ESPAÑA SORIA: Educación y ciudadanía

Silvano Andrés de la Morena
El presidente Herrera inauguró el lunes pasado en Zamora el nuevo curso escolar, que no se abre de la mejor manera, pues parece un calco del curso político. Siete millones de alumnos en toda España, de los cuales casi trescientos cincuenta mil, en Castilla y León, vivirán una etapa de transición, por empezar a aplicarse en algunos cursos los nuevos contenidos y formatos de la LOE, incluida la materia más polémica, por la deriva que ha tomado, la Educación para la Ciudadanía. Si los vaivenes políticos no lo impiden, la aplicación de la nueva ley se completará en el año 2011, aunque el PP ya anunciado que, de ganar las próximas elecciones generales, volverá a cambiar las cosas. ¿No es posible en España un pacto de Estado por la Educación? De momento, la realidad confirma que no. No hay más que ver quién se opuso a la aprobación de la LOE en el congreso y las enormes presiones que en los últimos meses está realizando tanto el Partido Popular como la iglesia institucional y grupos afines, de manera especial el de los colegios concertados católicos, alineados en la FERE. Todo lo cual se confirma en el contexto de los últimos veintidós años de un largo y contradictorio listado legislativo, que va desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, y Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, de los gobiernos socialistas de Felipe González, a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002, con el PP, más la reciente Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, otra vez con los socialistas.

Sin embargo, en ningún otro momento anterior la reacción ha sido tan fuerte como ahora contra una asignatura de nuevo cuño. La llamada Educación para la Ciudadanía, nombre que, sin duda, sugiere al menos cercanía conceptual con la racionalidad de la Ilustración, ha levantado una polémica tal que, si miramos el mapa político-territorial español, se podrá observar qué comunidades autónomas la implantarán desde el primer día y cuáles aseguran que esperan al último minuto, es decir, apurarán los dos años que prevé la ley. La proyección de dicho mapa reflejará con fidelidad qué partido controla cada territorio. En el nuestro, la consejería de Educación y una parte significativa del clero de Castilla y León, entre otras personalidades los obispos de Astorga y el que lo fue hasta hace poco de Osma-Soria, han reaccionado de forma contundente contra esta asignatura de traumático nacimiento. Si difícil resulta entender a estas alturas que la iglesia institucional siga aduciendo razones caducas, aún es menos comprensible la oposición de una administración gubernamental, que, entre otros, tiene el mandato de cumplir la ley, deberse a todos los ciudadanos y ser neutral en lo ideológico. Sin darse cuenta, la Junta está cayendo en los propios errores que critica, pero aumentados sin corregir, pues debería admitir que la asignatura deriva de una ley aprobada por mayoría en el Parlamento español.

Primero fue el viceconsejero de Educación, Sánchez Pascuala, el que se lanzó a la arena cuando hace días en Segovia consideró "ideologizante" la asignatura, olvidando, con imprudencia el valor de esa palabra; afirmó que "entraba en contradicción con la libertad de los padres", sin especificar de cuáles, y proponía que se convirtiera en optativa. En un segundo capítulo, fue el propio consejero, Juan José Mateos, quien salió a la palestra con palabras de más calado, cuando no tuvo inconveniente en afirmar que la Educación para la Ciudadanía "divide a la sociedad, lleva la guerra a la escuela y plantea numerosos problemas que pueden o no solucionarse". Sin embargo, no enumeró ni uno solo.

De las palabras que el obispo de Astorga pronunció en un sermón en honor de la Patrona de El Bierzo, sólo decir que mezcló churras con merinas, pues de la crítica a la asignatura derivó a la destrucción de la familia por parte de los socialistas, en un discurso más propio del siglo XIX y que fue seguido en el mismo acto institucional por las inapropiadas palabras, llenas de consignas electoralistas rayanas con lo ofensivo, del alcalde popular de Oencia, cuyo ayuntamiento se encargó de la ofrenda oficial. Cuando Vicente Jiménez, anterior obispo de Osma-Soria y actual de Santander, afirma que "hay que reivindicar la libertad de conciencia y de enseñanza" se ha de suponer que le traiciona el subconsciente y se refiere a la misma institución que él representa y a su red de centros de enseñanza, pues, mientras en los concertados existe un ideario de partida al que todos han de someterse, en los públicos, gestionados por las administraciones autonómicas como la Junta de Castilla y León, que sí representan y tienen la obligación legal y moral de administrar para todos los ciudadanos, esa libertad existe por principio y es el profesor el que se enfrenta a la situación desde su convicción personal y formación científica en su materia respectiva. Con la Educación para la Ciudadanía se ha abierto una batalla ideológica irracional, que no favorece ni a la educación ni a la enseñanza. Lo significativo es que la hayan iniciado quienes nunca a lo largo de la historia han dejado de practicar el adoctrinamiento e impedido conocer distintos enfoques morales, éticos y sociales. Por otra parte, cuando afirma que "no se puede admitir una formación obligatoria estatal de la conciencia moral y religiosa de los ciudadanos", se aleja de la verdad, pues la nueva asignatura, con todos los puntos que pueda tener en contra, que los tiene, no se corresponde con lo que afirma el obispo.

En fin, que una asignatura que, después de tanta presión, ha quedado tocada y que refleja los propios fracasos del pensamiento débil de la posmodernidad, ha de tener su lugar entre tanto discurso agorero e interesado, en el que domina un dogmatismo intolerante. Un lugar como guía de principios éticos individuales y sociales encuadrados en la realidad de hoy, que, por definición, es plural, abierta y sujeta a control de distintos poderes públicos. Si, en términos generales, la familia está cada vez más disociada y los profesores con menos reconocimientos social del necesario; si los medios de comunicación convierten lo banal en importante, exacerbando la violencia y la vulgaridad, ¿cómo hacer que los jóvenes asimilen los valores trascendentes cuya importancia reivindicamos? Con evidente exageración, impropia de gente ecuánime, sus detractores definen la Educación para la Ciudadanía como un nuevo "catecismo socialista". Frente a ellos, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, sostiene que el objetivo es "difundir y preservar los valores democráticos". ¿Dónde habita la verdad? Descúbranla ustedes por sí mismos, sin sumisión ideológica, de acuerdo al principio de la libertad personal.