Madrid, 25 de abril de 2007.- La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, que “ha lamentado que algunas autonomías se hayan autoexcluido voluntariamente de un debate rico y fructífero sobre el futuro del Bachillerato” sigue estando alejada de la realidad de lo quieren y necesitan las familias.
La ministra, además pretende dar lecciones de consenso y democracia al indicar que “uno debe estar en las instituciones” para debatir los temas. Al respecto le recordamos que la asignatura EpC fue rechazada por la mayoría del Consejo Escolar del Estado –otra institución- pese a lo cual dicha asignatura ha sido impuesta como materia obligatoria. Tampoco sirvió para nada el documento abierto remitido por CONCAPA invitando al MEC. Y a toda la sociedad española a consensuar los valores cívicos que debería contener esa asignatura. Tampoco sirvió la petición de inclusión de la cláusula de objeción de conciencia para las familias disconformes.
Con respecto a la genialidad del bachiller devaluado sucede lo mismo. La ministra -sin consultar con otras instituciones- se lo come, se lo bebe y se lo guisa y luego se sorprende de que el plato no guste a los demás comensales que, sin embargo, tienen que pagar los platos. Esto en el s. XIX, XX y XXI se llama despotismo y tiene poco que ver con la democracia.
Pero es que, además, la ministra no se entera de que lo que demanda la sociedad española no es un bachillerato descafeinado que engrose todavía más el fracaso escolar que padece nuestro país desde que los fracasados pedagogos de la LOGSE pusieron en práctica sus desfasadas teorías- sino la GRATUIDAD TOTAL DEL BACHILLERATO.
CONCAPA comparte el respeto que dice tener la ministra sobre las instituciones pero no vale aprovecharse de las mismas sólo cuando la mayoría apoya las tesis defendidas por el MEC sino también cuando son contrarias. Por ello, exhorta a la ministra para que respete también a la mayoría social que se manifestó en contra de la LOE el 12 de noviembre de 2005 –por continuar con la política de fracaso escolar- así como el derecho constitucional de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos según sus convicciones filosóficas, religiosas o pedagógicas.
Nos parece también insostenible la manifestación ministerial de que “cuando se repite automáticamente, haciendo lo mismo que se ha hecho en el curso anterior, el fracaso es mayor” porque, de ser cierto –que no lo es- no se explica que esa teoría se aplique solamente al bachillerato y no al resto de las demás etapas.
En conclusión, CONCAPA vuelve a reiterar la necesidad de una educación en libertad –por ello apoya la objeción de conciencia contra la asignatura educación para la ciudadanía- de calidad y gratuita –y por ello reivindica tanto el esfuerzo y las pruebas objetivas como la gratuidad del bachillerato-.
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