ESPAÑA: El Defensor del Menor apoya el derecho de los padres a la objeción de conciencia

La Fundación Cives advierte de los "riesgos" de la adaptación de Ciudadanía.
El Grupo Socialista subraya la necesidad de que sea el Estado el que eduque en valores.

G. Sánchez de la Nieta. Madrid. A punto de comenzar un curso agitado por la polémica sobre Educación para la Ciudadanía, el defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, señaló ayer que “si bien es cierto que el Gobierno tiene la capacidad legal para fijar esa asignatura y sus contenidos mínimos, no es menos cierto que los padres tienen la capacidad de elegir la mejor educación para sus hijos”.

Canalda afirmó a Ep que no se pueden ni "adoptar posturas maximalistas ni minusvalorar el posicionamiento de aquellos que decidan objetar", ya que, en su opinión, "tienen toda la capacidad y todo el derecho a hacerlo". Canalda afirmó que no recuerda ningún debate que haya puesto en cuestión ninguna asignatura hasta el punto de llegar a la objeción de conciencia. "Sí que se han discutido leyes, pero, ¿qué hayan tenido que llegar a la objeción de conciencia? Yo no lo recuerdo en la historia de la democracia", subrayó.

Así, instó a los responsables de las administraciones autonómicas y del Gobierno central a llegar a un punto intermedio" y alcanzar, "hasta que los tribunales se pronuncien, una solución transitoria de compromiso". Así, evitarán "que los chicos no pierdan el tiempo por el hecho de que sus padres hayan objetado y que, al mismo tiempo, no pierdan la posibilidad de obtener su calificación o su graduado".

Irrumpir la vida escolar
Por otra parte, el Grupo Socialista en el Congreso organizó ayer una jornada parlamentaria sobre Educación para la Ciudadanía, en la que distintos ponentes, todos ellos vinculados a la izquierda, recordaron objetivos e intenciones de la tan debatida materia que comienza este mes de septiembre en siete comunidades autónomas.

La ministra de Educación, que fue la encargada de inaugurar la jornada, mostró su confianza en que los centros educativos respetarían la Ley Orgánica de Educación. "Yo espero que no lleguemos a extremos de tener que tomar medidas, ya que los efectos más perniciosos que podrían llevar a interrumpir la normalidad de la vida escolar", indicó Mercedes Cabrera. "Aprender a convivir, salvo que comulguemos con la opinión de los obispos de Aragón, tiene que ser necesariamente uno de los objetivos de la educación básica", dijo la ministra haciendo alusión a la carta pastoral de los obispos de esta comunidad sobre la materia.

Por su parte, Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives —principal promotora de esta materia en el currículum obligatorio de los alumnos— advirtió sobre los riesgos de la adaptación de esta asignatura al ideario católico. Esta postura contradice con la que ha mantenido el Ministerio de Educación, que desde el inicio del debate ha defendido la posiblidad de ajustar los contenidos de la materia al proyecto educativo de los centros confesionales.

Sin embargo, Mayoral destacó ayer que "el ideario no da derecho a cualquier cosa", dijo. Y como ejemplo, señaló que "en un colegio, sea público o concertado, ni se debe hacer propaganda del aborto, ni se debe decir que el aborto es un crimen. Creo que lo que hay que hacer es hablar de la realidad, que es explicar la ley y, sobre todo, formar al alumno en su autonomía personal para que sepa decidir".

Victoria Camps, catedrática de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, insistió, durante su intervención, en la necesidad de que el Estado determine una moral de base única que sea compartida por todos los ciudadanos. “Sólo el Estado, a través de la escuela pública, puede garantizar un mínimo común ético”. Y añadió que “es Estado moderno, emancipado de las confesiones religiosas, debe convertirse en protector de los derechos individuales”. La catedrática señaló, por otra parte, que “el bien y el mal son conceptos que pertenecen a la singularidad de cada individuo”.