El nuevo Bachillerato provoca otro cisma territorial en el ámbito educativo

MILAGROS ASENJO. MADRID.
Los directores generales de Educación de las seis Comunidades que gobierna el PP abandonaron ayer la Comisión General (órgano de la Conferencia Sectorial) en la que estaba previsto debatir el polémico proyecto de decreto de Bachillerato, que ha suscitado la polémica en el mundo de la enseñanza.
El PP entiende que la modificación es contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE) al permitir la promoción de curso con más de dos suspensos. La decisión -anunciada en rueda de prensa previa al comienzo de la reunión por su secretaria de Política Social, Ana Pastor- va acompañada de la exigencia de una reunión de la Conferencia (rango de consejeros). «El Gobierno -dijo Pastor- está intentando implantar una reforma del bachillerato que no era conocida, que no había sido anunciada, ni está en el programa electoral del PSOE».
Poco después, en una rueda de prensa posterior al Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, la ministra lamentó la actitud de los populares y la comparó con la política decimonónica del «retraimiento, que era simplemente no jugar».
Cabrera apeló al «sentido de la responsabilidad, porque estamos hablando de cosas muy serias, como es una propuesta de modificación y de nuevo Bachillerato, y esto tiene unas instituciones en las cuales se discute». Asimismo, anunció que la iniciativa es «acorde» con la LOE, además de «meditada» y con «razón de ser». Por este motivo, el Ministerio mantendrá la propuesta «porque nos sentimos respaldados por muchas de las opiniones que ya se han dado y esperamos conseguir sumar a aquellos que ahora mismo no ven clara o están poniendo objeciones a esta reforma».
Cabrera defendió las modificaciones introducidas en el diseño de Bachillerato bajo el argumento de que son «necesarias» para alcanzar los objetivos de Lisboa en el sentido de que un 85 por ciento de los jóvenes pasen a la enseñanza postobligatoria y adquieran el título de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio o enseñanzas artísticas. Ahora, ese promedio es algo superior al 60 por ciento.
El aspecto más controvertido de la propuesta lo constituye la posibilidad de que los alumnos de primero con menos de la mitad de las asignaturas suspensas (45 por ciento) no repetirán todo el curso, sino que se matricularán únicamente de las pendientes y de algunas de segundo. En el modelo vigente, los alumnos con tres suspensos deben matricularse de nuevo del curso completo.
Esta nueva opción ha sembrado la desunión en el mundo educativo. Así, mientras unos sectores (los ideológicamente más próximos al Gobierno) la apoyan, otros la rechazan. Entienden esos últimos que la decisión no sólo conducirá a la devaluación de la exigencia y de la calidad, sino a un Bachillerato de tres años «encubierto». Además, pretextan que los centros necesitarán recursos adicionales para atender adecuadamente a los alumnos que cursen asignaturas de primero y de segundo al mismo tiempo. Sobre la duración, la ministra dijo que legalmente el Bachillerato se puede cursar en cuatro años y que, en cualquier caso, el título se obtiene una vez aprobadas todas las materias. Dijo también que «se atenderán» las necesidades financieras que pudieran derivarse de los proyectados cambios, siempre que se demuestre que los recursos económicos adicionales son necesarios.
Consejo de Universidades
Este nuevo episodio de desencuentro entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, llega hoy al Parlamento. En la sesión de control al Gobierno durante el Pleno del Congreso de los Diputados, el presidente del PP, Mariano Rajoy, pedirá al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que explique cómo contribuye el nuevo modelo de bachillerato a la calidad de la formación de los alumnos.
Por otra parte, la ministra presidió ayer la última sesión plenaria del Consejo de Coordinación Universitaria, órgano que se desdobla en dos: Consejo de Universidades (rectores) y Conferencia de Política General Universitaria.
El Pleno analizó el documento de financiación universitaria elaborado por una comisión creada dentro del propio Consejo, en el que se proponen 2.733 millones de euros adicionales para alcanzar el 1,5 por ciento del PIB en los próximos cinco años.
Posteriormente, y ante la prensa, Cabrera calificó el estudio de «muy trabajado», aunque no concretó cuál sería el compromiso financiero del Gobierno. Se limitó a decir que becas e investigación son dos desafíos del Gobierno con los que ya está «cumpliendo», tanto en los presupuestos como con la «voluntad» política.
Los rectores piden al Gobierno y a las autonomías un «compromiso político claro» para implantar la financiación que plantea el informe, según declaró a Efe el presidente de la CRUE, Juan Vázquez. De lo contrario, «se quedará en un documento técnico de más o menos bella factura».
Acerca de la aplicación de la LOU y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuya entrada en vigor se fija para 2010, la ministra anunció que a finales de mayo se debatirán las medidas «más urgentes», como la acreditación del profesorado y la reordenación de las enseñanzas.