará con la ayuda de los técnicos de la Comisión Episcopal de Enseñanza, en especial de Modesto Romero y Silverio Nieto. Una terna que, con el cardenal Antonio Cañizares y el presidente de la Comisión de Enseñanza, monseñor Antonio Dorado, han sido los encargados de representar a la Iglesia en las reuniones de la Comisión Mixta con el ministerio.
Aunque no han trascendido los términos concretos en que será redactado este comunicado, no es difícil imaginar sus ideas, ya que los obispos no han tenido problemas en expresar sus discrepancias con la LOE. Este fin de semana, el cardenal Cañizares afirmaba que la Iglesia no puede aceptar la nueva asignatura, porque «es terriblemente mala y distorsiona la verdad del hombre». También el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco, denunció la pasada semana la «naturaleza claramente antropológica y ética de los contenidos», lo que supondría una vulneración del derecho constitucional de los padres a elegir la educación religiosa y moral para sus hijos según sus convicciones.
De hecho, para evitar esta «intromisión en la educación moral de los alumnos» los obispos se han mostrado favorables a aceptar Educación para la Ciudadanía siempre que fuera optativa, e incluso propusieron al Gobierno que pudiera ser una alternativa para la Religión.
La situación es más grave, si cabe, con respecto a Religión. La LOE la relega a dos disposiciones adicionales. La CEE ya expresó su preocupación ante determinados aspectos que afectaban «a lo pactado en los Acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español». En concreto se referían a estas disposiciones adicionales. Tras conocerse los reales decretos, su estatus ha empeorado.
Así, en Primaria, el Gobierno insta a los colegios a que procuren la «debida atención educativa» a los que no elijan Religión. En Secundaria, los alumnos optarán entre la asignatura confesional, una laica o la «atención educativa» que les proporcione el centro. Además, los reales decretos prevén una reducción de las horas lectivas de la materia, en Secundaria, de más de un 30%.
El estatuto jurídico de estos profesores es el otro punto de conflicto. Los docentes de Religión eran nombrados cada año por cada diócesis y contratados por la autoridad educativa. Ahora, el ministerio quiere que sean nombrados una sola vez por los obispos y sus contratos renovados de manera automática.
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