CÓRDOBA. «Los centros tomarán las medidas oportunas ante los alumnos que no asistan a Educación para la Ciudadanía». La delegada de Educación, Dolores Alonso, dejó ayer claro que los estudiantes que falten a la nueva asignatura deberán ser considerados absentistas y que ello tendrá consecuencias de acuerdo al Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de cada instituto.
Hay que tener en cuenta que la objeción a la nueva materia supondría una falta continuada a clase y que la acumulación de un determinado número de faltas de asistencia conlleva la expulsión de un centro educativo.
Alonso no quiso pronunciarse sobre la campaña de oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que empezará a impartirse con carácter obligatorio a partir de lunes en tercero de Secundaria, y se remitió a las palabras de la consejera de Educación, que insistió en la obligatoriedad de la materia, y al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que la semana pasada rechazó la suspensión cautelar de la aplicación de los decretos autonómicos que desarrollan Educación para la Ciudadanía en Andalucía, argumentando el daño que causaría a todo el sistema educativo, ya que se trata de una asignatura obligatoria establecida por ley orgánica y no por la Junta de Andalucía.
A la espera
La delegada de Educación tampoco quiso valorar ayer el hecho de que Córdoba sea la provincia con mayor número de objeciones de conciencia presentadas por este motivo, y que según la Consejería son 188 escritos. «Aún no sabemos cuántos padres se negarán realmente a que sus hijos no den la clase», aclaró.
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