Ofensiva de Concapa para lograr objeciones masivas contra Ciudadanía

El comienzo del curso -hoy se incorporan a clase los escolares de Canarias y a lo largo de los próximas semanas lo harán los del resto de las regiones - marca un punto de inflexión en el conflicto de Educación para la Ciudadanía.
La Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa) inició ayer una ofensiva para que los padres «objeten masivamente y cuanto antes», con independencia del año en que se implante la materia y del tipo de colegio (público, privado o concertado).
La polémica disciplina se enseñará este curso en 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de siete autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra) y el próximo se impartirá en 2º de la ESO del resto de las comunidades. En Primaria no formará parte del programa hasta el curso académico 2009-10.
Los padres católicos justifican la objeción, incluso por las familias que no se verán afectadas por la materia, en que «el mero mantenimiento de la asignatura, aún cuando sus contenidos pudieran ser respetuosos con los derechos y libertades de las familias, permitiría en un futuro que otro gobierno impusiera su ideología, sus puntos de vista y sus criterios ético-políticos».
Por su parte, la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), organización próxima al PP, se ha unido a la Concapa y llama a todos los estudiantes mayores de 16 años a que objeten.
Asimismo, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), partidaria de la objeción, ha remitido a sus centros una circular con las «orientaciones sobre Educación para la Ciudadanía en la ESO». El texto, que apela a la libertad de los centros y de los padres, indica que, aunque «los textos son siempre herramientas del trabajo docente, puede no ser necesaria su utilización» y defiende que impartan la asignatura profesores de Humanidades.
Ante las eventuales solicitatudes de objeción, la CECE sugiere que el centro no debe actuar como juez, ya que sostiene que «está demostrado claramente que la posible objeción de conciencia se plantea contra una asignatura con gran carga ideológica impuesta por el Ministerio de Educación sin ningún tipo de consenso».
Recuerda que «es preciso que sea el propio centro quien las reciba y tramite ante la Consejería de Educación», pero «sin ningún tipo de presión». No obstante, defiende que, mientras la Administración decide si acepta o no las objeciones y ante los previsibles fallos judiciales si los padres recurren, «el centro debe actuar con mucho tacto». Pero «nuestro consejo -enfatiza- es que no se obligue al alumno a entrar en clase, sino buscar el modo de atenderle». En cuanto a la evaluación de los objetores, la CECE asegura que «el problema no debe ser distinto al de otras asignaturas». Y sostiene que el alumno debe promocionar según establece la LOE (con dos o, excepcionamente, con tres suspensos).
Sin componente ideológico
Los promotores de la objeción de conciencia hablan de 15.000 objeciones presentadas, la mayoría en Andalucía, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Por su parte, los obispos de las diócesis aragonesas han publicado una pastoral en la que argumentan que Educación para la Ciudadanía «podría tener una salida fácil si se la descarga de su fuerte componente antropológico y ético o si pierde su carácter obligatorio y evaluable».